La comisión designada por el Senado recomendó ayer que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional, con lo que cierra la posibilidad de explotación minera en el lugar. La comisión consideró que todos los bienes y servicios ecosistémicos que atesora Loma Miranda pueden ser arruinados parcial o totalmente si se permite el desarrollo de proyectos mineros a cielos abiertos en el lugar.
Dice que no solo afectaría el ecosistema y sus recursos naturales sino que expondría a la intemperie los metales pesados del subsuelo o facilitaría el lavado de ros, que como la laterita producirían la «sal de cromo».
Agrega que esta, entre otras sustancias, terminaría alcanzando las fuentes de agua, contaminándola hasta hacerla no apta para el consumo humano, animal o usarla en la producción agrícola. Considera que los daños ambientales irreversibles que generarían el proyecto minero sobre la biodiversidad, la agricultura y la vida misma en la zona nunca serán compensables con los recursos que recibiría el Estado a cambio de la explotación minera de dicha loma.
El informe de la comisión que integran, además de Calderón, los senadores Rubén Cruz, José María Sosa, Francis Vargas, Arístides Victoria, Prim Pujals y Antonio Cruz, será conocido por el pleno del Senado en la próxima sesión, el miércoles.
Sin embargo como hizo algunas modificaciones al proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados, sobre todo en los límites que deberá tener el parque, el proyecto deberá volver otra vez a la cámara baja.
El reclamo
El abogado de la empresa, Eduardo Jorge Prats, reveló que el gobierno tendría que indemnizar a la empresa Falconbridge Dominicana con US$4,000 millones si el Congreso declara a Loma Miranda como Parque Nacional.
Jorge Prats detalló que la indemnización respondería a la compensación por la violación al derecho de propiedad del terreno y los derechos derivados de la concesión minera Quisqueya Uno, que autoriza el aprovechamiento y beneficio de la extracción minera en Loma Miranda, de conformidad con el contrario entre Falcondo y el Estado.
«Se trata de los derechos adquiridos que tiene la empresa, y en conversación con los abogados de la minera hemos obtenido el dato de que en caso de que el Senado declare al lugar Parque Nacional, entonces el Gobierno dominicano tendría que pagar por los terrenos y por el valor del mineral que hay en Loma Miranda».
La comisión reconoce que dado el hecho de que los terrenos donde está ubicada Loma Miranda, incluyendo el área de los depósitos de minerales que contienen ferroníquel, están en posesión o son propiedad legítima de más de un propietario, corresponde al Poder Ejecutivo compensarlos, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución.
Dijo que los argumentos de los ejecutivos de Falcondo que reclaman del Gobierno cumplir el contrato que tienen desde el año 1957 y que se ratificó en el 1969, Sánchez señaló que «ellos tienen un contrato para la exploración minera, no de explotación, porque hay requerimiento de ley que ellos no han podido aportar, y que le impiden explotar a Loma Miranda».
La Concesión Quisqueya No. 1 fue otorgada originalmente en fecha 19 de diciembre de 1955 y sus linderos fueron rectificados en virtud de la Resolución de fecha 9 de mayo de 1958 del Secretario de Estado de Fomento, publicada en la Gaceta Oficial No. 8244 del 17 de mayo de 1958.
Mediante el Convenio Suplementario, suscrito entre el Estado Dominicano y Falcondo, en fecha 26 de septiembre de 1969, aprobado por Resolución del Congreso Nacional No. 502, de fecha 2 de noviembre de 1969, publicada en la Gaceta Oficial No. 9164 del 15 de noviembre de 1969, se establecieron en modo definitivo las relaciones entre el Estado Dominicano y Falcondo con relación al desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros de la Concesión, la cual está regida por la Ley Minera No. 4550, de fecha 20 de septiembre de 1956 y de conformidad con el artículo 37 de la referida ley, la vigencia de la Concesión es por un período de tiempo ilimitado, según lo dispone el artículo 1 del indicado Convenio Suplementario, que expresa lo siguiente:
«Artículo 1.- EL GOBIERNO y LA COMPAÑÍA confirman y ratifican los términos del contrato de fecha 24 de diciembre de 1956, aprobado por el Congreso Nacional por Resolución No. 4620 de fecha 12 de enero de 1957, publicada en la Gaceta Oficial No. 8084, de fecha 23 de enero de 1957, con sólo las modificaciones que se señalan más adelante en el presente Convenio; contrato en el cual se establecieron las relaciones recíprocas entre las partes en relación con LA CONCESIÓN, la cual está situala (sic) principalmente en el Municipio de Monseñor Nouel, Provincia de La Vega, cuya área quedó definitivamente establecida como resultado de la rectificación de linderos de dicha CONCESIÓN, autorizada de acuerdo con la Ley por el Secretario de Estado de Fomento en fecha 9 de mayo de 1958. LA CONCESIÓN está regida por la Ley Minera No. 4550 y, de conformidad con el Artículo 37 de dicha Ley, es por un período de tiempo ilimitado. El contrato del 24 de diciembre de 1956 será llamado el «CONTRATO BÁSICO» en lo que sigue del presente Convenio.
Si en lo adelante surgiere alguna discrepancia entre los términos de este Convenio y los del CONTRATO BÁSICO, los términos y disposiciones del presente Convenio prevalecerán».
Ellos (Falcondo) tendrán entonces que irse, porque a Loma Miranda bajo ninguna circunstancia la van a explotar, el pueblo dominicano es libre y ninguna empresa o nación, ni nadie puede trazarle pauta a la República Dominicana», precisó.
Recalcó que 23 senadores firmaron un documento respaldando que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional, y el estudio del PNUD determinó que su explotación es «inviable».
Loma Miranda es una mina de agua, y debe permanecer para fortalecer uno de los valles más fértiles que tiene el país, como es el del Cibao.
Además, Rafael Calderón, presidente de la comisión especial que estudia el proyecto que declara Loma Miranda Parque Nacional, negó que desde el Palacio Nacional se estén trazando pauta para que se rechace el proyecto que ampararía con la no explotación de la citada zona del país.
«Todo el que hace inferencia sin fundamento es un irrespetuoso de la gente; lo que sí hay es una línea clara de responsabilidad en el tema, y la comisión especial que presido, la está asumiendo, escuchando todos los que están a favor o en contra del tema.
Puntualizó el senador que «la Línea del Palacio Nacional es de respeto a la sociedad y al pueblo dominicano, porque la línea del Gobierno solo la traza el presidente Danilo Medina, quien nunca ha dicho una pica respeto a Loma Miranda, ni personalmente, público ni en privado».