Amigas y amigos,
Los y las compañeras de Venezuela se reunirán este 22 de julio a las 12 del día frente al Ministerio de Finanzas, en conmemoración por el día Mundial contra la Megaminería en Rechazo al Arco Minero del Orinoco.
Convoca: Plataforma Contra el Arco Minero
plataformacontraelarco@gmail.com / @NoAlArcoMinero / Fb: Plataforma Contra El Arco Minero
El juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la demanda de nulidad presentada por Freddy Gutiérrez Trejo, Ana Elisa Osorio, Cliver Alcalá Cordones, Héctor Navarro y otros, con medida cautelar de suspensión de efectos contra el Decreto N° 2248 de fecha 24.02.2016, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 40.855, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional «Arco Minero del Orinoco».
En la admisión del recurso se ordenó notificar al Ministro de Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Fiscal General de la República, Procuraduría General de la República; al Coordinador de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, al Ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Ministro de Petróleo y Minería, Ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ministro de Pueblos Indígenas, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y, al Ministro de Comunas y los Movimientos Sociales, a fin de que emitan su opinión en la presente controversia, y a objeto de que el último de los nombrados, publique en su página web el texto íntegro del oficio que le será remitido, con la finalidad de dar a conocer la interposición del presente recurso. Se acordó librar el cartel, abrir cuaderno separado y solicitar antecedentes.
La megaminería en nuestro país dará un salto sin precedente con el desarrollo del Proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) llevado a cabo por el gobierno de Maduro. El mismo implica la entrega de una parte importantísima del territorio nacional a las transnacionales, y lo único que le va a quedar al pueblo es la destrucción del ecosistema y la expoliación de nuestras riquezas.
En la lucha contra este plan devastador, se constituyó la Plataforma por la Nulidad del Decreto del Arco Minero que la conforman diversas organizaciones políticas, movimientos sociales y activistas que se fueron sumando contra el proyecto del gobierno.
Creo que hoy estamos en un momento histórico, yo espero que esto lo esté viendo Venezuela y el mundo y que todas aquellas personas que luchan porque el planeta nos dure por lo menos unos cien años mas y vivamos en mejores condiciones y mejor calidad de vida se unan a esta luch. Así lo indicó Tibisay Maldonado como parte del grupo de ciudadanos y ciudadanas que se agruparon frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, el 31 de mayo a apoyar la introducción en la Sala Político- Administrativa, del Documento con la solicitud de nulidad del decreto 2.248 sobre el Arco Minero del Orinoco.
Maldonado, añadió: Todos nosotros en Caracas, dependemos del agua y de la electricidad que nos dan esos ríos…así que nosotros no podemos ser indiferentes a este llamado que estamos haciendo los movimientos sociales y los luchadores en general por derogar un decreto que simple y llanamente vulnera nuestra soberanía, vulnera la vida, así que bueno, unámonos todo por esta lucha: «Agua si oro no´´.
El Parque Nacional Canaima del estado Bolívar, en Venezuela, cumple este domingo 12 de junio, 54 años de haber sido fundado y 22 años declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El presidente Nicolás Maduró decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, con la finalidad de instalar un desarrollo minero en una amplia zona con monumentos naturales, y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales, que provee de las reservas de agua dulce más importantes del país.
Por su extensión, 30 mil km2, es considerado el sexto parque nacional más grande del mundo. Cerca de 65% está ocupado por mesetas de roca llamadas tepuyes. Estos constituyen un medio biológico único, presentando también un gran interés geológico, dados sus acantilados escarpados y sus caídas de agua, que incluye el Salto Ángel, la más elevada del mundo, a 1.283 m.
La llamada «minería ecológica» no existe ,y menos aún en ecosistemas frágiles como los ubicados al sur del río Orinoco, donde se encuentran las ultimas reservas de agua potable no contaminadas de Venezuela, así como bosques tropicales, protegidos por decretos de Parques Nacionales, Monumentos Naturales (tepuyes), reservas forestales como el Caura, La Paragua, Imataca, la cuenca estratégica del rio Caroní, de la cual dependen más del 65 por ciento de la energía eléctrica que surte a Venezuela, asociadas a las represas del Guri, Macagua I,II, III y Caruachi.
