…SEGUIDO A DIECINUEVE CAMPESINOS POR LAS PROTESTAS SOCIALES EN TORNO A LAS
VULNERACIONES DE DERECHOS GENERADAS POR EL PROYECTO MINERO “LAS BAMBAS”

Lima, 26 de julio del 2021
En una decisión absolutamente arbitraria que vulnera el debido proceso judicial, el principio de
juzgamiento dentro de un plazo razonable y la tulela jurisdiccional efectiva
El pasado 22 de julio, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, en segunda instancia,
declaró nula la sentencia que absolvía a 19 defensores de derechos humanos, miembros de comunidades
campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes fueron injustamente criminalizados
mientras ejercían su derecho constitucional a la protesta social en defensa de los derechos fundamentales
de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, datan del 25 de setiembre del 2015, fecha en la que las comunidades
de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido
informados ni consultados sobre las sustanciales modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto minero Las Bambas. Con dicha medida, absolutamente legítima, exigían que la empresa
minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más
álgido el 28 de septiembre de 2015, cuando la brutal represión policial produjo la muerte de 3 comuneros y
la detención de 21 campesinos de los cuales 19 continúan con proceso penal desde hace casi seis años.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, en una actitud arbitraria, vulnerando el
derecho al debido proceso judicial de los 19 defensores de derechos humanos antes mencionados, decidió
declarar la nulidad de la sentencia absolutoria dictada el 12 de marzo del 2021, además de anular parte del
Proceso Penal hasta la etapa de control de la acusación fiscal, con el argumento de que la sentencia no había
evaluado todas las pruebas de cargo y que el fiscal no había cumplido con precisar los hechos imputados a
cada defensor y las pruebas específicas que respalden sus imputaciones.

Al respecto, en el juicio oral se estableció, de manera fehaciente, de que la denominada Acta de Intervención
por la cual se habría registrado el hallazgo de un arma y dinamita en dos de los procesados, fue elaborada
vulnerándose las exigencias legales contenidas en el Código Procesal Penal y el procedimiento de
intervención y elaboración de actas de intervención y/o registro personal establecido en las propias normas
de la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, no se identificó al efectivo policial que habría elaborado dicha
Acta, no se identificaron en el Acta a los representantes de la fiscalía que sólo la suscribieron al final, no
contaban con las firma de los intervenidos, ni menos se consignó la razón del por qué no constaban dichas
firmas. Además, en el juicio se constató la contradicción del principal testigo de la fiscalía porque al declarar
inicialmente señaló que la intervención y hallazgo de armas y dinamita contó desde un inicio con la
intervención de la fiscalía, sin embargo, al recordársele que en la propia Acta se precisó que primero se da
la intervención y luego del supuesto hallazgo llaman a los fiscales, señaló que no estaban los fiscales, lo cual
llevó a concluir que los fiscales no estuvieron presentes en el momento mismo de la intervención.

También, la Sala Penal de Apelaciones llama la atención de que supuestamente en la sentencia de primera
instancia no se habrían evaluado otras actas como las de Registro Personal que si son firmadas por los
intervenidos, pero dicha Sala Penal no toma en cuenta que dichas actas fueron elaboradas seis horas después
de la intervención, en lugares distintos a la intervención y/o sin señalarse donde o en qué lugar se llevó a
cabo la redacción de dichas actas. Además, resulta falso que el juez penal no haya evaluado las pruebas decargo porque en la sentencia, expresamente, se señala que el acta de intervención fue elaborada en forma
desesperada y apresurada para intentar darle validez cuando en realidad no la tenía.

Finalmente, para declarar la nulidad de la sentencia la Sala Penal señala que en la acusación fiscal se
produjeron una serie de omisiones graves, como por ejemplo, no se cumplió con el principio de imputación
necesaria que consiste en que el fiscal debe describir al detalle que conducta ilícita habría asumido cada
acusado y que pruebas sustentarían en forma específica cada una de sus descripciones acusatorias, situación
que no se controló debidamente por el Juez Penal de Investigación Preparatoria distinto al Juez de
juzgamiento y que dictó la sentencia.

