Ayer, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, los comuneros de los distritos de Incahuasi y Cañaris, Lambayeque escogieron el cruce de la localidad de Marayhuaca y la vía que conduce al campamento minero del proyecto Cañariaco ejecutado por la empresa minera Candente Copper para conmemorar lo que definieron «el primer año de la resistencia en contra de la actividad minera».
Cerca de 300 personas se reunieron pacíficamente frente al acceso al campamento minero para desarrollar la asamblea. Allí se recordó que cerca de 25 comuneros resultaron heridos por el enfrentamiento de hace un año con la Policía Nacional.
A la una de la tarde el pabellón nacional fue izado y dio inicio a la asamblea. Los comuneros reclaman que el gobierno quiera otorgar concesiones mineras a empresas sobre los que consideran son sus territorios. Para ellos, así lo hicieron saber en la asamblea, la actividad minera es incompatible con su estilo de vida que busca preservar el medio ambiente.
En ese sentido, Florentino Barrios Huamán, presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, adelantó el reinicio de las protestas. «La lucha en contra del proyecto Cañariaco nunca perdió fuerza. Pese a nuestra postura de rechazo, el Gobierno sigue impulsando el proyecto», dijo.
Añadió que entre el 15 y 16 de marzo todas las fuerzas que apoyan a Cañaris darán a conocer las acciones siguientes.
La resistencia no sería únicamente contra el proyecto minero. Narciso Calderón Carlos, presidente de la comunidad San Isidro Labrador de Marayhuaca, señaló que el gobierno central ha demostrado ineficiencia para atender sus demandas. Cuestionó que la Mesa de Desarrollo no ha redundado en ningún beneficio para los pueblos de extrema pobreza porque no hay proyectos de desarrollo concretos, tal como se prometió.
El 24 de enero, Candente Copper desarrolló en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas un taller informativo en el caserío Atunloma con presencia de un grupo de comuneros. Allí dio a conocer el contenido del estudio de impacto ambiental, obteniendo la aprobación de este, según afirmó la empresa.
Al respecto, Barrios afirmó que su comunidad no sabe qué impacto tendrá el proyecto porque la empresa no ha sido clara. «Nosotros no hemos aprobado ningún estudio de impacto ambiental y la empresa no puede decir que cuenta con nuestro apoyo. Las personas presentes en el taller no tenían representatividad», aseguró el dirigente.