Agua y Minería, Chile

Chile amortigua el golpe de la prohibición de los glaciares en las gigantescas minas de cobre

24/05/2022
Imagen referencial. / Crédito: Codelco.
El Gobierno de Chile está estudiando una aplicación gradual de la propuesta de prohibición de la minería cerca de los glaciares para limitar el impacto en algunas de las mayores minas de cobre del mundo y sus proyectos previstos en las alturas de los Andes.

En una entrevista el lunes, la ministra de Minería, Marcela Hernando, identificó alrededor de 20 sitios mineros que están en áreas protegidas, alguno de ellos cerca de glaciares, como El Teniente y Andina de Codelco y Los Bronces de Anglo American Plc.

“Tiene que haber un período para esa transición”, dijo. “Uno entiende que a partir de ahora, ninguna tarea nueva podrá estar cerca de los glaciares”.

Hernando habló después de que la Convención Constitucional aprobara una ampliación de la gobernanza medioambiental que también incluye la remodelación de las normas sobre el agua. BTG Pactual calcula que las nuevas protecciones para los glaciares y otras zonas sensibles ponen en riesgo una quinta parte de la producción de cobre de Chile. Se trata de un gran problema, ya que la industria se enfrenta a la creciente demanda del metal de las baterías en la transición energética.

Suponiendo que la carta se ratifique en un referéndum en septiembre, el gobierno del presidente Gabriel Boric, de 36 años, tendrá que encontrar el equilibrio adecuado entre la revisión de las normas medioambientales y sociales y el mantenimiento del atractivo de Chile para los inversores en un momento en el que la construcción de minas es cada vez más difícil y costosa. La Convención está debatiendo las medidas de aplicación de la nueva carta magna.

Sin duda, la industria ya está avanzando en esa dirección, cambiando a la energía renovable y al agua de mar en medio de una sequía de 12 años, buscando formas de sustituir el diésel y comprometiendo más a las comunidades locales.

Pero el ritmo ha sido demasiado lento, dijo Hernando. Por ello, el Estado debe desempeñar un papel para acelerar los esfuerzos de ESG a través de iniciativas público-privadas o, en el caso del litio, mediante la creación de una empresa nacional, dijo.

No está claro cómo afectaría la propuesta de ampliación de la gobernanza medioambiental a la extracción de litio en los salares del desierto de Atacama. Los productores ya están explorando nuevas formas de operar que no impliquen el bombeo de salmuera en gigantescas piscinas de evaporación, dijo Hernando.

“En ese sentido, la nueva constitución podrá acelerar este proceso y me parece que es absolutamente positivo porque nadie puede ignorar el daño que se ha producido en el Salar de Atacama durante tantos años”.

El Gobierno también quiere potenciar la fundición nacional invirtiendo en plantas estatales e introduciendo nuevas tecnologías a través de asociaciones público-privadas. Está trabajando en un proyecto para mejorar la planta de Paipote, gestionada por la empresa estatal Enami, y está interesado en modernizar otras fundiciones construidas hace décadas. “Lo ideal” sería que Chile ampliara sus siete plantas actuales, dijo.

Es el último intento de un gran productor de materias primas por captar más valor en las fases posteriores del proceso, en un momento en que la pandemia y la guerra de Ucrania aceleran la ruptura de los lazos comerciales tradicionales y estimulan los esfuerzos por fomentar las industrias locales, especialmente las que participan en la transición a energías más limpias. Pero impulsar el procesamiento local también implica grandes inversiones y más uso de energía y emisiones. Hacerlo lejos de los centros de demanda de Asia y Europa también puede ser un reto, sobre todo teniendo en cuenta que a China le sobra capacidad.

“Tenemos que potenciar la capacidad de fundición de nuestro país y con ello estamos hablando de industrialización, pero sostenible y sin descuidar nuestro ambicioso objetivo de neutralidad en carbono”, dijo Hernando.

Chile también está en conversaciones con Argentina y Bolivia sobre la forma de añadir valor a sus industrias mineras, en particular en lo que respecta al litio, y México se ha sumado recientemente a las conversaciones, dijo Hernando.

El gobierno también busca que la minería contribuya más al gasto social. Planea aumentar los impuestos para el sector, aunque la carga total no debería superar el 50%, dijo Hernando. La consultora Plusmining calcula que la carga fiscal actual ronda el 40%.

La medida más justa, que también tiene en cuenta la calidad del yacimiento, es un impuesto ad valorem de entre el 1% y el 3%, que es una forma de pagar una especie de derecho de explotación, diferente de los impuestos sobre la renta, dijo Hernando.

La nueva carga impositiva hará que las empresas sigan invirtiendo en Chile, dijo: “Tenemos que seguir siendo un país competitivo en esta materia”.

Restó importancia al riesgo para la industria minera si se elimina la referencia al modelo de concesiones del país en la nueva Constitución.

“Lo que estamos haciendo es nivelar nuestro sistema legislativo en materia minera a lo que ocurre en otros países”, dijo Hernando. “Hay cosas básicas y fundamentales que deben estar establecidas en la Constitución y el resto debe ser regulado por simples leyes”.
Fuente: Bloomberg

Chile amortigua el golpe de la prohibición de los glaciares en las gigantescas minas de cobre

Criminalización de la protesta, Mexico

Familia del asesinado defensor ambiental mexicano Mariano Abarca solicita permiso para apelar al Tribunal Supremo de Canadá

19/04/2022 Otros Mundos AC
Comunicado de la Familia Abarca, Abogados de la familia, MiningWatch Canadá y Otros Mundos sobre el caso #JusticiaParaMariano – A 19 de abril de 2021
(Ottawa, Chiapas) La familia del asesinado defensor ambiental mexicano, Mariano Abarca, espera que el Tribunal Supremo de Canadá allane el camino para que el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública investigue a la Embajada de Canadá en México. Será la primera vez que el tan denostado sistema de denuncias en torno al sector público de Canadá se someta al escrutinio del más alto tribunal.

