La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), emitió un pronunciamiento este martes dirigido al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para “recordarle”, que el Modelo Extractivo Minero, “por definición no es sustentable, toda vez que se trata de una actividad que se basa fundamentalmente en el uso de insumos no renovables”.

El pronunciamiento, hecho llegar a los medios de comunicación del país por la REMA, se advierte que “toda actividad minera por si misma genera daños ambientales y a la salud por la lógica de su implementación operativa, tenemos entonces una combinación maquiavélica y perversa, porque los daños son descomunales”, por lo que le exigieron al mandatario mexicano, cancelar sobre todo los proyectos de minería a cielo abierto, por ser ésta actividad minera “la más depredadora”.

A diferencia de la minería subterránea –que tampoco es sustentable-, sin embargo “prácticamente desde hace medio siglo, la minería dio un salto cuántico con el uso de técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas, que en conjunto significan cerros enteros, a tal grado que sólo en este periodo de 50 años ya se han extraído poco más del doble de la cantidad de metales que se extrajeron desde la llegada de la corona española a México”, explica la REMA, .

En este proceso, se modificaron las técnicas de extracción y empezaron a implementarse las técnicas “a cielo abierto y la de tumbe y relleno”, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente, “para lograr procesar la descomunal cantidad de material removido y extraer los metales de su interés con la ayuda de sustancias químicas como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico”, comenta.

“Si tomamos en cuenta estos aspectos, no hay forma que nadie pueda sostener de manera real, coherente y científica que hay minería verde, sustentable, amigable con el ambiente. Quienes promueven ese discurso de matices y maquillajes son los mismos de siempre, las multinacionales que utilizan a la ONU y otras instancias para mentir y seguir engañándonos, al igual que a usted, con que el progreso y desarrollo minero es el camino de los pueblos”, menciona.

Además el que las concesiones mineras que ha entregado el gobierno mexicano, en las últimas décadas, están comprometidas en los Tratados de Libre Comercio para asegurar la ganancia y el extractivismo de las empresas mineras a tal grado que, de amenazar su actividad, demandan a los gobiernos con millones de dólares por impedir su actividad altamente lucrativa a expensas de los pueblos y del medio ambiente, tal como ya sucede en México, agrega la REMA.

Por otra parte, la red analiza en su pronunciamiento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador “ni que decir de evasión o desviación o la omisión de los pagos hacendarios/impuestos, que realmente corresponderían a sus ganancias y, sobre el pago del impuesto minero a municipios, que ahora se propone sea directo a comunidades, la verdad es que no tiene caso ni opinar al respecto, porque es notorio el desconocimiento de lo que ello significa”.

“No respetan ni las débiles leyes mexicanas, ni las directrices internacionales, ni los convenios con las comunidades que, engañadas firman la depredación de la tierra: la ley minera que tenemos en México es un símil que Canadá impuso en toda América Latina, con lo cual le queremos decir, que de ninguna manera es cierto que en Canadá y en Estados Unidos la minería es cumplida, amigable y sustentable, sino todo lo contrario”.

La REMA también criticó con dureza el que Andrés Manuel López Obrador haya designado al frente de la subsecretaría de minería, en la Secretaría de Economía, a Francisco Quiroga Fernández, por ser ex empleado de importantes empresas mineras, y que en el sector público ahora, tendría conflictos de interés:

“De Quiroga, sabemos es un exdirector de empresas mineras, por ende, un promovente que le interesa el sector, pero en lo más mínimo los daños que ocasiona, y por ello va a cenar con los empresarios mineros, pero es incapaz de atender a los pueblos afectados por las empresas”.

Finalmente, la REMA le exige al presidente López Obrador, que dirija su mirada a la problemática minera que enfrentan cotidianamente “quienes han sido asesinados por defender la vida y el territorio, porque sus asesinatos son prácticamente carpetas de investigación, folders archivados, familias que se niegan a la impunidad y continúan persiguiendo a la justicia”.

