Las autoridades federales de México han suspendido la actividad en 12 yacimientos mineros del norte del país tras una serie de inspecciones derivadas del accidente que acabó en junio con la vida de 14 trabajadores, informó hoy la Secretaría de Trabajo.
Según la dependencia, en poco más de un mes se ha evaluado a 41 centros de trabajo -de un centenar que se espera cubrir- y se han dictado medidas de restricción de acceso en una veintena. La paralización se ha dictado en una docena de ellos.
Las inspecciones se llevan a cabo en el norteño estado de Coahuila, que acoge la mayor zona carbonífera del país y un gran número de explotaciones de pequeño calado fuera de los registros oficiales e incumplen las normas de seguridad.
Un accidente en uno de ellos el mes pasado acabó con la muerte de 14 mineros, lo que motivó un cruce de acusaciones entre diversas instancias políticas sobre la falta de control laboral en los yacimientos de la zona.
La Secretaría del Trabajo ha autorizado las pensiones a las 13 familias de los fallecidos bajo el salario registrado por el patrón, aunque se ha presentado una demanda para que las prestaciones tomen como base el salario real que percibían los fallecidos, de mayor cuantía. También se ha pedido legalmente la recuperación de sus fondos de pensión.
Adicionalmente, la Secretaría de Economía ha ofrecido apoyo a las familias para que puedan emprender «pequeños negocios», previo diagnóstico de las propuestas a tal efecto.
Coahuila fue asimismo en 2006 escenario de la que es hasta ahora la mayor tragedia minera del México contemporáneo, una explosión en la mina de Pasta de Conchos, que dejó a 65 trabajadores sepultados.
Las inspecciones comprenden también auditorías fiscales para detectar omisiones en el registro de trabajadores o la inscripción de estos con salario inferior al que realmente perciben, y evaluaciones con base en las normativas de medio ambiente.
Entre otras medidas adoptadas, se ha regulado la compra de carbón por autoridades federales y de Coahuila sólo a aquellos centros de trabajo que cumplan con los requisitos de seguridad establecidos por ley.
Se ha puesto en marcha, además, un programa de créditos a pequeños empresarios del carbón para mejorar las condiciones de seguridad en sus explotaciones.