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Mirtha Vásquez sobre conflicto minero en Cotabambas: “Lo que pretendemos hacer es restablecer el diálogo y la paz”

La titular de la PCM indicó que se busca sentar la pauta de un “nuevo diálogo en el que se pueda escuchar a la gente”. Corredor Minero Sur lleva 10 días bloqueado.
Redacción EC
El Comercio
buenas.practicas@comercio.com.pe
27/19/2021
La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, acudió esta mañana al Grupo Aéreo N°8 del Callao para partir rumbo a Cotabambas, en Apurímac, donde se reunirá con autoridades locales – en la zona de Pisacassa – para tratar el conflicto minero en el lugar y que de momento mantiene bloqueado el Corredor Minero Sur.

Mirtha Vásquez llegó al Grupo Aéreo No. 8 junto a funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Economía y Transportes.

“Lo que pretendemos hacer es restablecer el diálogo y la paz en esos lugares. Conocemos sus justas demandas y es importante escucharlas desde el Estado”, precisó.

Vásquez añadió que se busca sentar la pauta de un “nuevo diálogo en el que se pueda escuchar a la gente y cumplir con los compromisos que están pendiente”.

También anunció que espera establecer un nuevo “relacionamiento con las empresas para que puedan trabajar conjuntamente”.

10 días de bloqueo

En el décimo día de bloqueo del Corredor Minero Sur en las provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac, los pobladores y dirigentes esperan la llegada de la primera ministra Mirtha Vásquez.

Desde el 18 de octubre, el Corredor Minero Sur de Las Bambas se encuentra bloqueado por las comunidades que habitan cerca del campamento minero.

La decisión de fuerza fue adoptada por las autoridades y dirigentes comunales luego de que se quebrara la última mesa de diálogo instaurada por el entonces primer ministro, Guido Bellido, el 17 de setiembre pasado.

“Estamos pidiendo tres puntos importantes, el primero es la restitución de la influencia del distrito de Progreso a la minera Las Bambas. También que cumplan los 9 ejes de la plataforma de lucha que están planteadas… nuestra movilización es pacífica”, indicó el dirigente distrital Mauro Quispe a RPP Noticias.
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/mirtha-vasquez-sobre-nuevo-empadronamiento-de-cocaleros-creo-que-ahi-sera-basico-la-fiscalizacion-y-control-nndc-noticia/

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MAPUCHES EN ALERTA, CIERRAN TRANQUERAS A LOS CATEOS MINEROS EN RÍO NEGRO

14/07/2021
La provincia otorgó 10 permisos de exploración a Ivael Mining S.A en una amplia zona de la cordillera y Región Sur. Las comunidades denuncian que no fueron informadas de manera previa y rechazan el ingreso de la empresa.
Fuente: Río Negro
Las comunidades mapuches de la cordillera están en alerta y decidieron poner candado a las tranqueras para expresar su rechazo a la exploración de minerales metalíferos en el territorio que autorizó la provincia de Río Negro a una empresa registrada en San Juan.

La Secretaría de Minería otorgó, a fines de abril, diez permisos de cateo para la exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría a la empresa Ivael Mining S.A, en una amplia jurisdicción que abarca 50.500 hectáreas desde Los Menucos hasta Pilcaniyeu y Ñorquinco, en el sur de la provincia.

La minera tiene personería jurídica en la provincia de San Juan y se dedica a la extracción de minerales no ferrosos, excepto uranio y torio. Específicamente en la región tiene el interés de buscar oro y plata.

El gobierno provincial publicó estos permisos exploratorios en el Boletín Oficial del 26 de abril. Esa es una de las exigencias del Código Minero para que los superficiarios de las tierras se den por notificados. Pero las comunidades mapuches que se encuentran en el territorio aducen que no fueron informadas de manera previa y recién se enteraron semanas atrás cuando representantes de la empresa Ivael Mining se presentaron en los campos, según precisó a RÍO NEGRO Newen Loncomán, consejero en representación de las comunidades mapuches, del Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci).

Las comunidades señalaron que en plena pandemia “se han presentado en nuestro territorio representantes de empresas mineras pretendiendo entrar a realizar exploraciones y extracción de muestras de rocas y suelo para futuras explotaciones mineras”.

Hay varias comunidades mapuches que se dedican a la producción agrícola y ganadera en la zona donde se iniciarían las exploraciones mineras. Según los permisos otorgados, se autorizaron los cateos Vista Alegre, Yanquihuen, Quila Mahuida y Ofelia en el distrito minero Jacobacci; además de los cateos Marinao Oeste, Calvo, Ojos de Toro, Loma Negra, Curva Oeste-Curva Este, del distrito minero Los Menucos; y el cateo María del distrito Cordillera, cerca de Ñorquinco.

Ante esta situación, las comunidades Amulenche (Mencue), Ragiñ Plang Curra Mew (Blancura Centro), Pilquiniyeu del Limay (Pilquiniyeu del Limay), Pulan Lafquen (Laguna Blanca), Newen Ñuke Mapu (Cañadon Chileno), Lof Mariano Epulef (Anecón Chico), Ancalao (Ñorquinco) de la Zona Andina, y referentes de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche, el Codeci Zona Andina y el Consejo de Participación Indígena Zona Andina, se reunieron en Mencué para dejar clara su postura ante esta “problemática realmente preocupante”, según definieron.

“Hemos decidido como comunidades y pobladores dispersos prohibir el ingreso de cualquier empresa minera a nuestros territorios comunitarios. No se ha respetado la consulta libre previa e informada y entendemos que el derecho Indígena está por encima del código minero”, expresaron en un documento firmado por todos los referentes de las comunidades afectadas.

Por eso hicieron un llamado a “cerrar las tranqueras ante el extractivismo minero” y consideraron que el Estado provincial “atropella” la autonomía comunitaria e incurre en la violación de los derechos indígenas.

“Lo que para el capitalismo son recursos pasibles de ser extraídos, para nosotros son fuerzas necesarias para que exista la vida. La megaminería no es producción, es extractivismo” dicen las comunidades mapuches.

El secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro, dijo a RÍO NEGRO que se cumplieron los pasos formales previstos por la normativa vigente, con la publicación de la solicitud de los permisos exploratorios y no recibieron objeciones en el plazo para impugnación.

También señaló que habitualmente se encuentran con inconvenientes con las comunidades mapuches porque no están en los registros de los organismos oficiales como ocupantes de las tierras. “Ya le hemos planteado meses atrás al Codeci que gestione esta información y trabaje de manera articulada con los organismos oficiales”, afirmó.