Bernardo Vázquez, Mariano Abarca, Bety Cariño, Ismael Solorio y su esposa Manuela Ortiz, son algunos de los vacíos del corazón que cargamos por una política basada en el desastre y la violencia, que viven pueblos enteros y que todo ello empeora de manera significativa en aquellos que le dijeron sí a la minería, como Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, como en Salaverna, Mazapil, La Colorada y Chalchihuites en Zacatecas, como también sucedió en Cerro San Pedro de San Luis Potosí.

“No queremos más violencia del Estado para quienes resisten por la vida y luchan en contra del despojo y del desplazamiento forzado. Basta de persecución por parte del Estado en Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, en prácticamente todo el país. No nos parece ni correcto que usted señor Presidente, establezca agenda con dichos falsos sobre una minería sustentable, que no existe ni en México, ni en Canadá, ni en China”.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/08/20/modelo-extractivo-minero-no-es-sustentable-rema-4460.html?fbclid=IwAR2M-WEKG4TUNyLLxEOy9ZOhvb-JsrVFeoFpywgvIF0Q5Ci5xUfzpEvK1WQ

Los ciudadanos no están solos. En la primera protesta masiva contra Tía María en el 2011, los alcaldes de la provincia de Islay (Arequipa) acataron una huelga de hambre, indignados por la represión policial que se cometía contra los agricultores y trabajadores del Valle de Tambo.

«Nos despertamos cuando el helicóptero comenzó a lanzar gases lacrimógenos y balas. Las madres corrían con sus bebés y no sabían qué hacer para salvarles la vida, las personas de mayor edad estaban tiradas en el suelo, parecía un mal sueño”, contaba Richard Ale Cruz. En esa protesta contra el proyecto minero de Southern Copper, tres ciudadanos fallecieron: Andrés Taipe Choquepuma (22) recibió un balazo que le perforó el pulmón, Aurelio Huarcapuma Clemente (50) fue abaleado en el abdomen y Néstor Cerezo Patano (31) fue impactado en la cabeza con una bomba lacrimógena disparada desde un helicóptero policial.

En esa oportunidad, los ciudadanos protestaban al ver confirmadas sus sospechas: el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María que había sido aprobado por el Estado recibió 138 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS). Southern pretendía realizar su actividad extractiva en una zona agrícola usando agua del río Tambo. En el 2013, la minera presentó un nuevo EIA descartando esto (ahora utilizará agua de mar) y un año después el gobierno de Ollanta Humala aprobó el estudio. Ante la posibilidad de que se inicie la construcción de la mina, los ciudadanos de Islay volvieron a salir a las calles y protestaron entre marzo y mayo del 2015. Lamentablemente, más personas perdieron la vida por este conflicto socioambiental: el agricultor Victoriano Huayna Nina (61), el obrero Jenry Checya Chura (35) y el comerciante Ramón Colque Vilca (54), todos víctimas de balazos disparados por la Policía.

El policía Alberto Vázquez Durand (51) perdió la vida luego de recibir golpes en la cabeza y su familia responsabilizó a las autoridades que dieron la orden de intervenir en Islay.

Ocho años después de aquella huelga de hambre, Ale Cruz está de vuelta en la manifestación contra Tía María, ahora como alcalde del distrito de Deán Valdivia. En abril pasado, alcaldes de la provincia de Islay se reunieron y firmaron una carta dirigida al presidente Martín Vizcarra. En ella cuestionaban las declaraciones de ministros y empresarios sobre la viabilidad del proyecto. Durante la última semana, autoridades y dirigentes han pedido la presencia del mandatario en la zona para que escuche a la población.

Hasta el momento no hay respuesta a este pedido que vino desde Arequipa, pero lo que sí hubo en Lima esta semana fue una reunión entre empresarios mineros y representantes del Ejecutivo en el contexto de cuenta regresiva para el vencimiento del EIA de Tía María (31 de julio), fecha que era límite para otorgarle o rechazarle la licencia de construcción. Finalmente este martes, en un comunicado, Southern afirmó que el Estado ya le dio licencia a Tía María. La condición sería que la empresa inicie la obra, para la que se invertirán 1,400 millones de soles, previo diálogo con la población.

