Activistas de diversas organizaciones sociales autoconvocadas por la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco rechazaron la contaminación de los acuíferos y la afectación del derecho al agua y la energía de los venezolanos.
La acción directa se realizó desde muy temprano del sábado 28 de julio en la Plaza Brión de Chacaíto y superando las dificultades del transporte en Caracas.
La actividad del «Baldazo» comenzó con cantos colectivos y entrega de información a los transeúntes interesados en conocer los motivos de la protesta.
Prosiguió con una caminata por el boulevard de Sabana Grande, para finalizar con gran alegría en la plaza Brión, con un baile en parejas y en grupo, a la que han denominado #Bailatesta #ContraelAMO y #PorelderechoalAgua.
La música salsa sonó fuerte y alegre para expresar el descontento y la rebeldía como corresponde a lo mejor de este género tan popular.
Cabe destacar que las organizaciones sociales reivindican como suyo el baile callejero y contestón, al igual que la canción popular, para decirle al poder que la calle les pertenece por derecho y apropiación colectiva.
El Arco Minero amenaza al país
«La protesta cívica por el derecho a los servicios, a la salud, a la seguridad, contra la violencia y a un ambiente sano está relacionada directamente con la implementación de este eco-etnocidio al sur del país» sostuvo otro manifestante.
«La escala en que está prevista la contaminación de los acuíferos mas importantes del país hará inviable el servicio sostenido de agua para la mayoría de los venezolanos» declaró uno de los manifestantes.
El Arco Minero del Orinoco sacrifica las posibilidades, dignidad y calidad de vida sostenibles en el futuro. Representa la condena estratégica al derecho a los servicios de agua y energía para las mayorías venezolanas.
Además, «el modelo establecido en esta explotación suprime los derechos democráticos y humanos de modo permanente, violando la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales suscritos por el estado venezolano».
Otro de los activistas agregó «En el Sur, los cuerpos de seguridad del Estado se gobiernan como los pranes del crimen organizado y los grupos armados y ese es el modelo que está escalando aceleradamente en todo el territorio nacional».
«es el modelo de una economía de enclave extractivista, donde la corrupción es el mejor socio de las grande empresas que ambicionan los minerales que ahí se están explotando» agregó.
«Las primeras víctimas son los pueblos indígenas, criminalizados por el propio gobierno para desplazarlos de su territorios y subordinarlos a las mafias que controlan las minas» declaró un vocero de la organización Wainjirawa.
Ello, en referencia a las declaraciones dadas recientemente por un vocero militar en las televisoras del estado acusando de secesionista al pueblo Pemón.
César Romero, ingeniero metalúrgico venezolano, habló de los mitos de la megaminería en el Foro de la UCV sobre Arco Minero y extractivismo. Reflexionó sobre la necesidad de dinero urgente y la instalación de la minería a gran escala.
La plática está enmarcada en las problemáticas de la megaminería en Venezuela pero los mitos sobre los supuestos beneficios mineros se repiten a lo largo de nuestro continente.
En su plática “Mitos de la megaminería” Romero inició su exposición con un lámina relacionada con la Gold Reserve y los contratos que firmó con el gobierno venezolano, relacionados con el Arco Minero del Orinoco. “En el 2015, ante una caída de los precios del petróleo y la urgencia del gobierno de buscar divisas… comienza toda una lógica mafiosa: de dónde saco la plata urgentemente, sin importar cualquier tipo de consecuencia”, razonó inicialmente Romero.
“La gente solo piensa en dinero y buscaron a la Gold Reserve, como una empresa hito, que ha sido bastante promovida por el gobierno para el tema del Arco Minero. La Gold Reserve es una casa matriz fundada en Canadá, pero que tiene sede en Estados Unidos, tiene sede en Barbados, en Aruba, etc.”.
El gobierno instala este plan en base a una serie, un discurso hilado por una serie de mitos muy instalados en las cabezas de todos los venezolanos:
Mito 1: se queda el oro en el país. Aumentan las reservas. Mito 2: es progreso. Se va a generar empleo. Mito 3: ingresarán muchas divisas al país.
Prosigue su análisis César Romero planteando la existencia de 4 puntos fundamentales para abordar la trama de la minería en Venezuela:
¿El agua es un derecho humano? ¿La minería está por encima, el derecho a la ganancia de las empresas está por encima del derecho humano al agua potable, o sea, al acceso?
La tercera cuenca de América del Sur, la del río Orinoco, históricamente degradada por actividades agropecuarias y extractivas, es ahora devastada por la búsqueda informal pero masiva de oro, según denunciaron científicos de Venezuela durante una reunión regional en Trinidad y Tobago.
El potencial impacto de esta actividad en el sudeste del Caribe se robó la atención del primer Congreso de la sección de América Latina y del Caribe de la Sociedad Biológica de Conservación, que reunió a más 200 biólogos y estudiantes de distintos países de la región en Saint Agustine, a las afueras de Puerto España.
En el cierre del Congreso, la noche del 27 de julio, se aprobó por unanimidad una declaración que llamó “la atención de la comunidad internacional”, sobre una cuestión que, según se denunció, genera no solamente impactos sociales y ambientales sino también violaciones a los derechos humanos.
“La magnitud de los impactos de esta actividad minera es difícil de evaluar”, se lee en el texto, que indicó la cuestión concierne no solo a Venezuela sino a todo el sudeste del Caribe y el noroeste de América del Sur, que es a su vez el sureste de Venezuela.
La Sociedad de Biología de la Conservación es una organización formada por más de 4.000 expertos de todo el mundo, con el fin de impulsar la protección de la biodiversidad.
Su sección de América Latina y el Caribe se creó en 2003 pero solo este mes se reunió por primera vez y eligió para hacerlo la pequeña nación de Trinidad y Tobago, formada por dos islas ubicadas frente a la costa venezolana, en un intento de conectar las culturas de los países insulares del mar Caribe con los continentales de América Latina.
La preocupación por la actividad minera en la cuenca del Orinoco se justificó en el documento final en que está causando deforestación, erosión del suelo y contaminación de las aguas, lo que tiene consecuencias directas sobre la biodiversidad y los servicios del ecosistema.
“Empresas mineras, el gobierno, los militares y distintos grupos armados se benefician de esta situación, que es controlada por bandas criminales, pero nadie se hace responsable de los daños sociales y ambientales, que son enormes”, dijo a IPS José Rafael Ferrer, biólogo integrante de la Sociedad Venezolana de Ecología.
