COMUNICADO DE PRENSA No. 62/11
Washington, D.C., 24 de junio de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en El Salvador del defensor de derechos humanos Juan Francisco Durán Ayala, quien era activista del Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales (CAC), organización que realiza actividades de defensa del medio ambiente frente a los impactos de la explotación minera en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas. La CIDH insta al Estado salvadoreño a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Según la información recibida por la CIDH, el 2 de junio de 2011 Juan Francisco Durán Ayala habría colocado afiches y pancartas pidiendo la aprobación de una ley contra la minería y exigiendo la salida de una compañía minera en Cabañas. Al día siguiente, Juan Francisco Durán habría sido visto con vida por última vez cuando salió de su casa para tomar clases en la Universidad Tecnológica de San Salvador. La información recibida indica que el cuerpo sin vida de Juan Francisco Durán fue encontrado con dos disparos en la cabeza en la municipalidad de Soyapango, el 4 de junio.
La CIDH destaca que el asesinato de Juan Francisco Durán es el cuarto del cual la CIDH ha sido informada en los últimos dos años en contra de defensores y defensoras que se han opuesto a las actividades de minería en Cabañas. Al respecto, de acuerdo a la información presentada a la Comisión en su 140 período de sesiones, Marcelo Rivera Moreno, miembro de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC) y activista contra las operaciones de la mina El Dorado, habría sido encontrado muerto en un pozo el 30 de junio de 2009 tras haber estado desaparecido durante 12 días; Ramiro Rivera Gómez, miembro del CAC, habría sido asesinado el 20 de diciembre de 2009 cuando viajaba en una camioneta por un camino rural del cantón Trinidad; y Dora Alicia Sorto, también integrante del CAC, habría sido asesinada por arma de fuego el 26 de diciembre de 2009.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión insta al Estado de El Salvador a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad las defensoras y defensores del derecho al medio ambiente en el país.
En los últimos años, la defensa del medio ambiente y su relación con los derechos humanos son temas que están cada vez más presentes en el trabajo de la CIDH y en las solicitudes y peticiones que se presentan a la Comisión. Mientras tanto, la CIDH está recibiendo cada vez más denuncias sobre asesinatos, amenazas y hostigamientos contra los defensores y las defensoras que trabajan en este campo. La CIDH reitera que labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. Como anteriormente lo ha señalado la Comisión, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.