Si bien la oposición a la mina no parece ser tan organizada como antes, ya que la mayoría de dirigentes del 2015 están procesados judicialmente, los agricultores del Valle de Tambo no están solos. Para sacar adelante este proyecto, por el que se extraerían 1,200 toneladas de cobre al año, la minera y el Estado deberán afrontar también la resistencia de las autoridades locales. En el Vallo de Tambo, no han estado de brazos cruzados. Están preparados para la protesta. Esta es la posición de dirigentes y autoridades del Valle de Tambo y de Arequipa:

Richard Ale Cruz, alcalde de Deán Valdivia

«En el Valle de Tambo están diciendo que no a la minería y sí a la agricultura. Como autoridades democráticamente elegidas para hacer respetar lo que el pueblo lo dice. Yo siempre he dicho, soy firme defensor del medio ambiente, eso nadie me va a cambiar. Mi posición es clara: yo defiendo lo que es el medio ambiente y ahí estaré hasta mi muerte. Yo opino que no [Tía María] no va. Puede haber mesa de diálogo pero solo para decirles que la posición de la provincia de Islay es no al proyecto».

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/07/09/tia-maria-southern-copper-arequipa-licencia-construccion-protesta-rechazo-valle-de-tambo/jorgepaucar/?fbclid=IwAR0ulDbmeleX8pSn3jmCKkCkU9BttKxQ1vH6HobhR0wMaleAP9WniCQ-NQM

Los metales pueden afectar la calidad de la tierra y la producción de los frutales

Fuente:http://www.remamx.org/2019/06/confirman-metales-toxicos-en-predio/

En los últimos años el sector tecnológico y automotriz han crecido a pasos agigantados y con ello, el requerimiento de un material que pronto ha pasado a llamarse “el oro blanco” por sus excelentes cualidades para almacenar energía. Nos referimos al litio, un metal que no se encuentra de manera natural, y para el que se requieren grandes cantidades de agua para su extracción, generando diversos impactos ambientales y sociales en lugares como el Norte de Chile. Más detalles aquí, en este texto elaborado por Ladera Sur.

El litio es el elemento que encabeza la familia de los metales alcalinos en la tabla periódica y que corresponde al metal sólido más ligero, con una densidad que corresponde a la mitad de la del agua. Este sólo se encuentra en la naturaleza en forma de compuestos químicos, principalmente en salmueras naturales, pozos petrolíferos, campos geotermales, agua de mar, entre otros.

Desde que se desarrolló la primera batería de litio recargable en 1980, su utilización ha aumentado considerablemente en todo tipo de aparatos electrónicos, desde celulares hasta vehículos eléctricos. Y con ello la búsqueda de este preciado metal al que han llamado “el oro blanco” y que ha destacado como uno de los metales con mayor crecimiento en su demanda, debido a sus excelentes propiedades como conductor del calor y de la electricidad y por su capacidad de almacenamiento energético.

Fabricantes de vehículos como el Grupo Volkswagen ya están firmando acuerdos para garantizar el  suministro de litio, ya que tienen previsto antes del 2030 lanzar alrededor de 70 coches eléctricos entre sus marcas y nada de esto sería posible si no tienen acceso al componente clave de sus baterías. Por ello, se ha firmado un convenio con la empresa china Ganfeng Lithium, la cual suministrará a la empresa durante los próximos 10 años de litio.

El escenario chileno

Chile posee cerca del 52% de las reservas mundiales de litio en forma de salmueras o, en otras palabras, salares. La mayoría de ellos concentrados en el norte del país. Entre ellos, el más reconocido es el Salar de Atacama, uno de los salares más grandes del mundo, que cuenta con uno de los mayores potenciales a nivel global para la extracción de este metal debido a sus altas concentraciones de litio y bajo nivel de impurezas. De hecho, es precisamente esta zona a la que se ha denominado “el triángulo del litio” y que une otras reservas ubicadas en Argentina y Bolivia.