Los permisos a Ivael Mining S.A son para una “etapa inicial de exploración”, explicó Aberastain Oro, y agregó que en una instancia posterior, en caso de avanzar estas tareas con objetivo de explotar minerales, se debe dar intervención a un consejo técnico y realizar una audiencia pública. Aclaró que estos procesos pueden demandar muchos años, entre 15 y 20 y actualmente no hay mineras metalíferas que realicen extracción.

Este diario pudo conocer que, tras la negativa de las comunidades mapuches de dejar pasar a la empresa, representantes de Ivael Mining solicitaron una reunión con la autoridad minera.

Mapuches en alerta, cierran tranqueras a los cateos mineros en Río Negro

 

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Paradoja verde en la Unión Europea: vehículos eléctricos y minería del litio

La UE quiere vehículos eléctricos que la lleven a la carbono neutralidad. ¿Pero cuál es el costo para las comunidades que viven cerca de las minas de litio?
Emma Portier Davis 20/07/2021

Ilustración: Andrius Banelis / China Dialogue

La UE necesita descarbonizar su sector del transporte, que produce aproximadamente una cuarta parte de sus emisiones de CO2, para cumplir su objetivo de neutralidad climática en 2050. Para ello, quiere poner 30 millones de vehículos eléctricos en sus carreteras para 2030. Pero eso requiere mucho litio, un componente clave en las baterías.

En un plan estratégico sobre materias primas críticas publicado el pasado mes de septiembre, la Comisión Europea (brazo ejecutivo de la UE) preveía que Europa necesitaría ya 18 veces más litio en 2030 en comparación con el suministro actual de la UE para satisfacer su demanda de baterías para vehículos eléctricos.

Pero la UE no es productora de litio. Depende de las importaciones (el 78% procede de Chile, el 8% de EE.UU. y el 4% de Rusia), por lo que la gran pregunta que se plantea Europa es cómo se abastecerá del extra necesario. Mientras que Chile proporciona el 44% del suministro mundial y China es el siguiente con el 39%, la respuesta de la UE es explotar algunas de las muchas reservas de su propio territorio desarrollando nuevas minas. El resultado es una plétora de proyectos mineros que surgen en toda Europa.
La huella ecológica del litio

El plan ha enfurecido a los ecologistas por lo que uno de ellos, que no quiso ser nombrado, describió como la «horrible» huella ecológica de la minería del litio en el suelo, el agua y el aire, así como el aumento de las emisiones de carbono, que, irónicamente, es lo que la UE quiere frenar.

La fiebre por el litio, según los ecologistas, es difícil de cuadrar con el deseo de la UE de ser líder mundial en materia de cambio climático y legislación medioambiental.

«No sólo es una dicotomía, incluso me atrevería a decir que es una hipocresía, porque ahora mismo estamos tratando un tema de sobreconsumo que está impulsando la crisis ecológica y climática», dijo Diego Francesco Marin, especialista en justicia ambiental de la Oficina Europea del Medio Ambiente (OEMA), un grupo que agrupa a organizaciones de la sociedad civil.

La prisa por el litio es difícil de cuadrar con el deseo de la UE de ser líder mundial en materia de clima

Gurry señaló los planes de Río Tinto de abrir una mina subterránea de litio en el valle de Jadar (Serbia), que, según la empresa, podría producir lo suficiente para satisfacer las necesidades de la UE durante décadas. Pero se trata de una región en la que la principal actividad económica es la agricultura, la gente suele llevar una vida de bajo impacto y está muy apegada a la tierra.

«Desde el punto de vista medioambiental, este proyecto se vende como algo que nos acerca a la transición verde y a la energía neta cero, pero con un coste enorme», dijo. Río Tinto no quiso hacer comentarios.

En respuesta, un funcionario de la UE dijo a China Dialogue que la importancia económica y el riesgo de suministro para el litio han aumentado «significativamente» desde el último análisis en 2017. «Dada la relevancia económica y tecnológica de este recurso, así como las dependencias externas que genera, es nuestra responsabilidad garantizar que la economía europea pueda beneficiarse de un suministro sostenible y resistente de litio», dijo el funcionario.
El litio, la nueva materia prima crítica para los vehículos eléctricos

El plan estratégico del pasado mes de septiembre fue crucial para los mineros, ya que por primera vez incluyó el litio en su lista de materias primas críticas, que se benefician de un tratamiento especial en la estrategia industrial de la UE. Por ejemplo, pueden ser subvencionadas por encima de los niveles normalmente permitidos por la legislación comunitaria sobre ayudas estatales.

Esta ampliación de su lista se debe a las enormes interrupciones de las cadenas de suministro mundiales como consecuencia de la pandemia de Covid-19. A ello se suman las crecientes tensiones geopolíticas, sobre todo con China, que avivan los temores sobre las cadenas de suministro.

Johanna Lehne, responsable de políticas del grupo de reflexión sobre sostenibilidad E3G, dijo: «Hay una sensación creciente de que existe la posibilidad de que China utilice en el futuro el hecho de que otros países dependan de ella para estos materiales concretos, dado el contexto geopolítico actual».

Estas materias primas también forman parte importante de la doble estrategia industrial de la UE, anunciada en marzo, para promover la transición ecológica y la transición digital (para la que el litio también es crucial) y crear más empleo y crecimiento en Europa.
Normas más estrictas

La industria minera afirma que la extracción de litio es más limpia que antes y que, gracias a una legislación medioambiental superior en la UE, producir en Europa sería una forma más responsable de asegurar el suministro.

«La minería en Europa cumple las normas más estrictas y respeta toda la legislación. Y todos sabemos que tenemos mucha legislación, y con razón, una buena legislación, que está dirigiendo y equilibrando la ambición de la sociedad de la pura explotación a una sociedad equilibrada y sostenible», dijo Rolf Kuby, director de Euromines, una asociación del sector.

Sin embargo, mucho depende de la aplicación. Sara Matthieu, miembro de los Verdes del Parlamento Europeo, dijo: «Creemos que, en comparación con la mayoría de los lugares del mundo, las normas de la UE son más estrictas. Esto no significa que no haya problemas con las explotaciones mineras».


