Las conversaciones permitieron que se rehabilitara el paso hacia la localidad del Bajo Cauca
Con apoyo de la Policía se logró que la comunidad de El Bagre levantara la protesta minera. FOTO CORTESÍA POLICÍA

GUSTAVO OSPINA ZAPATA | 26/09/2022
Gracias al diálogo con las autoridades, los mineros que adelantaban bloqueos de la vía en el ingreso al municipio de El Bagre levantaron la protesta y el paso fue reabierto.

Así lo informó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Daniel Mazo, quien anunció los acuerdos en su cuenta de Twitter.

“Luego de mantener un diálogo con el acompañamiento de la Defensoría de Colombia, la Gobernación de Antioquia y líderes de la comunidad (…) se logró un acuerdo para el restablecimiento y rehabilitación de la vía”, anunció el oficial.

En horas de la tarde, mediante diálogo con los manifestantes se había logrado despejar la carretera en los puntos de bloqueo en Tarazá y Cáceres y la carretera a la Costa quedó con paso libre, aunque restringido a un carril en el sector La Culebra, de Valdivia, por un derrumbe.

Luego de estos acuerdos, el oficial se desplazó a El bagre, donde mineros que rechazaron los acuerdos logrados el sábado entre el gobierno y los artesanales, de pequeñas dragas, habían bloqueado el paso por el puente sobre el río Nechí, que comunica a la localidad con Zaragoza y la Troncal de la Paz.

Las conversaciones permitieron retirar las barricadas del puente y esta noche del lunes no hay complicaciones en las vías del Bajo Cauca.
https://www.elcolombiano.com/antioquia/logran-acuerdos-con-mineros-de-el-bagre-para-levantar-la-protesta-EP18712305

29/08/2022
Imagen referencial/ Crédito: BMW Corp.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú conformar grupo de trabajo para proponer acciones y medidas de competencia del sector, orientadas a la reglamentación de la Ley N° 31283, que declara de necesidad pública, interés nacional y recurso estratégico la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados.

Dicho grupo puede solicitar la colaboración, asesoramiento, apoyo, opinión y aporte técnico de representantes de diferentes entidades públicas y/o privadas del ámbito nacional, para lo cual podrá convocar a los especialistas e instituciones que sean necesarios para la consecución de sus fines, sin que ello genere gastos al Tesoro Público.

El grupo de trabajo es de naturaleza temporal y tendrá una vigencia de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial.

El plazo de vigencia podrá ampliarse por acuerdo de las partes, debiendo constar en acta, hasta que se concluyan las funciones señaladas en el artículo 3 de la presente Resolución Ministerial, y previo informe de la Secretaría Técnica.

Según la Resolución Ministerial Nº 317-2022, publicada el jueves 25 de agosto en el diario El Peruano, el grupo de trabajo tendría las siguientes funciones:

Identificar y proponer acciones y medidas de competencia del Sector Energía y Minas, orientadas a la reglamentación de la Ley N° 31283.
Proponer un plan de trabajo que determine acciones orientadas a la investigación científica y tecnológica de Litio.
Proponer acciones y medidas que coadyuven al cumplimiento del objeto del Grupo de Trabajo.
Desarrollar otras funciones orientadas a sostener y fortalecer el cumplimiento de los acuerdos del Grupo de Trabajo.
Elaborar el documento final por parte de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo, que recoja las propuestas, acciones, medidas o planes a que se contraen los ítems 1), 3) y 4).
Asimismo, estaría integrado por los siguientes miembros:

Un representante del Despacho Ministerial, quien lo preside.
Un representante del Despacho Viceministerial de Minas, quien ejerce las veces de Secretaría Técnica.
Un representante de la Dirección General de Minería
Un representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.
Un representante de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera.
Un representante de la Dirección General de Eficiencia Energética.
Un representante de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
Un representante del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
Un representante del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).
Finalmente, las entidades que conforman el grupo de trabajo sujetan el cumplimiento de sus funciones a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Fuente: Gestión

Perú: Minem conforma equipo para exploración y explotación del litio

05/07/2022
Imágenes de la limpieza del río Chillón tras el derrame de concentrado de zinc. Foto: El comercio
En los últimos días hemos visto cómo la actividad minera puede poner en serio riesgo a las cuencas de los ríos que abastecen de agua a las ciudades de Lima y El Callao. Para visibilizar estos riesgos, CooperAcción ha elaborado una infografía detallada donde se puede ubicar proyectos mineros cuestionados, depósitos de relaves y accidentes recientes.