La extracción del litio ha sido materia de gran análisis debido a que nos encontramos con una demanda global en pleno crecimiento que permitiría posicionar de mejor forma al país en la economía mundial, pero que a su vez traería fuertes consecuencias medioambientales si no se toman medidas al respecto.

El litio se obtiene a través de un proceso de evaporación. Las salmueras, presentes en bolsones de líquido bajo la superficie del salar, son extraídas con pozos de bombeo que luego son transportadas a grandes piscinas de evaporación, en donde se espera que las diferentes sales se asienten. Luego, a través de un proceso químico, esta solución salina se transforma en carbonato de litio.

El problema de fondo está en que este proceso consume mucha agua, pues por cada tonelada de mineral se eliminan –por la evaporación–, alrededor de dos millones de litros de agua dulce. En materia medioambiental, este procedimiento ha traído impactos en el consumo y contaminación del agua, un suceso que repercute a su vez tanto a las comunidades que viven alrededor como a la flora y fauna.

En el seminario “Energías Verdes y Extractivismo en Salares” organizado por la Universidad de Chile y la ONG FIMA, la académica del departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antofagasta, Ingrid Garcés, detalló los efectos que genera la extracción del litio en las reservas de aguas de las comunidades de la localidad. La experta especificó que los procesos de bombeo de aguas, que contienen un 28% de sólidos disueltos, desequilibran el ecosistema de los acuíferos de agua dulce al salinizarlos.  “Lo que se tiene como aguas subterráneas, es decir, las reservas de agua de las comunidades para un futuro, se están viendo  totalmente amenazadas al salinizarse, por lo tanto, además de perder almacenamientos, el salar pierde su equilibrio”, concluyó.

Actualmente en el Salar de Atacama realizan extracción de minerales diversas empresas como Minera Zaldívar, Minera Escondida, SQM y Albemarle. Sin embargo, SQM y la compañía de Estados Unidos, Albemarle, corresponden a las dos grandes organizaciones que extraen mayor cantidad de salmuera, utilizando 1.700  y 442 litros por segundo, respectivamente.

El Presidente de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, constató a su vez en la charla, el desbalance hídrico existente en el Salar de Atacama, en donde puntualizó que la extracción del agua, haciendo una suma total entre salmueras y agua dulce, redondearía los 5 mil litros por segundo. “Esto quiere decir que hoy día el Salar de Atacama tiene una extracción cinco veces mayor de lo que  ingresa como agua a la cuenca”, agregó.

Por su parte, la académica del Departamento de Gestión Forestal y Medio Ambiente de la Universidad de Chile, Matilde López, expresó su preocupación por la desaparición de algunos caudales que se encontraban en la zona y por el riesgo que corren algunas especies acuáticas que dependen de estos ecosistemas. La especialista detalló que la laguna es el hábitat de varias aves acuáticas como el flamenco Andino, el Chileno y el de James, los cuales se alimentan de insectos y algas que se dan principalmente en estos lugares y que corresponden a la base de su alimentación.

En este aspecto, la directora de proyectos de la ONG FIMA, Gabriela Burdiles, detalló una serie de normas y proyectos tanto a nivel internacional como nacional en las que el Estado podría avanzar y mejorar. Entre ellas, mostró su interés por el proyecto de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual pretende proteger la biodiversidad biológica, preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental del país. “Este proyecto señalaría qué tipo de actividades se podrían realizar en el área protegida y que quedarían sujetas en un Plan de Manejo, el cual definiría cuáles son las actividades que son compatibles con el área”, dijo.  Sin embargo, agregó que es una tarea difícil ya que “hay figuras muy dispersas con distintos grados de protección, y no sólo porque un área este protegida oficialmente, tendría protección absoluta frente a un proyecto de inversión”.

Cada vez más se está optando por energías  renovables en el mundo dando paso a opciones que resultan más sustentables con el medio ambiente, como lo es la electromovilidad para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En este plano y con relación a la extracción del litio, Chile se enfrenta a la tarea de ejercer un uso responsable de sus materias primas y de buscar propuestas para la protección de sus ecosistemas.  Sobre todo teniendo en cuenta que ya en 2018 las exportaciones de litio representaron un alza de 1.200% respecto a 2003,sumando US$948 millones, y que según cifras entregadas por la Comisión Chilena del Cobre, se espera que su producción a cinco años crezca de aproximadamente 300.000 toneladas a 1 millón.

