La DEI debe conducir acciones lega
les tendientes a exigir a las mineras que honren lo dejado de pagar al país por impuestos.22.04.10 redaccion@elheraldo.hn
El Congreso Nacional (CN) está en deuda con el pueblo al no legislar el tema de la minería.
Este es el criterio del fiscal del Medio Ambiente, Aldo Santos. En entrevista concedida a EL HERALDO, el fiscal expuso su parecer ante la denuncia de una millonaria evasión fiscal que habrían incurrido seis mineras, valiéndose de un artículo de la Ley de Minería que fue derogado.
Desde hace varios años la Fiscalía planteó que la normativa vigente no era nada justa en cuanto a la generación de impuestos que las mineras deben pagar.
«Ni siquiera hemos conocido una cifra oficial de cuánto han dejado estas empresas al país. No veo que los pueblos mineros progresen», indicó.
Una alianza cívica, encabezada por Caritas de Honduras, propuso al Congreso una modificación que permita recibir más ingresos al Estado, para fortalecer la inversión social.
«Se nos está dando la razón, ya que existen investigaciones, reportes o informes que acreditan que estas empresas han defraudado al fisco por más de 600 millones de lempiras por concepto de impuestos que no han pagado», dijo.
Desde hace más de cuatro años se anuncian reformas a la Ley de Minería, sin resultados concretos. «Hay una deuda moral y a la vez legislativa del Congreso, que al día de hoy, abril del 2010, nunca emitió las reformas a esta ley», lamentó.
En las reformas se modificaba el sistema tributario, se establecían mejores y mayores controles para el tema ambiental, se modificaba lo relacionado con las causales para rescindir el contrato de concesión permitiéndole al Estado mayor control, no se permitía la minería a cielo abierto y abordaba una mayor participación de las comunidades sobre si procedía o no un proyecto de minería.
«El Congreso está en deuda con el pueblo, porque al día de hoy no se ha hecho esta reforma», recalcó Santos.
«La ley ha permitido lo que hoy EL HERALDO está denunciando, una ley permisiva, no represiva y con una cantidad de puertas abiertas que le permiten a la empresa minera hacer, dejar de hacer, sin que exista una repercusión o persecución del Estado para obligársele a pagar», indicó.
Omisión
Además, consideró oportuno recordar que en el 2006 trece artículos de la Ley de Minería fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, incluido el que concedía una exención fiscal.
Sin embargo, el CN no revisó los artículos declarados inconstitucionales, no hizo las reformas, ni los sacó del texto de la ley.
«Al día de hoy no se hizo nada», lamentó. Si la CSJ derogó trece artículos el CN estaba obligado a emitir reformas o enmiendas, para el caso imponer nuevas cargas tributarias.
«La obligación del Congreso era y es legislar sobre la base del recurso de inconstitucionalidad para hacer las derogatorias respectivas, usted compra ahorita una Ley de Minería y va a encontrar los trece artículos vigentes, aunque fueron declarados inconstitucionales, eso a dado lugar a esa evasión», apuntó.
Para el fiscal no justifica ni es contundente que las mineras se amparen en que no se hayan emitidos nuevos artículos para no honrar sus obligaciones dejados de pagar desde el 2006, en que se declaró la inconstitucionalidad.
Por su lado, la Dirección Ejecutiva de Ingresos debe aplicar la ley y cobrar todo lo las empresas mineras han dejado de pagar al país, recalcó el fiscal.
«El hecho que haya sido derogada la normativa no les hace acreedor a una exoneración, que puedan estarse generando riquezas sin estar pagando un centavo al país no es justo, no es legal y no es concebible», puntualizó el fiscal.