17/02/2023 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA

El ejército de Venezuela lanzó una operación contra los mineros ilegales en el Parque Nacional Yapacana, tras las protestas de la comunidad internacional por la destrucción de la selva amazónica del país. Pero dado que hay grupos armados y elementos estatales corruptos que se benefician de la minería ilegal, aún hay dudas sobre el verdadero compromiso del país con la reducción de este flagelo.

Durante el mes de enero, el ejército de Venezuela llevó a cabo seis operaciones para destruir equipos e infraestructura utilizados para la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, una reserva natural de 320 hectáreas ubicada en la región central del estado Amazonas, considerada una de las joyas naturales del país.

Las operaciones permitieron el desmantelamiento de al menos dos campamentos mineros ilegales, así como la incautación o destrucción de motores, bombas y otros equipos de minería, como consta en informes oficiales.

Las acciones militares realizadas en enero fueron una continuación de una primera serie de golpes efectuados en diciembre de 2022, a raíz de una creciente protesta internacional por la deforestación en la Amazonía venezolana.

Varias semanas antes del inicio de las operaciones, diversos medios de comunicación y grupos ambientalistas publicaron informes basados en datos de imágenes satelitales que muestran la devastación causada por la minería ilegal en Yapacana.

Los informes no solo llaman la atención sobre la magnitud de la deforestación, sino que además dejan claro en quién recae la mayor parte de la culpa: en los grupos guerrilleros de origen colombiano que han operado en su mayor parte con impunidad en la región gracias a sus vínculos con el gobierno venezolano.

La aparición del presidente Nicolás Maduro en la cumbre climática COP27 en Egipto, en noviembre pasado, donde pidió nuevos esfuerzos de cooperación multilateral para proteger la Amazonía, dio inicio a las reacciones contra su régimen. Geoff Ramsey, director de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en Venezuela, dijo a The Guardian que invitar a Maduro al evento fue “como pedirle a un pirómano que apague un incendio”.

A medida que la presión fue aumentando, diversas celebridades de Hollywood se unieron a las protestas; por ejemplo, el actor Leonardo DiCaprio hizo publicaciones en las redes sociales, en las que llamaba la atención sobre la deforestación causada por la minería ilegal.

Análisis de InSight Crime
Dado que el saqueo de Yapacana ya se conoce en todo el mundo, la inacción de Maduro podría deteriorar su posición en el escenario mundial. Pero cualquier acción genuina que tome contra la minería ilegal afectaría esa importante fuente de financiamiento para sus aliados, tanto al interior del Estado como en el hampa.

Las investigaciones de InSight Crime durante 2022 en el Amazonas señalan que las operaciones mineras en Yapacana son conducidas por una mezcla de actores, entre empresarios criminales, comunidades indígenas y, sobre todo, grupos guerrilleros.

El Frente Acacio Medina de la las ex-FARC Mafia, por ejemplo, dirige operaciones mineras y cobra “impuestos” tanto a otros mineros como a las diversas empresas que han surgido para apoyar las operaciones. Además, regulan los campamentos mineros, imponiendo su propio orden social.

“Controlan los pagos [de extorsiones], controlan las ventas de oro y controlan a los negocios y a los comerciantes”, dijo un representante de una comunidad indígena de Atabapo, el municipio donde se encuentra Yapacana, quien pidió el anonimato por razones de seguridad.

Además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) controla los territorios en los bordes de la zona, y les cobra a los mineros y comerciantes para permitirles ingresar a la zona minera.

Según líderes comunitarios, mineros, investigadores y autoridades de la región, los guerrilleros operan en coordinación con los militares venezolanos, y todos los involucrados en la minería deben pagarles una parte de sus ganancias a los militares y a otros actores estatales para que se les permita trabajar.

“En Yapacana y Atabapo, a veces se ve a guerrilleros viajando juntos en un barco militar, o viceversa”, dijo un defensor local de derechos humanos, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “O se puede ver a agentes del ejército de alguno de los puestos aislados en un bote guerrillero”.

Es posible que la reciente serie de operaciones militares haya desarticulado este equilibrio criminal. Sin embargo, las imágenes satelitales y las fuentes en la región indican que el impacto general en la minería y en los grupos armados que participan en ella ha sido mínimo.

Por ejemplo, el análisis de datos satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) después de las primeras operaciones en diciembre indica que apenas se había hecho mella en las operaciones mineras.

