Criminalización de la protesta, Ecuador

Andrés Durazno, defensor del agua y de los páramos de Río Blanco en el Azuay

Una vida cegada en el contexto extractivo minero
18/03/2021
Ante la muerte violenta de Andrés Durazno, ocurrida en la comunidad de Río Blanco la noche del 17 de marzo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, en la provincia del Azuay, expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad a su esposa Fernanda, hijos y demás miembros de la familia y comunidad.

Andrés mantuvo su convicción durante varios años por la defensa de los páramos, las fuentes de agua y la vida, frente al proyecto minero Río Blanco. Era considerado como “guardián del cerro”, por su constante preocupación por el territorio, por evitar que tanto la megaminería, como la minería ilegal se inserten agrediendo los páramos del Macizo del Cajas. Defendió estos territorios que albergan vida y en los que las familias campesinas e indígenas de Río Blanco realizan sus actividades agrícolas y pecuarias, porque del cuidado de sus acuíferos depende su presente y su futuro.

Lo reconocemos como uno de los mentalizadores del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Río Blanco, que se creó con participación de profesores voluntarios de Cuenca y Quito, para apoyar a que jóvenes de la comunidad culminen sus estudios de bachillerato, permanezcan en el territorio, fortalezcan la lucha y defensa del agua y no migren a la ciudad. Con compromiso, posibilitó un espacio dentro de su vivienda para el funcionamiento del mismo.

Este execrable asesinato que bien podría pretender justificarse como de carácter interno a la comunidad, y del que exigimos a la Fiscalía clarifique y transparente las responsabilidades directas e indirectas, no es un hecho aislado. Debe ser entendido dentro del contexto en que ocurre, el de la profundización extractiva. El asedio de la minería no ha parado en la zona, si bien las actividades formales de la subsidiaria ecuatoriana Ecuagoldmining South America S.A, de la empresa china Junefield han estado paralizadas desde 2018, año en que el juez Paúl Serrano aprobó las medidas cautelares solicitadas por las comunidades de Molleturo en su Acción de Protección interpuesta ante el Tribunal de Primera Instancia de Cuenca; y en que se reconoció que la empresa efectivamente violó el derecho constitucional de consulta previa, lo que fue ratificado en apelación por la Corte Provincial del Azuay. El caso está actualmente en la Corte Constitucional para decisión de una acción extraordinaria de protección presentada por el gobierno.

Las mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de las familias defensoras del agua y los páramos han vivido de manera permanente y sistemática acoso en la comunidad por parte de grupos que apoyan la minería calificada legal e ilegal, que se articulan y solapan; a las comunidades de la zona han ingresado muchas veces actores armados (policía e incluso unidades especiales) para dar soporte a los grupos pro mineros. Todo esto ha generado un clima en que la violencia se recrudece y se inserta en la vida cotidiana, en que se patriarcaliza el territorio, y en que se quiebran convicciones con ofrecimientos monetarios; en que el consumo de alcohol también exacerba tensiones internas en las familias.

¿A quién interesa la división y el resquebrajamiento del tejido social? Interesa a aquellos sectores que tratan a toda costa de imponer un modelo de desarrollo extractivo minero en los páramos del Azuay; agrietando y ocasionando fisuras entre familias que se han comprometido con sus vidas y su ejercicio cotidiano a la defensa territorial.

Expresamos nuestro pesar y nuestra solidaridad para con la familia de Andrés Durazno, las familias de la resistencia minera de la parroquia Molleturo duramente afectadas por este suceso y exigimos a la Fiscalía General del Estado, que este hecho no quede en la impunidad. Así mismo exigimos a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus competencias y la obligación establecida en el dictamen del juez de observar el adecuado proceso de abandono de la mina y de la garantía de los derechos humanos de las familias y de la naturaleza, en este territorio.

Andrés sigue vivo en las aguas y el páramo que amó y defendió y en nuestra lucha.

Suscriben este comunicado:

Acción Ecológica
ALAMES Ecuador
Alberto Acosta
Amazon Frontlines
APT Norte
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
Asamblea por el Agua y la vida de Sígsig
Colectiva de Antropólogas del Ecuador
Colectivo Caminantes
Colectivo de Geografía Crítica
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Comunálisis – Ecuador
DECOIN
Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador
Grupo KANAKA
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
Mancomunidad y Bosque Modelo Chocó Andino
OMASNE
Oficina de Derechos de la Naturaleza Ecuador
Profesoras y profesores voluntarios del Colegio Autónomo Yaku Kamayuk (Guardianes del Agua) de la comunidad de Río Blanco
Proyecto de Vinculación de FLACSO Ecuador en apoyo al Colegio Autónomo Yaku Kamayuk Saramanta Warmikuna
Yasunidos

Criminalización de la protesta, Perú

Cierre de proceso judicial a defensores de derechos humanos

Después de casi 6 años de haberse criminalizado a 18 defensores de derechos humanos que
protestaban contra el Estado y el proyecto minero Las Bambas
Lima, 22 de febrero del 2021
Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba-
Cotabambas acoge solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público
y de la Defensa Legal de los defensores criminalizados y dispone
cerrarles el proceso judicial

Mediante Resolución de fecha 17 de este mes, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba-
Cotabambas resolvió declarar fundada la solicitud de sobreseimiento (cierre del proceso penal) contra 18
defensores de derechos humanos, esto es comuneros campesinos injustamente investigados, desde
setiembre de 2015, por la comisión de delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir
(Expediente No. 41-2016, Especialista Legal Juan Carlos Carbajal Rayme).

Como se recordará a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el
proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron
una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de atender sus demandas por
afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de la empresa MMG Las Bambas
(propietaria del mencionado proyecto minero) que entre otras cosas venía afectando su derecho a vivir en un
medio ambiente sano y equilibrado.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los integrantes
de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa
denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que
ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social, razón por la cual la Fiscalía Mixta de
Challhuahuacho decidió formalizar una investigación penal en su contra.