Mariano fue asesinado a tiros en 2009 tras denunciar los impactos sociales y medioambientales de una mina de barita canadiense en su pueblo natal, Chicomuselo, Chiapas. Blackfire Exploration, con sede en Calgary, abrió su mina en Chiapas en 2007 y, desde el principio, la empresa solicitó y recibió un importante apoyo de la embajada canadiense. Esto incluyó el envío de una delegación de alto nivel a la oficina del gobernador de Chiapas para presionar a las autoridades estatales a fin de que protegieran a la empresa y sofocaran las protestas, a pesar de saber que Mariano estaba recibiendo amenazas de los empleados de la empresa y de que la policía había actuado a raíz de una denuncia de la empresa para arrestar y detener a Mariano durante ocho días. Siete semanas después, Mariano fue asesinado a plena luz del día frente a su restaurante.

Creyendo que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire ponía a Mariano en mayor riesgo, su familia presentó una denuncia en 2018 en virtud de la ley para responder a abusos por la administración pública de Canadá. Al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública, cuya responsabilidad es examinar las denuncias recibidas y garantizar la confianza en el servicio público, se le ofrecieron casi 1000 páginas de pruebas de una solicitud de acceso a la información, documentando las acciones de la Embajada. El Comisionado se negó a aceptar, y mucho menos a leer, las pruebas, y decidió de todas formas, no iniciar una investigación.

En febrero del 2022, la Corte Federal de Apelación confirmó la decisión del Comisionado basándose en gran medida en un mero tecnicismo. Según los jueces, como se citaba la evidencia en base al acceso a la información en las notas en pie de página y no se entregaba físicamente al Comisionado, éste no tenía obligación de leerlas. En segundo lugar, utilizando una lógica similar, la Corte se negó a considerar los argumentos de las tres partes intervinientes en el caso, incluidos los relativos a las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y la importancia de que el Comisionado sea una oficina de acceso público, porque estos argumentos no se presentaron originalmente ante el comisionado.

El planteamiento del Comisionado pondrá aún más barreras para recibir denuncias bajo esta ley. Canadá ya ha sido clasificado como el peor de 62 países en cuanto a la protección de quienes denuncian abusos en el sector público según un estudio realizado por el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, con sede en Washington, y la Asociación Internacional de Abogados, con sede en el Reino Unido.

“Se supone que el proceso para denunciar irregularidades cometidos por funcionarios públicos tiene que ser informal y accesible“, dijo Nicholas Pope, uno de los abogados que presentó la solicitud de autorización para recurrir a la Suprema Corte de Canadá el 6 de abril. “Pero ahora es rígido y formalista y sólo conseguirá disuadir aún más a la gente de presentarse. En este caso, el resultado final es que los actos y omisiones de la Embajada de Canadá que pueden haber contribuido al asesinato de un defensor de los derechos humanos han quedado sin investigar.”

“Se nos estan negando nuestro derecho a conocer la verdad sobre la presión que la embajada canadiense ejerció sobre las autoridades mexicanas y cómo eso pudo haber jugado un papel en el brutal asesinato de mi padre“, dice José Luis Abarca, uno de los cuatro hijos de Mariano. “Sabemos que nada nos devolverá a mi padre, pero queremos que Canadá tome medidas significativas para evitar que esto ocurra en el futuro“.

La relevancia de este caso para la política de relaciones exteriores canadiense es innegable para Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos Chiapas, organización que trabajaba con Mariano antes de que fuera asesinado y que sigue apoyando a la familia:

“Una investigación en este caso abriría las puertas a un serio ajuste de cuentas sobre cómo los cuerpos diplomáticos canadienses proporcionan un apoyo irrestricto a las corporaciones canadienses a costa de la gente y el medio ambiente en México y otras partes del mundo. Creemos que esta es la razón por la que se ha rechazado una investigación hasta ahora y esperamos de verdad que la Corte Suprema de Canadá vea su tremenda importancia y brinde la oportunidad de hacerla avanzar.“

Contactos para los medios:
• Para entrevistas con los abogados o la familia: +18733761465 Kirsten Francescone,
MiningWatch Canada
• Otros Mundos – Área de comunicación +52 967 301 7928
• Shin Imai, Professor Emeritus, Osgoode Hall, Universidad de York en Toronto, +1647-524-
2312

Agua y Minería, Perú, Salud y Minería

EXPERTOS ALERTAN SOBRE EL RIESGO DE DERRAME DE RELAVES TÓXICOS SOBRE EL RÍO RÍMAC

CooperAcción. 09/04/2022
Imagen: Mancomunidad municipal del valle Santa Eulalia
A raíz de la última denuncia de organizaciones sociales sobre la rotura de una represa de relaves tóxicos de la mina Huampar que estaría contaminando los ríos Santa Eulalia y Rímac, CooperAcción organizó el último jueves 7 de marzo un espacio de conversación vía Twitter denominado: “Derrame de relaves en el Rímac: El peligro es real”


Este espacio de intercambio tuvo como invitados a Ana Leyva, Subdirectora de CooperAccion y a Dionel Martinez, geógrafo y maestrando de la FU Berlín y la PUCP. Ambos comentaron que en la zona afectada existen un sin número de pasivos ambientales, entre ellos relaves mineros que ponen en riesgo los medios de vida de las poblaciones de la zona y también de los más de 10 millones de personas en la ciudad porque precisaron que el agua que viene desde la parte alta del Rímac es consumida por la capital de Lima.