“El uso de mercurio, cianuro y otras sustancias fuertemente contaminantes está afectando cursos de agua en la cuenca del río Orinoco y a través de él es una potencial fuente de contaminación para el Mar Caribe”, agregó.
En febrero 2016 el presidente venezolano, Nicolás Maduro, creó por decreto la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional-Arco Minero del Orinoco (ZDEN-AMO), sobre una superficie de 111.843 kilómetros cuadrados en el sur del país, en los estados de Bolívar y Amazonas.
La cuenca cubre 990.000 kilómetros cuadrados, atraviesa horizontalmente el sur de Venezuela y llega hasta Colombia, donde nace el río con una longitud de 2.140 kilómetros y el tercero por su caudal, detrás del Amazonas y el Congo. Eso la convierte en la tercera cuenca sudamericana detrás del Amazonas y La Plata.
En medio de la crisis causada en Venezuela por la caída de los precios internacionales del petróleo, Maduro celebró entonces la posibilidad de que el oro y otros minerales “vayan sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales” para el país.
“La zona habilitada para la minería es cerca del 12 por ciento de la superficie nacional y la cuarta parte de la Amazonía venezolana. Es un territorio muy complejo, debido a que hay áreas naturales protegidas y 24 pueblos indígenas. El decreto generó una gran incertidumbre”, comentó a IPS el biólogo Juan Carlo Amilibia, de la fundación Provita.
Vilisa Morón Zambrano, presidenta de la Sociedad de Ecología de Venezuela, explicó que la minería en esa zona había comenzado a crecer, de manera ilegal, en los últimos 10 o 15 años.
“Debido a la crisis económica, el gobierno le dio el marco legal en 2016, aunque la situación no cambió demasiado en los hechos. Estimamos que en la última década la minería de oro generó la deforestación de aproximadamente el 9 por ciento del área y eso está creciendo”, agregó.
Uno de los que expuso sobre la cuestión fue Bram Ebus, un antropólogo, periodista y criminólogo holandés que recorrió la zona durante 2016 y asegura haber sido detenido por la policía durante 24 horas.
“Maduro dijo en 2016 que había 150 compañías mineras de35 países interesadas en invertir en la zona, pero la realidad es que no hay capitales internacionales de empresas formales en el arco minero del Orinoco”, explicó.
Ebus agregó: “Lo que hay en cambio es un negocio tomado por el crimen organizado, en el que participan ex guerrilleros colombianos que en connivencia con la Policía y el Ejército venezolanos, está extrayendo a cielo abierto oro y otros minerales, cuyo destino final es el contrabando”.
En la zona del Arco Minero del Orinoco está la localidad de El Callao, que ha sido señalada recientemente como la más violenta de Venezuela, con una tasa de homicidios que en 2017 creció más de 800 por ciento con respecto al año anterior.
“Estimo que hay unas 250.000 personas trabajando en la zona. Muchos son profesionales venezolanos de otros lugares del país que han perdido sus trabajos por la crisis y llegaron hasta el estado de Bolívar”, dijo Ebus.
“Es una actividad minera ilegal, desarrollada sin controles, sin estudios de impacto ambiental, sin consulta a las comunidades indígenas, impulsada por el gobierno venezolano”, concluyó el investigador holandés.
En la declaración aprobada en el final del Congreso regional de la Sociedad de Biología de la Conservación se indicó que el uso descontrolado de metales pesados está ya teniendo consecuencias en la salud de los habitantes de la zona.
En ese sentido, se afirmó que se han hallado altos niveles de mercurio en sangre en integrantes de al menos dos comunidades indígenas que viven cerca de las explotaciones mineras.
También, que esos metales son la causa del hallazgo de toxinas en peces y moluscos de agua dulce a miles de kilómetros.
Y se señaló que se han expandido entre las personas enfermedades infecciosas como la malaria.
Los científicos reclamaron que se realicen de manera urgente estudios referidos al impacto ecológico y ambiental de la actividad, se tomen decisiones basadas en información científica y se contemplen alternativas de desarrollo sustentable.
“Los biólogos conservacionistas podemos jugar un importante rol en este proceso, aportando información científica y monitoreando los cambios en importantes variables biológicas”, escribieron.
“Esta declaración abierta es una carta abierta para denunciar un escenario muy grave que nos incumbe a nosotros como biólogos especializados en conservación, porque más allá de una situación horrorosa de derechos humanos, existe un impacto ambiental que va a llevar mucho tiempo revertir”, dijo a IPS el estadounidense Anthony Giordano.
El especialista es presidente de la sección de América Latina y el Caribe de la Sociedad de Biología de la Conservación y director de la organización Species, que se dedica al estudio de mamíferos carnívoros en toda la región.
En el marco de la jornada internacional contra la mega minería celebrada en diferentes partes del mundo el pasado 22 de julio, un grupo de organizaciones sociales ha convocado una acción de calle para denunciar el proyecto del Arco Minero del Orinoco como uno de los proyectos mineros más grandes de América Latina y a nivel mundial.
Esta denuncia se relaciona con los impactos que ha tenido el desarrollo de la minería en diferentes escalas en la zona sur del país, impactos que tienen múltiples alcances pero que se evidencia especialmente en la crisis del agua y la energía eléctrica que ha generado una serie de protestas por servicios a nivel nacional.
La invitación es para el próximo 28 de julio en las inmediaciones de la Plaza Brion de Chacaíto a partir de las 9 de la mañana, se convoca a quienes deseen participar a traer sus baldes y sus marcadores.
El próximo jueves 19 de Julio se realizará el foroArco Minero del Orinoco:
Extractivismo en Venezuela, como evento inicial de las jornadas anti-extractivistas, que contarán con actividades de denuncia y debate hasta el 31 de Julio.
Estas jornadas se hacen en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto, en la que participan activistas, comunidades y especialistas para mostrar los terribles impactos sociales, ambientales y culturales que produce esta actividad, así como para fortalecer las resistencias a la misma.
La actividad contará con la participación de Juan Carlos la Rosa (Laguarura.info, Wainjirawa), César Romero (Plataforma Contra el Arco Minero), Alejandro Álvarez (Clima 21), Maria Eugenia Grillet (IZET-UCV) y Francisco Javier Velasco (Observatorio de Ecología Política de Venezuela), cuyas ponencias versarán sobre las distintas aristas del debate en torno al Arco Minero del Orinoco.