La referida investigación terminó y en junio de 2019, la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho formuló un
requerimiento mixto contra los investigados (en un extremo solicita el cierre del proceso por determinados
delitos y en otro extremo acusa por otros delitos), solicitando se sobresea (cierre) el proceso por los delitos
de usurpación agravada, asociación ilícita para delinquir, daños agravados, entorpecimiento a las vías de
comunicación y disturbios seguido a Hugo Américo Huillca Peña y José Antonio Lima Lucas.

Asimismo, solicitó que se cierre el proceso por los delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para
delinquir seguido a: Veluz Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello Abarca, Juan
Pablo Cconislla Gallego, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Aguilar, Alem Torre Garcés, Maximiliano Huachaca
Mamani, Lucio Dario Chauca Carrasco, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Ayza, Franklin John Tejada
Salas, Walter V Velazco Chinchayo, Roberto Martínez Huamaní, Lizbeth Abarca Peña y Cosme Bolívar
Escudero.

Al respecto, en la antes citada Resolución el Juzgado señaló que durante la investigación preparatoria no se
había acreditado la existencia de elementos de convicción que acrediten que los investigados pudieran habercometido los delitos por los cuales se les venía investigando y, que tampoco se había sustentado la presencia
de todos los requisitos que exige la ley para calificar como sancionables penalmente la conducta de los 18
investigados en los delitos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir. Adicionalmente,
consideró que en los casos de Hugo Américo Huillca Peña y José Antonio Lima Lucas, tampoco se habían
cumplido con los requisitos que exigen los tipos penales de daños agravados, entorpecimiento a las vías de
comunicación y disturbios, por lo cual para éstos dos últimos estaría cerrándose el proceso en forma definitiva,
salvo que se formule apelación por la defensa de la empresa MMG Las Bambas.

En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, organismo no gubernamental
de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, que asumió la defensa legal de los campesinos
acusados, en forma conjunta con APRODEH y el apoyo institucional de COOPERACCION, expresa su
satisfacción con esta Resolución Judicial que decide cerrar el proceso por los delitos antes señalados.
Sin perjuicio de ello, expresa también su rechazo a la acusación fiscal, contenida en su mismo recurso de junio
de 2019, por la cual solicita se lleve a juicio oral y solicita la imposición de penas privativas de libertad de entre
8 y 11 años de prisión contra: Veluz Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello
Abarca, Juan Pablo Cconislla Gallego, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Aguilar, Alem Torre Garcés, Maximiliano
Huachaca Mamani, Lucio Dario Chauca Carrasco, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Ayza, Franklin
John Tejada Salas, Walter V Velazco Chinchayo, Roberto Martínez Huamaní, Lizbeth Abarca Peña y Cosme
Bolívar Escudero, por la supuesta comisión de los delitos de los delitos de: daños agravados, entorpecimiento
a las vías de comunicación y disturbios. Para lo cual se ha señalado continuación de Audiencia de Control de
Acusación para el 1 de marzo de 2021, oportunidad en que la defensa legal de los campesinos sustentará su
solicitud de sobreseimiento, también, por estos delitos, con la convicción de que se declare fundada dicha
solicitud.

FEDEPAZ, con relación a lo señalado en el párrafo inmediato anterior, considera que con esta injusta y
arbitraria acusación se evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a
todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y
empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
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Criminalización de la protesta, Perú

Preparan marcha en respaldo a dirigentes sentenciados por caso Tía María

La dirigente Marilú Marroquín señaló que las acciones de protesta en defensa del agro y medio ambiente acaban siendo criminalizadas injustamente.
12/01/2021 Ibón Machaca Regional Avatar
La reciente condena impuesta a los dirigentes del valle de Tambo, que lideraron las protestas contra el proyecto minero Tía María, sigue despertando indignación. La presidenta de la Junta de Usuarios La Ensenada Mejía, Marilú Marroquín, informó este lunes a los medios de Arequipa, que la población participará de una movilización en apoyo a los condenados Jesús Cornejo, Jaime de la Cruz y Pepe Julio Gutiérrez.

Los pobladores del valle de Tambo se han auto convocado para salir a marchar este martes 12, en Islay. Esto con la finalidad de respaldar a los dirigentes sentenciados, dijo Marroquín. La movilización será de carácter pacífico, portando sus banderillas verdes por las calles de Cocachacra y Dean Valdivia. La representante de los agricultores se reunió en Arequipa con autoridades de la provincia de Islay y el Gobierno Regional.

Se esperaba que el caso de los dirigentes sea tratado en la sesión, en vista de la disposición y apoyo mostrador por el gobernador Elmer Cáceres Llica en días previos. Sin embargo, ante su ausencia el debate giró en asuntos relacionados al déficit hídrico y el efecto de las lluvias.
“Se criminalizan las protestas”, afirma dirigente de Arequipa

Al igual que otros dirigentes, Marilú Marroquín consideró que la sentencia criminaliza los actos de protesta. Asimismo, castiga a quienes salen a defender el agro y el medio ambiente. En su opinión, el proceso judicial no tuvo los suficientes sustentos y se les ha condenado solo por dirigir las manifestaciones.

“Se está criminalizando las protestas. Prácticamente, como los quieren maniatar y callar, yo creo que el pueblo se tiene que levantar. Se está vulnerando la justicia”, sostuvo Marroquín.

Por su parte el alcalde distrital de Dean Valdivia, Richard Ale Cruz, manifestó que el valle de Tambo se mantiene en contra del proyecto y debe respetarse dicha posición. Ale Cruz estuvo procesado junto con los dirigentes, pero quedó absuelto. Él manifestó que no ha cambiado de opinión respecto al proyecto. Considera que la empresa minera no ha despejado las observaciones que hizo UNOPS al Estudio de Impacto Ambiental.

