Dentro de la lucha por impedir que se instale una mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, este martes la nueva mesa directiva acudirá al Registro Agrario Nacional (RAN) para conocer si dicha dependencia registró la última acta de la asamblea.
El pasado 23 de febrero destituyeron de sus puestos a los integrantes de la mesa directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusaron de estar coludido con el empresario promotor del proyecto minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez.
En su lugar nombraron a J. Guadalupe Rincón Carpio como presidente; a Epitacia Zamora Teodoro, como secretaria y a Olivia Teodoro Aranda como tesorera.
A esta asamblea, que se había pospuesto en cinco ocasiones, tampoco asistió la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, señalada de tener vínculos con Guzmán Teodoro y de maniobrar a favor del proyecto de explotación de la mina.
Para destituir a su presidente de Bienes Comunales, los comuneros utilizaron la figura de segunda convocatoria, establecida en sus estatutos y para la cual ya no se requiere la presencia de la mayoría de los integrantes de la asamblea en la toma de decisiones. Este martes, el RAN informará si esa acta fue registrada debidamente; es decir, si el procedimiento es reconocido y por tanto válido legalmente.
Asimismo, este martes a las siete de la noche en el jardín de Zacualpan se llevará a cabo la entrega de sello, libro de actas y todos aquellos documentos legales que tiene en su poder el depuesto presidente de Bienes Comunales.