Lugar: Aula 11. Facultad de Ciencias, UCV.
Hora: 1:30pm
Autor: Emiliano Teran Mantovani , Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Si usted vive en Venezuela, probablemente tenga en este momento serios problemas de acceso al agua potable y de calidad. Al calor de la crisis que vivimos, florecen en todos los rincones del país múltiples protestas, de familias y comunidades que han pasado semanas consecutivas, y hasta meses, sin recibir el líquido.
La situación es muy preocupante. Pero no piense que se trata sólo de consecuencias coyunturales. Ciertamente ha existido una gestión del agua cada vez más indolente, improvisada e irresponsable por parte del Gobierno nacional (aunado a su deficiente y lenta capacidad de resolución ante averías e incidencias que afectan al sistema de distribución). A la vez, vivimos tiempos de eventos climáticos cada vez más extremos y frecuentes –recordemos las extraordinarias sequías de 2010, 2013/2014 y 2015/2016–, en el marco de las tendencias del cambio climático, que apuntan a aumentos progresivos de la temperatura media, así como a la disminución de las precipitaciones y cambios en sus ciclos.
Pero es importante resaltar que esta crisis hídrica es también el reflejo de un problema de fondo, que tiene que ver con el modelo de desarrollo extractivista y desarrollista; con décadas de degradación de las fuentes de agua por las lógicas depredadoras que conlleva; y con las formas de ocupar los territorios y de relacionarnos con la naturaleza.
Todo esto significa que esta crisis va más allá de sus ojos, más allá del grifo: el agua fluye por múltiples ámbitos geográficos, se mueve en ciclos vitales, y si alguna parte o ámbito de esos ciclos es afectada, eso impactará en el agua que usted finalmente consumirá (o no).
Así que esto nos lleva a hacernos preguntas de más amplio alcance. Y la situación nos invita a actuar con premura, aunque hayan empezado las lluvias.
La geografía del agua y el extractivismo en Venezuela
Si usted revisa las noticias y la discusión general sobre la problemática del agua, verá que hay un enorme sesgo que favorece a los procesos finales de la distribución de este bien común: racionamiento social en los hogares, sistema de tuberías y bombeo, etc. Son claramente los temas más mediáticos porque son los más próximos al grueso de la sociedad afectada. En este sentido, muy poco se habla de lo que va ocurriendo “aguas arriba” de todos estos procesos.
Previo al envío para el consumo último están los procesos de potabilización de las aguas, los cuales se han precarizado en los últimos años. Pero esto no ocurre únicamente por insuficiencias técnicas en las plantas, sino también porque las aguas están llegando aún más contaminadas, lo que acentúa el trabajo de potabilización.
Esto nos lleva evaluar la situación de los embalses del país, desde donde se envían estas aguas. La imagen recurrente de la crisis es la del drama de los embalses secos. En junio pasado, el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) apuntaba que de los 62 reservorios destinados para el aprovechamiento humano, 31 mostraban indicadores de almacenaje precarios.
Sin embargo, va siendo también determinante el deterioro de la calidad de las aguas de estos importantes depósitos hídricos (como ocurre en La Mariposa, Camatagua o Pao-Cachinche). Destacamos factores que causan esta situación: la falta de mantenimiento de estos reservorios; el trasvase de ríos cloacales hacia ellos; defectos en la capacidad de depuración de las aguas que los alimentan; la deforestación de las laderas circundantes; la contaminación provocada por asentamientos humanos aledaños, que vierten desechos químicos y orgánicos; y actividades económicas como las agrícolas, pecuarias, o incluso derrames de petróleo (como ha ocurrido en el estado Monagas).
Un libro de reciente publicación, “Ríos en riesgo de Venezuela”, editado por Douglas Rodríguez Olarte, muestra en detalle y desde la investigación científica, la situación de los ríos del país. En la imagen (Tomo 2) puede verse la negativa evolución del embalse del río Matícora (Falcón), lo que repercute en los pueblos de la costa oriental y de la Península de Paraguaná.
Una evidencia de esta situación son los procesos de eutrofización que se han generado sobre algunos embalses, como reacción a la presencia de materia orgánica (que proviene de aguas negras no tratadas) y desechos de la actividad agrícola (nitrógeno, fósforo, etc). Esto es lo que produce la aparición de algas en la superficie del agua o la “lemna”, lo que a su vez puede provocar la aparición de “cianobacterias” que pueden generar toxinas capaces de, por ejemplo, envenenar animales que beben estas aguas o habitan esas zonas.
De esta manera, los embalses son también alimentados de aguas contaminadas y desde cuencas que van siendo cada vez más degradadas. Este es uno de nuestros argumentos principales: los efectos de la crisis del agua que vivimos tienen también que ver con la situación de las cuencas hidrográfica, de nuestros ríos y mares, y estas ha sido y siguen siendo impactadas determinantemente por las lógicas de apropiación y explotación de la naturaleza del modelo de desarrollo extractivista y desarrollista, de sus modos de ocupación de los territorios, o bien por el crecimiento descontrolado de sus modalidades informales e ilegales.
La lógica del extractivismo en Venezuela ha organizado el territorio nacional en diferentes “polos de desarrollo” y cinturones de asentamiento poblacional, básicamente en función de la acumulación capitalista. Un factor histórico determinante ha sido la particular geografía del agua en el país, que tiene a las grandes áreas de concentración de la población en la zona norte-costera, mientras que las principales fuentes de agua se encuentran lejos, más al sur y en torno a la cuenca del río Orinoco. Esto ya determina mayores esfuerzos y vulnerabilidades dada la considerable distancia para trasladar el agua hasta las principales ciudades.
Pero es importante resaltar cómo estos polos de desarrollo han generado enormes impactos en las cuencas del país, organizados bajo una racionalidad económica en la que claramente prevalece el beneficio de grupos particulares (nacionales e internacionales) aunque se haya dicho por cien años que el sacrificio era por el “progreso de la nación”. El imaginario de riqueza del “oro negro” en Venezuela ha logrado colocarse muy encima de cualquier cosa que nos permita comprender que el agua vale más que el petróleo, el gas, el oro, u otro commodity.
