24 de Octubre de 2011
La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Panamá, un poco silenciosa, aprobó en primer debate este miércoles en horas de la noche el proyecto que reforma el nuevo Código Minero y deja intacto un artículo, que fue polémico en meses pasados.
Se trata del artículo 4 integro prohibiendo concesiones mineras a Estados extranjeros, pero no es retroactivo.
Los diputados no rescataron en ese artículo la frase … gobiernos extranjeros…»ni las personas jurídicas», por lo cual deja abierta la posibilidad que un gobierno extranjero abra una personería jurídica en Panamá para impulsar la explotación minera.
Para los ambientalistas significa que sociedades anónimas de gobiernos extranjeros igual podrán explotar minerales y obtener concesiones en Panamá.
Fueron 5 votos a favor y 2 abstenciones. El proyecto fue avalado por Raúl Hernández, presidente de la Comisión; José María Herrera; Aris De Icaza y Gabriel Méndez, del partido gobernante Cambio Democrático (CD).
Además, contaron con el voto favorable del panameñista Francisco «Pancho» Alemán.
Las abstenciones fueron del molirena Jorge Alberto Rosas, de Chiriquí y el perredista Crispiano Adames. La perredista Crecencia Prado y Dalia Bernal, del CD, no asistieron.
Para el diputado y presidente de la Comisión de Comercio, Raúl Hernández, existe una carencia en materia de reglamentación.
En tanto, Alida Spadafora, activista y ambientalista, dijo a La Estrella que «se permite que gobiernos extranjeros, a través de sociedades anónimas, hagan inversiones en Panamá en la minería».
«Esas empresas que son de los Estados de Singapur o de Corea y de todas que tienen inversiones en Panamá, serán permitidos que ellas inviertan a través de sociedas anónimas».
La directora ejecutiva de Fundación ANCÓN detalló que los acuerdos de San Félix, donde los indígenas solicitaban la prohibición completa de las inversiones mineras en sus comarcas, con otro artículo se permite la minería debido a que se les pone a compartir el 20% de las ganancias.
«Es decepcionante, porque el objetivo de esta ley, aparentemente, solo era restituir los artículos derogadas por la Ley 12 de 2011, que deroga La Ley 8 de 11 de febrero de 2011 del Código Minero».
Se pone en riesgo que en la Comarca Ngöbe Buglé, Cerro Colorado, Cerro Pelado y donde hay intereses mineros haya permiso o diga legalmente que puedan invertir.
Inicialmente se les quería impedir la entrada a la Asamblea a los ambientalistas Raisa Banfield y Félix Wing por las protestas del Suntracs.
«Hay apuro que el Código Minero se apruebe con modificaciones que lo desmejoran más que las anteriores», dijo Banfield.
Fue en el mes de febrero que se dieron fuertes enfrentamientos entre los miembros de los grupos indígenas y la Policía Nacional, que terminó con la derogación de la Ley 8.
«Ya aprobaron la ley y no se mejoró nada de la Ley 8, so pretexto de restablecimiento del marco legal. Se volvieron a burlar de nosotros», agregó Banfield.
En horas de la noche, la página web del Legislativo, que actualiza noticias, no había informado de la aprobación.