Luego de una larga lucha en la que participaron comunidades, universidades, iglesias, organizaciones comunitarias y ambientalistas, el 29 de marzo de 2017 el Congreso de El Salvador, aprobó la “Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, que prohíbe la exploración, extracción y el procesamiento de minerales en su territorio.
En medio del modelo económico que privilegia las políticas en Centroamérica, la Ley de Minería en El Salvador se convierte en un rayo de esperanza para las comunidades que luchan en contra de proyectos extractivos.
Lucha
Aunque la lucha que llevó a la prohibición comenzó entre el 2004 y 2005, todo el movimiento anti-minería en esa nación tiene sus orígenes a inicios del siglo XX, en el año 1960, cuando varios sectores del país paralizaron los trabajos de extracción minera que se daba en aquella época. Sin embargo, en el 2001, el expresidente Francisco Flores, dio permisos de exploración a la compañía Pacific Rim, que posteriormente fue comprada por Ocean Gold.
Para Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas(UCA), es un acontecimiento histórico para toda la región. Lo inédito de El Salvador, es que se logró prohibir la minería en todas sus modalidades (cielo abierto, subterránea, industrial, artesanal), también en todas sus fases (exploración, explotación, procesamiento).
Claves
A criterio de Serrano, fueron cinco las claves que permitieron prohibir la minería en El Salvador. La primera está en la oposición a la actividad. Es decir, el argumento más importante para oponerse, fue la constatación empírica y científica de que la minería de hoy sigue siendo tan dañina como la de antes. Además de comprobar que no es factor de desarrollo económico para los países, y que no es factor de mejorar el nivel de vida de la población.
Explica que desmontaron la campaña de “minería verde o minería responsable”, impulsada por las empresas extractivas, que buscaban hacer creer a la población que la minería no tenía impacto negativo en la población. Esa campaña fue gradualmente desmontada con estudios de percepción, impacto en la salud y económica de la población, realizados por diversas universidades.
La segunda clave, según Serrano, fue la conciencia y organización de la población. “Sin la validación social es difícil ganar una lucha con esas características. El mayor mérito lo tienen las organizaciones y comunidades afectadas, sobre todo en Chalatenango y Cabañas.
Desde la UCA, en el 2007 se realizó un sondeo de opinión entre la población de los 23 municipios afectados por la minería. En esa encuesta el 62.5% consideró que el país no era apropiado para la minería, y el 67.6% dijo que los proyectos mineros contribuirán poco o nada con el desarrollo económico. La encuesta se realizó nuevamente en el 2015, y el 79% dijo que el país no era apropiado para la minería, 76% que los proyectos mineros no generaban desarrollo, y el 77% dijo que el Estado debía prohibirlo”.
Serrano dice que los datos de la encuesta, no solo reforzaron la lucha, sino también el litigio internacional.
Una tercera clave fue la conjunción y articulación de diversos actores. La iglesia fue la primera en sacar un comunicado contra la minería en el 2007. Fue fundamental la participación del arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Las organizaciones, iglesias evangélicas y sociedad civil, también fueron importantes, además de los actores internacionales.
La situación medioambiental en El Salvador es crítica, con respecto a los demás países centroamericanos. Es el segundo país más deteriorado ambientalmente del continente. De los 356 ríos que posee, el 90% no tiene agua para consumo humano, y el 10% restante tiene que ser potabilizado con métodos convencionales.
En el 2009, la empresa Pacific Rim, entabló una demanda internacional contra el Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y en octubre del 2016 falló a favor del Estado Salvadoreño. En ese momento, el Fiscal General dijo que era momento de legislar en materia de minería y fue allí donde las organizaciones aprovecharon para presentar la propuesta de ley.
El último punto, pero no menos importante, es el tema de las inversiones. Serrano, asegura que los intereses en juego, en su mayoría no eran de capital nacional, sino transnacional. Y eso hizo posible que diputados de todos los partidos políticos votaran a favor de la nueva ley.
El académico considera importante que las organizaciones y la población de Centroamérica busquen articular esfuerzos para hacer frente común contra los proyectos extractivos.
Nuevas Luchas
Ahora mismo en El Salvador se libra una batalla contra la privatización y el reconocimiento del derecho humano al agua. La gran empresa privada argumenta que no quiere privatizar, sin embargo, quieren ser ellos quienes administren el servicio.
El próximo 27 de septiembre realizarán una movilización que será encabezada por miembros de diferentes iglesias. Se aprovechará para presentar más de 100 mil firmas con las que se exigirá a los diputados la aprobación de una Ley de Aguas, que favorezca a toda la población de El Salvador, y no a una pequeña clase económicamente poderosa.
Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/cinco-factores-clave-para-prohibir-la-mineria-en-el-salvador/