Prolongados e intensos impactos de la industria petrolera en las cuencas del Lago de Maracaibo, del rio San Juan y el Orinoco; ríos contaminados y degradados por la actividad agrícola (como ocurre en Los Andes o en Los Llanos Occidentales); deforestación de bosques ribereños y partes altas de las cuencas; proyectos mineros que devastan áreas y que vierten desechos tóxicos a los ríos aledaños (como ocurre con el río Guasare y la minería de carbón al norte del Zulia); o los terribles efectos que la minería ilegal y su vertido masivo de mercurio en las aguas están provocando al sur del río Orinoco; por mencionar los efectos más emblemáticos y visibles.
En el Mapa de Conflictos socio-ambientales que hemos elaborado desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, podemos encontrar que prácticamente el 100% de los casos registrados son expresiones de impactos de diversa magnitud sobre el agua y sus ciclos en el país. El mapa en sí mismo refleja la problemática geografía política del agua de la que hablamos. Una geografía que también refleja que las actividades económicas que provocan las afectaciones a las cuencas hidrográficas, o suelen tener poca regulación, o son muy difíciles de interpelar desde la ciudadanía (o incluso las propias instituciones).
Estos emprendimientos suelen hacerse sin ninguna consulta a las poblaciones locales, y las gestiones de seguridad ambiental y remediación suelen ser marcadamente indolentes, lo que implica que se les imponen daños a las aguas a los habitantes de las áreas impactadas, condenándolos a enfermedades y serios problemas de acceso a este importante bien común, sin tener prácticamente canales de justicia para reparar la situación.
Cuando los impactos locales se van haciendo cada vez más significativos, generan modificaciones cuantitativas y cualitativas en las cuencas hidrográficas, lo que con el tiempo va a afectar todo el proceso de distribución del agua en el país, y por ende, toda la vida que gira en torno a estos ciclos. Las tendencias planteadas hacen la situación insostenible. En el corto y mediano plazo podría comprometer la reproducción de la vida socio-ecológica de millones de venezolanos.
Dos vías excluyentes: desalinizadoras y extractivismo o protección de las cuencas y cambio de modelo
La Agenda Económica Bolivariana, propuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2016, fue presentada como una opción económica para “salir de la dependencia al modelo rentista petrolero”. En esencia, está conllevando a dos factores que tendrán enormes repercusiones socio-ecológicas: la expansión de la fronteras extractivas y la desregulación económica.
Una serie de proyectos han sido presentados, sea nuevos o el relanzamiento de otros más viejos. Estos abarcan todo el territorio nacional. En esta propuesta la (mega)minería toma un rol que no había tenido antes en la historia, siendo el proyecto del Arco Minero del Orinoco el de las mayores dimensiones y consecuencias.
La multiplicación de emprendimientos en todo el país, bajo la lógica depredadora que ha producido la actual crisis ambiental, no promete otra cosa que agravar aún más el ya complejo problema del agua. A estas alturas, han sido muy bien documentados los terribles impactos que la minería y su expansión producen en las fuentes de agua y la población.
La propuesta de las “Zonas Económicas Especiales”, impulsada por el Gobierno nacional desde 2014, plantea una desregulación radical de los territorios para favorecer el rápido desarrollo del capital en la zona seleccionada. Es muy importante resaltar que la desregulación es integral, es decir, no sólo es económica, sino que cualquier forma de protección ambiental, en los hechos, queda también suspendida.
El problema es que estas inversiones no tienen ningún sentido sino se ataca de raíz el problema de la salud de las cuencas hidrológicas y ciclos del agua, o si ni siquiera se discute la lógica poco transparente, responsable y democrática que tiene la gestión hídrica en el país.
No obstante, poco se habla de los costos y consecuencias de esta nueva panacea: las desalinizadoras requieren enormes cantidades de energía eléctrica para funcionar (lo cual contrasta notoriamente con la crisis eléctrica que vive el país); tiene altos costos de inversión y mantenimiento (por lo que requiere grandes presupuestos), lo que incrementa de hecho los costos de la distribución del agua; y genera importantes daños ambientales, como el vertido de grandes cantidades de sal (salmuera) y contaminantes al mar, además de la destrucción de las zonas costeras donde se instalan, y su contribución al problema del cambio climático (alta emisión de gases de efecto invernadero).
Lo fundamental, es que esta propuesta de la proliferación de plantas desalinizadoras, en un país con grandes y ricas fuentes de agua dulce, refleja claramente el no cuestionamiento al modelo de desarrollo imperante. Más bien se debería empezar por un cuidado meticuloso de las cuencas, de los consumos y las distribuciones del agua; por una transformación del modelo económico, que es sencillamente insostenible.
La mezcla de la lógica extractivista del Gobierno nacional con una clara incapacidad e indolencia en la gestión del agua apuntan al agravamiento de la delicada situación hídrica del país. Del mismo modo en el que se reza para que suban los precios del crudo, el Ejecutivo parece dejar la salida de la crisis en manos de la llegada de las lluvias.
Estamos ante complicados tiempos para el ambiente. El Gobierno no puede utilizar como excusa el problema del cambio climático para justificar la situación. En cambio, se debe iniciar un programa urgente de adaptación ante los escenarios de eventos climáticos extremos. Es una imperiosa necesidad.
Y el rol de las organizaciones sociales y ciudadanía en general es fundamental. Ampliar la sensibilización y valoración del tema es determinante, para lograr que el agua tenga más dolientes de los que existen. Movilizarnos por el agua, interpelar a los gestores, reclamar los cuidados de las fuentes naturales, crear campañas para su protección. Pero al mismo tiempo, tratar de construir una cultura de gestión social del agua, impulsar colectivamente usos territoriales del líquido, y con él, de todos los ecosistemas en los que vivimos.
Más que nunca el agua debe ser uno de los principales punto de la agenda de luchas en Venezuela. Sin agua no hay patria, ni estabilidad, ni futuro.
Venezuela no solo cuenta con la mayor reserva de crudo del planeta en la llamada Faja Petrolífera del Orinoco, sino que posee otras riquezas minerales, incluidas las llamadas tierras raras, que suponen una palanca para salir de la actual crisis económica.
La nación suramericana detenta cerca de 50 minerales, «pero sólo 15 de ellos son potencialmente explotables y con capacidad de ser comercializados», asegura Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero Ecológico.
En la lista se incluyen: diamantes, oro, coltán, hierro, níquel, bauxita, mármol, carbón, gratino, fosfatos, feldespatos y las tierra raras, enumera el ministro. Sin abandonar rubros tradicionales como el hierro, que se explota y comercializa desde 1950.
