MÉXICO, D.F. (apro).- Con inversión nacional y extranjera, la proliferación de complejos mineros ha detonado numerosos conflictos en la mayor parte del país: la vulneración de derechos agrarios, indígenas, ambientales y sociales de las comunidades en las que se asientan.
Con la complicidad de autoridades de los tres órdenes de gobierno e incluso de diplomáticos extranjeros, la impunidad campea en los ilícitos que envuelven las operaciones mineras. Un ejemplo es el caso del líder indígena Mariano Abarca, opositor a la operación de una mina de barita, propiedad de la firma canadiense Blackfire.
Abarca fue asesinado en noviembre de 2009 y, en estos días, se acaba de difundir un reporte que documenta el encubrimiento de la embajada canadiense en México, sobre el hostigamiento que la empresa mantuvo sobre Abarca, por lo que se presume que la firma tuvo algún tipo de participación en el homicidio.
Por todo el país los casos se reproducen del mismo modo que las operaciones mineras.
La revista Proceso, en su edición de esta semana, la 1905, destaca en el reportaje “Las entrañas del país, saqueadas”, que “el oro y la plata significan riqueza… Pero sólo para unos cuantos empresarios mineros, no para México ni mucho menos para las comunidades de indios y campesinos, a quienes se despoja impunemente. Desde 1993 la ley lo permite: Pero esta ley privilegia la extracción de minerales al costo de envenenar la tierra que podría haber servido para la agricultura y la ganadería.
“La voracidad de las compañías dedicadas a la minerúa –que no pagan regalías y apenas unas migajas de impuestos— pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y lleva la tensión social al límite”.
Y basta observar los datos estadísticos para cerciorarse del exponencial incremento en la actividad extractiva en las exportaciones. Según el Anexo Estadístico del último informe de gobierno de Felipe Calderón, la producción minera aumentó durante su administración.
El caso ejemplar es el del oro.
La producción aurífera casi se triplicó durante los sexenios panistas. Entre 2001 y 2006, la producción promedio fue de unas 24 toneladas anuales.
En 2010, la producción de oro fue 72.6 toneladas y, aunque el documento no informa sobre la producción completa de 2011 y 2012, la tendencia seguía al alza.
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), existen 19 proyectos importantes por su tamaño, monto de inversión, producción y empleos generados. Estos iniciaron operaciones entre 2008 y 2010, la mayoría dedicados al oro y, en algunos casos, se concentraron en la extracción de otros metales en la misma operación.
En el último informe de la Cámara Minera de México (Camimex), publicado en enero pasado, se difundió que el sector tuvo un valor anual de producción por el orden de 23 mil millones de dólares, esto es, unos 2 mil 852 millones más que en 2011.
Secuelas del saqueo
Entre los proyectos vigentes más importantes está, en primer lugar, el de la canadiense Gold Corp, con su mina El Peñasquito. El valor de su producción anual es de 11.3 toneladas aproximadamente. Como en este caso, 16 de los 19 proyectos son impulsados por empresas extranjeras, la mayoría canadienses.
El contraste entre el auge minero y las cifras de pobreza de las zonas donde operan es ostensiblemente grande.
En el caso del filón El Peñasquito, localizado en Mazapil, Zacatecas, según la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 22% de los habitantes vive en pobreza extrema y 50% en pobreza moderada, aparte de que 24% es considerada vulnerable. Sólo 3.7% de la población no registra alguna de esas dos condiciones.
Otro caso. En Talhualilo, Durango, 50% de la población es pobre. Ahí, en el ejido La Sierrita, se ubica la mina La Platosa, que opera la empresa canadiense Excellon Resources.
Luego de años de litigios, operativos de desalojo de los campesinos inconformes con uso de policías estatales y probados excesos ambientales, el pasado 18 de abril un Tribunal agrario ordenó la restitución de mil 100 hectáreas que ejidatarios rentaban a Excellon.
La renta de tierras es la forma más común en que los corporativos mineros extranjeros explotan sus concesiones por todo el país. El común denominador es que las obtienen con engaños a precios bajos y luego deben enfrentar conflictos como el de las dos minas antes mencionadas.
En la edición 1838 de Proceso se informó sobre la situación de El Carrizalillo, comunidad guerrerense víctima de la fiebre del oro. Ahí, la misma canadiense Goldcorp practica un tipo de minería superficial, devastadora para el medio ambiente y la salud.
Desde 2007 renta miles de hectáreas para explotar el yacimiento de oro Los Filos-El Bermejal. Los comuneros saben que sus predios quedarán inservibles y proliferarán las enfermedades –la mayoría letales– entre su población, pero cierran los ojos y se conforman con la bicoca que cada año entrega la trasnacional; cuando algunos se atrevieron a protestar fueron reprimidos por el gobierno perredista del estado.
No sólo se trata de derechos agrarios. En San Luis Potosí, en la Sierra de Catorce, la canadiense First Majestic intenta explotar un yacimiento aurífero a costa de destruir el santuario natural del pueblo huichol. Ese lugar, destino de peregrinajes ceremoniales, es en la fe wixaritari el lugar de la Creación, un argumento falaz para los empresarios mineros, quienes enfrentan hoy demandas internacionales (Proceso 1806).
El 9 de abril anterior, en la región carbonífera de Coahuila, un grupo de sujetos intentó ingresar por la fuerza al domicilio de la activista Cristina Auerbach Benavides, quien ya había recibido una serie de amenazas y descalificaciones a través de redes sociales.
Luego de que varios mineros que se encontraban en el lugar descubrieron a los sujetos, éstos de inmediato abandonaron el lugar, pero durante la tarde pasaron varias veces en camionetas mostrando una actitud hostil.
Los hechos ocurrieron luego de que la activista difundió un accidente laboral en el que murió, el 31 de marzo, un trabajador de First Majestic, empresa que no dio parte del caso a las autoridades.
A partir de la inspección de la Secretaría del Trabajo derivada de esos hechos se tuvo conocimiento de otros casos, en los que la empresa no se hizo cargo de sus trabajadores. Uno de ellos es el de María de la Luz Piña.
A mediados de 2012, la joven de 22 años, egresada de la carrera de derecho, no encontró empleo en su formación e ingresó a la mina La Encantada, donde operaba una máquina.
La empleada consiguió que sus compañeros la llevaran de regreso a su comunidad, pero en el trayecto sufrieron un accidente en el que María de la Luz perdió la vida.
First Majestic no admitió accidente laboral porque la mujer no iba en un vehículo de la empresa que, por cierto, no estaba disponible debido a que la joven minera se había quedado a trabajar horas extra.
Las problemáticas se reproducen también con los empresarios mexicanos. En Puebla, 65 municipios se resisten a la instalación de un enorme complejo minero de Grupo Carso, así como a la construcción de una termoeléctrica, concesionada a otro famoso inversionista minero, el multimillonario Germán Larrea, de Grupo México.
Larrea es el propietario del filón Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 trabajadores en 2006 y de las minas de Cananea, Taxco y Sombrerete, donde los conflictos mineros han causado severos estragos sociales en seis años, en los que siempre contó con apoyo del gobierno de Felipe Calderón.
Sin embargo, nada inhibe las inversiones, que de 250 millones de dólares en 2002 avanzaron a 7 mil 600 millones de dólares en 2012 y que también, año con año, han incrementado el valor de la producción: sólo en 2011 fue de 20 mil 148 millones de dólares y, el resultado preliminar de la Camimex para 2012, estimaba que se ubicaría en 23 mil millones de dólares.