Señor Director:
En los últimos días hemos sido testigos de un nuevo accidente en la División Andina de Codelco, el cual provocó el derrame de más de 50 mil litros de concentrado de cobre en la cuenca del río Aconcagua.
Esta situación no es nueva (segundo derrame en menos de cinco meses), y constituye una demostración del actuar negligente de Codelco y de la total falta de fiscalización por parte de los servicios públicos.
Codelco no tiene regularizados los puntos de captación de sus derechos de aprovechamiento de agua y la Dirección General de Aguas no los fiscaliza. Ha construido un embalse en la que era la laguna “La Turquesa” y construye una serie de obras hidráulicas (como en la que se produjo el derrame) sin contar con el respectivo permiso, todo a vista y paciencia de la DGA. Ningún chileno goza de estos privilegios.
Codelco, al ser una empresa estatal, parece actuar bajo dos razonamientos: 1) es mejor pedir perdón que pedir permiso, 2) que al ser una empresa estatal no debe ser fiscalizada de igual manera que las otras, y que en definitiva debe ser respetada reverencialmente por todos los chilenos, incluyendo aquellos que la fiscalizan.
En este contexto, no vemos que la Superintendencia de Medio Ambiente tramite los procesos de fiscalización con la misma celeridad que en los casos de otras mineras. Existen a lo menos dos procesos de fiscalización que llevan más de dos años en trámite. Dudo que Pascua Lama tuviera semejante tolerancia.
Por otra parte, el Servicio de Evaluación (paradójicamente el 24 de diciembre) aceptó la modificación del proyecto del Depósito de Lastre Norte a través de una simple carta de pertinencia. Ello, pese a que la modificación consideraba cuadruplicar la superficie de almacenamiento y que consideraba la construcción de una megaobra hidráulica adicional a la ya existente. Todo bajo la oposición de la ciudadanía que ni siquiera ha tenido una respuesta por parte de dicho servicio.
Codelco, “el buen vecino”, considera que debe tener un trato diferente, que puede contaminar, destruir glaciares, no respetar los decretos de escasez, y en definitiva no respetar la normativa vigente porque tiene la convicción interna de que es una empresa estatal que “alimenta” (contamina) a los chilenos. Esta situación es insostenible, y si las autoridades siguen mirando para un lado, estas contingencias se repetirán y el valle lamentablemente desaparecerá.
Javier Crasemann Alfonso Presidente Junta de Vigilancia 1ª sección río Aconcagua