03 de Mayo 2011
Francisco Marín
VALPARAÍSO.- Las aguas de Chile están siendo apropiadas y contaminadas por un reducido grupo de empresarios con fuertes vínculos políticos. Aunque el problema es generalizado, dos informes elaborados por la Dirección General de Aguas (DGA) de Chile ponen en evidencia el problema.
Tanto es así, que la Cámara de Diputados de este país realizó este miércoles 20 una sesión plenaria para tratar por primera vez el grave problema de sequía y acaparamiento de aguas.
En febrero pasado, la DGA –que depende del Ministerio de Obras Públicas– emitió los informes 48 (23 de febrero de 2011) y 49 (28 de febrero), ambos firmados por la ingeniero María Inés Cartes.
En los reportes se implicó a destacados políticos, entre ellos al exministro de Interior de Michelle Bachelet, el democratacristiano Edmundo Pérez Yoma, en el robo de agua a campesinos de la provincia de Petorca, ubicada en la región de Valparaíso.
Cartes, junto con su equipo, verificó sobre el terreno una captación ilegal de aguas en el estero Los Ángeles, ubicado junto al predio El Cóndor, propiedad del exministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma. Las aguas van a dar a grandes depósitos ubicados dentro de su propiedad.
Además, la DGA constató que el cauce del estero Los Ángeles fue modificado con el fin de plantar árboles frutales.
En su informe 48, la DGA afirmó que en la finca Los Graneros, propiedad del cuñado de Pérez Yoma, Osvaldo Jünemann, hay “vestigios de la construcción de un posible dren en el cauce del río La Ligua”.
La dependencia cita, además, las declaraciones de agricultores que denuncian que este dren alimentaría a 42 pozos y nueve embalses, “los que serían abastecidos mediante cañerías que conducen el agua hacia los cerros de propiedad de la misma agrícola”.
La DGA señala que sobre el estero Alicahue pudo observar un pozo y un dren alimentador que no contaban con autorización. La obra fue hecha por agrícola Liguana, propiedad del exintendente (gobernador) de la región Metropolitana bajo el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006), Marcelo Trivelli.
Así mismo, en el informe de la DGA del 28 de febrero (reporte 49), se denuncia que el actual diputado democratacristiano Eduardo Cerda estaría captando aguas subterráneas por medio de un dren que conduciría aguas hacia un predio de su propiedad.
Los caudales de los ríos Ligua y Petorca han desaparecido. Lo mismo ocurre con las napas subterráneas de sus cuencas que están agotadas. La escasez de agua perjudica, en el caso de Petorca, a 7 mil agricultores y unas 40 mil personas. En decenas de localidades y caseríos, la única fuente de abastecimiento de agua son los camiones cisterna que dos veces al mes pasan a dejar el agua.
Emergencia
El presidente Sebastián Piñera decretó, el 9 de febrero pasado, el “estado de emergencia agrícola” por sequía en siete comunas de la región de Valparaíso. Cinco de ellas pertenecen a la provincia Petorca: La Ligua, Cabildo, Papudo, Petorca y Zapallar. Las otras dos comunas son Nogales y Putaendo.
Al anunciar el estado de emergencia, Piñera aseguró que la sequía se debe al fenómeno climatológico de La Niña. No mencionó como causal el despojo del agua. Para atacar el problema, dispuso la entrega de mil 366 millones de pesos (casi 3 millones de dólares) que se destinarían a pequeñas obras de riego, abastecimiento de agua, alimentación para el ganado y planes de empleo en el sector agrícola.
En La Ligua, Cabildo y Petorca se destina 90% de la superficie cultivada a la producción de paltas. En 40% de la superficie cultivada los suelos no tienen aptitud de cultivo, fundamentalmente laderas de cerros. La puesta en marcha de actividad productiva en estos lugares supone la extracción y traslado de ingentes cantidades de agua. Parte de ellas se están obteniendo por medios ilícitos como los enunciados.