El caso más reciente fue el 13 de junio: el derrame de 35 toneladas de concentrado de zinc en el río Chillón por parte de una empresa que realiza transporte de minerales para la minera Volcan, propiedad de la transnacional Glencore.

El derrame en el río Chillón provocó la muerte de más de 600 toneladas de truchas de criaderos de la zona, además que encendió las alertas en varias entidades del Estado. Los municipios de Lima norte están bajo alerta, y el Ministerio de Salud declaró una alerta epidemiológica. Los trabajos de limpieza continúan, pero la población sigue asustada por la presencia del zinc y otros elementos del concentrado que se derramó en las aguas del Chillón.

Pero este no es el único caso. Existen otros casos emblemáticos que cabe recordar por sus serias implicancias para las fuentes de agua de las comunidades aledañas, pero también para toda Lima Metropolitana y El Callao.

Relaves de la mina Huampar en Santa Eulalia

A mediados de abril, ciudadanos de la cuenca del río Santa Eulalia denunciaron que el desprendimiento de relaves mineros de Mina Huampar está contaminando las cuencas del valle de Santa Eulalia y del río Rímac.

La Mancomunidad Municipal del Valle Santa Eulalia, liderada por su presidenta Cecilia Espinoza, denunció la grave emergencia sanitaria ocasionada por bloques y desprendimientos del relave minero de la Mina Huampar ubicado en la Zona de Cunay.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), atendió una alerta ambiental por una posible afectación a las aguas que circulan en la parte media de la microcuenca de los ríos Santa Eulalia y Rímac. Informó que el pasivo ambiental que existe en la zona es producto de un relleno de material de relave por actividades mineras que se desarrollaron años atrás.

El relave minero causante de la emergencia ambiental es un pasivo minero que perteneció a la Compañía Minera Huampar, la cual se encuentra abandonada desde hace 30 años, según refieren pobladores de la zona.

Los riesgos de los relaves de Tamboraque

Por otra parte, existe el peligro de los relaves mineros de Tamboraque, zona que se ubica en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí, a la altura del kilómetro 90 de la Carretera Central. Los depósitos de relave (canchas 1 y 2) corresponden a la mina Coricancha, que operaba la compañía San Juan desde los años 50.

A inicios del 2008, los cerros empezaron a mostrar evidencias de inestabilidad por la activación de un deslizamiento de tierras. Ese año, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró el estado de emergencia del cerro por el plazo de sesenta días calendario (tuvo varias prórrogas). Ese mismo año, la mina y sus pasivos pasan a manos de NYRSTAR y luego a Great Panther Coricancha S.A.

Osinergmin confirmó que la empresa Great Panther Coricancha S.A. – que compró la mina en el 2015– mantiene pendiente el traslado de aproximadamente 140.000 m3 (casi 140.000 toneladas) de relaves remanentes que se ubican al pie de la ladera del cerro Tamboraque, adyacente al río Rímac. Esta cantidad representa el 37% del total de desechos mineros. El 63% –la empresa asegura que es el 65%– ya ha sido trasladado al depósito de Chinchán.

La continuidad del traslado, sin embargo, está suspendida en medio de una disputa legal y las 140 mil toneladas de desechos minerales en Tamboraque aún no se trasladan.

El caso de la mina Ariana

La concesión del proyecto minero Ariana, ubicado en Junín, se superpone al sistema hídrico de Marcapomacocha y se ubica a 500 metros de distancia del túnel trasandino por el que pasa aproximadamente el 60% del agua que abastece a Lima y El Callao.

La posibilidad de que un evento imprevisto –como un sismo, lluvias intensas o un accidente– cause el colapso de la presa de relaves tóxicos es elevado. Esto implicaría un corte del abastecimiento de agua potable para la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes.