En relación a ello, desde FEDEPAZ rechazamos los términos de la sentencia expedida por la Sala Penal de
Apelaciones de Apurímac por vulnerar el debido proceso judicial: primero: porque el Juez de juzgamiento si
evaluó todas las pruebas de cargo y descargo, fundamentando, debidamente, su sentencia absolutoria y,
segundo: porque si quienes son responsables de perseguir el delito y sancionarlo (Ministerio Público y Poder
Judicial), en nombre del estado, son responsables de cometer graves errores en la tramitación de los
procesos penales, dichos errores no pueden, en modo alguno, a afectar el derechos de los procesados a ser
juzgado dentro de un plazo razonable, con mayor razón si ya fueron absueltos en primera instancia después
de un larguísimo proceso penal de casi seis años. Hacer lo contrario, como lo hizo la Sala Penal de Apelaciones
es trasladar la responsabilidad de dichos errores a los acusados ya absueltos, lo cual resulta en una
arbitrariedad.

En efecto, anular el proceso y retrotraerlo a la etapa de Audiencia de Control de Acusación, por la
incapacidad del Ministerio Público de formular su acusación respetando el principio de la imputación
necesaria y por la incapacidad del Poder Judicial de no efectuar un debido control jurisdiccional de dicha
acusación, es trasladar los perjuicios de dichos errores a los procesados que, igualmente, ven vulnerado su
derecho a obtener tutela jurisdiccional efectiva dentro de un debido proceso judicial.
Por el contrario, ante la falta de imputación específica y de pruebas necesaria por parte de la Fiscalía, se
debió disponer la confirmación de la absolución de los acusados y cerrar un proceso que demandó casi seis
años para su tramitación

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CooperAcciòn 08/07/2021
Imagen: Coaliciòn Regional
Como se ha recordado en las redes sociales, Mario Marcos López Huanca, de la Reserva Comunal El Sira, es el séptimo defensor ambiental asesinado desde que se inició la pandemia en el Perú. Las víctimas en nuestro país son, sobre todo, líderes indígenas que vienen resistiendo las embestidas de mafias de todo tipo: mineros y taladores ilegales, narcotraficantes y traficantes de tierras que buscan imponer el cambio de uso de suelos en los territorios.

Las amenazas continúan frente a la inacción del Estado peruano. El coordinador de las Rondas Campesinas de Chongoyape y defensor ambiental de Chaparrí, Wilson Bautista, acaba de ser agredido por 15 personas, en represalia por el desalojo de invasores que amenazaban el bosque seco. Lo mismo ocurre en Condorcanqui, con las amenazas permanentes que reciben los pobladores awajun y wampis de los mineros ilegales que buscan consolidar sus posiciones en la zona.

La gran mayoría de asesinatos y agresiones a defensores ambientales quedan en la total impunidad o los procesos para sancionar a los culpables son extremadamente lentos. Lamentablemente esta es una tendencia no sólo en el país, también es regional: por ejemplo, en el caso del asesinato a la ambientalista hondureña, Berta Cáceres, ocurrido el año 2016, la justicia de ese país, después de varios años ha declarado culpable como coautor al ex ejecutivo de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), Roberto Castillo Mejía.

La protección de los defensores ambientales debe ser una prioridad para el nuevo gobierno. Es inaceptable que sigan siendo abandonados a su suerte como ha venido ocurriendo hasta ahora. Ya son más de 220 defensores ambientales asesinados desde el año 2011 por proteger la tierra y los bosques en el Perú.

Por ello es importante que desde el próximo 28 de julio se pueda retomar la discusión sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú que da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: más de dos tercios de los asesinatos a defensores ambientales han ocurrido en América Latina, posicionada en los informes regulares de Global Witness como la región más afectada.