Lithium mining taking place in Salar de Uyuni, Bolivia.
Extracción de litio en el Salar de Uyuni, Bolivia. Es el salar más grande del mundo (Imagen: David Gysel / Alamy)

También depende mucho del tipo de extracción. El proyecto EuGeLi en Alsacia, dirigido por el grupo minero francés Eramet, extraería litio de las salmueras subterráneas utilizadas para producir energía geotérmica.

El director ejecutivo de Eramet, Christel Boies, dijo: «El problema crítico de la extracción de litio es el consumo de agua en zonas que ya están sobrecargadas. Tenemos 12 patentes sobre una tecnología que reduce considerablemente el impacto del uso del agua. Hay tecnologías, como la nuestra, que son realmente respetuosas con el medio ambiente».

Según el Consejo Europeo de la Energía Geotérmica, estos métodos de producción también son más limpios porque la extracción se realiza bajo tierra, no se liberan fluidos ni gases y, al utilizar la energía geotérmica renovable, son de cero emisiones.

Sanjeev Kumar, jefe de política del Consejo, afirmó que este método permitiría a Europa «evitar lo que vemos en Chile», donde se dedican enormes masas de tierra a la extracción de litio. También dijo que el potencial es enorme, citando la planta de Vulcan Energy Resources en el valle del Rin en Alemania, que podría producir suficiente litio para 400 millones de vehículos eléctricos.

Sin embargo, esto no satisface a los críticos. Marin, de la EEB, dijo: «Pero sigue sin responder a una pregunta más amplia. ¿Quiénes son las personas sobre el terreno que se van a ver gravemente afectadas por estos proyectos? Porque todos los proyectos mineros tienen una huella ecológica».
La demanda de litio

Independientemente de que el litio pueda extraerse mediante procesos limpios, muchos analistas no tienen claro que Europa necesite producir litio en su propio territorio. Tampoco está claro que necesite tanto como se ha proyectado.

Las proyecciones de demanda reflejan las políticas y ambiciones actuales. «Basándonos en diferentes tecnologías, por ejemplo, el uso del litio podría disminuir mucho, o basándonos en el [aumento] del transporte público, o simplemente repensando mucho cómo hacemos nuestras ciudades», dijo Marín en EEB, y añadió: «Si extraemos más litio nos encerramos en estas tecnologías porque no hay necesidad de una alternativa».

Señaló un reciente informe de la OCDE que prevé que las emisiones totales de CO2 del transporte, dadas las políticas actuales, seguirán aumentando un 16% en 2050, en comparación con los niveles de 2015. «Las reducciones de emisiones previstas por estas políticas se verán compensadas con creces por el aumento de la demanda de transporte», afirma el informe. Unas políticas más ambiciosas (que incluyan la movilidad compartida y una mejor planificación urbana) en las ciudades, por ejemplo, podrían suponer un descenso del 22% en la actividad del transporte urbano en comparación con las proyecciones actuales, y una consiguiente reducción de las emisiones de CO2 en dichas zonas de hasta el 80%.

También existen alternativas de litio para los vehículos eléctricos, incluidos los que funcionan con hidrógeno producido de forma sostenible. Sin embargo, los analistas afirman que es necesario investigar y desarrollar más en este ámbito.

«Los vehículos de hidrógeno podrían competir por una parte del mercado, pero dados los costes y las limitaciones tecnológicas y de infraestructura, es mucho más probable que el vehículo eléctrico domine la mezcla», dijo Maria Pastukhova, analista de políticas de E3G.

Las baterías de sodio son una alternativa atractiva a las de litio, ya que sus propiedades químicas son similares. El sodio está mucho más disponible y su huella ecológica es mucho menor, aunque Pastukhova dijo que, hasta ahora, las baterías suelen ser más pesadas y menos potentes. «Pero en los últimos años hemos visto algún desarrollo. Aun así, esta tecnología todavía no está madura y necesita mucha más inversión en investigación y desarrollo antes de poder competir con la de iones de litio en el mercado».

La eurodiputada afirmó que lo que debe hacer la UE es «adoptar un enfoque más holístico» en el sector del transporte. «Los coches, ya sean con motor de combustión interna o eléctricos, siguen siendo coches. Ocupan espacio y tienen una gran huella de carbono por todo el proceso de producción. La planificación inteligente de las ciudades, el impulso a la bicicleta, la reducción de las distancias a pie, las oficinas remotas, etc., son igual de necesarios».

Aparte de las alternativas para los vehículos individuales, los ecologistas sostienen que la estrategia de la Comisión Europea no presta suficiente atención al reciclaje de estas materias primas, lo que supone un nuevo obstáculo para la UE, que intenta librarse de su dependencia del petróleo pero parece correr el riesgo de sustituirla por una dependencia del litio.

Matthieu en el Parlamento Europeo dijo: «Debemos trabajar en políticas ambiciosas de economía circular, como requisitos ambiciosos de diseño de productos. También queremos aumentar drásticamente los índices de recogida de residuos».

El pasado diciembre se publicó una propuesta de reglamento sobre baterías que debería impulsar un mayor reciclaje. Río Tinto, por ejemplo, anunció en mayo un acuerdo con el grupo de tecnología de baterías InoBat para crear una cadena de valor de fabricación y reciclaje «de la cuna a la cuna». Esto significa producir componentes que puedan ser realmente reciclados al final de su vida útil, imitando el ciclo de la naturaleza donde todo puede ser reutilizado de alguna forma o devuelto al medio ambiente sin causar daños.

Lo que está claro es que los europeos están muy apegados a sus vehículos personales. Un informe publicado en junio por la Agencia Europea de Medio Ambiente mostró que las emisiones medias de los vehículos nuevos aumentaron en 2019, lideradas por el apetito por los vehículos utilitarios deportivos. Sus defensores dicen que esto hace más urgente el despliegue de más vehículos eléctricos, a pesar de la necesidad de tanto litio.

Henrike Hahn, diputada del Parlamento Europeo por Los Verdes, dijo: «Lo que hay que tener en cuenta es que, a menudo, el aumento de la aportación de materias primas críticas en las tecnologías verdes puede tener efectos netos beneficiosos para el medio ambiente. Al utilizar litio y cobalto en las baterías para construir vehículos eléctricos… se ahorran enormes volúmenes de combustibles fósiles necesarios para alimentar los vehículos con motor de combustión interna».

Para los habitantes de las numerosas zonas en las que Europa impulsa las minas, estos argumentos no cambian el hecho de que perderán tierras y un modo de vida establecido durante milenios para garantizar la comodidad de los habitantes de las ciudades, explicó Marín.

