Una serie de violaciones a los derechos humanos que Minera Los Pelambres, del grupo Luksic y Antofagasta Minerals, ha cometido contra el pueblo de Caimanes, en el valle del Pupío, en la región de Coquimbo fueron expuestas por la Fundación Danielle Miterrand en conjunto con varias ONGs, el 23 de mayo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En la instancia multilateral se le solicitó al Consejo de los Derechos Humanos que exhorte al Estado Chileno a cumplir sus obligaciones internacionales respecto a la protección del ambiente y de los derechos humanos; que obligue a la empresa a hacerse responsable de los daños derivados de sus actividades; que revoque los permisos de construcción y funcionamiento del tranque; que detenga la vulneración de los derechos de las comunidades a raíz de las intervenciones mineras; que impida que los costos humanos, ambientales, culturales y sociales de los proyectos sean pagados por las comunidades, entre otras peticiones. Además, extendieron una invitación al relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, a que efectúe una misión de terreno en Caimanes para que constate los impactos del tranque de desechos tóxicos El Mauro sobre los derechos humanos de los habitantes de la comunidad.
Bajo el título “Amenazas sobre el derecho a defenderse y violaciones del derecho al agua y a la seguridad física y psíquica de las personas, como consecuencia de la actividad de la minera Los Pelambres (comunidad de Caimanes – Chile)”, las organizaciones presentaron el contexto en que se ha desenvuelto el conflicto entre la minera y el pueblo, las diferentes fases y los juicios que han dado la razón a la gente.
El informe de cuatro páginas narra que la construcción del tranque de relaves El Mauro, que recibe los residuos mineros de la empresa de cobre Los Pelambres, fue construido en 2008, solo ocho kilómetros arriba de la comunidad de Caimanes en Chile, en la cabecera del Valle del Pupío, tras lo cual se afectó el agua y el patrimonio natural de la zona.
Si bien la institucionalidad ambiental autorizó la construcción del tranque, la minera se comprometió a “no contaminar, no alterar la cantidad y la calidad de las aguas, proteger el patrimonio arqueológico y no impactar la vida de los pobladores de Caimanes”. Sin embargo, expresa el informe, el tranque implicó “una seria disminución de las aguas para riego, para animales y la contaminación de la red de agua potable de la comunidad, además de la pérdida patrimonial y la alteración de la vida de los 2.000 habitantes (…) violando los derechos humanos al agua y al saneamiento, a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano”. Y esta contaminación fue demostrada por informes científicos del Doctor Andrei Tchernitchin, publicado por el Colegio Médico de Chile y confirmado por los análisis del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile.
El informe de la fundación europea también aborda la historia judicial del proyecto, considerándola “compleja”, ya que “antes de verterse una gota de relave en la cubeta del tranque, la comunidad interpuso un recurso de Reclamación de Aguas ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago”, revocándose el permiso de funcionamiento y construcción de la obra. En ese momento la declaró “altamente lesiva y perjudicial para la comunidad”.
También fue en ese momento en que Minera Los Pelambres suscribió un “avenimiento con los ex-dirigentes comunales, quienes firmaron este acuerdo actuando fuera del marco de sus atribuciones, en beneficio propio y contra los intereses de los vecinos”, señala el informe y agrega que ese avenimiento está siendo revisado por un Tribunal de la República, pues se solicita la nulidad.
Pero, como se llegó a ese avenimiento entre la minera y los ex dirigentes, la sentencia judicial quedó sin efecto, por lo que el tranque se terminó de construir y comenzó a funcionar.
Al poco andar, el informe sostiene que “el proyecto fue mostrando su peor cara y el tiempo fue dando la razón a los pobladores”. El agua se fue agotando tanto en el caudal del río como el abastecimiento a la población. Y “las pocas napas que sobrevivieron fueron contaminadas”, afirman el documento. Además, arrasaron con los sitios arqueológicos, y es una amenaza permanente a los habitantes de Caimanes que saben que el relave fue diseñado para soportar un terremoto solo de 7,5 grados Richter, cuando debiera ser de, al menos, 8,7.
La absolución de Caimanes
La segunda parte del informe explica el conflicto entre el pueblo de Caimanes y Minera Los Pelambres en términos judiciales. Por un lado, narra la acusación de la minera contra los dirigentes de Caimanes y que afirma que “terminó por absolución de todos los imputados y respecto de todos y cada uno de los cargos levantados en su contra”, en una resolución absolutoria dictada tanto en el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, luego en la Corte de Apelaciones de La Serena y, finalmente ratificado por la Corte Suprema, dándole en todas las etapas la razón a la comunidad.
Por parte de la comunidad, explica dos juicios que intentan responsabilizar a Minera Los Pelambres. El primer juicio penal interpuesto por la comunidad, sigue sin avances. El informe explica que “la investigación se encuentra a cargo de la misma fiscalía que acusó a dirigentes y defensores del poblado, llevándolos a un juicio que ocupó recursos del Estado y desmejoró la calidad de la representación de los vecinos de Caimanes en tanto sus abogados debieron ocuparse de enfrentar una acusación en que se pedía más de 15 años de cárcel para cada uno”.
El segundo juicio se inició el año 2008 y está ante el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos. Fue presentado por varios vecinos de Caimanes y ha recibido el fallo favorable para la comunidad por la denuncia de que el tranque es una obra ruinosa. Un peritaje ordenado por el Tribunal concluyó que el tranque es “efectivamente una obra ruinosa”, cosa que ya había sido reconocida por la Corte Suprema cuando determinó el año 2013, en un Recurso de Protección de 80 pobladores, que el tranque “amenaza la integridad física y síquica de los habitantes de Caimanes y ordenó una serie de medidas para mitigar los riesgos”.
El informe señala claramente que a la fecha “no se han cumplido ninguna de estas medidas”, pues aún no existe un sistema de alerta temprana ni planes de seguridad para la población en caso de sismo.
Finalmente, se explica en el informe que en mayo de 2014, “por tercera vez, la justicia chilena reconoció la peligrosidad del tranque”, estableciendo claramente que no se trataba solo de un temor de los vecinos de Caimanes y que “por lo tanto, esta decisión debería ser acompañada, así como lo piden los habitantes por su seguridad, del cierre del tranque”. Se espera en todo caso, que la minera apele a esta sentencia judicial.