Según décimo primer informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
La región Apurímac se ha colocado como nuevo centro de inversión minera, con el 57.7% de su territorio concesionado. Según el XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el territorio concesionado a la minería representa el 19,15%, una cifra que asciende a una inversión de US$ 53,423 millones de dólares.
El informe se centra en el análisis de los conflictos mineros que afectan al país con énfasis en la situación de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, donde se evidencian fuertes tensiones por el impacto en los recursos hídricos, el riesgo que existe sobre ecosistemas frágiles y el crecimiento de las concesiones mineras.
José de Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, señaló que los avances en políticas públicas como la implementación de la consulta previa y la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE), es un avance lento frente a la cantidad de inversión que se proyecta en el país.
A noviembre de 2012, Arequipa encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de territorio concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el conflicto contra el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0 hectáreas concesionadas.
Cusco, donde dos personas murieron en enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con 1’087,268.0 hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas concesionadas.
Apurímac, centro de la inversión minera
Mientras Apurímac tiene 1’206,376.0 hectáreas destinadas a la actividad minera y se perfila como el principal destino de los nuevos proyectos mineros de inversión. La inversión minera representa el 22.2% del total, es decir, US$ 11,860 millones de dólares.
Piura
Ana Leyva, en su exposición enfocada en la región Piura, señaló que la empresa Zijin ha intentado nuevamente retomar su proyecto minero en las alturas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.
También hizo referencia a las recientes resoluciones judiciales a favor de los 107 campesinos que fueron injustamente procesados en el Caso Río Blanco y de la condena del ex Fiscal Toledo Leyva quien a pesar de haber atestiguado la tortura de 28 personas ocultó tal delito.
Asimismo, se refirió al crecimiento de la minería informal en Piura y las salidas integrales a dicha problemática. También subrayó los logros que esta región está obteniendo en términos de desarrollo sostenible (agrícola, ganadero y pescadero) evidenciando que sí existen alternativas exitosas para la población.
Comunidades
Casi la mita, el 49.63%, del territorio de comunidades campesinas tienen concesiones mineras. En menor proporción, sólo el 1.39% del territorio de comunidades nativas están destinados a la minería.
Pasivos ambientales
Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.
En departamentos donde coinciden grandes números de pasivos ambientales con la fuerte ocupación de concesiones mineras son Cajamarca, Ancash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Apurímac, Puno y Cusco.
Los departamentos con mayor número de pasivos mineros son Cajamarca y Ancash. Los tipos de pasivos más frecuentes en el país son aquellos dejados por las labores subterráneas (chimeneas, piques, bocaminas, etc.) que ascienden a 2528, seguidos por los botaderos de desmonte (1682) y diversos tipos de infraestructura de operación (1496) como caminos, campamentos, plantas de procesamiento, etc.
A nivel nacional podemos observar que existen 811 tajos abiertos, 317 depósitos de relaves, los depósitos de escorias y las pilas de lixiviación son 14 y 7 respectivamente. Es importante indicar que estas cifras son aproximadas, pues no existe información más detallada sobre los pasivos mineros.
Encabeza la lista de los 15 titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012: BHP Billiton World Exploration INC con 1 236 370 hectáreas de superficie, que representa el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el país. Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y Buenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 % respectivamente).
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú está conformado por las organizaciones Fedepaz, Cooperacción y Grufides.
A continuación el resumen ejecutivo del informe:
Resumen Ejecutivo
XI Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
El 2012 ha sido uno de los años de mayor conflictividad social en el país. Casos como el de Conga, Espinar, Madre de Dios, entre otros, así lo demuestran. El primer semestre se vio marcado por hechos como el peritaje sobre el proyecto Conga, la marcha nacional por el agua, las movilizaciones en la propia región Cajamarca, las acciones de los guardianes de las lagunas. También ha sido un año marcado el anuncio del presidente Ollanta Humala quien dijo que se iba a elaborar una propuesta para definir “una nueva relación con la actividad minera”. En el segundo semestre los estallidos sociales disminuyeron, sin embargo los conflictos siguen latentes y en cualquier momento se pueden producir nuevos estallidos especialmente en los departamentos de Piura, Junín, Apurímac, Cusco y Cajamarca como veremos en este resumen.