«La razón por la que lo llamo una hipocresía es porque decimos que sí, que vamos a llevar a la red cero, pero estamos recreando estas cuestiones que son coloniales en un sentido en el que la gente de las periferias está destinada a proveer el consumo del núcleo, que en este caso serían las grandes ciudades europeas».

Paradoja verde en la Unión Europea: vehículos eléctricos y minería del litio

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Continúan las protestas contra la minería y corrupción en Panamá

20/06/2021 Observatorio Socioambiental, Panamá

Se mantienen las protestas de calles contra el extractivismo minero en Panamá. La semana del 14 de junio del presente año, se dio la concurrencia de organizaciones civiles y ciudadanía en los distintos bastiones de lucha a nivel nacional contra la rampante imposición de convertir a la República de Panamá en un estado libre asociado a la explotación minera transnacional por parte del Gobierno de Laurentino Cortizo.

Ante la corrupción del gobierno que sumerge al país, sin dejar riqueza, la población de la Provincia de Veraguas despertó con la aprobación de la reactivación de la Minera Remance en el Distrito de San Francisco, a través de la Resolución N° 10 del pasado 12 de enero de 2021 y publicada en Gaceta N° 29220 del 17 de febrero de 2021. La cual el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) deja sin efecto la Resolución N° 79 del 26 de junio de 2018, con la cual se decidió cancelar por vencimiento la concesión de exploración otorgada a la empresa Greenfield Resources, Inc. mediante el contrato N° 12 del 27 de junio de 2012.

Este acto a tambor batiente, carente de transparencia y participación ciudadana, pone en marcha los trámites para que la empresa Greenfield Resources, Inc. en una zona de 2,400 hectáreas ubicada en los corregimientos de Remance, San Juan y San José, distrito de San Francisco pueda operar y extraer minerales metálicos (oro y otros).

La Mina de Remance, es conocida por los daños irreparables que dejó en la década de los 90, la generación de riqueza fue otorga de manera desigual entre el estado y la empresa extranjera, dejando contaminación ambiental por doquier y a la condena de la exclusión social a miles de familias campesinas de la región.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila
Audiovisuales: Pedro Galardini
Radio Temblor

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SOCIEDAD CIVIL HACE UN LLAMADO A SEDAPAL A DEFENDER EL AGUA DE LIMA

15/02/2021
Imagen: El Montonero
En un pronunciamiento publicado hoy, diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a la empresa proveedora de agua potable de Lima, Sedapal, para que mantenga una firme defensa de ese recurso natural en el proceso legal que se viene llevando contra el proyecto minero Ariana que pondría en riesgo las fuentes de agua de la ciudad.
“Ante la grave amenaza que representa este proyecto minero para el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima, por la posible ocurrencia de fenómenos naturales o fallas humanas que pudieran ocasionar un desastre como los ocurridos en otros países (Brumadinho, Mariana, Golfo de México), las organizaciones abajo firmantes exhortamos a SEDAPAL a mantener su firme defensa de nuestras fuentes e infraestructura de agua,” se señala en el comunicado, que cuenta con firmas de más de 40 organizaciones de la sociedad civil peruana.

Cabe recordar que el Poder Judicial ha citado a la empresa Sedapal para escuchar su posición frente al proyecto minero Ariana, que según diversas opiniones técnicas y de la sociedad civil, pondría en riesgo al acceso al agua potable de más de 10 millones de peruanos en Lima y Callao.

La jueza Rocío Rabines, del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y a cargo del caso, ha convocado a una audiencia para el 17 de febrero, antes de dictar sentencia sobre la demanda interpuesta contra la construcción del proyecto minero por parte de organizaciones de la sociedad civil, como son CooperAcción, Instituto de Defensa Legal, ex congresistas como Marisa Glave, Katia Gilvonio, técnicos independientes, entre otros.

Asimismo la empresa de agua potable Sedapal pidió a la jueza Rabines declarar fundada la demanda contra el proyecto minero Ariana, en un reciente escrito que fue remitido en enero de 2021. La institución ha sido citada a declarar en el marco de la demanda de amparo presentada por organizaciones de la sociedad civil en contra de la realización de este proyecto que se ubica en la misma zona que el sistema Marca, que provee de agua a más de 10 millones de personas que viven en la capital.

Ante las legítimas dudas sobre los impactos del proyecto Ariana, CooperAcción en alianza con Earthworks, solicitaron un análisis científico del perito internacional, Dr. Steven Emerman, para revisar los riesgos que podría acarrear la construcción de la presa de relaves de la mina. El experto internacional elaboró el informe en mención de fecha 12 de enero de 2021, que será presentado a la opinión pública este martes 16 de febrero a las 5:30 por la plataforma Wayka.

Lea el pronunciamiento completo aquí: PronunciamientoCaso Ariana PDF:

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Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

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Los temas mineros que podrían cambiar en la nueva Constitución

Existen dos temas constitucionales que podrían debatirse en la Convención Constitucional. El primero está relacionado con las obligaciones que tienen los que se adjudican las concesiones para el desarrollo de la industria minera y el otro con la concentración de estas concesiones y el proceso para adjudicarse un yacimiento minero.
30/01/2021
(La Tercera) Chile es el mayor productor y exportador minero del mundo. Según la proyección de Cochilco, hacia el 2031 se explotarán 7,095 millones de toneladas de cobre. A 40 años de la última modificación constitucional, hoy se abre nuevamente el debate en relación a las modificaciones que se podrían provocar en la industria minera a raíz del proceso constituyente que está en curso.

Y es que el tema minero es uno de los que cuenta con mayor desarrollo jurídico. No solo se encuentra en la Constitución sino que también tiene una Ley Orgánica Constitucional y también en el Código Minero. Por su nivel de alcance, es posible que se discuta bastante sobre minería en la Convención Constitucional.

La industria minera fue regulada a nivel constitucional por primera vez en el año 1971 con el objetivo de dar inicio a la nacionalización del cobre. En esa reforma constitucional se reconoció por primera vez el dominio patrimonial del Estado sobre todas las minas, es decir, Chile tiene la soberanía absoluta sobre los yacimientos mineros. En la Constitución de 1980, ese principio se mantuvo y se introdujo el tema minero en el artículo 19 n°24 de la Constitución actual.

Expertos y expertas en esta materia coinciden en que el dominio patrimonial del Estado es algo que debiese mantenerse en la nueva Constitución, sin embargo, es necesario fortalecer ciertos aspectos constitucionales para que la soberanía minera se haga realidad en la práctica.