Tierras raras y alta tecnología
‘Tierras raras’ es el nombre común que se otorga en la tabla periódica a 17 elementos químicos, que reciben la calificación de ‘raros’ porque es muy poco frecuente hallarlos en su forma más pura, aunque existan depósitos de ellos en varios países.
Los minerales raros son empleados en la fabricación de artefactos de alta tecnología como reactores nucleares, láseres, máseres (amplificadores de microondas), baterías de alto rendimiento, combustibles y hasta filtradores de radiación.
En el caso de Venezuela, las reservas de tierras raras se encuentran, básicamente, al norte del estado Bolívar, en la basta zona minera del sur del territorio (111.843,70 Km2) y que el Gobierno bautizó como el Arco Minero del Orinoco.
La explotación de este recurso «dependerá de la certificación que hagamos, ya que nuestras reservas de tierras raras no están cuantificadas», aclara Víctor Cano.
No obstante, el consumo comercial de las tierras raras no es alto. El también ingeniero geólogo precisa que «no hay una gran demanda. Así que, con muy poco, se puede satisfacer el mercado».
De allí que las tierras raras no se registran en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange), que funciona como el centro mundial para el comercio de metales industriales y sus precios sirven como marcador de referencia.
Otros minerales y su certificación
La creación del arco minero, indica el ministro, tiene la tarea estratégica de «cuantificar cada una de las riquezas presentes en esa zona del país» y las tierras raras serán parte de ese proceso.
Sin embargo, será una labor en la que habrá una importante inversión de tiempo, si se tiene en cuenta que a la estatal Petróleos de Venezuela le tomó cerca de 5 años certificar la mayor reserva petrolífera del mundo, en la Faja del Orinoco, «y solo se trataba de un elemento, es decir, el petróleo», acuña Víctor Cano.
El Ministerio de Minería debe aplicar el mismo proceso de certificación a las minas de «oro, diamante, coltán, tierras raras y un largo etcétera.», apunta el alto funcionario.
Hay que tener en cuenta que Venezuela cuenta con minerales metálicos y no metálicos, de gran potencial comercial.
No obstante, dadas las circunstancias actuales de esta nación, «el Gobierno ha decidido hacer énfasis en aquellos minerales que pueden ofrecer un resultado rápido para la estabilización de la economía«, que está sumida en una crisis calificada por las autoridades como «guerra económica».
Esos minerales de venta rápida son: oro, diamante, coltán y carbón.
«Así que las tierras raras, aunque van a certificarse, no están dentro de nuestras prioridades para explotarlas, por ahora», asegura el ministro venezolano.
Comercialización del oro azul
Otra fortaleza mineral de Venezuela es el coltán, también llamado oro azul.
Un material que recibe su nombre por la abreviatura de dos de sus componentes: columbita (col), empleado en la fabricación de aleaciones especiales de dura resistencia, y tantalio (ta), considerado indispensable para la elaboración de condensadores electrolíticos con los que funcionan computadoras portátiles, teléfonos celulares, dispositivos de video, aparatos de sonido, consolas de juegos, GPS y televisores, entre otros.
Coltán venezolano recolectado en el estado Bolívar, Venezuela. 5 de noviembre de 2009. / JUAN BARRETO / AFP
En el año 2010 este mineral entró en el debate público venezolano, luego de que el entonces presidente Hugo Chávez declarara, durante una rendición de cuentas ante el Parlamento, que el país contaba con importantes reservas de coltán. Un descubrimiento que implicaría que esta nación contase con «una gigantesca reserva de un mineral estratégico», según reseñó la estatal RNV.
En esa oportunidad, el presidente Chávez señaló que el coltán se cotizaba a precios superiores al oro y al diamante, y reveló «que las reservas en Venezuela pudieran, en una evaluación muy preliminar, aproximarse a los 100.000 millones de dólares«.
Ahora, ocho años después del anuncio de Hugo Chávez, se concretó la primera exportación oficial de coltán.
En este sentido, el ministro Víctor Cano detalló que Venezuela exportó cinco toneladas de coltán, por un monto de 300.000 euros. Ese cargamento se despachó el pasado mes de mayo a Trieste, en el noreste de Italia.
Son múltiples las aplicaciones del coltán en aparatos tecnológicos. Imagen ilustrativa / pxhere.com
Pero la era comercial del coltán venezolano ha traído para el Gobierno otras ocupaciones que no estaban en sus planes.
Actualmente, denunció el ministro, «Venezuela combate el contrabando de coltán hacia Colombia», con la dificultad de que no se ha podido calcular la cantidad de material robado al país.
El coltán venezolano se encuentra a nivel del suelo y no hace falta más que recolectarlo a mano sin el empleo de maquinarias.
«Un ojo entrenado puede diferenciar el coltán de otro tipo de rocas. Así que pequeños mineros lo recopilan y luego lo trasladan a Colombia», precisa el ministro.
Vetas de Torio
Dentro del arco minero también se detectaron importantes vetas de Torio (Th), un elemento químico radiactivo definido como un combustible nuclear limpio.
«La dificultad que se nos presenta radica en que las principales vetas se encuentran en una de las zonas más prístinas y puras del planeta», revela Víctor Cano.
Por lo que el país debe decidir, según el ministro, entre «extraer el torio o preservar esa zona», un debate similar al que se registró en Ecuador alrededor de la explotación petrolera en el Amazonas.
Reservas de oro
Por si fuera poco, las estimaciones con las que cuenta el ministerio de minería indican que las reservas de oro venezolanas (unas 8.000 toneladas) podrían situar a esta nación como la segunda del planeta con mayor cantidad del mineral aurífero, «muy cerca de la primera reserva», en manos de Estados Unidos (cerca de 10.000 toneladas), expone el ministro.
Víctor Cano, ministro de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela. Caracas 6 de julio de 2018. / Cortesía Irwing Martínez
El oro viene tomando relevancia en este país desde que, a mediados de marzo, el Gobierno informó que poseía la cuarta mina más grande del planeta, al certificar 1.480 toneladas, que representan 54.300 millones de euros.
Adversarios de la minería
Militantes de movimientos sociales venezolanos condenan la creación del Arco Minero del Orinoco, no solo por representar una forma productiva mediante la destrucción de la naturaleza, sino porque lo consideran parte de un modelo cultural y económicoregresivo a formas de extractivismo y rentismo que se proponía trascender el proyecto del socialismo.
En un artículo publicado en el sitio Aporrea, la periodista Minerva Vitti opina que el arco minero «responde a una lógica regional, donde los países buscan obtener ingresos monetarios a corto plazo», pero a cambio de la «destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio».
