La decisión de volver a recibir peticiones mineras, tras dos años paralizada, se ha visto restringida por un nuevo decreto que define el establecimiento temporal de áreas de reserva de recursos naturales.
A principios de julio el Gobierno de Colombia, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM), reactivó la llamada ventanilla para solicitud de áreas mineras, un servicio que estuvo cerrado por más de dos años. En ese periodo, “se ponía la casa en orden”, señalaron las autoridades.
Eso significa que la ANM se centró en organizar toda la información de peticiones que se tenía hasta ese momento para desarrollar actividad exploratoria y minera en territorio colombiano, con el fin de poder reiniciar el proceso de radicación de solicitudes -en palabras del gobierno- de una manera más clara, organizada y controlada.
Efectivamente, la entidad avanzó en ese proceso de descongestión y “de las 19.629 solicitudes represadas que teníamos en febrero de 2011, cuando se tomó la decisión de cerrar la ventanilla, se han resuelto 17.134 en primera instancia, y 12.957 en segunda instancia”, dijo la viceministra de Minas de Colombia, Natalia Gutiérrez.
De ese total, 1.287 se han convertido en títulos, mientras que las otras 11.670 han sido negadas y archivadas.
SÍ, PERO NO…
Sin embargo, a pesar de haber terminado la larga espera y con la expectativa de por fin tener operando la anhelada ventanilla para hacer nuevas solicitudes de áreas, no todo fue felicidad para las empresas del sector, pues días antes de la apertura, el Ministerio de Minas y Energía expidió un nuevo decreto -el 1374 del 27 de junio de 2013- que define los parámetros para el establecimiento temporal de áreas de reserva de recursos naturales.
Según el Ministerio, el decreto se expidió “con el fin de evitar futuros conflictos entre títulos mineros y áreas de protección ambiental”.
En otras palabras, el Gobierno volvió a frenar la posibilidad de acceder a ciertas zonas mientras faculta al Ministerio de Ambiente para que determine las que se reservarán, es decir, que quedarán excluidas de la actividad minera, de manera que sobre ellas la ANM no podrá otorgar nuevos títulos.
Dicho Ministerio contó con un mes a partir de la fecha de expedición del Decreto 1374 para determinar los espacios que serán reservados por un plazo máximo de un año, prorrogable por otro más, mientras se adelantan los procesos de delimitación y declaración definitivos de áreas excluidas de la minería.
Si se vence el periodo de la reserva temporal sin que las autoridades ambientales hayan declarado o delimitado de manera definitiva las zonas restringidas, la ANM podrá retirar el área de reserva temporal del Catastro Minero Colombiano y volver a otorgar títulos en ese sector del territorio.
De esta forma, con la emisión de este decreto, en la práctica recae sobre el Ministerio de Ambiente la responsabilidad de decidir dónde se hará o no minería en Colombia.
Según argumenta el gobierno, la decisión de crear las reservas se tomó como parte de la política de Estado, a fin de corregir los inconvenientes presentados en el otorgamiento de títulos mineros anteriores, proteger el ambiente y proporcionar seguridad jurídica.
“Ante la apertura de la ventana para la recepción y otorgamiento de nuevas solicitudes de títulos mineros, es necesario establecer de manera temporal estas reservas de recursos naturales en zonas que han sido identificadas por las autoridades ambientales con estudios disponibles, y en las que hay que adelantar delimitaciones o declaratorias que las excluyan definitivamente de las actividades mineras, o imponer restricciones parciales o totales para el desarrollo de dicha actividad”, señaló el Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe.
REACCIÓN
Frente a esta limitante, los gremios mineros del país, como la Cámara Colombiana de Minería (CCM), el Sector de Minería a Gran Escala, la Cámara Asomineros y la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), presentaron una carta ante el Ministerio de Minas y Energía, rechazando la medida y pidiendo “tener en cuenta la constitucionalidad, legalidad y conveniencia de las disposiciones contenidas en el Decreto 1374 del 27 de junio de 2013 y la Resolución 0705 del 28 de julio de 2013; las cuales ponen en duda la confianza inversionista y el desarrollo de proyectos mineros formales”.