Y en ese sentido, existen dos temas constitucionales que podrían debatirse. El primero está relacionado con las obligaciones que tienen las concesiones para el desarrollo de la industria minera y el segundo tiene que ver con la concentración de concesiones y el proceso para adjudicarse un yacimiento minero.
Satisfacer el interés público en la minería

En el país existen empresas mineras estatales y privadas. El acceso a yacimientos mineros se hace a través de concesiones,y las obligaciones que tiene el privado una vez que se adjudica la concesión están expuestas en el artículo 19 de la Constitución.

En el inciso 7 se determina que al obtener una concesión ya sea de exploración o explotación existe la obligación constitucional de “desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento”.

Para Patricia Núñez, abogada, experta en derecho minero y académica de la Universidad de Chile el concepto de interés público debiese ser repensado porque “es un concepto jurídico indeterminado, es tremendamente amplio”. Actualmente, ese concepto se traduce en el pago de una patente minera y para Núñez eso no es suficiente.

“El concepto hoy en día se interpreta que se entiende única y exclusivamente al pago de una patente minera. Estamos todos de acuerdo con que el interés público de acuerdo a lo que establece la legislación, solo se satisface con el pago de la patente minera. Lo que pareciera que eso hoy no es suficiente”, dijo Núñez.

Por ejemplo, las obligaciones de las concesiones, para Cristián Quinzio, abogado de la Universidad de Chile, deben fortalecerse. Según él, la acción del Estado frente al privado es “muy débil”. En ese punto, para él, la solución debiese estar en que además del pago de la patente minera, exista la obligación de realizar inversiones, y en el caso de que eso no se cumpla, se pague una multa aparte.

Para Quinzio además, el Estado debiese establecer un criterio que “justifique el otorgamiento de la concesión. Si alguien pide una concesión minera, lo tiene que hacer para realizar la labor minera”.
Concentración de concesiones mineras

Un segundo punto que posiblemente será discutido y que está relacionado con la obligación minera, es el que se refiere al acceso a concesiones.

La Constitución actual establece dos tipos de concesiones como método para la obtención de un yacimiento minero. La de exploración y explotación. En el inciso 7 se lee “dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirá los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional”.

Sobre las concesiones hoy se presentan dos discusiones. La primera tiene que ver con el acceso. El reglamento para hacer solicitud de un yacimiento está establecido en el Código Minero, y se hace a través de tribunales de justicia.

Según lo establecido en el Código Minero, se hace una presentación del perímetro que se quiere obtener, una vez aceptada la solicitud por tribunales de justicia, se hace una publicación en el Diario Oficial, y si nadie se opone a la obtención de la concesión, esta es adjudicada.

Para Eugenio Figueroa, profesor del departamento de Economía de la Universidad de Chile, ese proceso no es suficiente. La solución sería en este caso, entregar el recurso minero a quien ofrezca la mayor eficiencia en torno a la explotación de recursos naturales. Para él debería otorgarse “a aquellos que se han puesto más a tono con las técnicas, los que han buscado mejores mecanismos”. Para eso, debería ser modificada la administración concesionaria.

er indefinidas porque existe la costumbre de pedir un piso de concesiones de exploración, para luego pedir otro, antes de que venza el plazo”.

Para Alejandro Vergara, profesor de Derecho Minero de la UC, la discusión sobre la minería se ha producido precisamente porque ha habido “una concentración de concesiones mineras en pocas manos, las cuales no están siendo objeto de explotación, ese es el punto”.

“Se discute esto porque se ha producido una concentración de concesión minera en pocas manos las cuales no están siendo objeto de explotación ese es el punto. Entonces, quizás habría que establecer una mirada más amplia desde el punto de vista de las leyes de la competencia porque eso puede estar produciendo una posición dominante de aquellas empresas que concentran concesiones mineras”, agregó Vergara.

Lea también: [+VIDEO] Académico Alejandro Vergara y el proceso constitucional: “Hay gran consenso en regulación minera y dudo que cambie radicalmente”]
Ganancia nacional por el uso de recursos no renovables

Chile tiene dominio patrimonial sobre la minería. Por lo mismo, el privado que extrae los recursos naturales, debe pagar un royalty minero, es decir un impuesto especial por la extracción de un recurso no renovable.

Según el último informe de Cochilco, las 10 empresas de la gran minería privada en Chile, el año 2019 en total tributaron 2.703,8 millones de dólares. En cambio, Codelco y Enami tributaron 1.004,3 millones de dólares. Es importante destacar que la tributación estatal siempre será más alta que la privada porque tiene un impuesto especial, sin embargo, eso al parecer aún es muy bajo para expertos y expertas.

Para Julián Alcayaga, economista y director del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre menciona que “se ha hablado de que Chile regala la explotación de cobre porque el cobro del royalty es muy bajo en comparación a las ganancias anuales de las mineras”.

“Se ha hablado de que Chile regala la explotación de cobre porque el cobro del royalty es muy bajo en comparación a las ganancias anuales de las mineras. Posteriormente en los años siguientes, en la actualidad, más de la mitad de las empresas siguen declarando pérdidas por lo tanto, no pagan impuesto y tampoco pagan royalty. Y eso no es porque la Constitución disponga algo que permita eso, si no que son los gobernantes que hemos tenido que han permitido que eso sea así”, señaló Alcayaga.

En ese caso, la solución está en que el pago del impuesto se haga a través de las ventas realizadas por cada concesión.
La minería en el contexto internacional

Países latinoamericanos como Perú y México comparten ciertos reconocimientos constitucionales al igual que Chile. En ambos, el dominio patrimonial del Estado se consagra en materia minera.

En el caso de Canadá y Australia, son los gobiernos quienes se encargan de administrar los yacimientos mineros y otorgar concesiones. En Estados Unidos, son los gobiernos federales quienes están a cargo de conceder al privado los yacimientos mineros y la operación minera se rige a partir de lo que dictamina cada estado federal.

En todos los casos a nivel minero existe algún grado de control estatal sobre las minas. El caso canadiense ha sido catalogado como ejemplar principalmente por su gestión en relación al impacto ambiental. La legislación determinó cuatro categorías de yacimientos mineros que podrían ser explorados y explotados y las zonas urbanas y lugares con alto impacto ecológico están prohibidas para el desarrollo minero. Además, hay una constante fiscalización ambiental y estrictos protocolos de impacto que permiten un desarrollo más sustentable.

