Por David Marroquín.
La estrategia de los abogados defensores del Estado salvadoreño en el juicio con la empresa minera pretende lograr que el Centro Internacional de Resolución de Disputas de Inversión (CIADI), desestime la demanda de 77 millones de dólares, porque la compañía es de origen canadiense y no estadounidense como lo han querido aparentar sus representantes para acceder a los beneficios del CAFTA como lo es acudir a ese ente arbitral.
Los abogados que representan a El Salvador en el litigio que se tiene con la empresa minera canadiense Pacific Rim tratarán de demostrar que el Centro Internacional de para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (CIADI, siglas en inglés) no es el tribunal competente para dirimir el conflicto entre el Estado salvadoreño y la referida compañía. Los argumentos que presentarán los abogados defensores del estado salvadoreño se basan en que la compañía minera es de origen canadiense y no estadounidense como han querido aparentar los abogados acusadores.
Si el equipo de abogados que defienden al gobierno salvadoreño demuestra sus argumentos, entonces el tribunal que lleva el caso tendría que desestimar la demanda de Pacific Rim porque el CIADI ha sido creado para que las empresa de los países miembros del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) diriman sus conflictos comerciales.
El Fiscal General, Romeo Barahona, aseguró que se cuenta con la documentación de que la referida compañía nació con capital canadiense en la Isla Gran Caymán y luego abrió una pequeña oficina en Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, para aparentar de que se trata de una empresa estadounidense. De esa manera, la referida compañía no tendría derecho a presentar la demanda en el referido tribunal arbitral.
«Cuando los hechos se registraron, la empresa Pacific Rim tenía su nacionalidad canadiense, entonces la jurisdicción que se va a invocar es que no aplica a los beneficios del CAFTA-DR y por lo tanto, no puede tramitar la demanda en el CIADI», explicó Barahona, quien se ha mostrado optimista de que la demanda no trascenderá de la segunda etapa que es donde se discutirá los argumentos de las partes en litigio.
Hasta el momento no se tiene programado aún la fecha de la audiencia en esta etapa que es conocida como objeciones jurisdiccionales, es decir, que cada una de las partes tienen que expresar sus argumentos para demostrar que el referido tribunal tiene o no jurisdicción para resolver el conflicto.
«Pacific Rim es una empresa de origen canadiense constituida con base a que tenía su sede en la isla Gran Caymán y por lo consiguiente no aplica para el CAFTA-DR», dijo Barahona, quien agregó que según las pruebas en manos de los abogados salvadoreños su matriz sigue siendo canadiense.
Barahona sostuvo que la estrategia de los abogados defensores del estado salvadoreño será de que el litigio ya no pase a la siguiente etapa que es donde se tendrá que dirimir aspectos de fondo y donde El Salvador deberá de argumentar por qué se le negaron los permisos de explotación de la mina El Dorado situada en las afueras de San Isidro, en el departamento de Cabañas.
De todos modos, el Fiscal General sostuvo que si el caso pasa a la siguiente fase, la empresa tendría que correr con los costos económicos en los que incurriría el estado salvadoreño en caso Pacific Rim pierda el litigio.
Barahona sostuvo que la minera canadiense obtuvo los permisos para la exploración de los yacimientos de oro y plata.
Sin embargo, el hecho de que les hayan otorgado esos permisos no significaba que el gobierno salvadoreño estaba obligado a darles los permisos de explotación de la mina.
«Si un Estado da los permisos de exploración no es obligación otorgarles los permisos de explotación, si no llenan los requisitos que exige la ley de ese país», indicó Barahona. La empresa Pacific Rim no cumplió con al menos dos requisitos que establece el artículo 37 de la Ley de Minería.
«El estudio de impacto ambiental y la adquisición de los derechos de la propiedad de la tierra donde iban a explotar las minas», manifestó Barahona.
El funcionario explicó que el hecho de que el tribunal de arbitraje haya enviado el caso a la segunda etapa no significa una situación ventajosa para la empresa demandante, sino que el tribunal consideró que el tiempo era muy prematuro para resolver el litigio en esa fase.
«En la primera etapa, el tribunal estaba limitado a asumir como ciertas todas las afirmaciones de hecho del demandante sin poder evaluar si en realidad eran ciertas o no», manifestó.
Falta aún que el referido tribunal de arbitraje, que tiene su sede en Washington, Estados Unidos, programe la audiencia para resolver si tiene competencia o no de continuar con el millonario litigio.
Barahona sostuvo que en esta segunda etapa, la defensa de la representación salvadoreña se encuentra más fortalecida con pruebas contundentes.
Además en esta siguiente fase, Pacific Rim tendrá que establecer que son una empresa que goza de los beneficios del CAFTA-DR y que pueden acudir al referido tribunal.
El Estado salvadoreño es representado por el abogado Luis Parada, quien dirige a un equipo de cinco especialistas en litigios de arbitrajes. Además Parada ya ha logrado derrotar años atrás a una empresa española que le había puesto una demanda al gobierno de El Salvador.
La defensa salvadoreña está a cargo del bufete Dewey & LeBoeuf que ha sido contratada por la Fiscalía General y cuyos honorarios serán cancelados con fondos propios del Ministerio Público.
«Como Fiscalía estamos convencidos y optimistas de que el panel Arbitral tendrá una valoración favorable al Estado salvadoreño en la Audiencia de Jurisdicción», dijo Barahona, quien agregó que «a partir de los elementos que establecen que la empresa Pacific Rim, siendo de origen canadiense invocó su recién obtenida nacionalidad estadounidense».
Consideró que la consecuencia de «este flagrante abuso procesal deberá ser la desestimación de todos los reclamos» porque según el Fiscal Barahona se ha establecido que Pacific Rim, intentó maliciosamente acudir al CIADI, amparándose a los beneficios del Tratado de Libre Comercio, cuando Canadá no es parte de CAFTA-DR».