Los días 18 y 19 de julio, en la localidad de Achocalla (La Paz), se organizó un encuentro a nivel nacional de las autoridades originarias que componen el CONAMAQ. Motivo para la reunión fue el anuncio de un personero (el Viceministro de Producción) del Ministerio de Minería y Metalurgia en sentido de que el anteproyecto de la Nueva Ley Minera se habría concluido y que el mismo estaría listo para que el Gabinete del Presidente Evo Morales lo revise. Una vez concluida esa tarea, pasaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectivo tratamiento por los legisladores nacionales.
El solo hecho de anunciar de la nueva Ley de Minería, -como no podía ser de otra manera,- ha movilizado a las autoridades originarias aglutinadas en la CONAMAQ. Por eso decidieron organizar una «Cumbre» para ver y analizar los verdaderos alcances de la referida ley.
Al evento habían invitado instituciones y organizaciones ambientalistas. Algunas vaticinaron que la referida ley no era sino una forma de expoliar nuevamente nuestros recursos naturales. Para otras instituciones, la nueva ley minera constituía una nueva forma de «entreguismo» de nuestros recursos naturales a las transnacionales mineras. No faltó la expresión de alguna institución que incluso planteó que el país y los países latinoamericanos debieran abandonar las «industrias extractivistas», atribuyendo la responsabilidad de dañar tierras y ríos en directo perjuicio de comunidades íntegras a lo largo y ancho del país. Las exposiciones de todas estas instituciones, tenían la misión de orientar en materia de explotación de los recursos naturales y contaminación a toda la representación de autoridades originarias que habían arribado a la «Cumbre», para que ellas mismas se pronuncien.
Serios cuestionamientos a la actividad minera
Las distintas representaciones de las autoridades originarias, en sus intervenciones señalaron que la minería no respondía a las necesidades de las comunidades. En determinado momento Tata Félix Vecerra, Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ, reflexionaba: «…Cuánta riqueza habíamos tenido en nuestros territorios, y nosotros seguimos viviendo en pequeñas casitas con pajitas. No tenemos alimentación ni educación de calidad. La desnutrición sigue matando a nuestros niños a pesar de ser dueños de tanta riqueza. Entonces, ¿qué pasa…? ¿Quién se lleva nuestra riqueza? ¿Por qué no podemos progresar? Cada día escuchamos al Presidente decir que es para vivir bien, pero ¿qué pasa? Ellos (los mineros) tienen todo y nosotros nada. Ellos pueden comprar cualquier cantidad de autos y nosotros, ni carretillas podemos comprarnos…»
Reflexiones e intervenciones como éstos, en determinado momento, indujo a plantear y plantearse «la soberanía de los recursos naturales». Es decir: que los recursos naturales del país son de propiedad de las naciones originarias y que el Estado, hasta el momento, solo ha servido para despojarlos de los mismos. En algún momento, la reacción se concentró en cuestionar de forma definitiva a la actividad minera.
«La minería sólo nos ha traído más pobreza y desigualdad», mencionaba algún comunario. Entre tanto, otras representaciones dejaban entender que ellos debieran ser los «actores mineros» y, si habría explotación minera, sería con respeto a la madre tierra (Pachamama), cuidando la naturaleza. En esta «Cumbre» de dos días, fue unánime el rechazo al efecto contaminador que implica la actividad minera.
El agua: recurso natural más preciado por las comunidades
Varias fueron las intervenciones en sentido de que «la pelea» en adelante debiera ser por defender el recurso natural AGUA. «No vamos a comer oro», mencionaba una Mama T’alla, «los mineros no van a comer su mineral… nosotros producimos alimentos para la vida y debemos exigir que se respete el agua. Vamos a exigir que respeten el agua, que respeten nuestros ríos, nuestras tierras…», concluyó.
¿En qué lógica el gobierno implementa la nueva constitución política del estado?
El Presidente de la Coordinadora en Defensa del la Cuenca del río Desaguadero Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), Félix Laime Tapia, enfatizó: «…El Gobierno, por presión de los mineros, está aprobando la nueva ley de minería, pero se está olvidando de su propio discurso que dice que debemos defender la madre tierra, y la madre tierra se defiende primero defendiendo el agua que es primordial para la vida. Entonces el Gobierno debe aprobar primero la ley marco de «Agua para la Vida». En esa ley vamos a saber a qué se atienen los mineros. Que no sea como ahora ocurre: utilizan tanta agua para contaminarlo y ni siquiera pagan un centavo por el uso».
Esta intervención, entre otras, condujo a que entre las resoluciones de la «Cumbre» se diga de que se haga fuerza desde la CONAMAQ y otras organizaciones para que la Ley de Aguas se promulgue primero, antes que la Ley de Minería. Las autoridades originarias más experimentadas que asistieron al evento, expresaron que, si el Gobierno sigue mencionando que es expresión de los pueblos originarios, -si esto es así, -debe ser consecuente con sus palabras en los hechos.
El gobierno tiene la obligación consensuar la ley de minería antes de ser promulgada.
«…Una vez promulgada la Ley de Minería, ¿para qué vamos a siquiera discutir, si todo estará consumado?» Así se dijo en una de las intervenciones de las representaciones que asistieron al evento. Las reacciones no se dejaron esperar.
Toda vez en el evento se llegó a la conclusión de que a mineros y campesinos les liga un recurso que ambos consideran de decisiva importancia. A través de sus respectivas dirigencias, ambos sectores consideran que es una obligación cuidar el recurso AGUA.
En adelante, no se puede aceptar una ley diseñada por un solo sector o que sea una ley que obedezca a los intereses de un solo sector.