En tanto, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) anunció su respaldo a los dirigentes sentenciados. Con tal motivo convocaron a una protesta. Así lo informó el secretario general del sindicato, José Luis Chapa Díaz. Manifestó que el próximo 14 de enero saldrán a las calles para defender a quienes luchan por el pueblo.
https://elbuho.pe/2021/01/arequipa-preparan-marcha-en-respaldo-a-dirigentes-sentenciados-por-caso-tia-maria/

Criminalización de la protesta, Perú

Sentencian en Perú a dirigentes ambientalistas que pelearon contra megaproyecto minero

El jueves pasado fueron sentenciados dirigentes del Valle de Tambo quienes participaron en el año 2015 en las luchas sociales realizadas en el sur peruano contra la minera Southern que buscaba expandir su radio de explotación en torno al proyecto Tía María. Esta es una demostración concreta de la criminalización de la protesta social y la persecución judicial a los que luchan.
12/01/2021
El Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, condenó a 3 exdirigentes de las protestas que se dieron en el año 2015 en el valle de Tambo, Perú, contra la extensión de la minera Southern en el proyecto llamado Tía María.

Los tres dirigentes condenados, que integraban el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT), son: Jesús Cornejo Reinoso, presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, a quien se le sentenció a 7 años y 4 meses de prisión; Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, sentenciado a 12 años y 4 meses de prisión; y Pepe Julio Gutiérrez, sentenciado a 18 años de prisión.

En este proceso judicial estaban implicados otros 10 dirigentes entre ellos Richard Ale Cruz, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo; Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehuanca Chaiña, quienes fueron absueltos, además del abogado de los acusados Héctor Herrera Herrera.

Recordemos que en estos últimos 10 años en el Valle de Tambo se han realizado diversos paros por parte de los agricultores y pobladores contra la instalación del megaproyecto minero Tía María de propiedad de la multinacional Southern.
Los campesinos y los pobladores de este valle se oponen a este emprendimiento minero ya que contamina el agua y el suelo y de esa manera afecta su principal actividad productiva que es la agricultura. Para llevar adelante esta lucha los campesinos y el pueblo constituyeron el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT) que fue el espacio de centralización que sirvió para organizar las diversas iniciativas de los campesinos y de los pobladores.

Cabe mencionar que en el caso de los dirigentes sentenciados Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para el Juzgado Colegiado, ambos abrían actuado en la condición de “coautores no ejecutivos” en la comisión de los delitos de “entorpecimiento de los servicios públicos y motín”, es decir, habrían desarrollado supuestamente la prestación de tareas y habrían integrado un “plan criminal” siendo por tanto parte de la “comisión del delito”. Este razonamiento judicial, sin embargo, no pudo ser probado.

Frente a estos casos, la Red Muqui sostiene que:

“El juzgado no ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0009-2018-PI/TC, ha establecido claramente que el ejercicio del derecho a la protesta social puede devenir en la limitación de otro derecho fundamental o la prestación de un servicio. Esta es constitucional siempre y cuando tenga como fin la búsqueda de la protección de un derecho fundamental o bien constitucional. Esto es lo que ocurrió en las protestas de Tía María, pues cuestionaban un proyecto minero que carece de estudios ambientales suficientes para garantizar el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y que afectaría gravemente el desarrollo de las actividades económicas de la zona”.

Sobre el caso de “Pepe” Julio Gutiérrez, este ha sido condenado por el delito de extorsión. Como es de conocimiento público, este ex dirigente de Valle de Tambo, en el año 2015, a espaldas de la población, intentó obtener un beneficio económico personal de la empresa Southern, lo cual fue abiertamente rechazado por los pobladores del valle que en ese momento se encontraban en pie de lucha. Lamentablemente este acto fue utilizado para tratar de deslegitimar la justa protesta de los agricultores, a pesar que “Pepe” Julio fue apartado desde ese entonces de toda instancia de representación social.

Con esta sentencia lo que se estaría haciendo es crear un precedente jurídico para criminalizar la protesta social y a los dirigentes de estos procesos de lucha, además de ello, se buscaría también amedrentar a los diferentes sectores sociales como los campesinos y los trabajadores que hoy, como consecuencia de la profunda crisis económica que se vive en el país, empiezan a luchar y enfrentar con la movilización los planes de ajuste de los empresarios y los gobiernos como ocurrió hace poco con los trabajadores agrarios.

Es necesaria una campaña urgente de las centrales de trabajadores, campesinos, frentes de defensa y organismos de derechos humanos para rechazar esta injusta sentencia judicial, y solidarizarse con los dirigentes sociales Jesús Cornejo Reinoso y con Jaime de la Cruz, quienes hoy son sentenciados por representar en su momento los intereses y la voluntad del pueblo del valle de Tambo.
https://www.laizquierdadiario.com/Sentencian-en-Peru-a-dirigentes-ambientalistas-que-pelearon-contra-megaproyecto-minero

Criminalización de la protesta, Honduras

Fallo de Corte de Apelaciones confirma a Honduras la deshonra de ser el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo

COMUNICADO DE PRENSA
El pasado 15 de agosto, miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, en Honduras, informaron en conferencia de prensa que la Corte de Apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revoco el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores ambientales Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. La corte también ordeno el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace 11 meses, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.

El abogado, Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal declaro en un comunicado de prensa que “La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras”

Efectivamente, esta decisión del sistema judicial hondureño confirma un patrón de persecución política a nivel regional, en un contexto donde los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento por la pandemia COVID 19, para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que se intensifica el andamiaje institucional que consolida el modelo económico extractivista que se fragua desde hace más de una década para facilitar el despojo de los bienes comunes de nuestra región.

En Tocoa, el servilismo del gobierno a los intereses de la empresa Los Pinares/Ecotek se evidencia al desplegar toda la maquinaria represiva y judicial del estado contra las comunidades que han denunciado férreamente las actividades ilegales y dañinas de la empresa y las irregularidades en el proceso de emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.

Los hallazgos preliminares de un reporte realizado por ACAFREMIN en el 2019, con el apoyo académico de tres universidades de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, encuentran que en el caso de los defensores del río Guapinol y San Pedro:

Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
El estado empleo a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.

Con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones, el estado hondureño confirma su triste status como el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo, y junto a Guatemala y Nicaragua se adjudican la infamia de engrosar la lista de los 5 países más violadores de derechos ambientales, según el reporte “Defender el Mañana,” publicado recientemente por organización Global Witness, que documenta la persecución a los defensores del agua y la tierra en el mundo.

