por: Eliana Gilet
IV Marcha en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales
Su organización por fuera de ámbitos partidarios, su aroma a federación, en la que los grupos coordinan acciones pero a su vez mantienen su capacidad de acción local, y la heterogeneidad de sus integrantes delinea un fenómeno más significativo que el que auguran los modestos afiches pegados en los muros de la ciudad.
La cita es a las cinco de la tarde en el Obelisco. Si la tendencia sigue como viene, la de hoy va a ser aun más grande que la tercera. Ya son más de 40 colectivos de todo el país los que están detrás. El grueso fue surgiendo en los últimos tres años a partir de la resistencia a la instalación de la minería metalífera a cielo abierto en el país.
En agosto del año pasado, a instancias del grupo de Tacuarembó,* el movimiento se consolidó en la conformación de la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de los Bienes Naturales. En octubre fue la tercera marcha a Montevideo. “Funcionábamos con un equipo de coordinación con representantes de los colectivos, que iba reuniéndose para planear acciones. Desde la tercera marcha, esa instancia quedó instalada”, comenta Ana, integrante de la Confederación de Pueblos Costeros. La asamblea, desde entonces en sesión permanente, se mantuvo alerta a los movimientos del Parlamento. No es casual que esta cuarta marcha suceda mientras la discusión del proyecto de megaminería aún está abierta en el Senado.
“Aratirí es el buque insignia, el caso paradigmático de un proyecto extractivo que surge de arriba para abajo, impuesto a las comunidades, sin criterios de sustentabilidad ambiental ni social”, explican. No es menor el hecho de que las comunidades se sientan por fuera de las decisiones; es más, ese parecería ser el hilo invisible que va uniendo voluntades tan diversas: la firme determinación de defender la forma en que viven, frente a la imposición de un modelo al que no le ven rédito por ningún lado.
Génesis. En San José la preocupación llegó de la mano de los pedidos de prospección. “Hace cerca de un año los pedidos empezaron a llover en el departamento. Eso fue generando alarma en muchos productores”, relata Reinaldo, integrante de la gremial agropecuaria lechera de San José. Así, distintas gremiales empezaron a movilizarse para presentar recursos ante la Dinamige.
Una situación similar se está viviendo ahora en Tacuarembó, donde el grupo está alerta ante el pedido para hacer prospecciones en 83 padrones de la séptima sección catastral, en la zona de Ansina. Relatan que cuando una empresa minera hace una solicitud de prospección a la Dinamige, está obligada a publicar ese pedido tres veces consecutivas en un diario de circulación local. En este caso fue publicado en Batoví. A partir de entonces empieza a correr un plazo de diez días hábiles para que los productores cuyos predios fueron señalados, en caso de estar en desacuerdo, presenten un recurso administrativo ante la dirección.
“Si la persona no se enteró y pasan los diez días, la Dinamige puede otorgar el pedido de exploración a la empresa”, relatan los norteños. “Entonces, el procedimiento usual es que concurra un escribano con un par de testigos al predio en cuestión y deje un cedulón en la portera, porque no necesariamente deben entregárselo en mano al productor.” A partir de ese momento se abre otro plazo de diez días corridos en el que los productores pueden recusar el pedido, pero como ya fue otorgado el permiso, deben hacerlo ante la justicia. Una de las abogadas que integran el grupo está asesorando a aquellos productores contrarios a las prospecciones. “Para decirlo en cristiano, son dos chances que el productor tiene para oponerse a que le entren al campo. Si perdió esas dos chances, ya no hay más tutía.”
Los de San José no tuvieron suerte: la Dinamige se expidió a favor de las mineras. “No quedamos muy conformes con eso, porque la abogada de la Dinamige entendía que la actividad de prospección minera no estaba contemplada dentro de lo que es una actividad minera, y sí dentro de una actividad geológica, y nosotros entendíamos que según el Código de Minería el primer título minero que se otorga es el de prospección y por lo tanto es actividad minera.”
Por lo tanto la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, la Asociación de Productores Lecheros, la Asociación de Queseros Artesanales y la Asociación Rural de San José, así como la Unión de Queseros Artesanales Familiares, empezaron a organizarse para discutir el tema, preocupados por el desplazamiento de productores que la minería pueda generar.
A principios de enero de este año la Junta de ese departamento votó por unanimidad la restricción de las actividades mineras en el departamento. “Es una palabra que no dice mucho, pero marca un antes y un después, que todos los ediles, incluidos los del Frente Amplio, hayan manifestado su preocupación al respecto”, afirman desde el oeste.
A la vez esas organizaciones se sumaron al movimiento. “Es difícil coordinar acciones, a veces, bajar a tierra las ideas y organizarse, pero se ha logrado establecer un objetivo común”, aseguró Reinaldo, quien entiende que la adhesión a las marchas expresa un fenómeno de peso: “Lo más llamativo es la cantidad y diversidad de facciones, no sólo ruralistas, no sólo gente de la costa, y eso es algo que debería preocupar al poder político, a ver si están haciendo bien las cosas con respecto a este tipo de desarrollo”.
Ana, por su parte, relata el periplo de la organización de los pueblos costeros, cuyo momento fundacional fue el 16 de julio de 2011 en un encuentro en La Paloma, preocupados por los proyectos de instalación del puerto de aguas profundas y el puerto maderero en ese balneario. “A partir de entonces, por primera vez en décadas, las comunidades costeras nos pusimos a trabajar en torno a un problema común. En años anteriores, ante distintas obras realizadas en la faja costera, nunca había habido una unificación de la lucha, siempre era la comunidad afectada la que se movilizaba, y el resto no porque no le afectaba el problema del otro.”
La confederación creció y hoy, además de los pueblos de Rocha, se han sumado otros de Maldonado, Canelones y de las comunidades costeras del oeste de Montevideo, las cuales empezaron a organizarse ante el proyecto de instalación de un puerto multipropósito en Puntas de Sayago. “Tres puertos inmensos que modifican toda nuestra costa y que nos van a traer impactos sociales, económicos, culturales para las comunidades”, apunta Ana.
Es que bajo el paraguas que abrió la organización de los colectivos contra la instalación minera se fueron sumando otros que tienen al ambiente como preocupación central. Así esta cuarta marcha sumó también a los colectivos preocupados por la posible contaminación de los cursos de agua, como es el caso del grupo de vecinos de Laguna del Cisne. **
“De a poco, en este proceso que lleva más de tres años, fuimos descubriendo entre todos, en una instancia de crecimiento, que había una agenda ambiental y que había bienes naturales amenazados por una política extractivista que le dice que sí a todo, con tal de que haya un rédito económico”, afirma Julio, uno de los productores de Cerro Chato que ha estado participando desde los comienzos del movimiento.
Cuentan los activistas que la proclama que el grupo de Tacuarembó leerá al llegar a la plaza Independencia llevó casi un mes de discusiones, para que todas las preocupaciones estuvieran contempladas. Un mar de voluntades que podrá verse en vivo y en directo esta tarde, manifestándose sobre la principal avenida capitalina. No se lo pierda.
* Véase Brecha, 19-IV-13.
** Véase Brecha, 22-III-13.
{youtube}b5OkjHcxb2k{/youtube}
{youtube}oSfbPOANXMQ{/youtube}
{youtube}kIftz9li6po{/youtube}