Ana Leyva indicó que una represa de relaves o relavera es un depósito de desechos de la producción minera que contienen químicos de alto riesgo y que son un peligro para la vida. Estos desechos químicos van a quedarse permanentemente, es decir están para siempre en el lugar, así la mina haya dejado de operar. Precisó que la posibilidad de falla está siempre presente, y que con el tiempo esta se puede agravar.

Por lo tanto, según Leyva, es muy importante que las relaveras se construyan garantizando el máximo de seguridad que se pueda tener. Sin embargo, asegura que eso no viene ocurriendo en el Perú, pues las normas vigentes peruanas no están actualizadas y adaptadas a estándares internacionales.

Por su parte Dionel Martinez advirtió que a nivel de toda la cuenca del río Rímac se llegaría fácilmente a más de 80 pasivos ambientales. Estos pasivos son de diferente tipología, entre los cuales se encuentran los relaves mineros. Martinez precisó que existe una cuestión interesante relacionada al abastecimiento de agua para Lima y el Callao, y es que desde mediados del siglo pasado la cuenca del río Rímac es la que abastece principalmente de agua potable a la ciudad de Lima.

Caso Ariana


Ambos expertos señalaron con preocupación el caso de la mina Ariana como una alarma inminente de contaminación para el agua de consumo humano de más de 10 millones de peruanos. Esta mina se construye justo donde se encuentra el sistema de lagunas y el trasvase de aguas del río Mantaro al río Rímac que abastecen de agua potable a las ciudades de Lima y Callao.

Señalaron que es sumamente preocupante que existan proyectos mineros cerca a los ríos y quebradas. Finalmente, hicieron un llamado de atención a las autoridades competentes para que se garanticen criterios de prevención, mejorar los TDR para la elaboración y ejecución de proyectos y exigieron la reglamentación de la ley de cuencas.

Escucha el space completo aquí: “Derrame de relaves en el Rímac: El peligro es real” https://twitter.com/i/spaces/1DXxyDOpeknJM

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Criminalización de la protesta, Mexico

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

27/02/2022
Don Roberto, el único habitante de Salaverna, Zacatecas, que se resiste a dejar su hogar y entregar el pueblo a una minera del magnate Carlos Slim, fue vinculado a proceso y este lunes enfrenta su audiencia en la cual podría ser encarcelado.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Don Roberto de la Rosa Dávila, el último habitante de Salaverna, Zacatecas, que se niega a desplazarse de su hogar para que una mina del magnate Carlos Slim Helú expanda su operación a cielo abierto, tendrá una audiencia este lunes 28 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que exige no ser encarcelado por defender a su pueblo de la extracción de cobre en una zona semidesértica con estrés hídrico.

SinEmbargo informó previamente que este chivero fue vinculado a proceso por presunta amenaza a tres trabajadores de la empresa filial Ocampo Mining (Grupo Frisco), por lo que podría ser condenado hasta a cinco años de prisión. En abril de 2020, a inicios de la pandemia, don Beto, como se le conoce, tuvo un altercado con empleados de la minera, quienes se encontraban cercando la comunidad y electrificando el perímetro. El 3 de diciembre, la Jueza Blanca Aguilar le dictó como medida cautelar no acercarse a ellos, lo que le imposibilita acceder a su casa ya agrietada por las obras de desplazamiento de las otras familias.

En vísperas de la audiencia ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Concepción del Oro, fue a recargar su celular a un poblado y desde ahí llamó a este medio para mandar un mensaje.

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”, dijo. “No sé nada sobre la audiencia, nunca había estado en estos líos, pero mi abogado pretende sacar una salida alterna”.


Don Roberto. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

La alternativa, según su defensa legal, es ofrecer una indemnización a los empleados que supuestamente amenazó, pero el campesino no cuenta con el dinero para pagar sus terapias psicológicas.

“Que las pague el Estado, yo soy insolvente, no tengo dinero. [Grupo Frisco] tiene el mayor capital en América Latina y nosotros no tenemos nada, traigo –ríe– ropa regalada”.

Mientras cientos de familias han sido desplazadas por el crimen organizado en Fresnillo y poblados aledaños, Roberto resiste a la presión de la minera de la personas más adinerada del país.

Desde agosto, está exiliado en un cabaña a sólo dos kilómetros abajo de Salaverna porque la entrada está bloqueada con una cerca y dos casetas de vigilancia, y a su hijo –también llamado a la audiencia– las autoridades municipales le advirtieron que “algo le iba a pasar” si intentaba volver al poblado, según denunció. Vive con sus chivas y unos perros. Dice que su hijo “ahí anda, agüitado”, pero lo anima diciendo que deben defender a su pueblo.

“Si nos encierran, es una injusticia, pero nosotros hicimos lo debido”, afirmó.