En materia de concesiones a nivel internacional, el otorgamiento de zonas mineras es distinto en comparación a Chile. Si bien, en la mayoría de los países existen dos tipos de concesiones (exploración y explotación), Chile es único a nivel internacional que otorga concesiones a través de tribunales de justicia según la zona en donde se esté solicitando el yacimiento.

En Perú, las concesiones se otorgan a través de leyes especiales estipuladas en la Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales. En México según la Ley Minera, es responsabilidad de la Secretaría, Secretaría de Energía y del Ejecutivo Federal evaluar el otorgamiento de una concesión, a partir de los estudios que se entreguen.

En tanto, en Australia, en una primera instancia se debe solicitar una concesión por exploración y una vez que se estudia el terreno, se solicita un derecho minero que permite explotar el yacimiento. Todo eso debe ser sometido a estudio y las autoridades deben determinar si existe el mineral suficiente para explotar.

Por su parte, en Canadá hay un sistema de acceso libre a concesiones, y son las autoridades de correspondientes provincias que deciden a quién adjudicar el yacimiento minero. Además, depende de cada provincia la duración de la adjudicación de concesiones.

Y en Estados Unidos quienes localizan un yacimiento minero obtienen el derecho privado de explotación. Y, en el caso de que se solicite un yacimiento que ya había sido identificado por Gobierno Federal correspondiente, éste se traspasa al privado.
https://www.mch.cl/2021/01/30/los-temas-mineros-que-podrian-cambiar-en-la-nueva-constitucion/

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Enel planea aumentar capacidad de hidrógeno verde para 2030 y adelantar fin del carbón al 2027

24/11/2020
En el marco de su Capital Markets Day, el CEO de la italiana, Francesco Starace, anunció que esperan movilizar inversiones de 190.000 millones de euros en los próximos 10 años.

Desde Roma y vía telemática, la italiana Enel presentó esta mañana su Plan Estratégico 2021-2023, con la visión puesta en 2030, asumiendo que será una década de profunda transformación. El grupo, que puso en el centro de su estrategia la aceleración de la transición energética, anunció que espera movilizar inversiones de 190.000 millones de euros en los próximos 10 años. Mientras, dentro de tres años, se planea invertir directamente alrededor de 40 mil millones de euros.

“Con este nuevo Plan Estratégico estamos marcando un rumbo para los próximos 10 años, movilizando 190 mil millones de euros en inversiones para perseguir nuestros objetivos en una década llena de oportunidades”, sostuvo el CEO del grupo italiano, Francesco Starace, quien además enfatizó que la regulación jugará un rol fundamental.

Con el foco puesto en triplicar la capacidad renovable al 2030, la italiana destacó el almacenamiento en baterías en medio de la necesidad de flexibilidad que impone el crecimiento de las energías renovables cuyo potencial -según indicó el grupo- se espera que alcance unos 20 TWh en 2030.

Pero también, Starace hizo especial mención al hidrógeno verde, el denominado combustible de futuro, donde ya tienen proyectos en desarrollo en Estados Unidos, España, Italia y Chile. En este último caso, junto a AME y los posibles socios ENAP, Siemens Energy y Porsche, para impulsar el primer piloto de producción de hidrógeno verde en el país a través de un electrolizador alumentado por energía eólica, en la Región de Magallanes.

Dijo esperar importantes oportunidades en el segmento del hidrógeno verde, por lo que el grupo prevé integrar electrolizadores con plantas renovables que produzcan electricidad para la venta directa o servicios auxiliares, vendiéndose también hidrógeno verde a clientes industriales. Así, anunciaron, que planean aumentar su capacidad de hidrógeno verde a más de 2 GW para 2030.

En el marco de su Capital Markets Day, Enel aseguró que se adelantará la fecha del fin del carbón desde el 2030 al 2027. “Como resultado, se espera que la producción libre de emisiones alcance alrededor del 85% en 2030 desde aproximadamente el 66% estimado en 2020”, precisaron.

Enel planea aumentar capacidad de hidrógeno verde para 2030 y adelantar fin del carbón al 2027

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Ante inminente votación de indicaciones de ley de glaciares: Chile necesita imperiosamente ley que garantice protección de todos los glaciares y sus ambientes.

Lo único razonable es proteger el 81% de los glaciares de América Latina que se encuentran en Chile y que son las fuentes y reservas de agua dulce más importantes que nos quedan para el consumo humano y la vida de los ecosistemas.
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Ante la inminente votación de las indicaciones del proyecto de ley de glaciares emanado del Senado en el 2018 y que descansa por negociación del Gobierno en la Comisión de minería, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares conformada por más de 30 organizaciones afectadas y amenazadas en sus glaciares desde la Región de Atacama a Aysén que llevamos más de 15 años exigiendo una ley de glaciares, declaramos lo siguiente a los Senadores y a la opinión pública:

1-Chile acumula seis mociones de proyectos de ley de protección de glaciares desde 2005, el mismo año en que explota el conflicto por el Proyecto Pascua Lama y que puso el tema en el centro del debate. Estos proyectos no han llegado a puerto solo debido al poderoso lobby ejercido por el sector extractivista, sobre todo minero. Nuevamente, este sector fue denunciado la semana pasada por senadores de oposición de esta Comisión por seguir presionando en favor de sus mezquinos intereses, esta vez a través del propio Gobierno.

2. Como comunidades y pueblo de Chile no estamos dispuestos a que el poder de dinero siga jugando con nuestro futuro y bienes comunes, MENOS CON LOS VIENTRES DONDE SE GESTA EL AGUA. Esta discusión hace tiempo que no es técnica, si no que apela al sentido común. Y es simple, NO SE PUEDEN SEGUIR DESTRUYENDO Y AFECTANDO LOS ECOSISTEMAS GLACIARES QUE NOS DAN LA VIDA. TODOS LOS GLACIARES Y SUS AMBIENTES (periglaciar y permafrost entre otros) DEBEN SER PROTEGIDOS. Pascua Lama lo ha vuelto a reconfirmar: la megaminería en la naciente de las aguas y sobre el ecosistema glaciar es INVIABLE Y NO SE PUEDE CONCEBIR NUNCA MÁS.

