En la Corte Constitucional se está abriendo un camino para que la gente decida qué se hace en sus territorios frente a la minería, como muestra una seguidilla de sentencias que culminan en la del miércoles sobre el Código de Minas. Y tiene en su escritorio una muy simbólica, porque trata del páramo de Santurbán, que podría darle aún más poder a las comunidades que argumenten su derecho al medio ambiente, a costa de la política minera del Gobierno.
La corte y la minería
Este miércoles, la Sala Plena decidió, por quinta vez en lo que vamos de 2016, algo trascendental para la política minera del país. Al revisar quince artículos del Código Minero, demandados por el abogado Rodrigo Negrete, tomó dos decisiones claves con una amplia mayoría de siete votos a favor y uno (el de Alejandro Linares) en contra.
La primera es que ahora, antes de otorgar un título minero, el Estado tiene que “establecer un procedimiento que asegure la participación ciudadana, sin perjuicio de la de los grupos étnicos diferenciados”.
Eso no solo significa que está obligado a hacer consulta previa con las comunidades afro e indígenas, sino preguntarle a cualquier comunidad que se vea afectada por la minería. Por ejemplo, el Gobierno tendría que hacerlo con los habitantes de una vereda en la que quiera entregar un título minero, así no haya comunidades étnicas.
Hasta ahora, la consulta previa solo se hacía a las comunidades étnicas y después de tener el título, por lo que ahora la carga es más alta para el Estado.
Como no se conoce la sentencia, no es claro cómo se debe hacer el procedimiento para que haya participación ciudadana. Pero probablemente se tomen elementos de la consulta de Ibagué, en la que la comunidad va a decidir si quiere que se haga minería o no en su territorio, en medio de un choque entre minería y medio ambiente.
La segunda decisión clave es que para tener un título minero “la autoridad minera deberá verificar mínimos de idoneidad laboral y ambiental” de quien lo solicita. Es decir, ya no es el primero que llegue con su cédula el que se queda con el título, sino que se “evaluarán las mejores propuestas con análisis de idoneidad profesional”, según le explicó una magistrada a La Silla.
Eso obliga a que el Estado pase de una política de espera a que lleguen interesados en los títulos a una más proactiva en la que tiene que hacer más cosas antes de ofrecerlos como sucede con las licencias el sector petrolero, una nueva función que seguramente tendrá la Agencia Nacional de Minería. Y que tendrá que coordinar de alguna manera con los ministerios de Trabajo y de Ambiente.
A esa decisión se suman otras cuatro este año que ha contado La Silla y que muestran que la Corte se ha convertido en el gran poder en la minería, defendiendo los derechos a la participación y al medio ambiente pero creando gran incertidumbre para el sector minero.
En febrero le tumbó seis artículos de la política minera al Plan Nacional de Desarrollo de Santos porque irrespetaban la autonomía que tienen los municipios para definir el uso de su suelo y ordenar sus territorios, con lo que abrió la puerta a que los alcaldes y concejos puedan decidir qué se hace y qué no en su región; luego prohibió totalmente la minería en páramos ; en mayo decidió que los concejos municipales sí pueden prohibir la minería en sus territorios.; y en junio optó por revocar las áreas estratégicas mineras en las que no se hizo consulta previa.
Con toda esa historia a favor de darle juego a lo local (representado en los concejos o directamente en los habitantes), que la Corte tenga en sus manos la posibilidad de tumbar la delimitación del páramo más simbólico de la lucha entre la minería y el medio ambiente es un asunto decisivo.
Santurbán vuelve al debate
En la Corte está andando una tutela que podría tumbar una de las decisiones más difíciles y fundamentales del ministerio de Ambiente y que podría ser su sexta decisión para reescribir cómo funciona la minería en Colombia.
El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez y representantes del ‘Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán’, que reúne a más de 40 organizaciones ambientales de Bucaramanga, pusieron una tutela contra el Ministerio de Ambiente en julio de 2015. Según ellos, en el proceso de delimitar el páramo, en el que hay tres municipios mineros, ese ministerio violó el derecho a la participación de los ciudadanos.
Su argumento es que le pidieron muchas veces al Ministerio que se les permitiera participar en la delimitación: pidieron que se hicieran audiencias públicas, mandaron dos derechos de petición para que les contaran sobre el proceso y preguntaron si era posible participar formalmente.
El Ministerio respondió que las audiencias públicas aplican cuando se tramita una licencia ambiental y que delimitar no exige una licencia. Como respuesta a los derechos de petición, argumentó que para informar de los avances en el proceso habían hecho unas mesas de concertación.
En este caso los demandantes también argumentan que el páramo le da agua a más de 2,5 millones de habitantes en Santander y Norte de Santander, y dada la delimitación, esas personas tienen en riesgo su acceso al recurso. Y eso viola su derecho al agua.
