04/05/2021
El pasado jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco en el Estado de Sonora, fueron asesinados
nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del
ejido El Bajío, esposos y firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en el Estado de
Sonora.
No fue la primera ocasión en la que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habrían sido
agredidos. El 3 de septiembre del año 2017, sin el amparo de una orden judicial, fue detenido y desaparecido
afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la SEDENA
(Secretaría de la Defensa Nacional). Según relata el propio Jesús Robledo para Pie de Página el 23 de marzo de
2020, “ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto. Mi esposa corrió la
misma suerte”.
Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el 2002, al ingreso
de la empresa Penmont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos
mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley
a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y, por supuesto, llevar ante el
tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto. Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias
a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario,
desde el primer momento de reclamo, se acrecentaron los actos de violencia tales como; sufrir intimidaciones,
detenciones arbitrarias, homicidios, levantones 1 , desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el
despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos.
En los tiempos de la 4T todo sigue igual; el Modelo Extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y,
sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el
uso de las fuerzas armadas legales -entre ellas la policía minera, creada recientemente por el entonces Secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Ing. Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para
gobernar el estado de Sonora-, y grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado.
Ambas fuerzas son utilizadas para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aún si las y los defensores
usan las instituciones en búsqueda de justicia.
En época de celebración de jubilaciones, no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto
Bailléres González, al dejar como su último acto, otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la
compañera María y el compañero José de Jesús. Se retira de sus “ocupaciones” con la saña que lo ha
caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia,
1 El 12 de febrero 2018 fueron asesinados Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Sus cuerpos fueron levantados
del sitio donde se cometió el crimen y hasta la fecha no han sido encontrados.por mencionar sólo algunos de sus episodios.
¡Que lejos se encuentra López Obrador de castigar a los mega-
empresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno!; ¡Qué equivocado está
cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México! Sr.
presidente los empresarios mineros “mexicanos” con los que usted opera, son mucho peores que los
extranjeros, sin que ello justifique, claro está, que los extranjeros también hacen barbaridad y media.
Para las y los compañeros ejidatarios de El Bajío, no podía estar peor el contexto en el cual, la Sra. Claudia
Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, es la sobrina de otro personaje impresentable; el Sr.
Rafael Pavlovich Durazo.
Es evidente el nepotismo con el cual actúa el gobierno estatal al cubrir y ser omisa ante
la fabricación de documentos apócrifos gestados por su tío, con el propósito de obligar a los ejidatarios de El
Bajío a que lo aceptaran como integrante del ejido y posiblemente, si ello sucediera, ser entonces el puente
perfecto para que la empresa minera Penmont lograra continuar con el saqueo de las tierras. El Sr Rafael
Pavlovich aparece en el ejido por primera vez en abril el 2014 y, desde entonces su presencia cobra una gran
relevancia por sus actos violentos y de denuncias en contra de las y los ejidatarios, muchas orquestadas a través
de instituciones de gobierno, con el propósito de imponer condiciones dentro de la asamblea ejidal. Como
antecedente mencionamos que, el Sr Rafael Pavlovich, con apoyo del magistrado del tribunal agrario 2 el Lic.
Benjamín Arellano Navarro le otorga posesión de un predio de 1,824 hectáreas, que era propiedad plena de El
Bajío. Con el respaldo del magistrado, el Sr. Rafael Pavlovich presenta denuncias por despojo agravado contra
compañeros del ejido y en 14 días ya tenía a todos encarcelados gracias al trabajo exprés de la fiscalía del estado.
En Sonora Rafael Pavlovich es un conocido delincuente, pues su historial en la falsificación de títulos de tierra
en Sonora es basto, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca (Caballero, 2018).
El compañero José de Jesús Robledo Cruz fue quien, durante su periodo como presidente del comisariado del
ejido El Bajío, encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero y del despojo por desposesión.
Esta condición rápidamente lo llevó a oponerse contra estos poderosos personajes que en este país son garantes
de libertades para el asesinato y el despojo: Alberto Baillères, potentado empresario minero y Rafael Pavlovich
Durazo, un delincuente protegido por su sobrina, la actual gobernadora del estado de Sonora.
La lucha sostenida y legal de El Bajío por la defensa de su territorio supera los 18 años buscando justicia, misma
que, como mencionábamos líneas arriba, en varios tribunales han logrado sentencias a favor del ejido, por
ejemplo; a causa de varias resoluciones judiciales se obligó a que la minera Penmont suspendiera su actividad
minera y a desalojar y devolver las tierras ejidales. Otro ejemplo sucede al Sr. Rafael Pavlovich Durazo, le obligan
a devolver al ejido las 1,824 hectáreas que ocupaba de manera ilegal.
Denunciamos que el asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia
para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad
de Alberto Baillères, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras,
sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la
restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución
por parte de los órganos judiciales competentes.
2 También el RAN a validado actas de asamblea ejidal con firmas y sellos falsos, en la cual “se acepta y hace ejidatario” a un
prestanombres del Sr Pavlovich, Actualmente El Ejido sigue esperando la anulación de esa asamblea fraudulenta.Adicionalmente advertimos, por las imágenes a las que hemos tenido acceso, no tenemos duda que el asesinato
de nuestra compañera y compañero fue realizado por el brazo armado ilegal que trabaja en contubernio tanto
con la empresa de Alberto Baillères como con el Sr Pavlovich. Los cuerpos de nuestra compañera y compañero
estaban cubiertos con una cartulina en la que aparecen, a modo de advertencia y amenaza, los nombres de 13
ejidatarias/os cuya vida evidentemente se encuentra en alto riesgo.
Los hechos son vergonzosos para un país que todas las mañanas pregona que la impunidad se terminó y que
la corrupción es tema del pasado. La muerte de cada defensora/r del territorio es una herida que la clase política
no podrá sanar, esconder o limpiar, salvo que los dichos, por la fuerza de nuestros pueblos, en algún momento
se vuelvan hechos.
Exigimos de manera firme y contundente que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad histórica y proteja
a sus ciudadanas/os, además de vigilar la actuación de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual en
complicidad se ha mantenido al margen de actos de violencia anteriores y, por lo tanto, la duda persiste en el
sentido de que ahora lleve a cabo las investigaciones y acciones correspondientes para encontrar y presentar a
los asesinos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega ante un tribunal de justicia.
Demandamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de
la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que implemente de manera urgente las acciones necesarias
que garanticen tanto la protección de las y los 13 ejidatarios amenazados a los que hicimos referencia líneas
arriba, así como al resto de las y los ejidatarios de El Bajío y sus familias.
REMA se suma a las condolencias y solidaridad de los familiares de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús
Gómez Vega.
CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE SU
ESPOSA NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ
CADA DÍA LA IMPUNIDAD SE VUELVE UNA LOZA MUY PESADA PARA LA 4T
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Alejandro Pérez 25/06/2021
MARTÍN CATALÁN LERMA
06/05/2021
19/04/2021
Después de casi 6 años de haberse criminalizado a 18 defensores de derechos humanos que
La dirigente Marilú Marroquín señaló que las acciones de protesta en defensa del agro y medio ambiente acaban siendo criminalizadas injustamente.
El jueves pasado fueron sentenciados dirigentes del Valle de Tambo quienes participaron en el año 2015 en las luchas sociales realizadas en el sur peruano contra la minera Southern que buscaba expandir su radio de explotación en torno al proyecto Tía María. Esta es una demostración concreta de la criminalización de la protesta social y la persecución judicial a los que luchan.