Mineros ilegales cavan con una manguera de presión en el estado de Bolívar. 15 de noviembre de 2012. / Jorge Silva
El ministro Víctor Cano sabe que la minería no tiene «nada de ecológico», pero explica que el Ministerio está concebido para implementar tecnologías que causen «el menor impacto posible», para que luego de terminar la actividad minera, la zona afectada pueda recuperarse.
«Buscamos técnicas para disminuir los impactos. Haciendo que el proceso minero sea lo más eficiente posible y que la contaminación no sea irreversible», expone el ministro Cano.
Alerta por el interés que suscitan los minerales
Para el Gobierno de Venezuela, esa cantidad de riquezas minerales disponibles «más que un peligro significan una amenaza», porque despiertan los intereses de los poderosos.
Solo en el caso del oro, detalla Vícto Cano, el ministerio ha entregado a las arcas del BCV 17,5 toneladas de oro en poco menos de dos años.
«Eso representa entre el 35 y el 40% del total de oro que se produce en el estado Bolívar», informa Cano. En ese período, el Estado pasó de estar ausente a recuperar casi la mitad de la extracción.
La producción anual de oro va de las 40 a las 45 toneladas, eso significa, en palabras de Cano, que le quitaron a las mafias el «40% del oro que se contrabandea hacia el exterior».
Para el ministro, esa es la razón de los constantes ataques que recibe el Ministerio con la decisión de explotar las riquezas minerales del sur de Venezuela.
En asociación con empresas de otros países, el gobierno venezolano explota el Arco Minero del Orinoco, una vasta región rica en minerales. Las graves consecuencias sociales y ambientales de estas actividades han pasado mayormente desapercibidas.
La devastación de Venezuela es también ecológica. El régimen de Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor Hugo Chávez, quien ya lo había anunciado en 2011, abrió las compuertas al apocalipsis ambiental cuando puso en marcha en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco: una vasta extensión de 111 mil 846 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12,2 % del territorio venezolano, que atraviesa selvas del sur como la sierra de Imataca, La Paragua y El Caura y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, todos sistemas ecológicos frágiles, habitados por comunidades indígenas.
La voracidad del gobierno chavista, escaso de divisas petroleras debido a su propia incapacidad y corrupción en el manejo de PDVSA, ha hecho que Maduro y sus cómplices se vuelquen hacia la explotación de recursos mineros. El Arco cuenta con grandes reservas de coltán (mineral codiciado por la industria de la electrónica), bauxita, diamantes y oro que algunos cálculos valoran en unos 2 trillones de dólares. Bajo un esquema de asociaciones estratégicas, el gobierno venezolano ha dado concesiones de explotación minera a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países. Una de las empresas concesionarias es la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la porción del “pastel” que le ha tocado a la casta militar, soporte principal del régimen.
Con esta empresa se busca darle legitimidad a la explotación por parte de los militares de los recursos del Arco Minero, lo que ya venían haciendo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde hace varios años de forma ilegal por medio del contrabando de oro y diamantes, el cobro de la llamada “vacuna” a los mineros artesanales, y la complicidad con fuerzas irregulares como el Ejército de Liberación de Colombia (ELN) y grupos criminales que operan en el sur de Venezuela.
Las comunidades de pueblos indígenas han sido una de las principales víctimas de la participación militar en las regiones mineras. Esto ha resultado en enfrentamientos con fuerzas militares, en crímenes contra representantes de esos pueblos, y en una red de manejos oscuros de un negocio que pudre el tejido social, sanitario y moral de esas regiones. En un extenso y muy documentado reportaje, el periodista Edgar López relata los horrores asociados con la exploración del Arco Minero, un cóctel destructor que mezcla “crimen, corrupción y cianuro”.
La migración de personas hacia las zonas selváticas para trabajar en la minería es una de las razones (no la única) que explican un incremento de los casos de malaria en Venezuela. Estos movimientos de población hacia los campos mineros también han resultado en un incremento de la prostitución, el tráfico de seres humanos (especialmente en tiempos de crisis humanitaria), y la explotación de los trabajadores. Todo esto en un país donde no existe el Estado de derecho, y el sistema judicial y de protección de los derechos humanos, incluyendo a la Fiscalía de la República y el Defensor del Pueblo (ombudsman), están al servicio del régimen de Maduro.
Algunos chavistas han denunciado la devastación del Arco Minero del Orinoco. Antiguos ministros y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, incluyendo al Mayor General Clíver Alcalá Cordones, introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para detener la explotación minera en esa zona, pero la máxima instancia judicial la declaró improcedente. Varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre las que está la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) también han alertado contra los efectos nefastos del Arco Minero. Pero el gobierno venezolano ha hecho caso omiso a todas estas denuncias. Recientemente anunció que un primer cargamento del mineral coltán había sido despachado a Italia, noticia que no aparece confirmada por ninguna fuente independiente.
En el plano internacional también se han escuchado algunas voces de alerta. Sin embargo, llama la atención el silencio de los grandes del ecologismo, como Greenpeace (un grupo llamado Greenpeace Venezuela, que no parece representar oficialmente a Greenpeace, hizo una tímida denuncia en su página Facebook) o el WWF. También resulta curioso que un vocero del ecologismo como el canadiense David Suzuki haya aceptado participar en una conferencia organizada en 2015 por la Embajada de Venezuela en Canadá bajo el título IV Encuentro de Saberes, pero que en la misma no haya mencionado el bien documentado impacto ecológico de la explotación petrolera en Venezuela, y particularmente del petróleo extra pesado de la Faja del Orinoco.
Según un vocero de la Fundación David Suzuki, ni el científico ni su organización recibieron pago alguno por parte del gobierno venezolano por esta conferencia. Al ser interrogado sobre la posición de la Fundación sobre la minería en el Arco Minero del Orinoco, el vocero se limitó a decir que la organización que lleva el nombre de Suzuki apoya la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y los derechos de estos pueblos en todo el mundo, pero no hace “campañas” fuera de Canadá. Otras organizaciones como MiningWatch Canada se ha pronunciado tímidamente sobre el tema en un tweet en el que critica a la empresa canadiense Gold Reserve, pero en el que no dice nada sobre la responsabilidad del régimen de Maduro en la violación de derechos humanos, los ataques contra los pueblos indígenas o el daño ambiental en el Arco Minero.