Además, cuando comenzaron las operaciones, el Frente Acacio Medina realizó un retiro táctico, según un líder comunitario indígena de la zona que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

“Todavía están cerca, pero no en las minas porque dicen que han recibido órdenes, y si esa es la orden de los militares, entonces se retirarán”, dijo.

Según la misma fuente, las operaciones fueron suspendidas a finales de enero, pues las comunidades indígenas involucradas en la minería habían negociado con los militares.

Dichos acuerdos son lógicos, dado que la minería ilegal sigue siendo una importante fuente de ingresos para el Estado venezolano y sus aliados criminales.
https://es.insightcrime.org/noticias/continuan-dudas-sobre-esfuerzos-venezuela-mineria-ilegal/

Takeshi Chacon 20/12/2022

Según la FANB, los tres miembros pertenecen al autodenominado grupo ‘El Tren de Guayana’, dedicado a la minería ilegal, tráfico de drogas y trata de personas.
EFE.- Militares venezolanos detuvieron a tres personas en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) vinculadas a bandas de minería ilegal.

Así informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

“FANB detiene a tres miembros del autodenominado grupo de delincuencia organizada ‘El Tren de Guayana’, dedicado a la minería ilegal, tráfico de drogas y trata de personas, que operan al margen de la ley en la región de Guayana”, señaló el funcionario en su cuenta de Twitter.

Hernández Lárez acompañó la información con dos imágenes en las que se ve la incautación de un fusil y 30 municiones.

Otros operativos
Por otra parte, en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), en los espacios del Parque Nacional Yapacana, se mantiene un operativo de “destrucción” e “inutilización” de maquinarias y medios de soporte de la minería ilegal, según dijo el militar sin ofrecer mayores detalles.

A finales de octubre, el Ministerio de Defensa desplegó la “Operación Roraima 2022” contra la minería ilegal, trata de personas y narcotráfico en estas regiones del sur de Venezuela.

FF. AA. de Ecuador destruyen campamentos de minería ilegal
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Un operativo que ha dejado detenciones de civiles y destrucción de campos ilegales de extracción de riquezas, según denuncias de varias ONG.

En los últimos tres meses, autoridades militares han dado cuenta de numerosas estructuras ilegales intervenidas por la FANB.

Así como del hallazgo de, al menos, dos fosas comunes y de la detención de decenas de personas en estos territorios por delitos relacionados con la minería ilegal.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/ffaa-venezuela-personas-mineria-ilegal/

10/12/2022

Vladimir Aguilar Castro
Universidad de Los Andes
Deforestación en el Parque Nacional Canaima . Foto Javier Mesa Vía Raisg

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

El contexto histórico
1. El PNC es un territorio ancestral indígena Pemon que se estableció en 1962 con un área de 10 mil kilómetros cuadrados, pero su tamaño se incrementó a 30 mil kilómetros cuadrados en 1975, para salvaguardar las funciones hídricas de sus cuencas fluviales. Posteriormente en el año 1994, sería decretado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), debido a la gran diversidad cultural y biológica que se encuentran en estos territorios.

2. Cuando fue declarada área protegida, el PNC obvió el carácter preexistente de los pueblos indígenas que allí habitaban de manera ancestral y tradicional.

3. El proceso de ocupación territorial al sur del Orinoco fundamentado en la res nullius (cosa de nadie) fue reemplazado por el interés de la Nación, y hoy en día en su nueva versión, es sustituido por la expansión de la frontera extractivista.

El contexto actual
4. La disputa que ha generado la expansión minera en el PNC tiene diversas aristas. La primera, responde a los intereses corporativos y del Estado que apuestan por un desarrollismo de explotación de recursos de manera ilimitada.

5. La segunda es la que se expresa a lo interno de las comunidades indígenas. Del eslabón extractivista existente en el sur del Orinoco, el más débil lo constituye los pueblos indígenas. Estos últimos son solo dueños de su fuerza de trabajo. No son propietarios ni de máquinas y del combustible necesario para el desarrollo de la actividad minera.

El contexto indígena
6. El pueblo indígena del Sector II Pemon Kamarata-Kanaimo ha venido haciendo esfuerzos sostenidos por erradicar la minería en su territorio ancestral, hoy PNC. No solo a nivel declarativo sino, sobre todo, de manera propositiva.

7. En efecto, han sido distintas asambleas celebradas en el Sector II, en las que se ha aprobado de forma reiterada no a la actividad minera en el territorio ancestral Pemon.

8. Sumado a lo anterior, el pueblo indígena Pemon Kamarakoto del Sector II ha acordado un convenio de coadministración de su territorio ancestral y del PNC con el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). En este se reafirma el rechazo a la actividad minera en el territorio ancestral Pemon y PNC.