En la misiva los representantes del sector extractivo advirtieron que “la expectativa de la industria frente a la reapertura de la ventanilla para la radicación de solicitudes, se vio gravemente afectada por el mensaje contradictorio y equivocado que propició el Gobierno con la expedición del Decreto 1374 y la Resolución 0705”.
Asimismo, destacaron que la principal preocupación que le asiste al sector con la normativa expedida, es que su objetivo fundamental es -desde su perspectiva- impedir el ejercicio de la actividad minera, modificando de manera inesperada el modelo de desarrollo socioeconómico del país.
Y llaman la atención acerca del “agravio injustificado” que causa a los proponentes que han invertido sumas importantes en la preparación y presentación de propuestas de contrato de concesión que, en caso de entrar en vigencia la Resolución, serían rechazadas de plano, trayendo como consecuencia la pérdida de confianza del inversionista en el Estado. A ello se suma la incertidumbre que se genera frente a los pagos realizados por concepto de canon superficiario anticipado, por parte de aquellos solicitantes que cumplieron con los requisitos de ley.
“Estimamos que se afectaría aproximadamente el 50% de los trámites de: solicitudes, autorizaciones temporales, modificación de contratos, el proceso de formalización, incluso el esfuerzo del Estado en la promoción de las Rondas Mineras”, agregaron los dirigentes gremiales.
Finalmente indicaron que ven con preocupación que el plazo previsto para dar cumplimiento a la delimitación y declaración definitiva, por parte del Ministerio de Ambiente, sea de un año con posibilidad de prórroga por un periodo similar, “pues resulta excesivo”.
Para los representantes de la industria minera colombiana, el efecto de esta medida en la práctica representa la prolongación de la moratoria que ha enfrentado el sector por dos años más en la recepción de solicitudes, promovida por el mismo Estado.
Por ahora -y hasta el cierre de esta edición- el Gobierno mantiene la norma sin ningún cambio y las señales que dan los analistas del rubro, son que la industria minera se está paralizando.
“El levantamiento de capital para desarrollos mineros está escaso, las reglas del juego en Colombia se cambian por populismo y viene un proceso de elecciones, así que eso genera mucha inseguridad a futuro”, dijo un empresario del sector, quien pidió al anonimato.
Radicador WEB
Una de las novedades implementadas con la reapertura de la ventanilla para solicitudes mineras es el llamado Radicador Web. A través de esta herramienta la autoridad minera pone a disposición del sector un nuevo sistema electrónico para canalizar y procesar la radicación de solicitudes mineras, bajo criterios de transparencia, eficacia, seguridad, mayor cobertura y confianza, garantizando su acceso en igualdad de condiciones, según destacan en la ANM.
Además, permite a los usuarios del sector minero radicar sus solicitudes de Propuestas de Contratos de Concesión y Autorizaciones Temporales vía internet, lo que evitaría desplazamientos, ahorrándoles tiempo y dinero.
El usuario puede verificar que el área de su interés no coincida con otra ya asignada, evitando a la autoridad minera un trámite innecesario, a través del Catastro Minero Colombiano (CMC), con acceso disponible a través del sitio web www.anm.gov.co.
Y en caso de que el usuario no tenga acceso a un computador, en diferentes Puntos de Atención Regional de la ANM estarán habilitados equipos y personal para asistir en el procedimiento.
Durante el primer día de funcionamiento del Radicador Web, la ANM reportó que se hicieron 2.178 peticiones vía internet y que la página funcionó sin inconvenientes. La entidad hizo un operativo de monitoreo con el fin de acompañar este sistema de radicación.
“Este proceso entrega transparencia al sector minero con un componente adicional, y es que a partir de ahora el estudio de solicitudes mineras es más riguroso con la normativa expedida recientemente por el Gobierno Nacional”, dijo por su parte María Constanza García, presidente de la ANM.