Ángel Mora Rojo
Ante el diputado Juan Hernández Paularena solicitaron que se publique la Ley de Fomento Económico y Equilibrio Ecológico que prohíbe la minería a cielo abierto en Baja California Sur y que los foros que se plantean por la nueva iniciativa sean para robustecer la Ley. Señalan que Concordia es una “cortina de humo”• para abrir la puerta a diversos proyectos de la empresa Pediment
Representantes de cámaras empresariales y asociaciones de profesionistas y civiles de Los Cabos cerraron filas ayer para hacer un llamado al Congreso del Estado para que se publique la Ley de Fomento Económico y Equilibrio Ecológico que prohíbe la minería a cielo abierto tóxica en Baja California Sur y no se demore el tema en foros por la nueva iniciativa de ley de desarrollo sustentable, porque temen que el tiempo que se pierda en las consultas sea aprovechado para que proyectos mineros de la empresa Pediment logren sus permisos ante las autoridades correspondientes.
En la reunión estuvo presente el diputado Juan Hernández Paularena, integrante de la Comisión de Ecología de la presente legislatura a quien le solicitaron que los citados foros que se pretenden para socializar la nueva iniciativa de Ley de Desarrollo Sustentable, sean mejor para enriquecer la Ley de Fomento Económico y Equilibrio Ecológico una vez publicada. En la junta de trabajo estuvieron el presidente de la Canacintra, Roberto Chávez, el presidente del Colegio de Arquitectos, Jesús Ide, el presidente del Colegio de Ingenieros, Gerzaín Guzmán, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos, Genaro Ruiz, el representante de Amigos de Cabo San Lucas, José Cantú, la representante de la asociación civil Agua Vale Más que el Oro y de los empresarios de Todos Santos, Elena Moreno, el vocero de la asociación civil Quaayaip, David Sosa y el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Armando Sánchez.
En primer momento, el vocero de Quaayaip, David Sosa informó a los representantes de los organismos camarales el antecedente de la empresa Concordia y señaló que la empresa no es más que una “cortina de humo” para que la atención se fije sobre ellos, cuando otras empresas trasnacionales mineras están tramitando proyectos en la parte Sur del estado y han avanzado en la tramitología.
En cuanto a Corcordia señaló que será muy difícil que progrese su proyecto por que ni siquiera ha iniciado trámites ante Semarnat para el estudio de impacto ambiental. Por su parte, el diputado Juan Hernández Paularena explicó que la Ley de Fomento Económico y Equilibrio Ecológico que prohíbe la minería a cielo abierto en Baja California Sur se sacó por la premura del tiempo ante el riesgo de que minería tóxica se asentara en Baja California Sur, por lo que la misma fue aprobada por la mayoría de los diputados, sin embargo después de las presiones que han sufrido los legisladores por parte de presuntos mineros, la presidenta de la mesa directiva del periodo de sesiones, Graciela Treviño, detuvo la Ley cuando se mandaría a publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Dijo además de acuerdo a información que han tenido, la empresa que está gestionando en estos momentos Concordia, ni siquiera se dedica a la extracción de oro como tal, sino a especular en la bolsa de valores, para después vender la empresa. El legislador además acusó que estas empresas mineras han dado “cañonazos” de dinero en diversos sectores sociales y no descartó que incluso dentro del propio Congreso por lo que señaló que es muy necesario el apoyo de la sociedad organizada y los medios de comunicación de todo el estado para poder asentar una legislación que blinde al estado contra la minería a cielo abierto tóxica.
Finalmente, el diputado reconoció que la nueva iniciativa de ley de desarrollo sustentable, presentada esta semana por su compañero de comisión, Ramón Vargas, abre la puerta para que este tipo de minería tóxica se asiente en Baja California Sur. Al tomar la palabra, el presidente del Colegio de Ingenieros, Jesús Ide abundó que la empresa Concordia es una “caballo de batalla” para lograr la aprobación de una ley que deje abierta la posibilidad a la empresa Pediment de desarrollar su proyecto Piyahayas de 46 mil hectáreas en la zona de San Pedro y El Triunfo, así como otra serie de proyectos de este tipo en la parte Sur del estado, prinicipalmente en la región de Los Cabos y La Paz.
Por ello, señaló que hay temor de la sociedad organizada de Los Cabos que mientras se realizan los foros que se proponen para socializar la nueva iniciativa de ley de desarrollo sustentable, sea aprovechado por la empresa Pediment para lograr sus permisos ante las autoridades correspondientes. “Lo que necesitamos es cerrarle la puerta de una vez por todas a la minería a cielo abierto tóxica en el estado y que se publique la Ley que la prohíbe y ya después en estos foros se enriquezca y se le hagan las modificaciones necesarias, por que debemos de insistir que no buscamos afectar a la minería que ha coexistido en el estado sin perjudicar el medio, como las graveras y la salinera”.
Ante, ello, Armando Sánchez propuso que en la propia Ley de Fomento Económico y Equilibrio Ecológico se le etiquete que queda prohibida en Baja California Sur la minería a cielo abierto que utilice arsénicos en su producción. Al tomar la palabra, el presidente del Colegio de Ingenieros, Gerzain Guzmán destacó el hecho que en Baja California Sur uno de los recursos más importante es el agua y estos proyectos mineros utilizarían grandes cantidades del vital líquido.
Además refirió que está comprobado ya en el estado el potencial tóxico de la minería, ya que en zonas anteriormente mineras como El Triunfo, que hoy es un “pueblo fantasma”, está comprobado que aún los pozos de agua están contaminados con arsénico, cuando la actividad minera fue hace 70 años. Los empresarios además señalaron que no se puede simplemente decirles a los pobladores que serían presuntamente beneficiados con las fuentes de empleo que generaría la mina, que ya no van a tener la posibilidad de desarrollo económico, por lo que propusieron que se lleven ante estas comunidades proyectos de turismo ecológico, agricultura orgánica u otras actividades que no dañen el medio ambiente, pero que les signifiquen ingresos. Por último se acordó que el lunes, las cámaras y asociaciones civiles reunidas y otras que se suscribirían al acuerdo, publicarán un desplegado en los principales medios de comunicación del estado para externar su firme postura de decir no a la minería a cielo abierto tóxica en Baja California Sur.