Las reformas anunciadas no solo se han hecho esperar sino que todavía aparecen como esfuerzos parciales. La ley que crea el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobada el pasado 22 de noviembre en el Congreso de la República todavía deja algunos vacíos pues algunos proyectos pueden ser excluidos. Adscrito al Ministerio del Ambiente y cuya función será revisar y aprobar los EIA, así el SENACE deja abierta la posibilidad de que si un proyecto extractivo sea considerado como “estratégico” sea debatido y aprobado en el Ministerio de Energía y Minas. No hay que olvidar, además, que los EIA son hoy en día insuficientes y se necesita instrumentos complementarios como los EAE para medir los impactos acumulativos de varios proyectos en una determinada zona.
Por otro lado, los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido además en conflictos políticos de envergadura. Un informe de la agencia internacional de calificación de grados de inversión Moody’s, señalaba: “Los recientes cambios ministeriales son negativos para la calificación de crédito del Perú pues son un reconocimiento implícito de que su estrategia para abordar el conflicto de Conga no ha sido eficaz”.
Según el mapa de concesiones mineras, tenemos el 19,15% del territorio nacional concesionado. A noviembre de 2012, Arequipa encabeza la lista con más de 3 millones de hectáreas de territorio concesionados (3’131,113.8), Cajamarca donde ha estallado el conflicto contra el proyecto Conga ocupa el quinto lugar con 1’496,983.0 hectáreas concesionadas. Mientras Apurímac tiene 1’206,376.0 hectáreas destinadas a la actividad minera y se perfila como el principal destino de los nuevos proyectos mineros de inversión. Cusco, donde dos personas murieron en enfrentamiento con la policía en el conflicto de Espinar, ocupa el décima lugar con 1’099,805 de hectáreas concesionadas, le sigue Piura con 1’087,268.0 hectáreas y Junín, donde aún hay incertidumbre por el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene 928,196.6 hectáreas concesionadas.
El Informe señala además que el 47.11% del área total de la región hidrográfica del Pacífico tiene presencia de concesiones mineras. La región hidrográfica del Amazonas se encuentra ocupada en un 11.40%, ésta es más de 3 veces el tamaño de la del Pacífico y presenta casi la misma extensión de concesiones mineras.
El 49.63% del territorio de comunidades campesinas tienen concesiones mineras, en menor proporción, sólo el 1.39% del territorio de comunidades nativas están destinados a la minería.
Según el MINEM de junio 2011 a nivel nacional existen 6855 pasivos ambientales dejados por la actividad minera, de los cuales, sólo el 14.25 % presenta responsable identificado.
Encabeza la lista de los 15 titulares con mayor superficie de concesiones mineras a noviembre de 2012, la BHP Billiton World Exploration INC con 1 236 370 hectáreas de superficie, que representa el 4.8% del total de concesiones otorgadas en el país. Otras empresas de importancia son Golden Ideal Gold Mining S.A.C. y Buenaventura S.A.A. y abarcan un porcentaje menor (2.4 y 2.2 % respectivamente).
El informe concluye que la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los conflictos, es la del complot es decir que todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias “antimineras”.
Caso Cusco:
El 15.3% de Cusco está concesionado, el primer semestre del 2012 registró la cifra más alta de concesiones. El informe concluye que hay una clara preocupación por los impactos del mineroducto del mega proyecto Las Bambas que va a llegar a Espinar, así mismo una gran expectativa sobre los resultados del monitoreo ambiental realizado en el marco del proceso de diálogo. El proceso de reformulación del convenio marco sigue vigente y genera expectativas en la población. El desarrollo del proyecto Majes Siguas II también mantiene en vilo a las Autoridades de Arequipa y Cusco. El escenario sigue siendo complejo y los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco se siguen distanciando. Al parecer los cambios técnicos anunciados por el presidente regional de Arequipa, que ha señalado cambios en las fuentes de agua para que le den sostenibilidad al proyecto, no han marcado una solución definitiva el caso.
Los retos que plantea el espacio de la Mesa de Diálogo Colegiada de Espinar son grandes. Recordemos que a raíz del grave conflicto suscitado en mayo de este año, se formó esta mesa que reúne a los principales actores de la provincia con representantes del gobierno nacional. A la fecha, se siguen dando los procesos de negociación entre el gobierno nacional, la autoridad local y las organizaciones sociales de la provincia.
