La presidencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología expresó su rechazo a la Resolución Ministerial 276-2017 del Ministerio del Ambiente «que podría afectar componentes ambientales y poner en riesgo la salud de las comunidades que habitan en zonas aledañas a proyectos de exploración minera de la mediana y gran minería».La medida expedida el martes 3 de octubre aprueba la exclusión de proyectos de exploración minera de la gran y mediana minería sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).
Sin sustento técnico establece seis casos que no requerirán de la aprobación de instrumentos de gestión ambiental para el desarrollo de sus actividades, por ejemplo, aquellos que se encuentren a más de 50 metros de cuerpos hídricos o a más de 100 metros de un nevado o glaciar y, que cuenten con menos de veinte plataformas.
La Comisión de Pueblos expresa además su extrañeza porque dicha resolución «no haya sido pre publicada, incumpliendo el derecho a la participación en la gestión ambiental reconocido en el Artículo III de la Ley General del Ambiente, mediante el cual la ciudadanía tiene el derecho de participar tanto en la toma de decisiones, como en la definición y aplicación de políticas y medidas ambientales».
La presidencia de la Comisión de Pueblos considera a la norma «como una grave amenaza para la sostenibilidad ambiental del desarrollo de las diversas actividades económicas que dependen del acceso al agua en calidad y cantidad».
En tal sentido, exigió a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio del Ambiente derogar la Resolución Ministerial N° 276-2017-MINAM.
Indica además, que la norma en cuestión pone en riesgo la propia seguridad ambiental que deben tener todas las actividades mineras que se desarrollan en el país, y que actualmente tienen como foco de conflictividad los sistemas hídricos.
“Las actividades mineras son importantes para la economía del país pero no deben seguir siendo expuestas a mayor conflictividad social más aún cuando se encuentran comunidades campesinas, nativas o pueblos indígenas en las áreas de influencia directa e indirecta”, expresó el congresista Marco Arana, presidente de la Comisión de Pueblos.
No podemos promover las inversiones en el país si estas no se hacen en el marco de la sostenibilidad ambiental y el respeto de derechos fundamentales y el derecho de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expresó.
La aplicación de la citada resolución tendrá efectos irremediables en ecosistemas ambientales frágiles y además, pondrá en riesgo la salud a las poblaciones aledañas a los proyectos de exploración de la gran y mediana minería.