Cañaba donde se refugia el chivero.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

En Mazapil, el municipio minero donde está Salaverna con 44 por ciento en pobreza (Coneval, 2020), operan desde hace una década dos grandes proyectos mineros: Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más importante de América Latina de la compañía canadiense Goldcorp —que ya secó pozos de agricultores y afectó el cultivo de miel— y Tayahua, la mina subterránea de cobre que opera desde 1972 y que adquirió Slim en 1998, cuyos planes de convertirla en una de cielo abierto “implica la destrucción” de la comunidad de Salaverna, evaluó el artículo académico “Dos conflictos mineros en Mazapil”.

“No es justo que el invasor a nuestras tierras, que fue a derrumbar nuestro pueblo, ande suelto y ahora nos esté acusando de delincuentes a nosotros, cuando los daños que nos han causado son más graves”, afirmó Don Roberto.

EL DESALOJO CON VIOLACIONES

En la víspera navideña de 2016, sin orden judicial la policía estatal y ministerial de Zacatecas, gobernado entonces por Alejandro Tello, desalojó a habitantes de Salaverna. Trabajadores con dos maquinarias tipo bulldozer destruyeron la iglesia, escuela y la casa de la señora Teresa y su hija Leticia aún con muebles dentro, “vulnerando con ello la legalidad y seguridad jurídica”, expuso la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEZ/746/2016).

La población de Salaverna registraba 303 habitantes en 2010, año en que comenzó el conflicto. La mayoría era campesino o ganadero, y los otros laboraban en la mina. Pero tras el desalojo permanecían aproximadamente sólo 50 habitantes de cinco familias, entre ellas Don Roberto y su hijo Roberto Cuauhtémoc.

El resto fue orillado a abandonar la comunidad y por 15 mil pesos aceptaron ser reubicados en un fraccionamiento vecino a la cabecera municipal denominado “Nuevo Salaverna”, sin escuela, iglesia ni áreas verdes, el cual fue ofrecido en comodato por la minera Tayahua (Grupo Frisco), “hecho que se constituye como un evidente desplazamiento forzado”, determinó la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Pero Don Beto no aceptó y, aunque su pueblo está en ruinas y con grietas por las detonaciones de la mina, no planea hacerlo. No por él, dijo, sino para evitar daños ambientales para la generación futura por la minería de cielo abierto que deja profundos tajos en el suelo y absorbe grandes cantidades de agua.
Entrada a Salaverna clausurada. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO


Desde hace una década la empresa de Carlos Slim planea convertir la mina en tajo abierto, pero el yacimiento está debajo de las casas de Salaverna. En esas mismas fechas, y en el marco de detonaciones internas, la compañía alegó que el lugar donde está asentado el poblado le pertenece legalmente y advirtió que existe un riesgo de hundimiento de suelo debido a “una falla geológica natural”, por lo cual solicitó al gobierno local las medidas de desalojo.

Pero los habitantes de Salaverna argumentaron que son posesionarios desde “tiempos inmemorables”, pues nacieron ahí y atribuyen los hundimientos, como el de 2012 en el Cerro “El Farito”, a diversas detonaciones y operación minera subterránea. Así consta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal.

Con apoyo del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los inconformes llevaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización de 4 mil 650 hectáreas. Ya en la reunión en las oficinas en la Ciudad de México, comenzó a temblar. Era el 19 de septiembre de 2017.

Entre el terremoto, las elecciones de 2018 y la pandemia, a más de diez años de haber estallado el conflicto, no avanza el cambio de uso de suelo de mina subterránea a cielo abierto, por lo que el proyecto de expansión se mantiene frenado y Don Beto podría ser encarcelado.

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

Agua y Minería, Argentina

Una campaña nacional en defensa agua

Darío Aranda 17/01/2022
Medio centenar de organizaciones sociales y ambientales impulsan una campaña para el cuidado y el acceso al agua como un derecho humano. Cuestionan las actividades que la contaminan y proponen la democratización de los bienes comunes.

El lago Colhue Huapi abarcaba 53.000 hectáreas en Sarmiento (Chubut). En los ’90 comenzó un proceso de bajante vinculado a la accionar de grandes estancias y petroleras. En la década del 2000 se secó por completo. A pocos kilómetros se ubica el lago Musters, que experimenta una bajante histórica y corre riesgo de seguir los pasos del Colhue Huapi. A 3000 kilómetros de allí, en Salta, las comunidades wichí exigen pozos de agua para no tener que beber de charcos contaminados, antesala de enfermedades y muertes. «Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida», es el nombre de la iniciativa impulsada por decenas de organizaciones sociales y asambleas, que remarcan el derecho humano al agua, denuncian el extractivismo y proponen la democratización del acceso a los bienes comunes.

«El agua vale más que oro», nació en 2002 en Chubut, cuando comenzaba la lucha de Esquel contra la megaminería. La frase ya es bandera de lucha en Argentina y América Latina. En el otro extremo, desde los ideológico y también geográfico, en 2020 fue noticia que el agua comenzaba a cotizar en la bolsa de especulación de Nueva York.

«El agua es vida. Todos los seres vivos dependemos de ella. La falta de agua potable para tantas personas en este país es una deuda socio-ecológica que necesita ser saldada en lo inmediato», destaca el documento fundacional de la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, un espacio donde participan más de cincuenta organizaciones, asambleas socioambientales, cátedras de soberanía alimentaria y colectivos diversos (desde artísticos hasta científicos).