3- Para nosotres, personas, comunidades indígenas y no indígenas, y organizaciones defensoras de los glaciares, estos son entidades vivas, dotados de fuerza vital. SON SAGRADOS. Son las fuentes, vientres del agua y la vida. Constituyen parte del Patrimonio Ambiental de la Tierra y de la Humanidad. Creemos que es necesario alejarse de la visión utilitaria que los considera meras reservas de agua dulce, pues, tal y como lo dice la Corte Suprema esta noción implica que se podría disponer de ellos en el futuro próximo o lejano[1]. Lo que necesitamos entender es que requerimos de su permanencia para que los flujos del agua que nos abastecen y permiten nuestra vida como la de los ecosistemas, continúen.

4- A partir del análisis colectivo que quedó plasmado en nuestras “Bases comunitarias para la protección y preservación de los Glaciares”[2] que también hicimos llegar a la Comisión del Senado, se debe comprender que la protección de los glaciares requiere ampliar nuestro marco y concebirlos como parte de un sistema: el Glaciosistema[3], que a su vez forma parte de la criósfera, que se refiere a toda forma natural con presencia de hielo y temperatura bajo 0° en la corteza terrestre. Además, son patrimonio ambiental asociados a diversas expresiones culturales y cumplen un rol social importante, sobre todo en comunidades campesinas e indígenas cordilleranas. Entendemos también que los glaciares son fundamentales para la vida de los pueblos, comunidades ecosistémicas y para el planeta en su conjunto, sobre todo al ser retardadores del cambio climático.

5- En este sentido, proponemos y defendemos una ley de idónea generalidad que propenda a la protección de todo el ecosistema glaciar. Eso es lo que corresponde en un país con una sequía de más de 11 años, donde el 70% de la población se abastece de agua de glaciares, y en un desolador contexto de cambio climático, en gran parte generado por la acción de las mismas empresas que hoy quieren seguir destruyendo el planeta.

6. Denunciamos que en un intento desesperado, el sector minero vuelve a recurrir a “expertos” o “técnicos” cómplices, que no son más que velados lobistas de las empresas para que sean voceros de falacias que apoyen sus sucias estrategias para intentar de limitar por sexta vez la protección de los Glaciares en Chile. Esta vez, por medio de ex directores del Instituto de Ingenieros de Chile (IING) por medio de reciente informe anunciado en carta en El Mercurio: Jaime Illanes Piedrabuena, ex presidente del IING y dueño de consultora Jaime Illanes Consultores y que entre sus clientes está Anglo American para el proyecto de expansión de Los Bronces; Luis Valenzuela Palomo, ex presidente del IING y director de la consultora Arcadis una de las principales empresas de consultorías ambientales quien cuenta entre su cartera de clientes a Barrick Gold; Humberto Peña Torrealva, de consultoría DIAGUA y ex Director General de Aguas, director del IING; José Adolfo Moreno Correa, abogado socio de oficina Moreno, Saez & Aviles, misma que representa a Alto Maipo.

7. Estos, y quienes se cuelgan posteriormente de la velada acción, sacan del diván los mismos viejos argumentos que los acompañan hace 20 años y repiten la incansable cantinela de que “la protección de los glaciares puede convivir con la minería”, e incluso, sobre pasando todo límite, llegan esta vez a decir que los glaciares no son un recurso hídrico estratégico. Hastiados por tamaña aberración, como comunidades exigimos seriedad en el debate y que cese el engaño al pueblo de Chile. La minería sustentable no existe. Por definición, decir esto es incorrecto ya que los minerales que extrae jamás serán repuestos por la naturaleza, por lo menos no a escala humana. Además, en el ejercicio de extraerlo se destruyen los glaciares y sus ambientes, los que tampoco son restituibles a dicha escala. La minería tampoco es responsable, bien lo sabemos las comunidades y los trabajadores que han cargado con enfermedades producto de la contaminación. A estas alturas y con el nivel de empoderamiento del pueblo chileno, esta blasfemia es INACEPTABLE y culturalmente como sociedad no lo podemos seguir admitiendo. Insistimos: la minería en glaciares no puede ir más. Por ejemplo y para corroborar nuestro argumento: en el caso de los glaciares rocosos, al año 2010 se han perdido por lo menos 3,27 kilómetros de glaciares, equivalentes a 34,7 millones de metros cúbicos[4] de agua por la acción de Codelco, Pelambres, Barrick y Anglo American, sin contar la superficie de glaciares descubiertos que también están contabilizadas y las que faltan por agregar. Finalmente, no es tolerable seguir relativizando la importancia de los glaciares bajo el argumento de que solo se deben proteger a partir de su “eventual aporte” a las cuencas, como poniendo en duda de que el ecosistema glaciar es fundamental en su conjunto y que los glaciares lo son independiente de su tamaño. Los glaciares están siendo centrales hoy en el abastecimiento de agua en las zonas más golpeadas por la mega sequía. Estudios recientes dan cuenta, por ejemplo, de que el caudal de verano del Río Aconcagua[5] proviene en un 34% de glaciares y en un 23% de glaciares de roca. Por su parte, el 40% del caudal de Río Maipo[6] en los meses de febrero y marzo proviene de glaciares.

8. A la fecha, los glaciares se manejan conforme a una concepción utilitaria que insiste en la ficticia nomenclatura de “protección” por medio del Sistema de Evaluación Ambiental y en áreas protegidas (que se pueden desafectar). Hoy, hay más de 34 proyectos hidroeléctricos y mineros en zona de glaciares, tanto en etapa de explotación como de exploración, lo cual está bajo conocimiento del Sernageomin, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), o el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este último ha permitido una serie de proyectos en glaciares que han terminado con su destrucción u afectación, de los cuales Pascua Lama es la muestra concreta de que es imposible la convivencia extractiva con el resguardo de los glaciares. Dicho proyecto se aprobó con la condición de no afectar, remover o destruir glaciares, pero todo Chile ya sabe qué ocurrió. Finalmente, es bueno recordar que la Corte Suprema (Oficio N° 110-2016) ya cerró la puerta a esa posibilidad y fue clara en 2016 al definir que los glaciares son un patrimonio ambiental y, por lo tanto, intocables y no deben ingresar al SEIA. De hecho, insistir en ese camino es inconstitucional pues vulnera el principio de no regresión en materia ambiental, así como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Asimismo, no proteger todos los glaciares y sus ambientes es vulnerar los Derechos Humanos, tal como dispuso en año 2015 el Instituto de Derechos Humanos, sustentado en la legislación tanto nacional como internacional.

