Dayana Sánchez 24/02/2023

La minería y los industriales peruanos enfrentan un escenario riesgoso si es que una normativa actualmente en discusión en el Congreso sale a la luz.

Se trata de un proyecto que aprobó el Legislativo a finales del mes pasado, que, entre otras cosas, entrega mayores libertades a las organizaciones de usuarios de agua, constituidas como asociaciones civiles, en la gestión de los recursos hídricos. En el país, está, en el mayor nivel, la Junta de Usuarios del Agua (JU).

Según la regulación local vigente desde 2014, estas organizaciones cumplen la función de administrar y gestionar la infraestructura hidráulica pública de menor escala, permitiendo así el suministro del líquido a usuarios finales licenciados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

No obstante, la normativa actualmente en discusión en el Congreso -y criticada por el Ejecutivo-, busca precisamente dejar atrás la ley que establece funciones específicas y acotadas de estos grupos para la gestión del recurso.

Expertos, entonces, estiman que se puede abrir la puerta para la politización de la actividad y ocasionar inseguridad en el abastecimiento de agua para actividades productivas.

Las interrogantes
La gran preocupación del sector minero e industrial es en sí misma la libertad que se le dan a las agrupaciones para la toma de decisiones. De hecho, entre las facultades que se les entregaría está la administración y gestión de infraestructura hídrica mayor, así como la calidad de operador del servicio de monitoreo y gestión de agua subterránea.

Lo anterior podría impactar a la industria minera, porque para efectos de ese país, ese sector es considerado como un usuario con sistema de abastecimiento propio por lo que no requieren ningún servicio de suministro de agua para poder operar.

En este sentido, Julian Li, socio del área de Recursos Hídricos de la firma de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, dijo a DFSUD.com que “las Juntas están recibiendo facultades para hacerse cargo de infraestructura hidráulica mayor -como grandes reservorios de agua- y ahí sí podría haber un impacto en el aprovechamiento del recurso por parte de las mineras, en tanto hay proyectos que coordinan su operación con esta clase de infraestructura pública”.

La iniciativa plantea la posibilidad de que los usuarios no agrarios, como la minería y la industria, puedan participar en la JU para la toma de decisiones, pero no establece los mecanismos, ni las vías alternativas.

Lo que sí indica es la forma en que las decisiones podrían ser adoptadas, siendo esto otro punto de preocupación en el sector, dijo Li. Esto porque, da posibilidad a las asociaciones de, en segunda convocatoria, instalar asambleas sin un quórum mínimo con amplia libertad en la agenda para adoptar acuerdos.

“Si en primera convocatoria no se llega al quórum, en segunda convocatoria aunque haya 10 personas se puede instalar una asamblea general. El agravante es que esta normativa dice que con los que estén presentes también se puede ampliar la agenda y agregar puntos que no estaban en discusión”, explicó.

Ello preocupa, dijo, porque “la operación de infraestructura es una cuestión técnica; debe existir un control del Estado para la legitimidad de acuerdos y protección de minorías, tratándose de decisiones sobre bienes y recursos públicos. Históricamente siempre ha existido un péndulo entre mayores y menores facultades hacia estas organizaciones de usuarios”.

“Antes de 2008, por ejemplo, las Juntas daban opiniones vinculantes para el otorgamiento de licencias, lo que actualmente ya no ocurre, y muchas de sus características de organización y decisión fueron materia de control mediante la reforma de 2014”, añadió.

Claridad y precisión
Sobre esto último, el abogado indicó que la duda de la industria radica en “la precisión que se debe hacer sobre estos actores. La idea es que deje claro que este tipo de usuarios, como la minera, tienen la posibilidad de organizarse por separado y participar desde otra instancia en la gestión del recurso”.

Toda vez que, según apuntó Li, esa posibilidad está expresada en la Ley de Recursos Hídricos que a su vez es complementaria a la normativa que regula a las Juntas de Usuarios del Agua.

Otro aspecto relevante consiste en la posibilidad de que, con el solo reconocimiento como tales, las agrupaciones puedan ser consideradas como operadoras del servicio de monitoreo y gestión de agua subterránea.

Sobre ello, Li mencionó que “debería precisarse que esta condición -operador subterráneo- será previo otorgamiento del título habilitante de ANA, que garantice los recursos humanos, técnicos y financieros para ello y no se pretenda cobrar una tarifa sin prestar ningún servicio efectivo a los titulares de pozos en el ámbito de las Juntas”.
https://dfsud.com/peru/la-normativa-que-podria-poner-en-jaque-a-la-mineria-en-peru

Imagen: Red Muqui 07/07/2022
El miércoles 06 de julio, se desarrolló el Foro público “Miradas y perspectivas de cabeceras de cuenca, donde nace la vida” con la participación de especialistas y dirigentes de Apurímac, Puno y Cusco.

El evento, que se desarrolló en la Casa campesina del Centro Bartolomé de las Casas en la ciudad del Cusco, buscó articular saberes de especialistas y de dirigentes campesinos de las regiones del sur andino, que busquen alternativas para la preservación del agua frente a retos como el cambio climático.