La campaña tiene diversos ejes. Se comenzó por la difusión (vía redes sociales desde la dirección twitter.com/CampDefensaAgua ) y con una completa serie de conversatorios virtuales («Acceso a la tierra y al agua, claves para la reconfiguración demográfica», «Normativas en defensa del agua», «Agua para la deuda externa o para la vida», fueron algunos de los temas). «El agua es un bien común y un derecho. Queremos protegerla, cuidarla; evitar el uso indiscriminado, el desperdicio, la contaminación. Tenemos que avanzar hacia una conciencia colectiva de cuidado y acompañarla de una legislación que la defina como elemento vital a preservar para la continuidad de la vida», remarcan la Asamblea Jáchal No Se Toca, el Servicio de Paz y Justicia, las Madres de Ituzaingó Anexo, la ONG Conciencia Solidaria, la Multisectorial Paren de Fumigarnos (Santa Fe), el Espacio Intercuencas, la Coordinadora Basta es Basta por una Vida sin Agrotóxicos, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición (UBA) y la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), entre otras organizaciones.

El viernes 7 de enero, comunidades mapuches junto con vecinos autoconvocados cortaron la ruta 7 (Autovía Norte) en la meseta de la capital neuquina en reclamo de agua. «En una zona que está siendo devastada por las petroleras y el fracking, que utilizan diariamente millones de litros de agua para sus explotaciones, le falta el agua a la gente para el consumo, para el riego y la vida general. Ya no hay excusas, por eso el hartazgo que hoy se manifiesta en este corte», explicó la Confederación Mapuche de Neuquén.

La defensa del agua unifica casi las luchas contra el extractivismo y sus consecuencias: megaminería, forestales, agronegocio, represas, petróleo, litio, humedales, energía nuclear, bajante de ríos, extractivismo urbano y megaciudades.

Mariano Sánchez Toranzo es uno de los voceros de la Campaña. Remarca que uno de los objetivos es profundizar la democracia. «Es imprescindible salir de la democracia delegativa, que no resuelve los problemas ni de los pueblos ni de los territorios. Es necesario pasar a una democracia más participativa. Apostamos a todo tipo de consulta e iniciativa popular, instrumento de democracia directa que hoy podríamos utilizar y desde los sectores de poder no desean que utilicemos», afirma Sánchez Toranzo.

Además de Esquel en 2003, hubo otras votaciones populares contra el extractivismo: en 1996, la población de Misiones le dijo no a la hidroeléctrica Corpus (entre Argentina y Paraguay). En 2012 la población de Loncopué (Neuquén) votó y el 82 por ciento rechazó un proyecto minero impulsado por el gobierno provincial y una empresa china. En 2014, otra vez Misiones, 120.000 personas se autoconvocaron a votar y el 96 por ciento dijo «no» a la represas de Garabí (entre Argentina y Brasil).

Hubo numerosos intentos de votaciones locales contra el extractivismo y por la autodetermianción. Quizá los dos más conocidos sean la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas (contra la instalación de la empresa Monsanto) y Andalgalá (en defensa del agua y contra la megaminería). En ambos casos, gobiernos provinciales y nacional se opusieron al acto democrático.

La Campaña Plurinacional en Defensa del Agua trabaja en la construcción popular de un proyecto de ley de cuidado del agua, que prohíba las actividades que la contaminan y que contemple la gestión pública del agua. Buscan llegar con un respaldo de 500.000 firmas. «Entendemos que es un proceso de construcción de abajo hacia arriba, y que pueda tomar la impronta que tuvo y tiene el movimiento de mujeres, una marea verde que los políticos no puedan ignorar», grafica Sánchez Toranzo. Naciones Unidas (ONU) reconoció en julio de 2010 (en su Asamblea General) explícitamente “el derecho humano al agua”. Reafirmó que el agua potable es esencial para la realización de todos los derechos humanos.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado en el diario Página12 el 17 de enero de 2022.

Criminalización de la protesta, Mexico

No dejaremos solo a don Roberto de la Rosa, defensor de Mazapil: activistas

Tiene una cita con un juez el 3 de diciembre; se le acusa de supuestas amenazas a un trabajador de la mina Ocampo Minning, propiedad de Carlos Slim
02/12/2021
Roberto de la Rosa Dávila dijo que durante toda su vida ha visto muchos pueblos sucumbir ante la minería FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ
ALEJANDRA FÉLIX
Dado que el defensor de la comunidad Salaverna, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un Juez Penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que lucha por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declaró que no dejará solo al activista y seguirá luchando porque se liberen las tierras de las comunidades afectadas.

Los habitantes de las comunidades de Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya del municipio de Mazapil, tienen ya años luchando en contra del despojo de sus tierras que se perpetró de manera ilegal por la empresa de Carlos Slim, porque no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de manera legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650, mil 066 hectáreas más de lo que tenían originalmente.

Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas comunidades eran terrenos nacionales y por lo tanto no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el veredicto cambió a favor del empresario Carlos Slim el 30 de julio de 2018, donde además se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.

También recordó que durante toda su vida ha visto muchos pueblos sucumbir ante la minería, muchos quedan abandonados, otros son despojados de sus tierras o los dejan sin recursos naturales para seguir manteniéndose a flote y parece injusto que la ley priorice a una actividad tan destructiva para la tierra y el medio ambiente, incluso por encima de la agricultura, pesca, ganadería y otras actividades para dar de comer a la gente.

