27 de Septiembre 2011
El 24 de agosto, la Cámara baja de la provincia de Mendoza vota contra
la ratificación de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del
proyecto cupro-aurífero San Jorge, propiedad de la canadiense Coro
Mining Corp. Diálogo con Mariana Chirino (28), psicóloga, miembro de la
Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza.
P: En tu parecer, ¿por qué, finalmente, los diputados le bajan el pulgar
a San Jorge? La CEIAM (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental
Minera) había estipulado que el proyecto comience a funcionar en una
etapa piloto –con una producción acotada y auditada– y en febrero el
Ejecutivo había firmado la DIA.
R: En parte, por la presión popular que se había generado. Una semana
antes del rechazo, hicimos un corte de siete horas en la entrada de la
ciudad, una acción sin precedentes en Mendoza. Esto vino a coronar
otras acciones que veníamos haciendo y que movieron el tablero político
de los partidos más influyentes. A la DIA, el Ejecutivo la aprueba con
muchas fallas, y luego, en el recinto de la Legislatura, al tanto de
estos errores y justamente por esta jugada política preelectoral, se
escucharon voces que empezaron a poner en juego el proyecto. Hubo una
urgencia por dirimirlo. Lo que posibilitó que finalmente se rechazara
fue la presión popular.
P: Según Coro, el mismo titular de los diputados había confirmado que la
votación legislativa se realizaría luego de las elecciones programadas
para octubre, con la finalidad de que la decisión se pudiese tomar
basada en los méritos del proyecto y no en el cálculo de alguna ventaja
electoral.
R: Tiene que ver con no pagar el costo político de aprobar el proyecto
antes de las elecciones. Coro ya había presentado los pedidos de
inconstitucionalidad en la Corte Suprema. Más allá de que se rechace
esta DIA, hay otras opciones. Y la opción fundamental en este momento
es declarar inconstitucional una ley que es producto de la movilización
del pueblo de Mendoza: la 7722. El rechazo es un paso en una lucha que
sigue más allá de San Jorge.
P: ¿El triunfo los tomó por sorpresa?, ¿esperan algún otro giro
inesperado sobre el tema luego de la votación de octubre? El desenlace
en el recinto parlamentario, ¿es un espaldarazo a sus reinvindicaciones?
R: Venimos haciendo una construcción que es política, horizontal, que
está conformada por muchísimas más personas que las que pueden caber en
cualquier recinto legislativo. Por eso nuestra lectura es a largo
plazo. No creemos que por el rechazo de una DIA se caiga absolutamente
el proyecto. Sabemos que hay voluntad política de instalar este
proyecto y una connivencia de estas empresas con el poder político. No
nos podemos quedar tranquilos: la lucha es exigir en la Corte Suprema y
en la Legislatura que no se toque la ley 7722. Es un paso que vamos a
tener que dar contra estas empresas a lo largo de muchos años, porque
sabemos cuál es la riqueza de la Cordillera.
P: Realizaron un nuevo llamamiento a luchar hasta que «la última
empresa» minera se retire de los territorios…
R: Con San Jorge no se termina el riesgo. Hay muchas otras empresas que
quieren extraer distintos minerales en la Cordillera. El planteo de lo
que significa el agua en Mendoza es mucho más amplio: luchamos por que
el agua sea pura desde su naciente. Estamos al tanto de todos los
problemas ambientales respecto a la contaminación del agua por distintas
empresas que no son mineras. Mendoza se ha expresado en la calle, en
todos los espacios posibles. Hay una conciencia asumida de que no
queremos estos proyectos. La apuesta implica seguir de pie, seguir
marchando, seguir creando conciencia y difundiendo lo que significa la
megaminería.
P: También advirtieron sobre la existencia de una «arremetida» contra la
ley 7722. De hecho, Coro estima que la acción de inconstitucionalidad
interpuesta contra la ley –entre otras partes por la propia empresa–
se resolvería a mediados del año próximo y que, en el caso de que la
Corte declare que la norma no es constitucional, el rechazo legislativo
a la ratificación de la DIA de San Jorge podría estar viciado de nulidad.
R: Tenemos entendido que no sería retroactivo. Lo que podría hacer la
empresa, en caso de darse ese fallo, es presentar en un tiempo
considerado otra DIA y no irse de la provincia. A eso es a lo que van a
apelar, porque lo que ya se definió en el recinto no se puede tirar para
atrás. La empresa todavía tiene una carta debajo de la manga, que es
presionar con esta acción de inconstitucionalidad. Y están especulando
con que el año viene esto les de el visto bueno para volver a presentar
otra DIA. Que especulen implica que están bastante seguros de que esto
puede llegar a ser así.
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