No hay que olvidar que la denominada Coordinadora Republicana y personajes como Francisco Tudela, el ex marino y ahora congresista electo Jorge Montoya, entre varios otros, lideraron la oposición a la ratificación de Escazú, con argumentos absurdos como que se iba a perder soberanía sobre nuestra Amazonía y que es un acuerdo entreguista. Finalmente los opositores a Escazú lograron el respaldo en el Congreso de partidos como Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Frepap, para la no ratificación.

Cabe señalar que Escazú es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible; el primer acuerdo ambiental regional de A.L. y el Caribe; y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Entre los tantos pendientes, la protección de nuestros defensores ambientales y la ratificación de Escazú debería ser una prioridad para el gobierno del profesor Castillo.

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Medida del Poder Judicial se aplica a los dirigentes Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.
01/07/2021
AREQUIPA. El último 19 de junio, la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundada la solicitud de suspensión de la sentencia que dictaba pena privativa de la libertad contra los dirigentes del Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.

Los magistrados Juan Luis Rodríguez Romero, Roger Pari Taboada y Manfred Verá Torres, resolvieron suspender la ejecución de la pena en lo que dure el procedimiento de apelación en segunda instancia. Sin embargo, ambos sentenciados quedan obligados a cumplir las reglas específicas de la comparecencia con restricciones que les fueron impuestas el 22 de mayo del año 2015. La decisión de la sala se fundamenta en que no existe peligro de fuga de parte de los procesados.

Como se recuerda, ambos dirigentes están siendo acusados de supuestos delitos cometidos durante las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María, en Arequipa. El 08 de enero del 2021 se dictó sentencia contra el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, sentenciado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín, mientras que el exalcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, fue condenado a 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) obtuvo una entrevista exclusiva con Jaime Trinidad de la Cruz, quien señala sus temores ante un conflicto latente y también cuestiona que su sentencia obedece a intereses políticos y económicos: ‘Si se instala el proyecto minero de ‘Tía María’, la contaminación afectará nuestras tierras, por eso como agricultores hemos ejercido nuestro derecho legítimo a la protesta, sin embargo, el poder político ha usado este proceso para criminalizarnos. Me han sentenciado a más de doce años, simplemente por el hecho de ser dirigente, no hemos cometido ninguna falta, por eso consideramos que es una persecución política, que buscar amedrentar a los dirigentes, así que estamos seguros que saldremos absueltos de este proceso’, manifestó.

Jaime Trinidad insiste en defender su inocencia y la de Mariano Cornejo, quienes durante estos seis meses han evitado ser detenidos gracias a que fueron refugiados por amigos, familiares y otros dirigentes.

‘’Nosotros no hemos cometido ningún delito, lo que está haciendo la Fiscalía es usarnos para marcar un precedente para que de hoy en adelante se criminalice la protesta social, y llevar a la cárcel a los dirigentes que defienden justos derechos, porque nosotros creemos es un derecho humano defender el medio ambiente, defender la vida, defender el agua, y en nuestro caso particular defender nuestro medio de vida como es la agricultura’’ relató para el OCM, Jaime Trinidad de la Cruz.

Cabe señalar que los integrantes del colegiado advirtieron que, ante cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas, tendrá lugar la ejecución provisional de la pena. De esta forma, el colegiado superior penal, dejó sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de los sentenciados. El próximo 03 de agosto se llevará a cabo una nueva audiencia para reafirmar la anulación de la sentencia.

Respaldo de la ONU

El 18 de mayo del presente año, la ONU emitió una nota de prensa exhortando al Gobierno de Perú a poner fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos medioambientales y a garantizar que el poder judicial del país no se utilice como medio para silenciarlos.

En el documento, se cita a Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y actual profesora adjunta de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín.

‘’Perú debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente’’, señala Lawlor.

En otro párrafo, Laylor declara textualmente que ‘’Las personas defensoras no deben enfrentarse a condenas de larga duración por ejercer su derecho a defender los derechos y el medio ambiente (…) Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas’’.
Fuente: Conflictos mineros
https://www.inforegion.pe/286358/tia-maria-suspenden-orden-de-captura-contra-dirigentes-del-valle-de-tambo/