El diputado José Luis Figueroa aseguró que no dejarán solo don Roberto en este proceso y seguirán luchando para que se le deje de perseguir, pero también para tratar de cambiar el fallo de la Sedatu, para lo que tratarán de atraer la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no puede ser que estos casos en los que se echa de sus casas a la gente para que una empresa millonaria pueda seguir haciendo dinero se estén dando bajo un gobierno que pretende arrancar la corrupción desde la raíz.
https://ljz.mx/02/12/2021/no-dejaremos-solo-a-don-roberto-de-la-rosa-defensor-de-mazapil-activistas/

Criminalización de la protesta, Perú

SE ANULA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y PROCESO PENAL HASTA LA ETAPA DE ACUSACION…


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero


…SEGUIDO A DIECINUEVE CAMPESINOS POR LAS PROTESTAS SOCIALES EN TORNO A LAS
VULNERACIONES DE DERECHOS GENERADAS POR EL PROYECTO MINERO “LAS BAMBAS”

Lima, 26 de julio del 2021
En una decisión absolutamente arbitraria que vulnera el debido proceso judicial, el principio de
juzgamiento dentro de un plazo razonable y la tulela jurisdiccional efectiva
El pasado 22 de julio, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, en segunda instancia,
declaró nula la sentencia que absolvía a 19 defensores de derechos humanos, miembros de comunidades
campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes fueron injustamente criminalizados
mientras ejercían su derecho constitucional a la protesta social en defensa de los derechos fundamentales
de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, datan del 25 de setiembre del 2015, fecha en la que las comunidades
de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido
informados ni consultados sobre las sustanciales modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto minero Las Bambas. Con dicha medida, absolutamente legítima, exigían que la empresa
minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más
álgido el 28 de septiembre de 2015, cuando la brutal represión policial produjo la muerte de 3 comuneros y
la detención de 21 campesinos de los cuales 19 continúan con proceso penal desde hace casi seis años.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, en una actitud arbitraria, vulnerando el
derecho al debido proceso judicial de los 19 defensores de derechos humanos antes mencionados, decidió
declarar la nulidad de la sentencia absolutoria dictada el 12 de marzo del 2021, además de anular parte del
Proceso Penal hasta la etapa de control de la acusación fiscal, con el argumento de que la sentencia no había
evaluado todas las pruebas de cargo y que el fiscal no había cumplido con precisar los hechos imputados a
cada defensor y las pruebas específicas que respalden sus imputaciones.

Al respecto, en el juicio oral se estableció, de manera fehaciente, de que la denominada Acta de Intervención
por la cual se habría registrado el hallazgo de un arma y dinamita en dos de los procesados, fue elaborada
vulnerándose las exigencias legales contenidas en el Código Procesal Penal y el procedimiento de
intervención y elaboración de actas de intervención y/o registro personal establecido en las propias normas
de la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, no se identificó al efectivo policial que habría elaborado dicha
Acta, no se identificaron en el Acta a los representantes de la fiscalía que sólo la suscribieron al final, no
contaban con las firma de los intervenidos, ni menos se consignó la razón del por qué no constaban dichas
firmas. Además, en el juicio se constató la contradicción del principal testigo de la fiscalía porque al declarar
inicialmente señaló que la intervención y hallazgo de armas y dinamita contó desde un inicio con la
intervención de la fiscalía, sin embargo, al recordársele que en la propia Acta se precisó que primero se da
la intervención y luego del supuesto hallazgo llaman a los fiscales, señaló que no estaban los fiscales, lo cual
llevó a concluir que los fiscales no estuvieron presentes en el momento mismo de la intervención.

También, la Sala Penal de Apelaciones llama la atención de que supuestamente en la sentencia de primera
instancia no se habrían evaluado otras actas como las de Registro Personal que si son firmadas por los
intervenidos, pero dicha Sala Penal no toma en cuenta que dichas actas fueron elaboradas seis horas después
de la intervención, en lugares distintos a la intervención y/o sin señalarse donde o en qué lugar se llevó a
cabo la redacción de dichas actas. Además, resulta falso que el juez penal no haya evaluado las pruebas decargo porque en la sentencia, expresamente, se señala que el acta de intervención fue elaborada en forma
desesperada y apresurada para intentar darle validez cuando en realidad no la tenía.

Finalmente, para declarar la nulidad de la sentencia la Sala Penal señala que en la acusación fiscal se
produjeron una serie de omisiones graves, como por ejemplo, no se cumplió con el principio de imputación
necesaria que consiste en que el fiscal debe describir al detalle que conducta ilícita habría asumido cada
acusado y que pruebas sustentarían en forma específica cada una de sus descripciones acusatorias, situación
que no se controló debidamente por el Juez Penal de Investigación Preparatoria distinto al Juez de
juzgamiento y que dictó la sentencia.

En relación a ello, desde FEDEPAZ rechazamos los términos de la sentencia expedida por la Sala Penal de
Apelaciones de Apurímac por vulnerar el debido proceso judicial: primero: porque el Juez de juzgamiento si
evaluó todas las pruebas de cargo y descargo, fundamentando, debidamente, su sentencia absolutoria y,
segundo: porque si quienes son responsables de perseguir el delito y sancionarlo (Ministerio Público y Poder
Judicial), en nombre del estado, son responsables de cometer graves errores en la tramitación de los
procesos penales, dichos errores no pueden, en modo alguno, a afectar el derechos de los procesados a ser
juzgado dentro de un plazo razonable, con mayor razón si ya fueron absueltos en primera instancia después
de un larguísimo proceso penal de casi seis años. Hacer lo contrario, como lo hizo la Sala Penal de Apelaciones
es trasladar la responsabilidad de dichos errores a los acusados ya absueltos, lo cual resulta en una
arbitrariedad.

