Un estudio de Sernageomin caracterizó los yacimientos que siguen contaminando agua, suelos y aire. Al menos 14 de estas faenas significan un riesgo para la integridad de poblaciones cercanas.
La Cordillera de Los Andes ya tiene 520 grupos de agujeros que han sido abandonados, luego de que se agotara el recurso minero o éste dejara de ser rentable de explotar. El Catastro de Faenas Mineras Abandonadas y Paralizadas, elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), ha descrito la condición particular de impactos sobre el agua, el suelo o el aire, que permanecen activos.
En orden decreciente, la mayor cantidad está en las regiones de Atacama, Coquimbo, Antofagasta, Metropolitana y Valparaíso, aunque hay faenas mineras abandonadas en todas las regiones. Se ha fijado un puntaje de 5 a 15 para caracterizar las de alto riesgo, que en teoría deberían someterse a medidas de precaución como seguimiento continuo e investigaciones detalladas.
Aquí se incluyen hundimiento de tierra, tranque de relaves que filtran metales pesados hacia napas subterráneas o tienen riesgo de colapso, botaderos de estériles, obras derrumbadas, generación de material particulado o polvo en suspensión sobre ecosistemas naturales y glaciares (lo que acelera su derretimiento).
Nancy Yáñez, abogada del Observatorio Ciudadano y autora del libro La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile (Editorial LOM, 2008), ha dicho que la minería está comprometiendo fuertemente la disponibilidad de agua en Chile: “¿Cómo los compromete? Uno, por sobrexplotación, porque no hay minería sin agua. El segundo gran impacto es la contaminación, toda vez que los tranques de relaves, fundamentalmente en la zona cordillerana, permean las capas subterráneas de los acuíferos alto andinos y van a contaminar cursos de agua. Lo digo tan categóricamente porque esa ha sido la experiencia y los casos más emblemáticos son el río Loa y el Copiapó, ambos saturados respecto de la explotación y de los niveles de contaminación”, explicó.
Por su parte, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, cuestionó el soporte institucional que privilegia a la minería: “Las condiciones en que se desarrolla la minería en nuestro país tienen garantías y están concebidas desde el diseño de la Constitución del ’80, de la dictadura de Pinochet. Incluso, la minería es la única actividad económica mencionada con una serie de protecciones dentro de la Constitución. Eso ha permitido que, desde que se inició la transición en el ’90, se haya dado un proceso de expansión de la actividad minera de manera muy agresiva”, dijo.
Para remediar la situación de nuevas minas abandonadas, está vigente desde noviembre de 2011 la Ley 20.551de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, aunque, según informa el director del Sernageomín, Julio Poblete, “a la fecha no existen procesos de cierre iniciados al amparo de esta nueva ley, sin perjuicio de haberse aprobado planes de cierre elaborados de conformidad a los nuevos requisitos”. La normativa obliga a depositar una garantía financiera al iniciar la explotación de un yacimiento, para así disponer de fondos al final de la explotación.
Las 14 faenas mineras más peligrosas son: La Planta San Carlos en Arica; faena Castilla en Pica; Planta Tarapacá en Pozo Almonte; faena Incomin en Antofagasta; mina Montecristo en Tal Tal; planta río Huasco en Caldera; planta Ojancos en el centro de Copiapó; planta las Cascadas en Diego de Almagro; faena La Higuera en la comuna del mismo nombre; planta California en Illapel; minera La Paciencia en Rinconada; Planta Lo Águila II en Curacaví; minera Las Palmas en Pencahue; y la mina Central Plegarias en Curanilahue.