La venta del 24,5% de Anglo American a Mitsubishi sorprendió al Presidente y activó una ofensiva del gobierno, que cerró los canales de comunicación con las compañías y apuesta a entablar más adelante una negociación en un mejor pie. Esta semana, el Ejecutivo movió sus piezas para ordenar filas en la clase política y tranquilizar a las grandes mineras.
El miércoles 9 en la tarde, tras viajar desde Sao Paulo, Seiji Shiraki subió reservadamente al piso 10 del edificio del Ministerio de Minería, en Teatinos 120. El vicepresidente ejecutivo para América Latina de Mitsubishi Corporation había pedido una audiencia con Hernán de Solminihac sin especificar el motivo de su visita, que anunció apenas se sentó en el living de la oficina del secretario de Estado. En sus manos portaba un pequeño papel y a poco andar pidió leer el contenido de la declaración: se trataba del anuncio de la compra por parte del conglomerado nipón del 24,5% de Anglo American.
Hasta ese día, en alianza con la compañía japonesa Mitsui, Codelco apostaba a hacer efectiva la opción que poseía para adquirir el 49% de Anglo American. El anuncio de Shiraki, sin embargo, echaba por tierra los planes para llevar a cabo la mayor transacción en la historia de la cuprífera chilena y la dejaba con la eventual opción de adquirir sólo el 24,5%, vale decir, la mitad del paquete accionario. «¿Está seguro de lo que está hablando?», preguntó De Solminihac, tras escuchar al ejecutivo. El ministro estaba perplejo. No entendía bien de qué estaba hablando Shiraki, ante lo que le preguntó por más detalles de la sorpresiva operación. «Este acuerdo se va a materializar una vez que termine de leer este comunicado», fue la respuesta. El enviado de Mitsubishi no contestó más consultas del secretario de Estado y sólo dijo que se ceñiría a la declaración.
Días antes, el 28 de octubre, Codelco había anunciado -mediante el envío de un hecho esencial público a la Superintendencia de Valores y Seguros- que haría efectiva en enero la opción que poseía para adquirir el 49% de Anglo American. Se trataba de un acuerdo suscrito en 1978, que otorga la opción cada tres años, en el mes de enero, y que esta vez la cuprífera quería tomar. Pero la operación de la empresa británica y Mitsubishi suponía un inesperado traspié.
Concluida la reunión con Shiraki, De Solminihac llamó de inmediato al Presidente Sebastián Piñera. Debía comunicarle la sorpresiva transacción. Intentó contactarse varias veces con el Mandatario, quien estaba en Iquique y no le respondía el teléfono. Entonces se contactó con su gabinete, donde le informaron que ya estaban al tanto de la noticia. Piñera se había enterado en el vuelo a Santiago y ya tenía decidido no irse a su casa -como estaba contemplado originalmente- y trasladarse a La Moneda. «El Presidente tiene un incendio», comentaron en el avión.
En cosa de minutos, Piñera tenía agendada una reunión extraordinaria en Palacio. Al encuentro asistieron el ministro De Solminihac; el vocero Andrés Chadwick; el presidente de Codelco, Gerardo Jofré, y el titular del MOP, Laurence Golborne, quien durante su gestión en Minería inició las tratativas para hacerse del 49% de Anglo American. El diálogo fue corto. El Presidente realizó un control de daños y citó a un encuentro a la mañana siguiente.
En su residencia, a eso de las 11 de la noche, recibió la última de las llamadas de la CEO de Anglo American, Cynthia Carroll. Desde Mendoza, la alta ejecutiva había intentado infructuosamente contactarse con él desde la mañana de ese día. Piñera no respondió sus llamados, tal como lo ha hecho hasta hoy.
La situación era compleja. Mitsubishi sabía el escenario que se abriría en Chile si sellaba el acuerdo con Anglo American: semanas antes había recibido un detallado informe de la consultora Imaginaccion, del ex ministro Enrique Correa.
En paralelo, Anglo American habría consultado al estudio Claro & Cía. los riesgos que correría en caso de echar a andar la operación en Chile. «La justicia es independiente y funciona el estado de derecho», fue la respuesta, señalan fuentes cercanas al bufete.
La línea con que el gobierno enfrentaría a Anglo American se definió el jueves 10. Estaban convocados los mismos actores de la noche anterior, además del abogado Juan Guillermo Levine.
El socio del estudio Carey y Cía. realizó un análisis jurídico. La principal debilidad de la posición del Estado, dijo, era el contrato suscrito en 1978: si bien da a Chile cada tres años la opción de adquirir el 49% de Anglo American, no impide al gigante minero vender parte de la compañía fuera de esos plazos.
Como fortaleza, Levine expuso la actuación de la compañía británica durante las tratativas con Codelco en los últimos meses, en las que reconoció la opción de compra de la cuprífera chilena y la valoró en mil millones de dólares. Sobre la mesa estaba el principio de la «buena fe». Para algunas autoridades chilenas, la mejor prueba de la debilidad de Anglo American pasa porque reservó el 24,5% de sus acciones por si Codelco quería negociar y firmar la paz.
Piñera estuvo de acuerdo con el análisis. No sólo eso. En altas fuentes de gobierno estiman que la fortaleza de la posición de Codelco no pasa por lo jurídico, sino por la capacidad de presión implícita que posee el Estado.
En este contexto, durante la cita en Palacio, el Presidente le pidió a De Solminihac no responder llamadas y radicó el caso en la cuprera.