Sobre los temas ambientales ha habido algunos avances como la identificación de algunos puntos de monitoreo de mansera consensuada. Sin embargo, aún hay sectores de la población que se muestran escéptico como el FUDIE que ha señalado que los monitoreos no han contado con una participación adecuada de la población, porque no se han incluido algunos puntos de monitoreo considerados críticos.
La publicación de los resultados del monitoreo va a ser un momento clave: es muy poco probable que los resultados puedan colmar las expectativas de todos los actores, el gobierno nacional debe tener una estrategia muy ordenada y clara sobre el proceso de difusión de los resultados y sobre las medidas a implementar en caso los resultados evidencien contaminación en la provincia. La situación sigue estando bastante polarizada en la provincia. Una clara muestra de ello son las pintas que han aparecido contra miembros de algunas organizaciones y miembros del equipo técnico del municipio.
Caso Junín:
En La Oroya, Junín, aún hay incertidumbre respecto al reinicio de las operaciones del circuito plomo del Complejo Metalúrgico (antes en administración de Doe Run Perú) y los impactos que pueda generar en el ambiente. Existe la necesidad de establecer mecanismos exhaustivos de control ambiental al nuevo administrador del complejo metalúrgico y las condiciones para que cuando el nuevo operador asuma el control del complejo se cumplan elevados estándares ambientales. No hay claridad sobre monitoreo de las emisiones fugitivas hasta la fecha.
Se desaprobó nuevamente el plan de reestructuración presentado por Doe Run Perú (DRP) ante la junta de acreedores, Right Business, actual administrador del complejo metalúrgico de La Oroya, quienes vienen asumiendo el reto técnico de poner en marcha los circuitos de zinc y plomo. Durante este semestre, han continuado los intentos de DRP por retomar el control del complejo metalúrgico.
DRP planteó la demanda ante el Cuarto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo buscando invalidar la resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que reconoce al Estado como acreedor. Si se resuelve a favor de DRP, el MINEM perdería la condición de principal acreedor y su lugar lo ocuparía Doe Run Cayman.
Actualmente, es la empresa Right Business la encargada de operar el complejo, y la puesta en marcha del circuito de zinc ha generado algunos impactos ambientales que han sido reportados por la DIGESA que indicó tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado desde que se reanudaron las operaciones.
Asimismo, aún hay un clima de tensión entre los pobladores de Morococha y el proceso de reasentamiento por el proyecto Chinalco. Hasta la fecha no queda claro cómo se van a resolver algunas de las observaciones técnicas planteadas por el Ministerio de Vivienda sobre el caso. Resultan además preocupantes las informaciones que indican que los 800 mil pobladores de la región beben agua no apta para el consumo humano, pues hay presencia de metales pesados.
Caso Cajamarca:
Las aguas aún no se han calmado en Cajamarca, luego del punto más álgido del conflicto por el agua en la región Cajamarca, durante el segundo semestre del 2012, el 78% de los cajamarquinos se oponen al proyecto minero Conga (Ipsos Apoyo, setiembre 2012). La población espera una solución definitiva, siguen preocupaciones por construcción de reservorios, pues para la población evidencia que el proyecto no está suspendido.
Las manifestaciones sociales de protesta contra el proyecto minero continúan, con menor intensidad, en distintas partes de la región. De esta manera a mediados del mes de noviembre, delegaciones de ronderos de las provincias de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, se apostaron en los alrededores de las lagunas a ser impactadas por el proyecto minero. Asimismo una delegación de ronderos viajó a la ciudad de Lima para realizar un plantón frente a las instalaciones de la empresa minera Newmont en el distrito de Miraflores.