Varias razones podrían explicar la discreción de los usualmente ruidosos activistas verdes globales cuando se trata de Venezuela. En primer lugar, a pesar de contar con industrias altamente contaminantes como la petrolera y la minería, Venezuela ha estado fuera del radar de las grandes ONGs verdes por ser considerado durante mucho tiempo un país de ingresos medios, comparado con otros países considerados pobres en Asia, África e incluso Latinoamérica.
Segundo, la percepción que prevaleció durante la presidencia de Chávez que en Venezuela se había producido una “revolución de izquierdas” que favoreció a los pobres (lo que ha quedado ampliamente desmentido por la evidencia reciente), exculpaba a los bolivarianos de cualquier sospecha ecocida. Como lo afirma en un ensayo la profesora venezolana Gisela Kozak Rovero, “La apropiación del discurso de izquierda –en particular, estudios culturales, la teoría decolonial, feminismo «nuestroamericano», marxismo, postmarxismo–, ha permitido a la revolución bolivariana alianzas con académicos en diversas latitudes y el fomento de la militancia con ropaje investigativo…”. Lo mismo se podría decir de cierto progresismo verde que parece haber preferido las anteojeras ideológicas antes que la verdad sobre el crimen ecológico que se está cometiendo en Venezuela.
El Arco Minero del Orinoco es un proyecto de explotación de recursos naturales dentro de nuestro país. Fue establecido y puesto oficialmente en curso por medio de un decreto presidencial el 24 de febrero del año 2016 (promulgado en la Gaceta Oficial N˚ 40.855 bajo el N˚ 2.248).
Este decreto autoriza la explotación minera a gran escala de una inmensa zona ubicada en el sureste del país (incluye vastas áreas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) y será desarrollada por empresas mixtas (el proyecto contemplaba inicialmente la incorporación de, al menos, 150 empresas extranjeras).
El área destinada a los trabajos de exploración y explotación por dicho decreto alcanza aproximadamente el 12% de la extensión de nuestro territorio nacional (111.843,70 km²) y cuenta con unas reservas probadas en miles y millones de toneladas de oro, diamante, hierro, bauxita, cobre y coltán. Es, además, una zona de una muy rica biodiversidad que comprende grandes selvas y bosques protegidos por decretos de reserva forestal, monumentos naturales y cuencas salvaguardadas por leyes ambientales y convenios internacionales (esta zona, por cierto, forma parte de la Amazonía: el bosque húmedo tropical más grande del planeta y el hogar de la mayor biodiversidad del mundo, entre un tercio y la mitad de la vida conocida del planeta).
II. Razones oficiales y razones reales
El proyecto del Arco Minero del Orinoco, según el propio Gobierno nacional, es una iniciativa que forma parte del Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana y cuyo principal propósito es reimpulsar la economía venezolana. Tiene, según sus propias afirmaciones, un valor económico estratégico fundamental: posee el potencial para llevar, al país, de una economía petrolera monorentista a una economía diversificada más vigorosa y segura. Altos funcionarios del Ejecutivo han sostenido, por ejemplo, que la ejecución del proyecto del Arco Minero podría convertir a Venezuela en la segunda reserva de oro más grande del planeta y establecer al estado Bolívar como una alternativa no petrolera de desarrollo en el país.
Sin embargo, las razones de fondo que han empujado al Gobierno nacional a implementar el proyecto del Arco Minero del Orinocoparecen ser muy distintas. La baja relativa de los precios del petróleo y la caída de la producción petrolera nacional han provocado una escasez notable de divisas en las arcas del gobierno. Esta escasez le ha impedido al Gobierno nacional, por una parte, atender satisfactoriamente sus obligaciones ordinarias y extraordinarias y, por la otra, mantener sus políticas clientelares, su sistema de corrupción interno y externo y su política de influencia internacional.
El Gobierno nacional requiere desesperadamente nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos. Recursos y fuentes de ingreso que le permitan mantenerse en el poder y financiar la continuidad de su proyecto. El Arco Minero del Orinoco es esta nueva fuente lícita de recursos e ingresos. El proyecto del Arco Minero responde, de este modo, básicamente, a un interés privado: la satisfacción de los intereses de la elite gobernante; no a un interés primordialmente público: no al interés de la nación en general. La falta de los estudios previos de impacto ambiental y sociocultural exigidos por la Constitución Nacional para poner en marcha actividades de esta naturaleza deja justamente en evidencia la urgencia de su motivación particular y nos confirma, así mismo, el desinterés público de dicha empresa.
III. Impacto ambiental, social y cultural
La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá uno de los mayores desastres ambientales en la historia de la humanidad, una catástrofe ecológica que afectará no sólo a la generación presente sino a las generaciones futuras de nuestro país y del planeta en general.
No existe, en el mundo contemporáneo, una tecnología adecuada para llevar a cabo una explotación minera de tipo ecológica. Los trabajos de exploración y explotación mineras del Arco del Orinoco serán realizados bajo las técnicas tradicionales de exploración y explotación. Así pues, la deforestación y la quema de millones de hectáreas, el uso masivo de cianuro y arsénico, el desvío de los cursos naturales de las corrientes de agua y la remoción de inmensas extensiones de superficie perjudicarán de manera permanente la tierra como el agua, el clima y la biodiversidad de toda la zona.
La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco producirá la destrucción completa de bosques y sabanas, la sedimentación y el envenenamiento de las cuencas, los embalses, los ríos y los demás cursos de agua, la desertificación y la contaminación de toda la zona explotada, la alteración del ciclo hidrológico, la incidencia negativa en el clima y la disminución de las precipitaciones. Una parte de nuestra nación, como es previsible, quedará (literalmente) convertida en un desierto árido e improductivo de excavaciones contaminadas. Nuestras reservas de agua y la generación de energía para todo el país, como es de esperar, se verán seriamente comprometidas.
El decreto del Arco Minero del Orinoco viola los derechos humanos de las comunidades indígenas de la zona y su ejecución podría dar lugar a un genocidio. Viola el derecho a la vida, el derecho a la preservación de las tierras y de las formas de vida ancestrales de las comunidades indígenas. La condena al exterminio o al desplazamiento. Las comunidades indígenas que se resistan a desplazarse de sus territorios estarán condenadas irremediablemente a su aniquilación; las que quieran preservar sus vidas deberán desplazarse forzosamente de sus tierras ancestrales. El Arco Minero del Orinoco será una sentencia de muerte para las etnias Warao, Acawayo, E’Ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye’kwana y Semeyá.