En efecto, anular el proceso y retrotraerlo a la etapa de Audiencia de Control de Acusación, por la
incapacidad del Ministerio Público de formular su acusación respetando el principio de la imputación
necesaria y por la incapacidad del Poder Judicial de no efectuar un debido control jurisdiccional de dicha
acusación, es trasladar los perjuicios de dichos errores a los procesados que, igualmente, ven vulnerado su
derecho a obtener tutela jurisdiccional efectiva dentro de un debido proceso judicial.
Por el contrario, ante la falta de imputación específica y de pruebas necesaria por parte de la Fiscalía, se
debió disponer la confirmación de la absolución de los acusados y cerrar un proceso que demandó casi seis
años para su tramitación

Área de Prensa
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Criminalización de la protesta, Perú

EL TEMA DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES

CooperAcciòn 08/07/2021
Imagen: Coaliciòn Regional
Como se ha recordado en las redes sociales, Mario Marcos López Huanca, de la Reserva Comunal El Sira, es el séptimo defensor ambiental asesinado desde que se inició la pandemia en el Perú. Las víctimas en nuestro país son, sobre todo, líderes indígenas que vienen resistiendo las embestidas de mafias de todo tipo: mineros y taladores ilegales, narcotraficantes y traficantes de tierras que buscan imponer el cambio de uso de suelos en los territorios.

Las amenazas continúan frente a la inacción del Estado peruano. El coordinador de las Rondas Campesinas de Chongoyape y defensor ambiental de Chaparrí, Wilson Bautista, acaba de ser agredido por 15 personas, en represalia por el desalojo de invasores que amenazaban el bosque seco. Lo mismo ocurre en Condorcanqui, con las amenazas permanentes que reciben los pobladores awajun y wampis de los mineros ilegales que buscan consolidar sus posiciones en la zona.

La gran mayoría de asesinatos y agresiones a defensores ambientales quedan en la total impunidad o los procesos para sancionar a los culpables son extremadamente lentos. Lamentablemente esta es una tendencia no sólo en el país, también es regional: por ejemplo, en el caso del asesinato a la ambientalista hondureña, Berta Cáceres, ocurrido el año 2016, la justicia de ese país, después de varios años ha declarado culpable como coautor al ex ejecutivo de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), Roberto Castillo Mejía.

La protección de los defensores ambientales debe ser una prioridad para el nuevo gobierno. Es inaceptable que sigan siendo abandonados a su suerte como ha venido ocurriendo hasta ahora. Ya son más de 220 defensores ambientales asesinados desde el año 2011 por proteger la tierra y los bosques en el Perú.

Por ello es importante que desde el próximo 28 de julio se pueda retomar la discusión sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú que da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: más de dos tercios de los asesinatos a defensores ambientales han ocurrido en América Latina, posicionada en los informes regulares de Global Witness como la región más afectada.

No hay que olvidar que la denominada Coordinadora Republicana y personajes como Francisco Tudela, el ex marino y ahora congresista electo Jorge Montoya, entre varios otros, lideraron la oposición a la ratificación de Escazú, con argumentos absurdos como que se iba a perder soberanía sobre nuestra Amazonía y que es un acuerdo entreguista. Finalmente los opositores a Escazú lograron el respaldo en el Congreso de partidos como Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Frepap, para la no ratificación.

Cabe señalar que Escazú es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible; el primer acuerdo ambiental regional de A.L. y el Caribe; y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Entre los tantos pendientes, la protección de nuestros defensores ambientales y la ratificación de Escazú debería ser una prioridad para el gobierno del profesor Castillo.

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Criminalización de la protesta, Mexico

EL GOBIERNO PRIISTA DE COLIMA SE DESPIDE ASESINANDO A UN DEFENSOR

05/07/2021
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos rotundamente el cobarde asesinato del compañero David Díaz Valdez perpetrado el 2 de julio del presente, en la delegación de Salahua, Municipio de Manzanillo, Colima.

David Díaz fue un férreo defensor del territorio, amaba la Laguna de Cuyutlán y la Isla de Campos que lo vieron crecer, que fueron testigas de su lucha por la defensa ambiental y social por 40 años. Como él dijo en una entrevista, refiriéndose a la Laguna “Que le puedo decir a quien, de quien hoy tengo vida, que gracias a la Laguna de Cuyutlán mi madre pescaba y sacaba para mantenernos a mí y mis hermanos, qué le puedo decir yo a la Laguna madre que gracias a ella fui amamantado, gracias a ella recibí esta vida que hoy tengo y que hoy me da tristeza ver cómo la destrozan”.

David era un hombre alegre y siempre decidido a enfrentar las injusticias pasara lo que pasara, pero sobre todo a defender su tierra y siempre solidario con otras luchas. David fue quien ofreció su casa para recibir a la Caravana Zapatista en 2006.

Desde siempre los gobiernos priistas han querido despojar a la comunidad indígena de Campos de su territorio para sus proyectos industriales y portuarios. David junto con otras y otros compañeros de Campos, décadas atrás venían denunciando la contaminación de la Termoeléctrica que tiene a gran parte de la población enferma por los gases tóxicos que emana. La Universidad de Colima, bastión y trampolín político del PRI, realizó una investigación de los contaminantes en la comunidad indígena de Campos y jamás dio a conocer los resultados, más aún reservó la información por 12 años cuando le fue solicitada.