La Silla supo que tanto el ministerio de Ambiente, como la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) y Corponor (que es la Car de Norte de Santander), sí propiciaron espacios de diálogo con las comunidades afectadas por la delimitación. El ministerio asegura que abrió cuatro mesas de trabajo; la Cdmb que entre 2008 y 2014 generó más de 30 espacios de participación y Corponor que también abrió momentos de discusión.
Pero para el Comité por la Defensa del Agua, que fue el que puso la tutela, esos espacios no les han garantizado su derecho a participar. Existe un documento de diciembre de 2013 dirigido a la entonces ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, en el que dicen que toman la decisión de no participar en las mesas de concertación por considerar: “que no es un espacio propicio para el derecho a la participación” y que “no hay garantías de seguridad, ni de debate para la discusión”, dice la carta.
Para Brigitte Bapptiste, directora del Instituto Von Humboldt, que es el que se encarga de presentar los mapas para la delimitación, en Santurbán “para nada” se violó el derecho a la participación. “La delimitación es una necesidad de ordenamiento y protección del territorio con criterios de política nacional y por interés de las mayorías. Salvo presencia de comunidades indígenas y negras, cuyo estatuto es diferente, por ahora otras comunidades no tienen estatuto legal colectivo diferencial. De no ser así, el Estado debería negociar el ordenamiento territorial predio a predio, persona por persona, un sin sentido”, le dijo a La Silla.
En todo caso esa tutela naufragó en el Tribunal Administrativo de Bucaramanga y en el Consejo de Estado, pero varios miembros de la ONG Dejusticia le pidieron a la Corte seleccionarla, argumentando que en efecto se violaba el derecho a la participación. Y los magistrados María Victoria Calle y Alberto Rojas así lo hicieron en febrero.
El caso quedó en manos del mismo Rojas, que en abril le pidió pruebas a 19 entidades (entre ellas al colectivo Luis Carlos Pérez, al Instituto Humboldt, la Anla, MinAmbiente, Dejusticia y a la Sociedad Minera de Santander).
Una vez Rojas tenga toda la información, deberá armar y presentar a una Sala de Tutela su ponencia. Allí, entre Rojas y otros dos magistrados, decidirán la suerte de la delimitación de Santurbán.
Esa delimitación no es un asunto menor, hasta el punto de que fue una de las decisiones políticas más duras que heredó el exministro de Ambiente Gabriel Vallejo, hace dos años porque, como contó La Silla, de hasta dónde llegara legalmente la zona de páramo dependía qué actividades mineras y agrícolas quedaban prohibidas, justo en una región donde hay intereses de grandes compañías mineras, así como de pequeños mineros y campesinos que explotan la zona hace décadas.
Además, porque hubo empresas mineras que alcanzaron a pedir títulos, precisamente por la seguridad jurídica que les daba el hecho de que ya estaba lista la delimitación. Pero si eso cambia, otra vez las mineras van a quedar en un limbo. Y eso, como nos decía una persona que pertenece a ese sector: “Nos triplica la inseguridad jurídica. ¿Quién va invertir sabiendo que mañana le cambian las reglas de juego?”
“Es duro porque uno siente que persiguen más la minería legal, que la ilegal”, agregó.
La delimitación fue criticada por varios ambientalistas porque logró poner la línea de dónde comenzaba y dónde terminaba el páramo, pero eso era lo más fácil. Lo difícil, que era armar un plan de transición para las más de 4 mil familias que viven en zonas que quedaron dentro de Santurbán, sigue pendiente, a pesar de los intentos del Gobierno de resolver el problema.
Por eso y porque Santurbán fue el primer páramo delimitado del país, que vuelva al debate la forma en que se delimitó y que se haga en una Corte que ha tomado varias decisiones que favorecen la participación de las comunidades en los territorios en detrimento de la minería, es un hecho mayor.
Como le decía a La Silla el investigador de Dejusticia Mauricio Albarracín, “podría convertirse en un estándar sobre cómo debe ser la participación de la gente en todos los ecosistemas estratégicos del país”.
Y eso podría chocar de frente con la minería, como ya mostró el caso de Santurbán: mientras los habitantes de los 3 municipios mineros se han quejado de que el páramo se delimitó sin consultarles y quieren un páramo más pequeño, los de Bucaramanga quieren un páramo más grande que les asegure sus fuentes de agua.
Si la Corte avanza en ese sentido, lo que no es de descartar dadas sus decisiones recientes, escribirá un nuevo capítulo de cómo se hará minería de aquí en adelante en Colombia.
Publicado en La Silla Vacía, 31 julio 2016, aquí …
Fuente: http://extractivismo.com/2016/08/colombia-la-corte-reescribe-la-mineria/