Por ello, el año 2019 un grupo de ciudadanos interpuso una demanda legal en contra de la mina Ariana para que esta paralice sus operaciones por poner en riesgo el agua de Lima y Callao.

La empresa a cargo del proyecto, Southern Peaks, también fue operadora de Compañía Minera Quiruvilca, proyecto ubicado en La Libertad. Durante sus años de operación, la unidad minera recibió diversas sanciones por parte del OEFA.

El 2021, Sedapal solicitó ser incluido en el proceso judicial como demandante, lo que fue aceptado por el juzgado al ser parte interesada en la protección de las fuentes de agua para el abastecimiento de la capital.

Pese a que hasta la fecha se han realizado tres audiencias y ya se han escuchado los argumentos tanto de la empresa como de la parte demandante, han transcurrido tres años y aún no hay sentencia.

Vea la infografía con las zonas de riesgo por actividades mineras elaborada por CooperAcción:

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Takeshi Chacon 06/07/2022
Brasil publica decreto para dinamizar su mercado del litio. (Foto Getty)
Se esperan más de 7.000 empleos directos solo en minería y más de 84.000 empleos directos e indirectos a lo largo de las cadenas productivas.
Brasil publicó un decreto que permite operaciones de comercio exterior de minerales y menas de litio y sus derivados.

La medida promueve la apertura y dinamización del mercado brasileño del litio, con el fin de posicionar a Brasil de forma competitiva en la cadena global.

También busca atraer inversiones para investigación y producción de minerales, y para el avance de la capacidad productiva en las etapas de procesamiento, producción de componentes y baterías.

S&P Global estimó que la demanda de litio alcance los 2 millones de toneladas para 2030.

En este contexto, el dinamismo del mercado brasileño de litio podría posicionar a Brasil como un importante productor en esta carrera, fortaleciendo su posición en América Latina, que concentra la mayor parte de las reservas mundiales de litio.

Zonas de litio con potencial
La medida brinda mayor previsibilidad y condiciones para competir en el mercado internacional.

Incluso, se espera atraer inversiones para el desarrollo sostenible de una de las regiones económicamente más pobres de Brasil, Vale do Jequitinhonha, en MG.

Según las autoridades, en el Valle de Jequitinhonha se concentra la mayor parte de las reservas minerales conocidas para la producción de litio en el país.

“Con el avance de la producción brasileña de litio, se estima que las inversiones superen los R$ 15 mil millones en la región hasta 2030”, indicaron.

Además, se proyectó que se esperan más de 7.000 empleos directos solo en minería y más de 84.000 empleos directos e indirectos a lo largo de las cadenas productivas.

Aportes tributarios y de negocios
Solo en minería, se espera que los pagos de salarios totalicen BRL 440 millones por año, además de R$ 100 millones adicionales en regalías anuales, distribuidas en su mayoría a pequeños municipios productores.

La medida también representa un paso fundamental para ampliar la mirada de la industria automotriz y atraer inversiones para la producción de vehículos eléctricos en Brasil.

“Es fundamental el fortalecimiento de la cadena automotriz brasileña en los próximos años, considerada una de las industrias que más emplea en el país”, sostuvieron los funcionarios.

La transición energética está provocando un aumento en la fabricación de baterías, especialmente para vehículos eléctricos, lo que exige un gran avance en el mercado del litio a nivel global.

En este contexto, el litio es un mineral estratégico para el país, fundamental para la transición energética hacia energías limpias y para atraer inversiones en la cadena industrial de producción de vehículos eléctricos.
https://www.rumbominero.com/brasil/brasil-decreto-dinamizar-mercado-litio/

17/05/2022
Eduardo Gudynas, analista del Centro Latino Americano de Ecología Social, acaba de publicar un nuevo ensayo titulado: “Muy lejos está cerca: Los efectos de la guerra en Ucrania sobre el comercio global, energía y recursos naturales latinoamericanos un análisis preliminar”.