Más aún, al amparo de la institucionalidad vigente (Código de Aguas), que ha otorgado a la DGA la atribución de entregar derechos de agua a grandes empresarios, ésta ha procedido a despojar de ellas a los campesinos y a los ecosistemas. La dependencia ha seguido entregando derechos de agua después que ella misma declarara en 2004 agotados los ríos Ligua y Petorca.
La participación de políticos en la usurpación de aguas no es un hecho privativo de Petorca. El 29 de marzo pasado, Televisión Nacional (TVN) dio a conocer, por medio de un reportaje, que el diputado derechista de Chillán (centro-sur de Chile), Rosauro Martínez, construyó ilegalmente un tranque en un fundo de su propiedad en el que acumula inmensas cantidades de agua, situación que contrasta con la sequía que afecta a esta zona del país. La denuncia también estaba respaldada en un informe de la DGA.
Es importante señalar que en el norte de Chile la situación de ausencia de agua es extremadamente grave. Esta zona desértica contiene 38% de las reservas mundiales de cobre, mineral que necesita mucha agua para ser producido. La mayor parte de los ríos de esta región ya han desaparecido. En este momento las empresas mineras estudian la posibilidad de trasladar desde el sur de Chile, por medio de tuberías, agua para hacer posible la gran expansión minera privada.
Según un informe de 2007 de la consultora canadiense Golder Associates, al ritmo actual de consumo el agua desaparecerá del valle de Copiapó (capital de la región de Atacama) en 2012. De hecho, el río Copiapó ya se secó. Igual suerte han corrido casi un centenar de ríos en el norte de Chile.
En marzo pasado, Antofagasta, capital de la región del mismo nombre, se quedó más de dos semanas sin agua por fallas de la empresa Aguas Antofagasta, que realiza la desalinización de agua de mar para proveer de vital elemento a la ciudad.
Lucha por el agua
La escasez de agua en Petorca, que se ha hecho crítica desde hace un lustro, ha provocado que más de 60% de la producción de los pequeños agricultores de Petorca, fundamentalmente de paltos (aguacates), se haya perdido. Como reacción a esto, los habitantes de los valles del río Petorca y la Ligua formaron, en enero de este año, el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), entidad que ha coordinado sus protestas.
Acogiendo sus reclamos, 41 diputados, liderados por el opositor René Alinco (Partido Progresista), convocaron a una sesión especial de la Cámara de Diputados, que se realizó el 20 de abril. Su objetivo: tratar “la eventual usurpación de aguas” de la que estarían siendo víctimas campesinos de la citada provincia.
La sesión especial se realizó con las tribunas llenas de afligidos campesinos. Ellos viajaron al Congreso Nacional –con sede en Valparaíso– no sólo para pedir que los ayudaran en su lucha para poner fin al robo de sus aguas. Exigían también la derogación del Código de Aguas, norma implementada en 1981 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que en lo sustancial ha significado la entrega en forma gratuita de los derechos de agua a grandes grupos económicos que especulan con ella.
Llamó la atención el amplio consenso evidenciado entre los diputados, tanto de la oficialista Coalición por el Cambio (CC), como entre las diversas facciones de la oposición (Concertación por la Democracia, Partido Comunista, Partido Progresista y Partido Regionalista de los Independientes).
En su gran mayoría, los diputados se manifestaron a favor de que las aguas vuelvan a ser un bien nacional de uso público no susceptible de ser privatizado. Asimismo, hubo acuerdo en la necesidad de castigar a los responsables del robo de aguas, “caiga quien caiga”, como señaló el parlamentario de la oficialista Unión Demócrata Independiente (CC) por la Región del Libertador, Ramón Barros.
Otro punto llamó la atención: la solicitud hecha por los diputados de revocar los derechos de agua concedidos en forma irregular, no sólo en Petorca, sino en todo Chile, cómo expresó el diputado del Partido Radical (Concertación), José Pérez, quien fue ovacionado al plantear que “hoy tenemos que pensar una nueva legislación que nacionalice el agua, que pertenece a todos los chilenos”.
Sólo el diputado democratacristiano (Concertación), Jorge Burgos, se mostró contrariado por que se haya citado a esta sesión plenaria, mostrándose reacio a cualquier cambio en materia de uso de las aguas. Burgos dijo que el Congreso no puede reemplazar la función de los tribunales, lo que según él estaría haciendo al discutir la “usurpación” de aguas.