David Díaz fue parte del grupo que defendió la Laguna de Cuyutlán por la ilegal instalación de la gasera Z, luchó fuertemente y apoyó a las y los pescadores y grupos de defensa ambiental de 2002-2009 contra la imposición de la Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo, que fue promovida por Ignacio Peralta Sánchez, entonces Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima (2004-2009), hoy en sus últimos meses como gobernador del Estado.

David al igual que otras compañeras y compañeros fueron encarceladas/os, torturadas/os en diversas ocasiones por la defensa de su territorio, de hecho, David tenía 11 días de haber sido exonerado y liberado de la cárcel, en la que estuvo por 9 meses, por negarse a que se llevaran la única ambulancia que prestaba servicios a la comunidad indígena de Campos.

David sabía que lo iban a matar y desde la cárcel denunció y responsabilizó al gobierno de Colima por cualquier cosa que le pudiera suceder (https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/16/activista-preso-responsabiliza-al-gobernador-de-colima-de-lo-que-pueda-ocurrirle-en-el-penal-258430.html) “Yo no tengo conflicto alguno con ningún reo peligroso aquí dentro por el cual me puedan matar; tampoco he intentado quitarme la vida aquí dentro de este penal; si llegara a morir aquí, el Estado es el responsable”. El gobierno priísta de Colima se despide después de gobernar más de 90 años, con este asesinato a un defensor del territorio.

Desde la REMA mandamos un abrazo fuerte a su esposa, su hija e hijos, así como a toda la familia y amigas y amigos de David. Condenamos el cobarde asesinato y exigimos justicia para él y su familia.

¡BASTA DE ASESINAR A DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL TERRITORIO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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Criminalización de la protesta, Perú

Tía María: Suspenden orden de captura contra dirigentes del Valle de Tambo


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Medida del Poder Judicial se aplica a los dirigentes Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.
01/07/2021
AREQUIPA. El último 19 de junio, la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundada la solicitud de suspensión de la sentencia que dictaba pena privativa de la libertad contra los dirigentes del Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.

Los magistrados Juan Luis Rodríguez Romero, Roger Pari Taboada y Manfred Verá Torres, resolvieron suspender la ejecución de la pena en lo que dure el procedimiento de apelación en segunda instancia. Sin embargo, ambos sentenciados quedan obligados a cumplir las reglas específicas de la comparecencia con restricciones que les fueron impuestas el 22 de mayo del año 2015. La decisión de la sala se fundamenta en que no existe peligro de fuga de parte de los procesados.

Como se recuerda, ambos dirigentes están siendo acusados de supuestos delitos cometidos durante las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María, en Arequipa. El 08 de enero del 2021 se dictó sentencia contra el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, sentenciado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín, mientras que el exalcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, fue condenado a 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) obtuvo una entrevista exclusiva con Jaime Trinidad de la Cruz, quien señala sus temores ante un conflicto latente y también cuestiona que su sentencia obedece a intereses políticos y económicos: ‘Si se instala el proyecto minero de ‘Tía María’, la contaminación afectará nuestras tierras, por eso como agricultores hemos ejercido nuestro derecho legítimo a la protesta, sin embargo, el poder político ha usado este proceso para criminalizarnos. Me han sentenciado a más de doce años, simplemente por el hecho de ser dirigente, no hemos cometido ninguna falta, por eso consideramos que es una persecución política, que buscar amedrentar a los dirigentes, así que estamos seguros que saldremos absueltos de este proceso’, manifestó.

Jaime Trinidad insiste en defender su inocencia y la de Mariano Cornejo, quienes durante estos seis meses han evitado ser detenidos gracias a que fueron refugiados por amigos, familiares y otros dirigentes.

‘’Nosotros no hemos cometido ningún delito, lo que está haciendo la Fiscalía es usarnos para marcar un precedente para que de hoy en adelante se criminalice la protesta social, y llevar a la cárcel a los dirigentes que defienden justos derechos, porque nosotros creemos es un derecho humano defender el medio ambiente, defender la vida, defender el agua, y en nuestro caso particular defender nuestro medio de vida como es la agricultura’’ relató para el OCM, Jaime Trinidad de la Cruz.

Cabe señalar que los integrantes del colegiado advirtieron que, ante cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas, tendrá lugar la ejecución provisional de la pena. De esta forma, el colegiado superior penal, dejó sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de los sentenciados. El próximo 03 de agosto se llevará a cabo una nueva audiencia para reafirmar la anulación de la sentencia.

Respaldo de la ONU

El 18 de mayo del presente año, la ONU emitió una nota de prensa exhortando al Gobierno de Perú a poner fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos medioambientales y a garantizar que el poder judicial del país no se utilice como medio para silenciarlos.

En el documento, se cita a Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y actual profesora adjunta de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín.

‘’Perú debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente’’, señala Lawlor.

En otro párrafo, Laylor declara textualmente que ‘’Las personas defensoras no deben enfrentarse a condenas de larga duración por ejercer su derecho a defender los derechos y el medio ambiente (…) Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas’’.
Fuente: Conflictos mineros
https://www.inforegion.pe/286358/tia-maria-suspenden-orden-de-captura-contra-dirigentes-del-valle-de-tambo/