Hace pocos días estuvo en Chile Javier Córdoba, viceministro de Minería de Ecuador. En la ocasión anunció que se entregaría prontamente una licencia ambiental a Codelco para avanzar con perforaciones en el proyecto cuprífero Llurimagua que la estatal chilena intenta implementar en asociación con la estatal ecuatoriana Enami EP. Dijo a la prensa también que antes el proyecto “tenía un alto nivel de conflictividad social”, pero que esto se habría “solucionado”.
Todo lo contrario de lo que plantearon otros ecuatorianos que estuvieron de visita por acá hace poco tiempo. En esa ocasión eran representantes indígenas y autoridades locales de la región de Intag. Entre ellos, se encontraba la señora Rosario Piedra, madre de un tocayo del vice-ministro de Minería, que se llama Javier Ramirez, y que está encarcelado desde abril, acusado primero de terrorismo y sabotaje, y posteriormente de rebelión.
Todos ellos estuvieron cerca de una semana en Chile para denunciar la violencia policial y el atropello del que, según ellos, están siendo víctimas en su tierra a raíz de la inminente implementación del proyecto minero Llurimagua.
No es necesario tener todos los antecedentes del caso para reconocer la veracidad de ciertas situaciones y la seriedad de personas y organizaciones, aun cuando éstas puedan estar cuestionadas legalmente o incluso recluidas en una cárcel. Basta con ver las grabaciones de la incursión de la policía en la comunidad en mayo de este año, conocer la historia de lucha de estas comunidades -que en dos ocasiones anteriores lograron detener proyectos mineros en su territorio- para comprender que no se trata de delincuentes comunes.
De hecho, en la semana que estuvieron en Chile los opositores al proyecto tuvieron una nutrida agenda, que incluyó ser recibidos por dos de las principales instituciones de derechos humanos del país, por trabajadores de Codelco, vecinos afectados por las operaciones de la cuprífera en Puchuncavi y otros lugares, e incluso por un alto ejecutivo de la empresa, que acepto recibirlos luego de que se anunciara la entrega pública de 100 mil firmas oponiéndose al proyecto que intenta llevar adelante la empresa Codelco en asociación con su par ecuatoriano.
En la reunion con Codelco, Angelo Aguilar afirmó que el proyecto sólo estaba en fase de exploración y dijo que la empresa estatal chilena no asumía ninguna responsabilidad por los hechos denunciados. Similares argumentos expuso la Ministra de Minería durante la presentación que la delegación hizo ante la Comisión de Minería de la Cámara baja.
Pero es muy posible que Codelco tenga que dar mayores explicaciones sobre los hechos de Intag, ya que tendrá que responder en el futuro cercano a oficios e interrogantes no sólo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, antes quienes también dieron su testimonio, sino del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con cuya directora Lorena Fríes, se sostuvo una reunión y que ya despachó una dura carta a Codelco pidiéndole copias de los contratos y detalladas explicaciones.
No es primera vez que lo que sucede en la selva ecuatoriana con el proyecto minero de Codelco repercute en Chile. Durante la última visita al país del mandatario Rafael Correa en mayo recién pasado, un grupo de estudiantes de la Universidad de Santiago le aguó la fiesta del doctorado honoris causa que le otorgó la casa de estudios, al protestar con gritos y vistosos letreros. En la ocasión el mandatario y sus guardias reaccionaron indignados, al punto que hubo que recordarles la libertad para manifestarse pacíficamente.
No es ciertamente nuestra intención inmiscuirnos inapropiadamente en asuntos internos del Ecuador. Se puede denunciar esta situación, e incluso brindar apoyo solidario a sus víctimas, sin que eso signifique repudiar todo el accionar del gobierno. Admiramos la valentía, decisión e independencia mostrada para cerrar la base militar estadounidense de Malta o al brindar protección y asilo al periodista australiano Julian Assange en su embajada en Londres. Admiramos también la osadía y liderazgo de incorporar los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución y la intención original de mantener intocada la reserva del Parque del Yasuni, a pesar de las dificultades posteriores.
Es urgente que los gobiernos progresistas, comenzando por Ecuador, comprendan cómo los conflictos socioambientales, la destrucción de la naturaleza y de los territorios de pueblos indígenas van lentamente minando el apoyo de sus gobiernos y abriendo flancos políticos que tratarán crecientemente de aprovechar las fuerzas más retrogradas.
Urge que el gobierno ecuatoriano cese en sus posiciones defensivas y encare seriamente el problema ambiental, como un problema nacional, global y urgente, y que vea a los ciudadanos preocupados por el medio ambiente, en Ecuador y en Chile, como los aliados que son, y sus preocupaciones y denuncias, no sólo como el ejercicio de un derecho básico, sino como la obligación necesaria de una lealtad verdadera.