Esta es la nueva normalidad de nuestra región, una normalidad donde se consolida el avance neoliberal con el predominio de empresas extractivas multinacionales; que, junto a capitales locales, operan dentro de marcos normativos favorables a sus intereses en detrimento del bien común, en detrimento de las propuestas por la sustentabilidad de los pueblos, en detrimento de la bio-diversidad y en detrimento de la diversidad cultural de naciones indígenas que son las guardianes de la naturaleza desde tiempos ancestrales.

Como Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y declaramos nuestro apoyo incondicional a su lucha. Demandamos que el estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores de derechos y nombramos al gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández como el único responsable por cualquier violación a la integridad física, psicológica y moral de los miembros del Comité.

También, hacemos eco a las demandas de los y las defensoras de derechos de Tocoa y el Bajo Aguan y exigimos:

La liberación inmediata de los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro que se encuentran bajo medidas injustas de prisión preventiva: Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo
El cese a la persecución política y criminalización de: Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos y otros implicados judicialmente en la defensa del Río Guapinol.
Con base en la decisión del Cabildo Abierto que declaro a Tocoa como un Municipio Libre de Minería, en noviembre del 2019; y con base en la ilegalidad de las concesiones mineras ASP y ASP2, exigimos la cancelación inmediata de las concesiones mineras adjudicadas a la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente las instituciones multilaterales defensoras de derechos humanos, a demandar el cese a la criminalización de defensores y defensoras de derechos en honduras.

Como alianza, reiteramos la urgencia de construir modelos de desarrollo sustentable, donde nuestros pueblos ejerciten el derecho a elegir libremente proyectos que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países; con ese fin, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia, a las organizaciones sociales, y los movimientos progresistas de Centroamérica a generar diálogos y unificar criterios de resistencia ante la “normalidad” emergente.

#Guapinolresiste #libertadparaGuapinol #AmasrepresionMaslucha
MAS INFO:

Legal Defense: Honduran Courts Rule to Sustain Political Persecution in Guapinol Case
Comunicado Público – El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la opinión públic nacional e internacional
La pandemia de la Covid-19 y el aumento de las industrias extractivas en los países de Centroamérica

Criminalización de la protesta, Internacional

Defender el Mañana

La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente
Leer la nota en Global Witness: https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático.

La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.

Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Descargue el informe completo Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y elmedio ambiente (12.1MB, PDF)

Descargue el informe completo Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente (6.37MB, PDF)

Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.

Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.

Hallazgos relevantes

Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.

Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.

Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.

Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.

Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.

La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.

Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas ­– a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial.
Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos.

Debemos seguir a los líderes en primera línea contra la crisis climática

En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.

Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.

Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico.

Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.

Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.

El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.

El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad.
La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.

Recomendaciones

Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.

Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.

Tú también puedes ayudar.

La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.

Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.

Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.
Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness

Criminalización de la protesta, Internacional

DEBEMOS DEFENDER A LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE.

MARIE-AMÉLIE BRUN, 23/07/2020

Los defensores del medio ambiente y los activistas enfrentan riesgos cada vez mayores para sus medios de vida y sus vidas en todo el mundo, incluso en Europa.
Marie-Amélie Brun informa sobre un grupo de trabajo de la ONU que está desarrollando un mecanismo para protegerlos.

Los defensores del medio ambiente están en la primera línea de la protección del medio ambiente. Desempeñan un papel importante en la sensibilización, haciendo campaña contra las prácticas destructivas y destacando el verdadero estado del medio ambiente y los crímenes cometidos contra la naturaleza.

Las estadísticas muestran que los casos de acoso, intimidación, arresto, encarcelamiento y, lo peor de todo, asesinatos están en aumento . Solo en 2019, más de 300 defensores del medio ambiente y los derechos en todo el mundo fueron asesinados por su trabajo.

Se pueden encontrar muchos ejemplos en la Justicia Ambiental ( EJAtlas ), la base de datos de conflictos ambientales más grande del mundo, en la cual EEB es una organización asociada.

Los defensores del medio ambiente no solo están en peligro en tierras lejanas. También están cada vez más en riesgo aquí en Europa. A fines de 2019, META informó sobre el brutal asesinato de dos guardabosques rumanos que provocó indignación y llevó a miles de manifestantes a tomar las calles de la capital rumana de Bucarest.

«Me preocupa que, en toda Europa, los activistas ambientales pacíficos hayan sido bloqueados para asistir a las cumbres ambientales, sometidos a arrestos domiciliarios y medidas de vigilancia, ataques físicos violentos y legislación que efectivamente impide su capacidad para llevar a cabo su trabajo», Dunja Mijatović, el Consejo de la comisaria de Derechos Humanos de Europa, Dunja Mijatović, escribió sus preocupaciones sobre la situación europea . “Con demasiada frecuencia, los responsables políticos simplemente los ignoran. Esto debe detenerse.

El ex relator especial de la ONU para los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, explica que » los defensores del medio ambiente son asesinados en cantidades sorprendentes » y agrega que » por cada 1 asesinado, hay entre 20 y 100 más hostigados , arrestados ilegal y legalmente y demandados por difamación , entre otras intimidaciones » .

Promesa de proteger
La Convención de Aarhus es un acuerdo internacional que otorga derechos ambientales a las personas. Este año, el Grupo de Trabajo de las Partes en la Convención de Aarhus discutirá el desarrollo de un mecanismo de respuesta rápida para prevenir y prohibir el acoso.

La protección de los defensores del medio ambiente ya está prevista en la Convención, específicamente en el artículo 3 (8). La convención obliga a los estados a proteger a quienes ejercen sus derechos ambientales de cualquier hostigamiento, penalización o persecución.

Esto también incluye la obligación de proteger a los activistas ambientales contra los actores no estatales. Dado el aumento de la violencia y el acoso contra los defensores del medio ambiente, las Partes de Aarhus ahora están pensando en establecer un mecanismo de respuesta rápida que proteja a los defensores del medio ambiente.