9. Exigimos dejar de considerarnos un “país minero”, algo que a estas alturas se carga como un yugo y ominosa obligación congénita, Tenemos derecho a reinventarnos, sobre todo ante una actividad extractivista que genera más costos que aportes. La contaminación de las aguas, la destrucción de los glaciares y los problemas de salud que dejan los proyectos mineros empobrecen y precarizan a los territorios devastándolos e imposibilitando la vida y el desarrollo de actividades productivas distintas que, por definición, son y pueden ser sostenibles y ejecutarse respetando la naturaleza. A estas alturas, la minería ya no es “el sueldo de Chile”. El 71% de la producción está en manos de privados y solo el 29 %, de CODELCO. Cabe también destacar que, en los últimos 10 años, su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del país ha descendido por debajo de los dos dígitos, llegando en 2019 a solo el 6,1% (privados: 4,5%; Codelco: 1,7%). En consecuencia, hoy son otros sectores quienes sostienen el arca fiscal, donde el primer lugar lo ocupan los servicios financieros y empresariales (15,3%), luego servicios personales (11,3%) y posteriormente la industria manufacturera (10,4%), seguido de comercio, restaurantes y hoteles (11,1%)[7] y, al final, la minería (9,9%). Por lo mismo, exigimos que Chile enfrente su futuro como PAÍS GLACIAR, lo que permitirá ser fuente de vida para seguir habitando y produciendo en este territorio de maneras diversas. No es un dato menor que de los 117 conflictos socioambientales identificados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 29 de ellos están relacionados con proyectos mineros. Las comunidades hace rato estamos clamando por un cambio de la matriz económica y del modelo económico del país.

10. Por todo esto, apelamos a decisiones razonables y racionales que protejan todos los glaciares y sus ambientes. Las comunidades que vivimos de los glaciares y el pueblo de Chile no permitiremos una mala ley, es decir, una que no proteja todos los glaciares y sus ambientes. Por ese motivo le exigimos a los Senadores que rechacen todas las indicaciones del Gobierno y del oficialismo que intenta, al igual que lo hizo Bachelet en el 2015, engañar al pueblo, dejando una ley cuyo solo título habla de protección de glaciares, pero que finalmente es una herramienta que permite y legaliza su destrucción y afectación. Exigimos también que el proyecto abandone la Comisión de Minería –que fue la moneda de cambio que impuso el Gobierno para aprobar su discusión– puesto que ya se han superado con creces los 30 días de revisión en dicha instancia, que fue el acuerdo inicial. El proyecto debe pasar a la Comisión de Medio Ambiente, donde le corresponde estar.

11. Finalmente y conscientes de que estamos en pleno proceso constituyente, queremos destacar que Chile cambió y que hemos iniciado un camino que no se detendrá. En este momento, la hoja de ruta de todos debería ser lograr la protección del ciclo del agua, así como su desprivatización, donde todos los glaciares sean reconocidos como bienes intocables y Patrimonio Ambiental de la Humanidad y de los pueblos de Chile.

Este debate responde a lo que como país nos tocará enfrentar en un futuro cercano que a todas luces se ve muy desolador dada la crisis ecológica mundial. Ante eso, las respuestas no pueden estar sustentadas en lógicas de hace 30 o 40 años, que es hacia donde apuntan quienes llevan a cabo esta verdadera campaña del terror en contra de la protección de los glaciares y sus ambientes.

Podemos vivir sin megaminería, pero no podemos vivir sin agua.

Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares
Contactos:
María Jesús Martínez 9 6397 0135 / Constanza San Juan 9 6241 3008/ Stefanía Vega 9 8441 0094
E-mail defendiendo.glaciares@gmail.com
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[1] Corte Suprema. Oficio N° 110-2016. Informe Proyecto de Ley N°26-2016. Chile. 8 de agosto de 2016. Considerando cuarto.

[2] Recurso disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/2020/01/08/chile-pais-glaciar-comunidades-presentan-bases-para-la-proteccion-de-glaciares/

[3] Concepto acuñado por el ex académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Geógrafo especializado en glaciares Francisco Ferrando.

[4] Glaciares de Chile: El lobby minero y el tortuoso camino para protegerlos. Recurso disponible en: http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2020/06/Cartilla-Glaciares-de-Chile-2020.pdf

[5]https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/de-donde-viene-el-rio-aconcagua-estudio-analizo-su-origen-y-su-actual-regimen-de-alimentacion/LWBEFIEMYRH7TNGMGLASVCULEU/

[6] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/08/14/994984/Cambo-climatico-glaciares-rio-Maipo.html

[7] Todos datos del anuario estadístico de COCHILCO, 2017, 2018 y 2019.

Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)

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Argentina suma democracia ambiental: Se ratificó el acuerdo de Escazú

Fuente:FARN
“La ratificación de Escazú se logró en un momento clave, ya que el Acuerdo otorga herramientas fundamentales para hacer frente a la emergencia sanitaria y sus muy severas consecuencias económicas y sociales. Cuando, además, la crisis climática nos golpea de manera directa al agravar las consecuencias de los incendios intencionales propagados por gran parte del territorio nacional, todo lo que signifique proteger personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad es no solo bienvenido, sino absolutamente necesario. Por eso celebramos que Argentina se haya convertido en el décimo país en ratificar. Estamos, ahora sí, a un paso de la entrada en vigor. ¡Sigamos pidiendo #EscazúAhora!”. Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

“El Acuerdo de Escazú garantiza a mi generación que no se sigan tomando decisiones a nuestras espaldas que pongan en riesgo nuestro futuro”. Nicole Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima Argentina y representante por Argentina del Acuerdo de Escazú.

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020. – Con 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy el proyecto de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “’Acuerdo de Escazú’’, al que más de 220 organizaciones y más de 400 personas individuales ya habían manifestado su adhesión.

Así, nuestro país -que había sido un actor clave en el proceso de negociación previo a la adopción del tratado- se convirtió en el 10° de la región en concretar su ratificación. Para que finalmente entre en vigor, se necesita alcanzar la ratificación en al menos 1 país más (11 en total).

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental a nivel regional que busca promover los derechos de la ciudadanía de acceso a la información, la participación pública en cuestiones que la afecten, y la justicia en asuntos ambientales. Es, a su vez, el primero en el mundo que establece -de manera vinculante- claras garantías para proteger a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales, cuestión sumamente relevante para América Latina y el Caribe, la región donde más personas son asesinadas por año por realizar esa tarea (Global Witness, 2020).

La efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe significará un paso hacia la consolidación de la democracia ambiental y el fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y a un desarrollo justo, sostenible e inclusivo.

CONTACTOS
Andrés Nápoli: +5491144965055
Nicole Becker +5491156945012