Fuente:https://www.theclinic.cl/2019/05/02/litio-la-encrucijada-entre-el-mineral-del-futuro-y-los-problemas-socioambientales-que-genera/

Anglo American  solicitará la aprobación ambiental del proyecto de US$3.000 millones para aumentar la producción de su mina Los Bronces  pero lo descartará  si los estudios indican que el plan podría dañar los glaciares de las cercanías o si existe una gran oposición por parte de comunidades locales en Chile.

El proyecto está muy cerca de la la capital chilena y afectaría glaciares. La compañía afirma que  “Todos nuestros datos demuestran que podemos extraer ese recurso sin dañar los glaciares y sin afectar el agua subterránea” pero sostiene que “No lo extraeremos si hay otras indicaciones, no seguiremos con el proyecto”.

La producción en Los Bronces, la mina de cobre más grande que opera la empresa, declinará en cinco años a medida que disminuyan las leyes del mineral. La ampliación productiva en el depósito, el cual registra actividad minera hace más de 150 años, podría llevar el volumen anual de 369.500 toneladas el año pasado a cerca de 400.000. La compañía planea usar nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia y excavar túneles subterráneos a fin de evitar daños a los glaciares cercanos. ”

Alrededor del 80 por ciento de los glaciares de Sudamérica se encuentran en Chile y estos cubren cerca del 3 por ciento de la superficie terrestre del país. El incremento de las temperaturas y la actividad minera han acelerado el derretimiento de glaciares andinos, explicó en junio Francisco Ferrando, profesor de Geografía de la Universidad de Chile en Santiago. Los glaciares Juncal Norte y Olivares Alfa, que se ubican unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y cerca de Los Bronces y la mina Andina de Codelco, se derriten más rápido que otros que están más lejos, detalló.    El desarrollo de la iniciativa se prolongaría por cuatro años y elevar la producción demandaría otros cinco. Muchas cosas podrían suceder durante ese período, especialmente porque la protección de los glaciares y el impacto de la minería en el delicado sector andino son objeto de debate en el Congreso chileno. Las dos minas se sitúan a unos 65 kilómetros de Santiago, donde viven más de 5 millones de personas, cerca de un tercio de la población chilena. Las iniciativas cercanas a Los Bronces y los glaciares cercanos son observadas de cerca por comunidades locales que se oponen a las actividades industriales y mineras sobre o bajo glaciares.

Anglo quiere iniciar el diálogo sobre sus planes en Los Bronces con las comunidades locales durante el segundo trimestre  aunque el proyecto no se desarrollará si hay oposición significativa. “Si la gente protesta contra esto, no podemos avanzar”, sostuvo el vocero de la empresa. “No podemos obligar a nadie”.

El destino del territorio está en manos de la gente.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/42632-glaciares-en-chile-las-comunidades-deciden

En los últimos años se han ensayado diversos enfoques sobre el extractivismo, que abarcan desde el énfasis en los impactos sobre el medio ambiente y los perjuicios a las poblaciones, hasta la re-primarización de la matriz productiva. Contamos con un amplio conjunto de trabajos que incluyen, también, las resistencias al modelo de minería a cielo abierto y de monocultivos para la exportación, así como propuestas alternativas asentadas, buena parte de ellas, en el Buen Vivir/Vivir Bien. Los análisis críticos tienden a compartir la tesis de que el modelo extractivo debe ser considerado como parte del proceso de acumulación por desposesión, característico del período de dominio del capital financiero (Harvey, 2004).

En paralelo, se comienza a considerar el extractivismo como una actualización del hecho colonial, en particular en el área de la minería, colocando el inicio de la explotación del Cerro Rico de Potosí (donde fueron sacrificados 8 millones de indios), en 1545, como el comienzo de la modernidad, del capitalismo y de la relación centro-periferia en la que se asientan (Machado, 2014).

