24 de Abril de 2012
Accionistas de la empresa Goldcorp Inc. están preocupados porque esta solo tiene una fianza de garantía por US$1 millón, para el futuro cierre de la mina Marlin, en San Marcos, mientras un estudio efectuado por los propietarios revela que necesitarían US$49 millones —unos Q389 millones—.
La proyección se fundamenta en un estudio independiente hecho en EE. UU., donde se detallan 25 acciones para garantizar la calidad del agua y los suelos luego de que concluya la explotación.
Los costos se calculan con base en el valor del mercado actual y toma como referencia el cierre de otras minas en el mundo.
Un grupo de accionistas de Goldcorp, casa matriz de Montana, entregó una resolución para que esta empresa asuma el costo total del cierre de la mina, previsto para el 2018, y se evite que el Estado de Guatemala absorba esos gastos y los daños al ambiente.
La propuesta se discutirá en la asamblea general de la compañía, en Ontario, Canadá, el próximo jueves.
Representantes de la mina, ubicada en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, dicen que han invertido US$30 millones en el proceso «paulatino» de cierre, política que seguirán en los próximos siete años.
Estudio
El informe, elaborado por seis ingenieros y geólogos, expertos en minería, indica que los riesgos de contaminación en cualquier mina en el mundo existen, y las consecuencias pueden extenderse por décadas.
En el caso de Guatemala se indica que el cierre debe incluir la rehabilitación de caminos, protección de cuencas, afluentes subterráneos y revegetación del suelo.
«La contaminación de la tierra y el agua en el área de la mina Marlin tendrá efectos duraderos, cuyo alcance aún no se puede determinar», afirmó Natalie Wing de Loretto, una de las accionistas.
El informe advierte de que, de no contar con una fianza de recuperación adecuada, el país se encuentra expuesto a altos riesgos ambientales.
Otra accionista, Patricia Jones, expresó que si no se atiende la rehabilitación, el riesgo mayor es para las comunidades cercanas.
Refirió: «Existe un futuro incierto en cuanto a si el agua se podrá beber sin peligro o si los cultivos que se produzcan cerca de la mina abandonada tendrán mercado. La compañía y el Gobierno tienen la responsabilidad de respetar y proteger el derecho humano al agua de las comunidades».
El estudio afirma que existe una alta probabilidad de que afluentes contaminados del sector requieran tratamiento de agua por tiempo indefinido y pide incluir esos costos en la fianza de garantía.
El informe concluye en que es importante aumentar la fianza de garantía, para que pueda ser utilizada en la recuperación de las tierras explotadas, proteger a la gente local y al medioambiente de daños de largo plazo, y regresar las tierras explotadas a su uso anterior.
Según Yuri Mellini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, las empresas mineras cumplen con la ley, pero la propuesta a largo plazo en monitoreo se queda corta.
«Los números no prevén a largo plazo quién asumirá el pasivo minero; la empresa cerrará, ¿y qué va a pasar en 50 años?», expresó el ecologista.
Sugieren vigilancia
El estudio de los expertos concluye: «Si no se cuenta con vigilancia por parte del Gobierno y las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, así como de la población local, la mina Marlin podría dejar un legado sumamente costoso, así como una fuente de continuos problemas ambientales durante muchos años».
Cambios a la ley
El director de Calas, Yuri Mellini, dijo que le preocupan los impactos ambientales en el futuro. Considera que el Estado debería modificar la Ley de Minería y exigir un fondo entre US$50 millones y US$80 millones para manejar a largo plazo los problemas ambientales, «porque no se sabe qué vendrá en el futuro».
«Ya se cumple»
Mario Marroquín, director ejecutivo para Guatemala de Goldcorp, minimiza los señalamientos y aduce que provienen de un grupo de accionistas que ignoran el trabajo de la mina Marlin.
Marroquín explicó que desde que comenzó la explotación en la mina, hace seis años, se han invertido más de US$30 millones —Q238 millones— en la recuperación de las áreas afectadas.
«Nosotros tenemos una gestión muy adecuada y en ese sentido hacemos la recuperación anualmente en una forma técnicamente razonable», aseguró.
El ejecutivo afirmó que se ha pagado una fianza de US$1 millón, como «lo manda la ley», y «no será necesario utilizarla porque no existirá pasivo minero luego del cierre».
Marroquín acusó a los accionistas que hicieron el estudio de tener «un ángulo poco constructivo», y adelantó que «la moción que proponen no procederá en la próxima asamblea».
Datos
130 mil hectáreas de bosques se pierden al año, según el Instituto Nacional de Bosques.
2.9 millones de hectáreas boscosas se han perdido en el país durante los últimos 50 años.
600 libras de basura, en promedio, se calcula que genera cada habitante de la
capital.
2 mil toneladas de basura recibe a diario el relleno sanitario de la zona 3, de nueve municipios del departamento.
Bosques: Tala ilegal es la más dañina
La pérdida de bosques en el país supera las 130 mil hectáreas anuales, y según el Instituto Nacional de Bosques, solo se logra recuperar el 75 por ciento.
La tala ilegal, según estadísticas oficiales, representa unas 73 mil hectáreas anuales, lo que deja pérdidas por hasta Q2 mil 200 millones al Estado.
Sin embargo, el potencial riesgo de desastres naturales es la causa principal de la erosión del suelo, y en cada invierno genera deslizamientos.
El cambio del uso del suelo también afecta la tala y destruye el hábitat natural.
Basura: No existe manejo de desechos
Los desechos sólidos contaminan ríos, laderas y el aire. Los daños son mayores en el país, porque cifras del censo efectuado en el 2002 indican que más del 30 por ciento de la población quema la basura, y tan solo el 1 por ciento maneja los desechos en forma sustentable.
Una cuarta parte de la basura producida en el país es recolectada y llega a basureros municipales, y otra porción igual se deposita en botaderos clandestinos.
En la actualidad no existe manejo de desechos sólidos y los rellenos sanitarios no han sido tratados en forma correcta.
Déficit: Sin acceso a servicio de agua
Aunque suene contradictorio, el país posee una gran cantidad de recurso hídricos a través de ríos y lagos; sin embargo, muchos de ellos están contaminados y el alto grado de deforestación aumenta el riesgo de perder las fuentes de agua potable.
Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, menos de la mitad de la población tiene acceso a agua entubada y en el área rural tan solo el 16 por ciento cuenta con ese servicio.
Estudios precisan que la disponibilidad de agua superficial ha disminuido hasta 70 por ciento, por la deforestación.