Columna de Jose de Echave
Por La Primera el abril 10, 2014
Y el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, anunció que se había llegado a un acuerdo con las federaciones de mineros de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca y La Libertad, tras varios días de movilizaciones, en lo que los propios mineros denominaron como la “Marcha de los Cuatro Suyos”.
En qué consiste el acuerdo? Todo indica que si bien la fecha límite de 19 de abril se mantiene (plazo fijado por el DS 1105, para que se acojan al proceso de formalización), ahora se abrirá una etapa que se denomina como fase de saneamiento y que deberá concluir el 2016. Lo cierto es que habrá que esperar la publicación de un anunciado decreto que definirá la fase de saneamiento para ver en qué consiste y cuánto ha concedido cada actor en esta negociación.
¿Cómo evaluar el paro? Es evidente que los mineros intentaron hacer una demostración de fuerza, teniendo en cuenta que el plazo para la formalización se aproximaba: si bien no es la primera paralización, ni será la última, lo cierto es que la medida pretendía mostrar que sus federaciones han ganado en capacidad de organización y convocatoria.
Sin embargo, después de estas jornadas de lucha queda por ver qué tan unificadas seguirán las distintas federaciones y si tienen capacidad para levantar plataformas que vayan más allá de las demandas conocidas y que solo apuntan a traerse abajo cualquier intento de poner orden a sus actividades. El hecho de que unas federaciones regionales hayan optado por la negociación y otras no, muestra que la pretendida unificación de las diferentes organizaciones regionales no se ha logrado.
Del lado del gobierno también se necesita evaluar lo avanzado y las estrategias en curso. Lo cierto es que los operativos del señor Urresti, en ocasiones provocan problemas con las regiones por la ausencia de coordinación con sus autoridades.
Se sigue constatando que desde el Estado no se cuenta con estrategias integrales, con capacidad de intervención multisectorial sostenida en el campo -más allá de las reuniones en las oficinas de la PCM-, para enfrentar un fenómeno que ha alcanzado niveles alarmantes en varias regiones del país.
La batalla por recuperar las inmensas zonas degradadas por esta actividad ilícita, necesita mucho más que los despliegues de dinamita del señor Urresti. Todos esperamos que el proceso de formalización resulte y permita revertir la tendencia hasta ahora incontrolada de expansión de una actividad que representa un alto costo social, ambiental y económico para todos los peruanos y peruanas. Para ello se necesita, entre otras cosas, que el Estado nacional coordine adecuadamente y también lo haga con las autoridades regionales y locales; les brinde los recursos necesarios y apoye el fortalecimiento de su institucionalidad. Habrá que estar alertas y seguir con atención los próximos acontecimientos.