Cada vez es más recurrente que los grandes proyectos de inversión aprobados ambientalmente sean impugnados ante el Comité de Ministros a través de la presentación de reclamaciones.
Esta tendencia ha derivado en un aumento de las iniciativas que deben ser revisadas por la entidad gubernamental, que en la actualidad suman más de US$ 14.000 millones.
Según la información del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Comité de Ministros dejará pendiente al finalizar esta administración la revisión de nueve proyectos de inversión ligados al sector eléctrico, minero e infraestructura vial.
Todas estas iniciativas, explican desde el Gobierno, deberán ser resueltas por la próxima administración que liderará Michelle Bachelet.
La lista es encabezada por el proyecto de optimización del yacimiento minero Cerro Casale (US$ 5.200 millones), de las compañías Barrick Gold (75%) y Kinross Gold (25%). La iniciativa obtuvo su aprobación ambiental en enero de 2013, y en marzo del mismo año recibió la primera de diez reclamaciones.
Otra de las inversiones que restan por definir es la de HidroAysén (US$ 3.500 millones). Si bien el comité ya resolvió gran parte de las reclamaciones, quedan pendientes dos estudios adicionales que mantienen sin resolución a la generadora que impulsan Endesa (51%) y Colbún (49%).
Este nuevo retraso fue muy criticado por la industria eléctrica, pues el Gobierno ya había demorado más de dos años en reunirse para resolver las consultas.
Ambas iniciativas, sumadas a la línea de transmisión del proyecto geotérmico Cerro Pabellón (US$ 20 millones) y el yacimiento Quetena (US$ 244 millones), debieron haber sido analizadas por el actual comité, pues ya excedieron el plazo legal de 60 días que impone la normativa ambiental.
En cuanto a las demás inversiones futuras, destaca la central Cuervo (US$ 733 millones), de Energía Austral -controlada por Origin (51%) y Glencore (49%)- y el proyecto minero El Morro (US$ 3.900 millones), de Goldcorp.
En ambos casos, la instancia gubernamental que integran los titulares de Medio Ambiente, Energía, Minería, Economía, Salud y Agricultura no puede resolver las reclamaciones, pues existen procesos judiciales pendientes.
La hidroeléctrica de 640 MW en la Patagonia está a la espera del fallo de primera instancia en la Corte de Apelaciones de la ciudad de Coyhaique, tribunal que acogió a tramitación un recurso de protección en contra de la central austral.
Por el lado de El Morro, la iniciativa aurífera mantiene una causa pendiente en la Corte de Apelaciones de Copiapó, que fue presentada a fines de 2013.
A estas dos inversiones se suman el proyecto de manganeso Los Pumas (US$ 100 millones), la central hídrica de pasada Baquedano (US$ 56 millones) y la Ruta 66 Camino de la Fruta (US$ 400 millones), que no pueden ser abordados por el comité al tener procesos judiciales en desarrollo.