Tomando estos análisis como referencias ineludibles, pretendo explorar someramente las formas de acción que están llevando adelante los movimientos para neutralizar/desbordar el modelo extractivo, bloquear la acumulación por despojo, revertir la militarización de los territorios, poner fin a la persistente degradación ambiental y la destrucción de los seres humanos. Considero que no se limitan, ni pueden hacerlo, a repetir los repertorios tradicionales del movimiento sindical, ya que se mueven en espacios donde las reglas del juego son diferentes.

El punto de partida de mi argumentación es que hoy los pueblos son obstáculos para la acumulación por despojo/desposesión. Harvey sostiene que el “principal instrumento” de la acumulación por desposesión son las privatizaciones de empresas públicas y que el poder estatal es su agente más destacado (Harvey 2004). En su argumentación coloca el ejemplo de Argentina en la década de 1990, que hoy podría aplicarse a buena parte de América Latina y a unos cuantos países europeos como Grecia y España, entre otros.

A mi modo de ver, el argumento de Harvey es enteramente válido para la porción de la humanidad que se encuentra en la “zona del ser”, pero para aquella otra parte que vive en la “zona del no-ser” (Grosfoguel, 2012), el principal instrumento de la acumulación

por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos ya que comparten los mismos objetivos. Esa es la situación que viven en nuestro continente las poblaciones cercanas a las minas y los monocultivos. “Prácticamente no existe poblador vecino de un proyecto minero que no tenga algún proceso judicial abierto” (Machado, 2014: 224).

La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo “normal” de operar del extractivismo en la zona del no-ser. El terrorismo de Estado que practicaron las dictaduras militares destruyó sujetos en rebeldía y pavimentó las condiciones para el aterrizaje de la minería a cielo abierto y los monocultivos transgénicos. Posteriormente, las democracias –conservadoras y/o progresistas- aprovecharon las condiciones creadas por los regímenes autoritarios para profundizar la acumulación por despojo:

“Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes -mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual- son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos” (Machado, 2014: 21).

Las privatizaciones afectaron básicamente a las clases medias urbanas y a las franjas de trabajadores vinculadas al Estado del Bienestar, sobre todo en el caso argentino. Para los sectores sociales donde nunca operó la inclusión ni se beneficiaron con el “bienestar”, las privatizaciones operaron apenas como la primera etapa del despojo. Indígenas, negros y mestizos, campesinos sin tierra, mujeres pobres, desocupados, trabajadores informales y niños de las periferias urbanas, están sufriendo lo que el EZLN ha definido como la Cuarta Guerra Mundial. Como en todas las guerras, se trata de conquistar territorios, destruir enemigos y administrar los espacios conquistados subordinándolos al capital:

La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. (Subcomandante Marcos, 1999).

La novedad de esta nueva guerra es que los enemigos no son los ejércitos de otros estados, ni siquiera otros estados, sino la propia población, en particular aquella parte de la humanidad que vive en la zona del no-ser. En suma: acabar con los pueblos que sobran, desertizar territorios y luego re-conectarlos al mercado mundial. Los modos de eliminar a los pueblos no son necesariamente la muerte física, aunque esta va sucediendo lentamente mediante la expansión de la desnutrición crónica y las viejas/nuevas enfermedades, como el cáncer que afecta a los millones expuestos a los químicos de los monocultivos y de la minería.

Los modos más habituales son la eliminación de los pobres a través de su exclusión: confinamiento en espacios cercados de policías y guardias privados en las periferias urbanas. El caso más extremo es la Franja de Gaza, y los más comunes se pueden encontrar en las barriadas de todas las grandes ciudades latinoamericanas. Muchas comunidades rurales cercanas a los emprendimientos extractivos, han sido aisladas y rodeadas por dispositivos militar/económicos que actúan como cercos materiales y simbólicos, como les sucede a las comunidades mapuche en la Patagonia, a los pueblos indios y afros en el Cauca colombiano, así como a los pueblos atravesados por el “tren del hierro” de la minera Vale en el estado de Maranhão y a cientos de comunidades en las regiones andinas.