El que Anglo American y Mitsubishi quedaran sin un interlocutor en el gobierno suponía dejar a las compañías en una arena poco predecible y con escaso margen de acción. Se trataba de una medida de presión implícita, que apunta a entablar más adelante una negociación en mejor pie y con un objetivo definido: obtener de la británica una compensación por no respetar la opción de Codelco de comprar el 49% del paquete accionario y adquirir el 24,5% restante con una suerte de «indemnización». En el Ejecutivo apuestan a desembolsar la menor cantidad de dinero por ese porcentaje de participación, tal como lo pretendía cuando forjó una alianza con la japonesa Mitsui.
El jueves 10 también se definieron otras líneas de acción. La primera pasaba por desplegar recursos ante los tribunales para congelar la operación de las mineras. Pero lo central para el gobierno era iniciar una ofensiva pública de alto voltaje, pero de corta duración. La suficiente como para mostrar el desagrado del Estado con la transacción, pero evitando politizar excesivamente el tema y cautelando la imagen internacional del país. Así se lo recomendaron influyentes abogados al Presidente y así también quedó plasmado en una declaración que leyó el ministro De Solminihac tras la cita en Palacio.
A esa altura, en el Ejecutivo ya se había instalado la idea de que Anglo American no aguantaría un juicio de años. Ni en Chile, donde posee fuertes inversiones, ni tampoco ante tribunales internacionales, como el Ciadi, tal como ha deslizado la compañía.
Durante las discusiones, Golborne fue uno de los partidarios de aumentar la presión a Anglo American y sugirió sumar al comité de crisis al canciller Alfredo Moreno, dada la expertise en negociaciones comerciales del ex miembro del directorio de Falabella. El plan fue desechado poco después, tras una conversación de Piñera con el ministro de RR.EE.: Moreno le manifestó la inconveniencia de convertir este conflicto en un tema entre estados, como creen que está intentando instalar la empresa británica.
Anglo American ya había dado señales de querer internacionalizar el caso. El 12 de octubre, poco después de que Codelco anunciara su acuerdo con la japonesa Mitsui, la CEO Cynthia Carroll habría denunciado ante la Foreign Office (la Cancillería inglesa) que Chile pretendía nacionalizar los activos de Anglo American. Fue así como las autoridades del servicio exterior británico citaron de inmediato al embajador chileno en Londres, Tomás Müller, para pedirle información. Sorprendido, el diplomático chileno pidió antecedentes a Santiago. Desde la Cancillería chilena le enviaron por cable copias de los contratos y una nota en la que se dejaba en claro que este era un problema entre dos empresas.
Con el gobierno japonés tampoco se trató el tema. El fin de semana pasado, en el peak del conflicto, el Presidente participó en Hawai en la cumbre de Apec y sostuvo conversaciones con el primer ministro nipón, Yoshihiko Noda. El caso de Anglo American no estuvo en el diálogo. Sí en las declaraciones del Presidente, quien instaló aún más presión en sus apariciones públicas.
La intervención del Ejecutivo generó inquietud en el empresariado minero, que veía con temor que el debate terminara alentando demandas por modificar las reglas del juego en su sector o reflotando el royalty minero. Las críticas no sólo provenían del senador Guido Girardi, sino también de parlamentarios oficialistas. La situación llevó a la administración piñerista a dar «garantías» a los principales inversionistas del área.
En paralelo, el gobierno echó a andar una operación para ordenar a la clase política tras la postura del gobierno. El lunes pasado, durante el tradicional encuentro que sostienen con los parlamentarios oficialistas, los ministros del comité político de La Moneda realizaron una extensa explicación del caso y pidieron centrarlo en los argumentos jurídicos del gobierno. La idea era instalar márgenes al conflicto y no dejar que se saliera de sus cauces, por lo que los secretarios de Estado solicitaron ayuda para cohesionar el discurso y se explicó que el tema había quedado en manos de los ministros De Solminihac y Felipe Larraín (Hacienda). En la cita se evaluó positivamente que Ricardo Lagos y Andrés Velasco respaldaran la postura de la cuprífera.
Con el mismo objetivo, De Solminihac y el subsecretario Pablo Wagner -entre otros- se reunieron con los miembros de las comisiones de Minería de la Cámara de Diputados y del Senado, a las cuales les pidieron alinearse con la estrategia del gobierno y no dar señales que pudiesen afectar la imagen del país frente a la inversión extranjera. También se solicitó transmitir este mensaje en sus partidos y entre los demás parlamentarios.
Otros actores se sumaron a estas tratativas. Uno de ellos fue el presidente de Codelco, Gerardo Jofré, quien el martes almorzó con la bancada del PPD. En la cita dio a conocer detalles de las fallidas negociaciones y de los pasos que emprenderían para encontrar una salida a este conflicto.
Antes de concluir la semana, el gobierno realizó una suerte de balance de la ofensiva que había desplegado. Por un lado, vieron con satisfacción las señales que envió el presidente ejecutivo de Anglo American Chile, Miguel Angel Durán, quien flexibilizó la postura de la compañía: dijo que la mejor vía para resolver el conflicto era sentarse a conversar y que esperaba que «no termine esta semana sin tener contacto con Codelco». Por otra parte, sin embargo, La Moneda tenía claro que debía cerrar otro flanco: el acuerdo al que llegó con Mitsui para comprar el 49% de Anglo American y la línea de acción que debe resolver ahora frente a la compañía japonesa.