La población exige al gobierno de la paralización “oficial” del proyecto y el retiro definitivo de la maquinaria de Yanacocha de la zona de las lagunas. Si bien, hasta la fecha, se ha hablado de una postergación del proyecto Conga, no se ha dado la suspensión oficial del proyecto. Yanacocha, por un lado, ha optado por dar “cambios significativos para crear un entorno que permita la viabilidad del proyecto minero Conga”, optando por esperar para la construcción de la mina hasta finales del 2014. No obstante, nunca se emitió algún comunicado oficial al respecto. La empresa, por el contrario, continuaría en la construcción de los reservorios adicionales, del campamento, la ingeniería, y la adquisición de los equipos principales. Esta situación ha contribuido a mantener el clima de desconfianza y rechazo al proyecto en la región.
De otro lado, Yanacocha podría hacer uso de los mecanismos de protección al inversionista que establece el capítulo de inversiones del TLC y entablar una millonaria demanda contra el Estado Peruano en un arbitraje internacional. El Tribunal Latinoamericano del Agua recomendó la suspensión del proyecto Conga. Otro conflicto social entorno al agua en suspenso en la región podría generarse en torno a la explotación de la empresa minera canadiense Shell en la cuenca del Río Grande.
Caso Piura:
En Piura, la empresa china Zijin pretende retomar el proyecto Río Blanco y buscar la aprobación del EIA, lo que ha generado preocupación en las comunidades de Huancabamba y Ayabaca. Tras reuniones con varios representantes del Estado, entre ellos la Vice Presidenta de la República y Congresista por Piura, Marisol Espinoza, los dirigentes y líderes de organizaciones sociales expresaron su preocupación por la reactivación del proyecto minero y plantearon la necesidad de brindar protección a los bosques de neblina y páramos. Se reiteró también la voluntad de establecer canales de diálogo.
Es necesario tener presente que, desde los casos Tambogrande y Rio Blanco se ha planteado la necesidad de ordenar el territorio con objetivos que respondan a las aspiraciones de las poblaciones locales y regionales. Hoy dicha necesidad se ha convertido en una prioridad y ello exige, previamente, que se apruebe una Ley de Ordenamiento Territorial (OT). Deben establecerse previamente la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la formulación de sus planes maestros, las tierras agrícolas de importancia para la seguridad alimentaria y las tierras de comunidades campesinas y nativas, en cuyo caso debe exigirse la consulta previa, por ser consideradas pueblos indígenas según lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, y la propia Ley de Consulta Previa.
Por otro lado, el programa de formalización de la actividad minera informal del gobierno regional ha tenido mucha acogida, pero ahora ha llegado el momento en que debe definir en qué lugares permitirá dicha actividad, bajo qué condiciones y qué mecanismos llevará adelante para una adecuada fiscalización. Recordemos que el 98% de la minería informal está concentrada en Piura y Ayabaca.
Caso Apurímac
Apurímac se ha colocado como nuevo centro de inversión minera. Tiene el 57.7% de su territorio concesionado. La problemática de la minería informal sigue creciendo en la región. Esta vez las comunidades protestan por priorizar solo a algunas comunidades de su zona de influencia directa. Las Comunidades de Tambulla, Choccoyo, Patario, Huaraccoy, Lahuani y Chuntahuillque, han desarrollado un paro por 48 horas en reclamo de la empresa Antares, por un trato desigual a las comunidades, pues consideran que la empresa está dando preferencias a algunas comunidades y relegando a otras.
En caso de empresas como Xstrata, las comunidades de la zona de influencia se han sentido excluidas en los procesos de implementación de proyectos de desarrollo. Pese a que la empresa Xstrata ya ha conseguido acuerdos respecto a la compra de terrenos comunales, principalmente para lo que será el mineroducto, la comunidad Ccocha ha reclamado a la empresa un fondo económico que pueda servir ante los posibles impactos. En el territorio de esta comunidad (distrito de Haquira) se construirá la tercera estación de bombeo para el mineroducto. Al respecto, la empresa ha respondido que va evaluar la posibilidad de generar un fondo ante emergencias.
Los procesos de formalización vienen generando muchas expectativas en los mineros artesanales, pero la realidad muestra que son muy pocas las asociaciones que a la fecha cumplen con los requisitos para finalizar el proceso. La provincia de Cotabambas registró la mayor cantidad de declaraciones de compromiso de los mineros artesanales (Decreto Legislativo N° 1105) sumando un total de 1422. Las preocupaciones por el nivel de otorgamiento de concesiones se mantienen, sobre todo por la protección de las cabeceras de cuenca.