El evento fue organizado por la Red Muqui, CooperAcción, Cedep Ayllu, Centro Bartolomé de Las Casas, APRODEH, Derechos humanos sin fronteras, Arariwa, IDECA, Isaías, Cadep.

La primera exposición estuvo a cargo del biólogo Wilfredo Chávez, responsable de la unidad de estudio del Instituto de manejo de agua y medio ambiente- IMA, quien señaló la importancia de la Ley de recursos hídricos y la Ley 30640 que destaca importancia de cabeceras de cuenca. En ese sentido dijo que es un concepto difícil de definir, y sobre todo de establecer hasta dónde son las cabeceras de cuenca en los territorios. Asimismo, que no hay una metodología clara para establecerlo.

“La norma no es clara sobre los instrumentos para garantizar la conservación de las cabeceras de cuenca. Los límites de las cabeceras de cuenca son difusos, el agua no entiende de límites. El agua puede discurrir en una cuenca de manera subterránea. No todas las cuencas tienen las mismas características, tienen diferentes rocas”, puntualizó Chávez.

Por su parte Ana Leyva, de CooperAcción, recordó que la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua del Perú.

“¿Quiénes van a hacer la zonificación de las cabeceras? Las empresas en sus Estudios de Impacto Ambiental. Esto es grave. Tenemos que actuar ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú que lo aprobó», señaló Leyva.

Asimismo, Henry Córdova del MOCICC recordó que los gremios empresariales como la SNMPE y la SNI reaccionaron en contra de las cabeceras de cuenca, pues señalaron que esa concepción atentaría contra la inversión privada. En esa línea recordó que cuando uno va a Cusco, Cajamarca, Piura, ve que hay un permanente conflicto con las poblaciones por la protección de las cabeceras de cuenca, por lo que las poblaciones son perseguidas. Por eso hay que exigir al Estado que se defina técnicamente las cabeceras.

Imagen: Red Muqui

Por su lado el Ingeniero Edwin Mancilla, del Concejo regional del cambio climático, dijo que es muy importante contar con las áreas de conservación, que van a significar que se podrá cuidar esas zonas. El agua necesita un cuidado especial, sobre todo frente al cambio climático como gran amenaza.

«Recién en adelante se va a tomar en cuenta la zonificación de las cabeceras de cuenca de acuerdo a los criterios que está señalando la Autoridad Nacional del Agua del Perú, pero las concesiones mineras que se dieron y están en cabeceras, ¿no se va a hacer nada?», señaló Mancilla.

Por otro lado, también intervinieron diversos líderes campesinos del sur andino, haciendo comentarios y contando sus experiencias de luchas por la preservación de las cabeceras de cuenca.

«Hemos visto quemas en los cerros de Cusco y el gobierno regional no tiene capacidad para apagar incendios. Cuando hemos sido dirigentes hemos apagado incendios con el pueblo. Como Federación Departamental Campesina del Cusco hacemos la siembra y cosecha del agua para su uso racional, pero ¿el Estado?», sostuvo un dirigente de la Federación Departamental Campesina del Cusco.

Un dirigente campesino de Chamaca, Chumbivilcas, señaló que «nosotros en las comunidades donde vivimos cerca a las cabeceras de cuenca, no sabemos lo que hace el Estado con nuestros territorios. ¿Cómo quieren codifican las cabeceras de cuenca? Defendemos el territorio y el agua para nuestro presente y futuro».

En un segundo momento de las exposiciones, intervinieron especialistas como Wallter Choquevilca, docente de la Universidad Tecnológica de los andes, quien destacó que la importancia de entender las cuencas como ecosistemas, un sistema integral y delicada convivencia donde todos los seres vivos estamos en interrelación. Puso de ejemplo que no puede haber actividades intensivas de ganadería o agricultura en la parte alta de la cuenca, pues afectarán a la parte baja de la misma.

Por su parte Marcela Machaca, de la asociación Bartolomé Ariypalla de Ayacucho, señaló que la cuenca no puede ser vista desde una concepción solo utilitaria. También señaló que el cambio climático está impactando con la reducción de glaciares y a las cabeceras de cuenca. Por eso es clave rescatar los conceptos quechuas del buen vivir y la convivencia con la tierra, para no sobre explotar los bienes de la naturaleza.

Imagen: Red Muqui

Posteriormente el foro tuvo un momento participativo. Las y los participantes realizaron grupos de trabajo, donde intercambiaron experiencias y saberes. Finalmente, el foro concluyó con exposiciones y reflexiones de los asistentes sobre el rol que cumplen las cabeceras de cuenca en las regiones y qué se debe de hacer para la protección y preservación de las mismas, con un enfoque del buen vivir y con demandas dirigidas al gobierno de Pedro Castillo para que se norme y asuma políticas públicas concretas para la preservación de las cuencas, como el tema de una ley de ordenamiento territorial. Se formó, asimismo, una comisión especial entre los asistentes, para redactar un memorial que será dirigido al gobierno central y autoridades regionales.
Puede ver la transmisión del evento en este enlace: https://bit.ly/3aigSQG

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Sector minero. A octubre, existen 184 conflictos latentes en el país, de los cuales el 43% están ubicados en las regiones del sur como Arequipa, Cusco y Puno. Éste último por el litio. ¿Qué soluciones se proponen ante esta problemática?