Tras la última audiencia del Cabildo de La Paz con ciudadanos organizados en contra de la instalación del proyecto minero Los Cardones en la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna, así como de la minería extractiva de metales preciosos en el estado, ocurrida el 6 de agosto de este año, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y un grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz, miembro del Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas del Delito, el Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó mandato popular soberano a las organizaciones civiles para solicitar a los 13 regidores paceños que no otorguen el uso de suelo a Desarrollos Zapal, promovente minero.
“El juez de distrito admitió nuestra demanda en sus términos, esto no tiene precedentes, y el hecho de que se admita la demanda, la viabilidad de la misma, nos dice que tenemos razón y que tenemos una expectativa […] Ya están obligados a contestarnos, ya no pueden apagarnos la luz y cerrarnos la puerta, ya no pueden ignorarnos”.
Rubio Ruiz asegura que la decisión del PJF obliga a los ediles a responder a la solicitud en 15 días a partir del 7 de septiembre, mas advierte que pueden ocurrir 3 escenarios, siendo el “más saludable” que los funcionarios acaten el mandato soberano popular y realicen “un acuerdo edilicio” que se publique y tenga “efectos de ley”, lo que dictaría las bases para modificar la legislación estatal y prohibir definitivamente la extracción de metales preciosos en BCS, “por lo lesivo y lo tóxico de sus procedimientos”.
El segundo contexto es “la salida política”, que resulta “evasiva pero funcional y permitida por la ley”. El fundamento sería, adelanta el abogado, que las más de 17,000 firmas ciudadanas presentadas al PJF en contra del proyecto minero “no son representativas”, por lo que se iniciaría de nueva cuenta “una consulta popular”.
Por último, si los regidores “deciden ignorar el mandato”, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y los abogados ampliarían “la demanda de amparo para efecto de que se les forcé a cumplir ese mandato”.
La actual administración del Ayuntamiento de La Paz terminará en dos semanas y los efectos del amparo concedido a los ciudadanos culminarían, dando inicio a una nueva etapa de entrevistas con las funcionarios entrantes, a fin de conocer su posición frente al caso.
“Este amparo, para estos regidores en particular”, detalló Arturo Rubio, “cuando se extinga el Ayuntamiento, se sobresee, porque ya no está la autoridad, tendríamos entonces que iniciar un nuevo procedimiento, arrancar desde el principio, desde preguntarle a cada uno de ellos cuál es su postura personal”.