Ataque por cielo y tierra en Tía María . El presidente del Frente de Defensa de Cocachacra, Pepe Julio Gutiérrez, fue contundente al señalar que no aceptarán la invitación que les ha hecho llegar el presidente regional de Arequipa para dialogar con el Ejecutivo, este lunes, en la ciudad de Lima, sobre la ejecución del proyecto minero Tía María. “El presidente Juan Manuel Guillén ha tramitado una reunión con el Gobierno Central en Lima, pero nosotros no iremos. Si quieren dialogar que vengan a Cocachacra, ya hemos esperado mucho tiempo”, afirmó el dirigente islayino.
También reclamó al Ejecutivo que cumpla su palabra de anular el proyecto cuprífero Tía María si es que le presentaban un estudio serio sobre su inaplicabilidad, el mismo que ya entregó UNOPS. Batalla, heridos y detenidos A las 13:30 horas de ayer se produjo una batalla campal entre las fuerzas del orden y 2,500 manifestantes cuando estos últimos quisieron pasar por el puente Pampa Blanca para realizar una marcha hacia la zona de Fiscal. El congresista Pedro Santos intentó interceder y habló con el jefe policial a cargo del operativo, Mario Luque, quien le respondió que esperarían a un fiscal para responder a su pedido de acceso a la movilización. En ese momento se produjo un primer choque y la policía les arrojó bombas lacrimógenas que fueron respondidas con piedras lanzadas con hondas. Al lugar han sido enviados unos 1,200 policías, tanquetas antimotines y helicópteros de la PNP.
La fiscal de Prevención del Delito, Esther de Amat, llegó al lugar a las 15:40 horas y descartó el pedido de Santos porque había el riesgo de que tomen la Panamericana Sur. Cuando el legislador comunicaba la decisión de no abrirles el paso para la movilización y que en Lima habría una reunión con la PCM, la masa evidenció su incomodidad y estalló otro enfrentamiento. Las bombas lacrimógenas no amedrentaron a los pobladores que intentaron sorprender a la policía con trozos de dinamita. Un helicóptero lanzó entonces gases tipo arenilla que obligaron a los islayinos a replegarse en Cocachacra.
Mientras tanto, miles de personas realizaron actos de protesta contra la planta de combustible de PetroPerú, durante el segundo día de paro indefinido en la provincia arequipeña de Islay en contra del proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú.
Los manifestantes manifestaron su descontento, durante su paso del distrito de Cocachacra hacia Mollendo. Luego continuaron su paso a Matarani. Pepe Julio Gutiérrez, Presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo afirmó que sólo levantarán la medida de fuerza cuando el Ministerio de Energía y Minas anule el proyecto minero Tía María.
Por otra parte, a dieciséis se elevó el número de heridos en la provincia arequipeña de Islay por los enfrentamientos con efectivos policiales, en el marco de la jornada de protesta que acata la población en contra del proyecto minero Tía María.
Los enfrentamientos se suscitaron en el puente Pampa Blanca, en la zona de Chucarapi, distrito de Cocachacra.
Catorce de los 16 heridos ya fueron dados de alta.
En tanto, el servicio de transporte interprovincial en la vía Arequipa-Mollendo y en la Panamericana Sur se desarrolla con total normalidad.
Buscan solución para conflicto
El presidente del gobierno regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, se reunió con autoridades de Islay y con jefes policiales para evaluar la situación en Cocachacra que se encuentra en Paro indefinido contra el Proyecto Minero Tía María. Luego de esta evaluación invitarán a los dirigentes de Cocachacra para buscar alternativas de solución al conflicto. Esperan que ésta sea una alternativa para el diálogo, de lo contrario podría ser peligroso mantener por más tiempo una paralización que afecta seriamente la economía de la provincia. Guillén fue enfático en señalar que la empresa minera deberá levantar, en el más corto tiempo, las más de 100 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detectadas por la UNOPS, organismo convocado por el Ministerio de energía y Minas. Pero también advirtió que si Southern no logra levantar las observaciones es cuando el Estado deberá tomar en cuenta que el proyecto es inviable, un hecho que debe respetarse porque está revelando deficiencias que puede afectar a la población.
Pero también hay que esperar los resultados porque si – por el contrario – demuestran que es compatible la minería con la agricultura, entonces se debe permitir el proyecto. Si bien Southern tiene 90 días para levantar las observaciones considera que sería importante que acorte el tiempo ante la protesta que no podría alargarse más tiempo. Agregó que tanto el Estado como los pobladores deben tomar en cuenta que la presión social no puede determinar nada, pues si se cede ante las protestas y enfrentamientos, entonces se pierde legitimidad y dejaría un grave precedente en el país. “Hay que analizar todo, el diálogo es la mejor manera de resolver cualquier discrepancia, hay que respetar a todos para encontrar la solución”, subrayó.