La próxima reunión del Grupo de Trabajo de las Partes en la Convención de Aarhus analizará las opciones para un mecanismo de respuesta y se espera que se llegue a un acuerdo para establecer uno durante la Reunión de las Partes (MOP) el 17- 22 de octubre de 2021.

Francesca Carlsson, Oficial Legal de EEB, dijo:

“Todos somos defensores ambientales potenciales y, ciertamente, se nos otorgan derechos en virtud de la Convención de Aarhus para proteger nuestro bien común y nuestro planeta. La violencia que enfrentan los defensores del medio ambiente es increíble y es crucial que desarrollemos un mecanismo que pueda activarse rápidamente para proteger a los defensores del medio ambiente de cualquier daño potencial cuando corren el riesgo de ser acosados ​​o perseguidos. La EEB hace un llamado a las Partes de Aarhus para proteger a nuestros protectores «.

We must defend the environmental defenders

Criminalización de la protesta, Perú

Policía nacional y Minera Yanacocha implementan convenio de servicio policial extraordinario para hostigar a la familia de Máxima Acuña en Cajamarca


Conflicto Relacionado: Yanacocha

Muqui Informa, Noticias

Nota de Grufides

Redactado por: Pablo Ricardo Abdo, abog. Coordinador del Área Legal de Grufides
Inconcebible acto de abuso de autoridad y hostigamiento empresarial

Informamos que en la tarde del día 03 de mayo de 2020, efectivos policiales que acompañaban al personal de minera Yanacocha irrumpieron en Tragadero Grande, lugar de posesión y domicilio de la familia Chaupe, sin identificarse, pretendiendo levantar actos de constatación sin mediar denuncia previa alguna, ni cumplir con los parámetros que establece la ley para este tipo de actos procesales. Para ello, solo argumentaron que actuaban en cumplimiento de un Convenio de Servicios Policiales Extraordinarios (SPE) que la referida entidad empresarial tiene otorgado con el Ministerio del Interior (MINTER) y la policía nacional (PNP).

Según lo expresado por “Daniel Chaupe” y los registros de “fotos y videos” que acompañamos en la presente nota, un representante de Minera Yanacocha, acompañado de dos policías llegaron a su chacra en circunstancias en la que él estaba trabajando la tierra para poder sembrar, lo que para la familia representa su mayor actividad económica. Ante esto, se les pidió que se identificaran, pero los dos efectivos policiales y el representante de la empresa se negaron a hacerlo de lo cual uno de los policías manifestó que venían porque estaban cumpliendo con un convenio privado que tenían con la empresa minera, y querían constatar si había actos de invasión.

La policía nacional ingresó al domicilio de la familia Chaupe, no para cumplimiento de su deber de seguridad ciudadana, sino acatando uno de los convenios privados que la PNP tiene con las empresas mineras.

Al respecto, se puede precisar que el lugar de siembra que se observa en las fotos y videos incorporados en este reporte, está contenido dentro del predio donde se encuentra el habitad y la posesión de la “familia de Máxima Acuña Atalaya”, tal como lo explica Daniel Chaupe en el “video de fecha 04 de mayo de 2020”, donde se muestra el terreno, así como también el escenario donde se llevó a cabo esta actuación indebida del personal de la policía.

Pudiéndose advertir, además que, para llegar al lugar de siembra indicado por el morador, que estos extraños del Estado y de la empresa han tenido que ingresar necesariamente al área territorial del predio de Tragadero Grande no contando para ello, con una orden del Ministerio Público o de alguna autoridad competente, ni por denuncia, ni por vía de prevención, donde lo que más nos llama la atención es que, todo este proceder, los efectivos policiales lo amparan en la aplicación de un Convenio de Servicio Policial Extraordinario (SPE), lo cual por supuesto no se responde con ningún parámetro legal de procedimiento alguno, ni mucho menos con las reglas de protección que hoy rige la declaratoria de emergencia, sancionada por el poder ejecutivo nacional.
La policía nacional NO estaba cumpliendo con los procedimientos de ley

Este incidente, nos advierte que los efectivos PNP, no cumplieron con las normas del Estado de Derecho, esto es así, puesto que, según la ley, en todo proceso de constatación, un funcionario público está obligado a identificarse, además de informar a la persona que interviene, el motivo de su presencia, debiéndosele otorgar participación en el acto, a modo de ejercer su defensa. Recordemos que, además, este tipo de procedimiento, exige para su legalidad, que se brinde información de la autoridad competente, que lo ordene o disponga como medida ya está en vía de investigación o de prevención, sin perjuicio de que, en el presente acto, no han sido respetadas las formalidades que prevé la legislación procesal al respecto.

Consecuentemente, cabe a la autoridad competente revisar y precisar, si la aplicación de un convenio privado, amerita o no, este tipo de irrupciones domiciliarias, que no pueden bajo ningún concepto, sustituir la competencia de oficio, que corresponde a los funcionarios públicos del Estado, como ser el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, todos ellos, autoridades representativas, que deben estar al servicio del orden interno y la seguridad ciudadana.
Como afecta este incidente a los defensores y defensoras de la tierra

En el marco de este incidente en concreto y de cara a la situación de otros y otras defensores/as de la tierra, ésta circunstancia, afecta los derechos fundamentales de la familia y por ende de Máxima Acuña Atalaya como defensora del agua y de su territorio, además, de que representa verdaderos actos de hostigamiento que intimida a todos los miembros de la Familia Chaupe que habitan de modo ancestral el área de TERRITORIO INDÍGENA DE TRAGADERO GRANDE de la LAGUNA AZUL.

Desde nuestro deber de información no podemos ignorar que toda decisión de Estado que no tome medidas sobre este asunto, amén de poner en riesgo a otros y otras defensores/as en el Perú, viola categóricamente los estándares internacionales de derechos humanos, que supo imponer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Estado peruano en protección de Máxima Acuña Atalaya y toda su familia, en la medida cautelar del 05 de mayo de 2014/REF: Líderes y Lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca MC-452-71- República de! Perú. Circunstancia que, además, debe interpretarse como una manutención de los actos de violencia de genero dirigidos contra esta defensora del agua y que suman a los hechos ya también denunciados por esta familia ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5 mayo, 2020/por RED MUQUI

Colombia, Criminalización de la protesta

Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía

3/5/2020
Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio*
Hoy en el Día de la Libertad de Prensa, presentamos la investigación realizada por Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio, por la que la inteligencia del Ejército Nacional inició seguimientos en contra de sus autores y los incluyó en las «Carpetas Secretas».