Estamos ante dos genealogías diferentes. La que afecta a los pueblos del sur no cabe en el concepto de “acumulación originaria”, delineada por Marx en El Capital, para reflexionar sobre la experiencia europea. La expropiación violenta de los productores, lo que denomina como el “proceso histórico de escisión entre producción y medios de producción”, es el acta de nacimiento del capital pero también de los “proletarios totalmente libres” que serán empleados por la nueva industria (Marx, 1975: 893). Ese proceso de escisión por el que se crea una nueva relación social, capital-trabajo, fue tan real para Inglaterra como irreal en las colonias.

En América Latina los indios no fueron separados de sus medios de producción sino forzados a trabajar gratuitamente en las minas, mientras los negros fueron arrancados a la fuerza de su continente. En ambos casos se cometió un genocidio por el que la población originaria fue casi exterminada. Nació un capitalismo sin proletarios, en el sentido europeo que le da Marx, cuando señala que la expropiación de los productores fue “la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo propio” (Marx, 1075: 951). Los indios no tenían un concepto de propiedad privada como los campesinos ingleses, sino de comunidad, y consideraban la tierra como un bien común sagrado. La acumulación “originaria” no fue el “pecado original” del modo de producción capitalista, sino la forma constante de acumulación durante cinco siglos en base a la esclavitud, la servidumbre, el trabajo informal y la pequeña producción familiar/mercantil que, hasta el día hoy, son las formas dominantes de trabajo, siendo el empleo asalariado uno más entre los muchos modos de trabajo existentes (Quijano, 2000a).

En segundo lugar, en la América Latina india/negra/mestiza, históricamente el principal modo de disciplinamiento no fueron el panóptico ni los satanic mill, sino la masacre o la amenaza de masacre (léase exterminio), tanto en la colonia como en el período republicano, en dictaduras o en democracias, hasta el día de hoy: desde los 3.600 ametrallados en Santa María de Iquique, en 1907, hasta las decenas de muertos en Bagua en junio de 2009. Ambas masacres sucedieron bajo regímenes de democracia electoral, lo que indica el carácter de este sistema en la región. Sólo en Chile, en las siete décadas que van de 1903 al golpe de Estado de 1973, el historiador Gabriel Salazar enumera quince masacres (“ametrallaron a los rotos”), a razón de una cada tres años en promedio, considerando que la última abarcó todos los rincones del país y se cobró diez mil vidas (Salazar, 2009: 214). La organización Maes de Maio, creada por las madres de los 500 asesinados por los aparatos represivos en São Paulo en mayo de 2006, señala que entre 1990 y 2012 se produjeron 25 masacres contra habitantes de favelas, o sea jóvenes/ negros/pobres (Maes de Maio, 2014).

En tercer lugar, el Estado-nación latinoamericano tiene una genealogía diferente a la europea, como nos recuerda Aníbal Quijano. Aquí no se registró “la homogeneización de la población en términos de experiencias históricas comunes”, ni la democratización de una sociedad que pueda expresarse en un Estado democrático; las relaciones sociales se fijaron sobre la colonialidad del poder establecida sobre la idea de raza, convertida en el factor básico de la construcción del Estado-nación. “La estructura de poder fue y aún sigue estando organizada sobre y alrededor del eje colonial. La construcción de la nación y sobre todo del Estado-nación han sido conceptualizadas y trabajadas en contra de la mayoría de la nación, en este caso de los indios, negros y mestizos” (Quijano, 2000b: 237).

Los tres ejes anteriores explican la continuidad de la dominación y la exclusión de las mayorías, inferiorizadas racialmente, con independencia del régimen político y de las fuerzas que administren un Estado colonial. Con el neoliberalismo y la hegemonía de la acumulación por despojo, se produce además la “expropiación de la política” que en los casos más extremos, como México, Colombia y Guatemala, pasa por la articulación entre paramilitarismo, empresas extractivas y corrupción estatal, en lo que bien puede considerarse como una re-colonización de la política (Machado, 2014).