-.La creación de un nuevo mamotreto burocrático, creado por decreto del presidente de la república Nicolás Maduro, con el fin de promover la explotación minera de las selvas tropicales y ríos, representa otro error grotesco, en el desempeño de las funciones públicas, lo cual constituye una evidencia más, de que el jefe de estado y su gabinete sufren de un delirio minero y rentista, totalmente fuera de la realidad, lo cual representa un problema muy grave en la conducción de los asuntos del estado. Definitivamente Maduro no está en sus cabales y esta es una prueba que obliga al país, a los dirigentes políticos y dirigentes el Estado, incluyendo al partido de gobierno a instrumentar rápidamente los mecanismos democráticos para recuperar una racionalidad mínima en el ejercicio del gobierno y la gobernabilidad democrática.
Una nutrida representación de los diferentes sectores que hacen vida en la Región Guayana, reunidos en la sede de la UCAB, han hecho circular un documento en donde razonan paso a paso su negativa a esta nueva imposición gubernamental. El decreto que firmó el presidente Nicolás Maduro se dirige directamente contra la sustentabilidad de la Región Guayana y contra los derechos fundamentales de los guayaneses. Y a favor, eso sí, de las trasnacionales de la minería.
Piden derogar el decreto número 2.248, de fecha 24/02/2016, del ejecutivo nacional, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero. Fue publicado en la Gaceta Oficial número 40.855.
El documento de los guayaneses enumera los atentados contra los diferentes derechos que significa, en la práctica, tal decreto. Y a ello se une el clima de inseguridad terrible en la región, ante el cual el Estado y el gobierno se muestran indiferentes, y la prueba es la ausencia de seguimiento al asesinato reciente de 17 trabajadores. Además:
1 ju
nio 2016
Desde los años 90 se viene intensificando el desarrollo de la Mega-Minería en el mundo. En esa historia América latina tiene mucho que contar. Montañas desaparecidas, ríos contaminados, poblaciones desplazadas, miles de muertos por enfermedades, paisajes y reservas naturales completamente destruidas, pobreza y miseria; son algunas de las consecuencias de la minería a gran escala, muchas de las cuales se mantienen luego de abandonar la mina por la culminación de su vida útil.
Al mantener el principio de la rentabilidad, las grandes empresas del oro procesan millones de toneladas de mineral al año, lo que implica grandes movimientos de tierras y la construcción de minas cada vez más grandes. Toda esa gran masa de roca triturada debe someterse al proceso de lixiviación con cianuro o “cianuración”, en el que se agrega una mezcla de agua y cianuro (de sodio o potasio) con el objetivo de separar los elementos de interés (oro, plata) de los minerales restantes. Tanto el movimiento de tierras, la construcción de la mina y el uso de la mezcla de cianuro pueden generar situaciones catastróficas en un corto, mediano y/o largo plazo.
Intelectuales, activistas, movimientos sociales, indígenas, entre otros, que forman parte de la sociedad civil se sumaron a un pronunciamiento que exhorta al Gobierno de Venezuela a detener sus planes de una masiva explotación minera en la cuenca del Río Orinoco.
Como se recuerda, el Gobierno creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), un territorio de 117.000 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), en la cuenca del río Orinoco, con el fin de entregarla en concesión a empresas nacionales y de otros países para la explotación a gran escala de oro, coltán, bronce, diamantes, entre otros componentes.
Ante esta situación, la sociedad civil ha puesto en marcha una campaña de oposición por motivos sociales y ambientales.
Agrupaciones civiles ecologistas se sumaron a las voces que rechazan la iniciativa del Gobierno venezolano de emprender una extensiva explotación minera en el río Orinoco, en la zona denominada el “Arco Minero”, por las consecuencias ambientales que tendría.
Como se recuerda, en febrero pasado, el Gobierno puso en marcha el “motor minero”, como parte de su estrategia para supuestamente fortalecer el aparato productivo del país y superar el modelo rentista de los ingresos petroleros, ante la caída de los precios del petróleo.
Con ese fin, mediante el decreto número 2.248 se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, un territorio de 117.000 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), en la cuenca del río Orinoco.