Rutas del Conflicto y La Liga Contra El Silencio desarrollaron el proyecto ‘Convenios de Fuerza y Justicia’, una herramienta que busca ofrecer información organizada y detallada sobre estos acuerdos de colaboración, los municipios donde están vigentes y las empresas involucradas. Cortesía.
En septiembre de 2018, en Castilla la Nueva, Meta, el líder ambiental Gustavo Carrión, fue aprehendido por la Policía y señalado de múltiples delitos, entre ellos el de terrorismo. Carrión había protestado junto a su comunidad por la supuesta contaminación del agua en la zona por cuenta de Ecopetrol. Quince días más tarde fue puesto en libertad porque, según una juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron insuficientes.

En enero de ese mismo año, Ecopetrol firmó un convenio de cooperación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, por más de 17.000 millones de pesos. Este acuerdo estuvo vigente hasta diciembre del mismo año y abarcó varios departamentos, entre ellos el Meta. El objeto del acuerdo era reforzar la “capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a la empresa, sus grupos empresariales y asociadas”, y que corresponden a delitos como aquellos por los que fue señalado Carrión.

En Castilla la Nueva y otros municipios, Ecopetrol firmó otro convenio de cooperación, esta vez con las Fuerzas Militares, por más de 14.000 millones de pesos. De ese monto, más de 2.800 millones fueron destinados al ‘bienestar personal’ de miembros del Ejército, según el anexo 2 del documento.

En zonas de actividad extractiva, donde las comunidades se organizan para protestar por sus derechos, la relación económica que suponen estos convenios plantea a las instituciones públicas un dilema ético, pues de ellas se espera imparcialidad. Mientras que empresas como Ecopetrol consideran que no existe un conflicto de intereses, la abogada de derechos humanos, Liria Manrique, y el director de Indepaz, Camilo González afirman que los convenios pueden dar lugar a una asimetría jurídica.

Lo cuestionable
Después de revisar 200 convenios de cooperación, Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio encontraron aspectos cuestionables en la forma como las empresas entregan dinero a las Fuerzas Militares y a la Policía. La resolución 5342 de 2014 del Ministerio de Defensa advierte que los convenios de colaboración entre privados y estatales sólo son posibles cuando favorecen la seguridad nacional. “Esta asociación irá dirigida al desarrollo conjunto de actividades que tengan relación con la defensa y seguridad nacional”, dice el documento. En los contratos, en cambio, el Ministerio de Defensa puede acordar un pago por algún servicio.

Sin embargo, los documentos disponibles en esta base de datos muestran que los dineros fueron invertidos en actividades que no se relacionan directamente con proteger el territorio, ni con la seguridad nacional, ni con el accionar de la empresa estipulado en los objetos de los 200 convenios.

Entre los acuerdos de colaboración encontrados, algunos destinan una parte del presupuesto para el “bienestar personal de los funcionarios”. En las actas de liquidación de los convenios es evidente que el “bienestar” de militares y policías no está relacionado con sus actividades dentro de la institución, sino que consiste más bien en estímulos. Por ejemplo, el convenio 12- 031, entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol, gastó 470.749.660 de pesos en planes turísticos para miembros de la Fuerza Aérea.

El Ministerio de Defensa no solo destinó dinero de los convenios para el bienestar personal de los funcionarios; también invirtió en el ‘bienestar espiritual’: la construcción y mantenimiento de capillas. Así lo refleja el convenio 13- 047, celebrado entre la Compañía Española de Petróleos, Cepsa y el Ministerio de Defensa, que incluye un gasto de 45 millones de pesos en la construcción de la capilla de la Octava División del Ejército. Esta misma empresa firmó el convenio 14- 016, que dispuso 20 millones de pesos para el mantenimiento la capilla de la Séptima Brigada.

La investigación también arrojó que los dineros están siendo invertidos por fuera de los territorios donde el convenio dice tener vigencia. Es el caso del convenio 12-031, para los departamentos de Arauca, Putumayo y Nariño, que destinó 3.700 millones de pesos a la construcción de la Escuela de Helicópteros CACOM 4 en Flandes, Tolima.

Ese mismo convenio, vigente entre el 4 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, firmado por Ecopetrol y el Ministerio de Defensa, también menciona que se invirtieron 1.430.005.515 de pesos en el “mejoramiento infraestructura de alojamientos de la guarnición militar de Bogotá”.

Además se identificaron casos donde la empresa manifiesta no tener soporte de algunos gastos por parte de la entidad pública. Un ejemplo es el convenio 006 -2016, suscrito entre Amerisur Exploration y el Ministerio de Defensa. En el acta, la empresa manifiesta irregularidades en los documentos de gastos por 639 millones de pesos, y solicita Inspección General del Ejército porque no hay soportes de algunos gastos.

¿Convenios para qué?

En Colombia, más de 70 empresas nacionales e internacionales, principalmente del sector minero-energético, celebran convenios de cooperación con instituciones públicas como el Ministerio de Defensa, integrado por las Fuerzas Militares; con la Policía e incluso con la Fiscalía General de Nación.

Estos convenios existen desde 1996, pero solo fueron regulados por el Ministerio de Defensa en 2014, mediante la resolución 5342. Cuando se hacen con la Fuerza Pública contemplan aportes en dinero y especie a las instituciones a cambio de que presten seguridad y vigilancia a las actividades e instalaciones de las empresas.

Cuando se trata de acuerdos con la Fiscalía, todas las partes que firman aportan recursos. A su vez, la Fiscalía se compromete a priorizar casos y poner especial atención en reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de delitos que afecten las operaciones de las empresas, como está registrado en el convenio entre las Estructuras de Apoyo y Ecopetrol.