Gudynas nos presenta un abordaje de los diferentes efectos del actual escenario bélico, que de manera directa o indirecta inciden sobre la apropiación de los recursos naturales, la gestión ambiental, y la ecología política.La guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión militar de Rusia, con sus durísimas consecuencias en pérdida de vidas humanas y destrucción, está teniendo múltiples impactos globales. Como subraya el autor, es un enfrentamiento que como ocurre en el corazón de Europa puede parecer lejano a América Latina, pero se vuelve muy cercano en tanto muchos de sus efectos alcanzan a nuestros países. Sus consecuencias inciden en las estrategias de desarrollo, el comercio internacional y con ello, en el aprovechamiento de los recursos naturales en nuestro continente.

A partir del estallido de la guerra se han sucedido todo tipo consecuencias, desde miles de muertos a un estimado de diez millones de desplazados, desde un amplio abanico de sanciones comerciales y económicas contra Rusia a una reorganización de la globalización. Como resultado se desencadenó una reorganización del comercio global de hidrocarburos, subieron los precios y se modificaron las relaciones de demanda y oferta. Situaciones similares se registraron en minerales y los agroalimentos.

Todos estos cambios globales producen sucesivas olas de efectos sobre muchas otras áreas, como podían ser la seguridad alimentaria en muchos países, las opciones para las transiciones energéticas y los modos de enfrentar el cambio climático. De una manera u otra, todos los países latinoamericanos están siendo afectados.

El análisis de Gudynas sigue una perspectiva latinoamericana y por lo tanto no es un examen detallado de aquel conflicto sino de algunos de sus efectos sobre nuestro continente. Es también un ejercicio preliminar, en tanto ese enfrentamiento todavía está en marcha. Se incluyen informaciones y datos hasta el 10 de mayo de 2022.

Esta publicación ha sido posible por el apoyo del CEDIB (Centro de Documentación e Información – Bolivia), OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – Chile) y CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social – Uruguay). En el Perú, el libro ha sido editado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad y CooperAccion.

Puedes descargar y leer el libro aquí: https://bit.ly/3NfjSLA

Comentarios sobre la publicación:

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Fanny Castro 11/05/2022
Existe una profunda preocupación en el sector por el futuro de la minería chilena frente a las normas aprobadas
“Dicha Comisión ha mantenido su intransigencia y sesgo ideológico, impidiendo un acuerdo que dé garantías al desarrollo minero y las inversiones del sector”, sostuvo Diego Hernández.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, manifestó su decepción por lo aprobado anoche por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. “Dicha Comisión ha mantenido su intransigencia y sesgo ideológico, impidiendo un acuerdo que dé garantías al desarrollo minero y las inversiones del sector”, sostuvo el directivo.

Hernández agregó que lo aprobado “es tan malo” como lo que presentó el sábado pasado en el Pleno. “Si bien se eliminó el artículo que establecía la participación mayoría del Estado en la exploración y producción de cobre, mantuvo el término de las concesiones judiciales reemplazándolas por autorizaciones que siguen siendo administrativas temporales y que no dan derecho a propiedad. Ello es particularmente grave para los pequeños productores mineros que no podrán heredar las minas que han recibido desde sus abuelos, es decir la tradición minera se acaba”.
Preocupación

“Esta propuesta de la Comisión deja todo sometido a leyes de simple mayoría que se podrán cambiar en cualquier momento y, lo peor, con instituciones débiles como un Congreso unicameral y un Poder Judicial debilitado”, agregó el titular de SONAMI.

Diego Hernández señaló que esta nueva propuesta, que será revisado este sábado por el plenario de la Convención, “no otorga ninguna certeza para la inversión”.

“Se hace mención a los pequeños mineros, como para mostrar alguna preocupación, pero en la práctica las inversiones no serán suyas ni las podrán heredar, por lo que la Zona Norte del país queda totalmente desprotegida”, afirmó Hernández.