Luego acusó al gobernador de Petorca de realizar una persecución política contra los acusados de usurpación.
Sin embrago, fueron varios los diputados que sostuvieron que en las zonas que ellos representan están ocurriendo situaciones tan dramáticas como las que se vive en Petorca.
La diputada del Partido por la Democracia (Concertación) por Choapa (región de Coquimbo), Adriana Muñoz, sostuvo que en el valle del Quilimarí “se vive una gran sequía y, sin embargo, han aparecido empresarios de Santiago con permisos fantasma de agua, que han convertido sus tierras recién adquiridas en verdaderos vergeles”.
Muñoz también acusó a la minería de explotar los yacimientos, contaminar las aguas y luego retirarse dejando una huella de miseria.
El diputado socialista por Valdivia (región de los Ríos), Alfonso de Urresti, sostuvo que en su zona, otrora caracterizada por tener una gran abundancia de agua, “hoy estamos con sequía”. Responsabilizó de esto al modelo forestal, y a la apropiación de las aguas de Chile que realizarían empresas hidroeléctricas.
El diputado Fuad Chaín (PDC) dijo que es momento de que en Chile se defina “si el agua está al servicio de las personas o si está al servicio del capital”.
Luego de los debates, la Cámara de Diputados aprobó –por 69 votos contra uno– el proyecto de acuerdo 319, por el que solicita al Ejecutivo revocar los derechos de agua que se han entregado en cuencas declaradas agotadas. Así también solicita al Ministerio de Interior que se querelle contra quienes resulten responsables de la usurpación de aguas en la provincia de Petorca.
Además, los parlamentarios solicitaron al presidente Piñera que revise la institucionalidad relacionada con el otorgamiento de derechos de agua y proponga al Parlamento un proyecto de ley que democratice el acceso al agua.
Al finalizar la sesión, los campesinos aplaudieron y muchos se abrazaron emocionados.
El secretario de Modatima, Luis Soto, definió, en entrevista con Apro, como “un triunfo” lo alcanzado, señalando que éste iba a ser recordado como un día “histórico” en el proceso de recuperación de las aguas.
Alinco –que representa la austral región de Aysén– expresó a la salida de la sesión que “este es el primer paso para que el uso de las aguas dulces sea en beneficio de todos los chilenos”.
El legislador espera que estas peticiones sean asumidas por el Ejecutivo y se concreten. Dijo que, en conjunto con los dirigentes de Modatima, presentarán una querella por el robo de aguas. Anunció también la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que se abocará a indagar las irregularidades detectadas en el uso del agua en todo el país.
Privatización
Las aguas dulces fueron privatizadas en Chile a partir de la promulgación –bajo la dictadura– de la Constitución Política de 1980. Esta sostiene, en su artículo 24, que «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos». Un año más tarde se formuló el Código de Aguas.
La mayor parte de los derechos de agua se han entregado gratuitamente y a perpetuidad a grandes grupos económicos mineros, energéticos, agrícolas y forestales.
Según sostuvo el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, en su artículo La situación de las aguas en Chile, “el Código de Aguas creó dos categorías de derechos de uso de las aguas: consuntivas y no consuntivas. La diferencia entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no las aguas a los ríos, en el caso de los derechos de agua consuntivos que se utiliza en la minería y la agricultura. Más de 90% de esos derechos se encuentran en manos del sector exportador y, en el caso de los derechos no consuntivos, es decir aquellos derechos que se utilizan para la generación de electricidad, 85% de esos derechos se encuentran en manos de Endesa España”.
Los gobiernos de la Concertación por la Democracia (1990-2010) continuaron con las políticas privatizadoras comenzadas con el gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue así como Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006) enajenaron gran parte de la propiedad de las empresas sanitarias, que son las responsables de la provisión de agua potable.
El actual gobierno de Piñera pretende completar esta tarea, lo que dejaría al Estado sin control de la provisión de agua potable domiciliaria.