Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Panamá a garantizar la integridad física y seguridad de líderes y miembros del pueblo indígena Ngöbe Buglé que protestan contra la aprobación de legislación relativa a la ejecución de proyectos de inversión en sus territorios.
Según información de público conocimiento, miembros del pueblo indígena Ngöbe Buglé bloquearon por varios días la circulación de la carretera Interamericana como medida de protesta relacionada con el debate parlamentario del Proyecto de Ley No. 415 “Que establece un Régimen Especial para la Protección de los Recursos Minerales, Hídricos y Ambientales en la Comarca Ngöbe Buglé”.
De conformidad con la información recibida, el 5 de febrero las fuerzas de seguridad panameñas habrían realizado operativos a fin de desbloquear la carretera. En dicho contexto, se ha tomado conocimiento sobre la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugri, y que otras decenas de personas habrían resultado heridas. Adicionalmente, se informó que moradores en las áreas de conflicto denunciaron, a través de radioemisoras locales, que agentes policiales armados ingresaron en varias viviendas.
Por otra parte, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibieron información que indica que el Gobierno habría ordenado la suspensión de la telefonía celular como una medida para controlar la manifestación. En virtud de ello, la zona se encontraría incomunicada, afectando seriamente el derecho a la libertad de expresión de los panameños.
La CIDH recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias. Asimismo, la Comisión Interamericana llama al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud a todos los heridos. Igualmente, en vista de la información recibida según la cual varias personas habrían sido detenidas durante los incidentes, la CIDH llama al Estado panameño a respetar su derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales.
Adicionalmente, la CIDH recuerda que es necesario adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. En ese sentido, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los manifestantes dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos.
Según lo han reiterado los organismos del sistema interamericano de derechos humanos, los Estados deben garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos, teniendo en cuenta que esta consulta debe estar dirigida a alcanzar un acuerdo en relación a las acciones administrativas o legislativas que tengan un impacto sobre sus derechos.
La CIDH dirigió el 5 de febrero de 2012 una solicitud de información al gobierno de Panamá relativa a estos hechos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.