La Fiscalía cumple su compromiso a través de las llamadas Estructuras de Apoyo, EDA, divisiones destinadas exclusivamente a delitos contra el sector de hidrocarburos. Desde 2013, las Fiscalías EDA en Arauca, Casanare y Meta ampliaron su campo de acción para investigar delitos de terrorismo, secuestro, violación de la libertad de trabajo, concierto para delinquir y obstrucción a vías que afecten el orden público.

Según la resolución que regula los convenios, estos se celebran solo cuando están dirigidos a la defensa y la seguridad nacional, en un contexto donde el sector minero-energético, sobre todo el de hidrocarburos, ha sido por décadas blanco de grupos armados ilegales. Las voladuras de oleoductos, el secuestro o la extorsión de miembros de algunas de estas empresas son algunos ejemplos de esa situación.

Ante este escenario, el propósito de los convenios es proteger la infraestructura de las empresas y judicializar de manera prioritaria a quienes atenten contra ellas. Todo por la seguridad nacional.

Los convenios, sin embargo, se desvían de su propósito inicial e incluso sirven para financiar otras prácticas. El senador Iván Cepeda; la abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, Rosa María Mateus; y el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González, se muestran preocupados ante aspectos de estos convenios que pueden derivar en la violación de derechos humanos. González critica episodios cuando cualquier ciudadano “quiere entrar a la empresa y es atendido por la Fuerza Pública. Es la militarización de las organizaciones”, dice.

Activistas ambientales y sindicales de territorios donde hay convenios vigentes, como el Meta y el Casanare, dicen haber sido víctimas de abusos de fuerza y persecuciones por parte de la Fuerza Pública. Además, líderes sociales han sido judicializados como supuestos terroristas, tras criticar las actuaciones de las empresas.

Algunos ejemplos son las historias que documentaron Rutas del Conflicto y La Liga sobre Héctor Sánchez y Gustavo Carrión, ambos líderes por la defensa del territorio en el Meta, quienes fueron señalados y judicializados por supuesto terrorismo. Sin embargo, en los procesos la Fiscalía no pudo demostrar la relación entre los delitos y los líderes.

Estos dos casos son una muestra de cómo operan los convenios de cooperación entre instituciones y empresas. Por una parte, las compañías financian al Ministerio de Defensa y la Fiscalía; y por la otra, fungen como víctimas en procesos judiciales en los que sus actividades se vieron afectadas. Para la abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, Rosa María Mateus, los líderes y las empresas no están en igualdad de condiciones jurídicas cuando hay convenios vigentes. “Estos convenios son una excusa para privatizar la justicia y deslegitimar los procesos organizativos de los líderes en región”, dice.

Para algunos expertos, estos convenios formalizan un trato entre las empresas y las entidades del Estado. La situación es mucho más compleja si se tiene en cuenta que varias de las empresas, registradas en la base de datos, ya tienen señalamientos por violaciones de derechos humanos. Es el caso de las mineras Drummond y Prodeco. Ambas empresas fueron señaladas por presuntamente financiar a paramilitares entre 1996 y 2006, según el informe ‘El lado Oscuro del Carbón’ de Pax Christi, un movimiento católico internacional por la paz. Además, en octubre de 2018, la Fiscalía inició una nueva investigación contra los directivos de la Drummond por, presuntamente, entregar dinero a paramilitares a cambio de seguridad.

De igual modo, la empresa Ecopetrol es denunciada en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Con licencia para desplazar, por haber trasladado al jefe paramilitar Mancuso en un helicóptero de la compañía.

En la revisión de los 200 convenios de cooperación entre instituciones públicas y empresas, Rutas del Conflicto y La Liga registraron acuerdos por sumas entre 220 millones y 61 mil millones de pesos. Para el senador Iván Cepeda, quien en 2015 convocó a un debate de control político en el Congreso sobre estos convenios, estos montos hacen que “las empresas puedan volverse de facto los jefes de las unidades del Ejército y la Policía”, pues dan los recursos para que los Batallones Energéticos y Viales les presten sus servicios.

Para responder estas interrogantes, el 13 de febrero de 2019, a través de un derecho de petición, se consultó al Ministerio de Defensa sobre su responsabilidad en los convenios, pero no hubo respuesta. El 1 de abril de 2019 se instauró una tutela y fue entonces cuando el Ministerio se comprometió a enviar la información a través del Departamento de Logística del Ejército. Esta respuesta nunca llegó.

Por la misma vía se le preguntó a Ecopetrol e Isagen, empresas de capital mixto registradas en la base de datos, si consideraban que los convenios podrían derivar en un trato preferencial de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Isagen respondió que “periódicamente actualiza el análisis de riesgos e impactos en derechos humanos con el objetivo de lograr una operación atenta y responsable que puedan presentarse con sus centros productivos”. (Consulte la respuesta al derecho de petición aquí).

Por su parte, Ecopetrol consideró que ese análisis está incorporado en el objeto de los convenios suscritos con la Fiscalía, en la parte que dice: “Aunar esfuerzos para fortalecer la capacidad investigativa y judicialización, dentro del marco de las funciones constitucionales y legales de estas entidades, adoptando criterios de priorización de situaciones y casos relacionados con conductas delictivas cuyas consecuencias las sufra Ecopetrol, las empresas de su grupo empresarial y/o las empresas asociadas.”

¿Conflicto de intereses?
Durante esta investigación se analizaron cinco convenios de colaboración entre Ecopetrol y la Fiscalía. Los documentos explican que cada uno de los firmantes aportará recursos para el funcionamiento de la Estructura de Apoyo, EDA, de la Fiscalía. Un ejemplo es el convenio 3011412 , vigente entre el 24 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, por 17 mil millones de pesos. Ecopetrol entregó 8.680 millones de pesos que se destinaron al “sostenimiento de las Estructuras de Apoyo [de la Fiscalía]: pagos de servicios públicos, mantenimiento equipo electronicos pasajes terrestres, servicio de correspondencia, servicio de telefonía celular, suministro de alimentación y servicios generales”. La Fiscalía aportó 7.244 millones de pesos para salarios de los funcionarios judiciales.