El Arco Minero del Orinoco convierte el sur de nuestro país en un enclave colonial. Le otorga ventajas especiales al capital extranjero: exoneraciones totales o parciales del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, flexibilización de la normativa laboral, no interferencia de la minería artesanal, los indígenas o de huelgas. Y menoscaba odiosa e injustamente los derechos de los trabajadores empleados: los deja sin el amparo de la Ley del Trabajo y sin el derecho a reunión, manifestación o huelga.
El Arco Minero del Orinoco tendrá un impacto sumamente erosivo sobre nuestra sociedad y sobre la vida de toda nuestra nación: producirá la expansión a gran escala de los males sociales y culturales asociados a la minería ilegal actual: masacres, sicariato, corrupción, represión de los cuerpos policiales y militares, propagación de enfermedades, alcoholismo, tráfico de drogas, drogadicción, trata de mujeres, violación de menores, etc.
IV. Consideraciones finales
El decreto del Arco Minero del Orinoco viola derechos humanos fundamentales, la Constitución de la República y la firma de tratados internacionales ambientales, laborales e indígenas por parte de nuestro país.
El decreto del Arco Minero del Orinoco lesiona gravemente la soberanía de nuestra nación. Desconoce derechos y principios constitucionales para favorecer los intereses de la elite gobernante y del capital extranjero (inescrupuloso), en perjuicio grave del bienestar, la seguridad y el desarrollo sostenible de nuestra nación.
La ejecución del proyecto del Arco Minero del Orinoco perjudicará muy negativamente a nuestro ambiente, a nuestras comunidades indígenas y a nuestras vidas en general. Dará lugar a lugar a un ecocidio de grandes magnitudes e intensificará el -ya, de hecho, muy alarmante- proceso de desintegración social del país.
El Arco Minero del Orinoco producirá una catástrofe ecológica de consecuencias planetarias. El área destinada por el decreto para la explotación minera es muy, muy grande: casi la mitad de todo el territorio del Reino Unido (243.000 km²) e incluso superior a la extensión total de países tales como Cuba (109. 884 km²), Portugal (92.100 km²) o Panamá (78.569 km²). Su impacto sobre nuestro ambiente será incluso mayor al provocado, por la antigua Unión Soviética, en el mar de Aral (la reducción drástica, al 10% de su magnitud original) del cuarto lago más grande del planeta para la época (años 60 del pasado siglo) y su contaminación elevada convierten el ecocidio del mar de Aral en uno de las mayores catástrofes ambientales artificialmente provocados en la historia de la humanidad.
Si algún día nuestro país recupera la calma y los venezolanos de uno y otro signo deciden escribir su propia historia nacional de la infamia, el Arco Minero del Orinoco ocupará, sin duda alguna, un lugar destacado dentro de ella. Pero, por ahora, a todo ciudadano consciente, a todo individuo responsable le corresponde la tarea de oponerse a él, denunciarlo y organizarse para impedir la continuación de su ejecución.
Científicos venezolanos crearon la Red Venezolana de Investigaciones en Mercurio con la finalidad de velar por la regularización del uso de este metal en la explotación minera, asi lo informó Francisco Durán, integrante de la Red.
La creación de esta asociación de investigadores es para la vigilancia y la investigación del mercurio, «por las consecuencias económicas, sociales y para la salud» que genera este en la actividad minera, indicó Durán durante su participación en el programa En la bulla transmitido por RNV Informativa.
Esta red busca colocar a la disposición del Estado venezolano y de la población minera, toda la experiencia de sus 54 investigadores adscritos en todas las áreas del conocimiento.
El también profesor de matemática y física, recordó que el uso del mercurio en la minería es algo ancestral, por lo que pretenden a través de la red educar y concienciar a la familia minera para que vaya eliminando el uso de este material tóxico.
«Sabemos que el daño del mercurio es irreversible, pero con la educación estaremos disminuyendo y eliminando su uso», acotó el científico.
Con la utilización del metal rojo, la población minera debe comprender que representa un grave daño para la salud y para el ambiente. Adicionalmente afecta la relación producción-ganancia, pues con el uso de mercurio se recupera apenas 40% del oro presente, mientras que con los otros procesos alternativos se puede recuperar hasta el 90% del material aurífero.
En febrero de 2006, el Presidente de la República, Nicolás Maduro decretó una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, ubicada en el estado Bolívar, específicamente al sur del río Orinoco, Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, como una de las medidas económicas para recuperar la economía venezolana por la caída de los precios del petróleo.
Activistas de diversas organizaciones sociales autoconvocadas por la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco rechazaron la contaminación de los acuíferos y la afectación del derecho al agua y la energía de los venezolanos.
César Romero, ingeniero metalúrgico venezolano, habló de los mitos de la megaminería en el Foro de la UCV sobre Arco Minero y extractivismo. Reflexionó sobre la necesidad de dinero urgente y la instalación de la minería a gran escala.
La tercera cuenca de América del Sur, la del río Orinoco, históricamente degradada por actividades agropecuarias y extractivas, es ahora devastada por la búsqueda informal pero masiva de oro, según denunciaron científicos de Venezuela durante una reunión regional en Trinidad y Tobago.
En el marco de la jornada internacional contra la mega minería celebrada en diferentes partes del mundo el pasado 22 de julio, un grupo de organizaciones sociales ha convocado una acción de calle para denunciar el proyecto del Arco Minero del Orinoco como uno de los proyectos mineros más grandes de América Latina y a nivel mundial.
El próximo jueves 19 de Julio se realizará el foro Arco Minero del Orinoco: 
Si usted vive en Venezuela, probablemente tenga en este momento serios problemas de acceso al agua potable y de calidad. Al calor de la crisis que vivimos, florecen en todos los rincones del país múltiples protestas, de familias y comunidades que han pasado semanas consecutivas, y hasta meses, sin recibir el líquido.
Venezuela no solo cuenta con la mayor reserva de crudo del planeta en la llamada 
En asociación con empresas de otros países, el gobierno venezolano explota el Arco Minero del Orinoco, una vasta región rica en minerales. Las graves consecuencias sociales y ambientales de estas actividades han pasado mayormente desapercibidas.
Científicos venezolanos crearon la Red Venezolana de Investigaciones en Mercurio con la finalidad de velar por la regularización del uso de este metal en la explotación minera, asi lo informó Francisco Durán, integrante de la Red.