“Nosotros hemos podido percibir, en las distintas reuniones con nuestros asociados, una profunda preocupación en el sector por el futuro de la minería chilena frente a las normas aprobadas, en una comisión que no ha disimulado su sesgo ideológico radical. Ello quedó demostrado con la masiva manifestación que alrededor de 500 mineros venidos desde El Loa al Maule efectuaron frente a la sede de la Convención en defensa de la minería”, concluyó Diego Hernández.
https://www.rumbominero.com/chile/sonami-articulos-aprobados-por-la-comision-de-medio-ambiente-no-dan-certeza-a-la-mineria/

José De Echave C.
Imagen: RPP 04/11/2021
El complejo minero de Antamina se ubica en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en Ancash. El proyecto pertenecía a la cartera de inversiones de la estatal Centromin y fue subastado (privatizado) en la segunda mitad de la década del 90. Es así como un consorcio de empresas canadienses integrado por Inmet Mining Corp. y Algom se hicieron del proyecto. Posteriormente, como consecuencia de fusiones, ventas y acuerdos comerciales y de financiamiento, los accionistas de Antamina terminaron siendo BHP Billiton (33.75%), Glencore (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi (10%).

Con una inversión de algo más US$ 3,600 millones (por entonces la inversión minera ejecutada más importante en el país), Antamina comenzó la etapa de producción en mayo de 2001, efectuó su primer embarque de cobre en julio de 2001 y el 1 de octubre del mismo año alcanzó volúmenes de producción comercial (fecha oficial de inicio de operaciones). Durante mucho tiempo (hasta antes de la ampliación de Cerro Verde y el inicio de la producción de Las Bambas), Antamina fue la principal productora de cobre en el Perú y continúa figurando entre las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de producción.

Otra de las particularidades de Antamina es que fue la primera operación minera que puso en marcha un mineroducto (de 304 kilómetros de extensión) como elemento principal de transporte del mineral producido, que unía la zona de producción en San Marcos con la zona de embarque en el puerto de Huarmey. La decisión de construir un mineroducto fue consecuencia de la oposición de poblaciones y colectivos ambientalistas a que el transporte del mineral atraviese el Parque Nacional del Huascarán. Esto provocó una modificación del Estudio de Impacto Ambiental.

Si uno revisa los informes de la Defensoría del Pueblo, durante muchos años la región de Ancash ha encabezado el ranking de conflictos sociales, registrando un alto número. Además, el mayor número de conflictos en esta región ha estado vinculado a impactos de la minería y sobre todo de las operaciones de Antamina. Sin embargo, salvo el histórico paro de Huarmey (mayo 2001) y algunas otras paralizaciones menores, ocurridas en 20 años de operación, en términos generales se puede señalar que la zona de influencia de Antamina se ha caracterizado por una conflictividad de baja intensidad, a diferencia de lo que ha ocurrido en Cajamarca, Espinar en Cusco o en Cotabambas en Apurímac.

Si bien ha habido otras paralizaciones que se vinculan a Antamina, la reciente ocurrida en Aquia ha sido una de las más visibles, no solo por el bloqueo de la carretera desde el pasado 24 de octubre, sino también por una coyuntura marcada por varios estallidos sociales en diferentes regiones y por la propia situación política por la que atraviesa el país en el inicio del gobierno del presidente Castillo. El anuncio de la empresa de paralizar sus operaciones también ha contribuido a darle una mayor visibilidad al caso.

Lo que queda claro es que las demandas de la población de Aquia son de larga data, como lo demuestran los informes de la Defensoría del Pueblo[1]. La agenda de demandas gira en torno a temas variados: la empresa no habría entregado los instrumentos de impacto ambiental a la comunidad de Aquia; se exige la firma de un nuevo convenio que reemplace al que se firmó hace 20 años; pedidos de acciones de responsabilidad social a la empresa; temas de tierras, entre otros.

Lo cierto es que la tarea que tienen todos los actores involucrados (empresa, comunidad y Estado) ahora que se ha levantado el paro es que el conflicto se canalice por vías pacíficas y de diálogo y se puedan construir acuerdos que permitan una mejor convivencia.

Además, otra lección de casos como el de Aquia es que no se puede dejar de atender por tanto tiempo demandas de poblaciones enteras. Que la característica de un conflicto de baja intensidad no sea poner bajo la alfombra los problemas y las demandas de las poblaciones.

[1] Este organismo ha dado cuenta de las demandas de Aquia por lo menos desde el año 2010.
04/11/2021

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