Para la abogada Liria Manrique, defensora de algunos de los líderes judicializados por la EDA, estos convenios “permiten una asimetría judicial a la hora de defender a quien se opone a la industria que más ingresos genera al país”. La abogada cuestiona la entrada de capital privado al aparato judicial y se pregunta cómo esto no es calificado como un conflicto de intereses, cuando procesan a un líder que abiertamente se opone a la empresa que financia, en parte, la estructura de la Fiscalía.

Fuente: Convenio 3011412. Objeto del contrato entre Fiscalía y Ecopetrol

Se consultó Ecopetrol, vía derecho de petición, si considera que existe un conflicto de intereses cuando mantiene un convenio con la Fiscalía EDA, a la que apoya económicamente, y ésta a su vez lleva un proceso judicial contra una persona que es juzgada por presuntamente atentar contra la empresa. Esto, según Ecopetrol, “no atenta contra la independencia, imparcialidad y autonomía en la toma de decisiones dentro de las investigaciones que adelanta esta entidad (la Fiscalía), en las cuales Ecopetrol no tiene ninguna injerencia y su intervención especial se limita a lo que permiten las reglas del derecho penal en su calidad de víctima de estos ilícitos”, respondió la petrolera.

El 28 de mayo de 2019 se le preguntó a la Fiscalía, a través de un derecho de petición, sobre el funcionamiento y los criterios que adoptan las EDA para la identificación de los individuos que supuestamente pertenecen a organizaciones criminales. El 30 de mayo respondieron que pasaban la solicitud a la Dirección de Políticas Estratégicas. Esta dependencia respondió el 16 de julio que necesitaban mayor plazo para dar una respuesta. (Ver respuesta).

En medio de este silencio institucional, lo poco que se ha dicho públicamente sobre estos convenios parece indicar que todo marcha bien. El 17 de octubre de 2013, la Fiscalía describió, a través de un comunicado de prensa, los ‘buenos resultados’ de los convenios. Se estima que hasta ese año, la EDA realizó 813 imputaciones, que permitieron presentar a 934 detenidos ante un juez de control de garantías. Dentro del derecho de petición que Rutas del Conflicto y La Liga enviaron a la Fiscalía, se preguntó cuántos de esos casos terminaron en una condena. Tampoco hubo respuesta.

El sector de los hidrocarburos también ve con buenos ojos los convenios. En 2013, Alejandro Martínez, de la Asociación Colombiana del Petróleo, afirmó que “el sector petrolero miraba con enorme complacencia estos convenios porque se está llegando a unas mejores condiciones de orden público y seguridad a la industria, que hoy en día tiene el país para acelerar su desarrollo económico”.

Convenios de Fuerza y Justicia

Después de 23 años de vigencia, se sabe tan poco sobre estos acuerdos. Aunque la ley colombiana establece que toda la contratación con entidades estatales debe ser pública a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), acceder a la documentación sobre estos convenios es una tarea difícil. Para buscar un convenio en el Secop es necesario contar con el número de radicado, un dato que solo se puede encontrar en el mismo convenio. A esa dificultad se suma que la navegación de la herramienta web no es amigable con el usuario, y que estos documentos tienen un grado de confidencialidad y secretismo dado por el Ministerio de Defensa.

Para contribuir a la transparencia de la información pública, Rutas del Conflicto y La Liga Contra El Silencio desarrollaron el proyecto ‘Convenios de Fuerza y Justicia’, una herramienta que busca ofrecer información organizada y detallada sobre estos acuerdos de colaboración, los municipios donde están vigentes y las empresas involucradas.

A través de un mapa interactivo, el usuario podrá consultar información sobre 136 municipios donde hay o hubo convenios vigentes, sobre más de 70 empresas involucradas y el detalle de 200 convenios de colaboración suscritos entre 2004 y 2019. La información sobre el contexto de violencia en las regiones, los conflictos ambientales, los recursos destinados, las fechas de ejecución y algunos aspectos relevantes de cada documento están disponibles también para la consulta en este portal. Además, los preámbulos y algunas actas de liquidación de cada convenio están disponibles para la descarga.

Link de la base de datos: http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/#herramienta

*Esta investigación fue publicada originalmente el 24 de julio del 2019 por los medios Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio. Colombia2020 la replica hoy, luego de haberse conocido que Rutas del Conflicto aparece entre los medios y periodistas espiados y «perfilados» por el Ejército Nacional mientras adelantaban este reportaje. Esto según las revelaciones de la Revista Semana en su investigación: «Carpetas Secretas».

https://www.elespectador.com/colombia2020/petroleras-y-mineras-financian-la-fuerza-publica-y-la-fiscalia-articulo-917617

Criminalización de la protesta, Mexico

Intentan encarcelar a opositor a minera en Zacatecas

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
26/04/2020

Zacatecas, Zac., Presuntos integrantes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, adscritos a la Casa de Justicia de Mazapil, citaron al campesino Roberto de la Rosa de Ávila, delegado municipal de Salaverna, mediante un escrito dejado en la puerta de su casa.

De la Rosa Ávila encabeza la defensa de su comunidad contra la mina Ocampo Minning Tayahua, filial de Grupo Frisco, del magnate Carlos Slim Helú. El activista narró vía telefónica a La Jornada que la semana antepasada fue objeto de amenazas y provocaciones por ingenieros y otros trabajadores de la minera, que invadieron tierras de su propiedad para hacer trabajos de exploración minera.

En una segunda incursión, de-sesperado, sacó una pistola de calibre reglamentario (que usa para defenderse de bandoleros) y con ella amagó a los trabajadores de la minera que seguían explorando en su terreno. Sólo así lo escucharon y abandonaron sus tierras.

Acoso y presiones contra Roberto de la Rosa

Por esa acción, la compañía habría interpuesto una denuncia penal en su contra. Su abogado Efraín Arteaga Domínguez denunció el hecho y acusó a la minera de intentar encarcelar al hombre, mediante el acoso y presiones, para arrebatarle sus tierras y abrir en el sitio una mina a cielo abierto.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/estados/025n2est#.XqWZ8U9kGxc.whatsapp