9. A la par de lo antes expuesto, el pueblo indígena Pemon Kamarakoto del Sector II tiene una autodemarcación realizada en su territorio, y hoy en día avanza en una propuesta de gestión de sus hábitats ancestrales y tradicionales.

10. Queda de parte del Estado venezolano validar el reconocimiento y titulación del territorio ancestral del Sector II Pemon Kamarakoto, así como crear las condiciones para la erradicación definitiva de la minería a través del impulso y desarrollo del ecoturismo y de actividades socio productivas, entre otras.

11. Para ello, es necesario entender que el PNC tiene desde la aprobación de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), una doble condición: primero, el de constituir un territorio ancestral y tradicional del pueblo indígena Pemon del Sector II Kamarakoto; segundo, el de ser un área protegida.

12. Los pueblos indígenas en general y el Pemon en particular, necesitan tambien tener la certeza que lo ocupado hasta ahora de manera ancestral y tradicional no es solamente reconocido en leyes nacionales e internacionales, si no que debe ser titulado para garantizar sus formas de vida (artículo 119 CRBV) como herramienta de ejercicio del derecho fundamental a la libre determinación, a la identidad cultural y al territorio, entre otros.

El contexto de la actividad turística en el territorio ancestral Pemon y PNC
13. Otro aspecto importante de resaltar es la diversidad cultural existente en los territorios indígenas, algo que no siempre está claro para los no indígenas.

14. En el caso del Valle de Kamarata, la existencia de un campamento turístico de intereses privados, ha venido arremetiendo mediante su desconocimiento y discriminación, contra las instituciones propias de los pueblos indígenas, sus autoridades legitimas y la comunidad, en connivencia con tribunales con sede administrativa en Puerto Ordaz, lo cual pone en riesgo la identidad cultural del pueblo indígena Pemon del Sector II Kamarakoto.

15. El Campamento Uruyen fue creado por indígenas kamarakoto para el impulso del ecoturismo en el Valle de Kamarata. Luego de diversas asociaciones con personas no indígenas, hoy es un lugar de destino turístico vinculado a las esferas de poder del Estado venezolano, principalmente militares.

16. Las concesiones en Parques Nacionales y hábitats indígenas para desarrollar actividades ecoturísticas, pasan obligatoriamente por el consentimiento que los indígenas dan a la misma, al ser ellos habitantes ancestrales de manera preexistente en las áreas protegidas antes de su creación.

17. Según el derecho internacional, las empresas tienen responsabilidades en hábitats y tierras indígenas de protección y resguardo, así como de debida diligencia a los pueblos y comunidades indígenas que allí habitan de manera ancestral.

18. Es bueno recordar, que las JEI han sido reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el sistema universal de protección de derechos humanos, como expresión del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

19. Solo entendiendo de parte de las instituciones públicas y empresas que operan en territorios ancestrales indígenas y áreas naturales protegidas, de la necesaria coexistencia entre derechos indígenas y derechos ambientales, se puede iniciar un diálogo intercultural real y necesario con los pueblos y comunidades indígenas del país.

Apuntes sobre la actividad minera en el Parque Nacional Canaima (PNC)

09/12/2022

Mineras del oro no autorizadas están despojando ilegalmente la cima de una montaña sagrada en un Parque Nacional protegido de Venezuela, y el gobierno de Caracas hace la vista gorda mientras algunos funcionarios supuestamente sacan tajada.

El Cerro Yapacana, un monte de arenisca de 1.400 metros sobre el nivel del mar situado en un rincón de la selva amazónica venezolana, alberga una fauna que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Con su característica forma de mesa, este hito geológico es conocido por las comunidades indígenas de esta región de Sudamérica como tepui, o “Casa de Dios”.

Ahora, maquinaria pesada horada la tierra rica en minerales. Una ciudad de mineros ilegales, grupos armados y fuerzas estatales venezolanas ha convertido el Parque Nacional de Yapacana en el mayor yacimiento minero ilegal de esta sección del Amazonas, una operación que amenaza la selva tropical que, según los científicos, es crucial para mitigar el cambio global.

“Han convertido la montaña en arena”, dijo William, un antiguo minero que sigue trabajando en la zona y que habló con la condición de que no se revelara su apellido por temor a su seguridad. “Allí nunca podrá crecer un árbol”.

Yapacana ha sido durante mucho tiempo un centro de extracción ilegal de oro. Pero las nuevas imágenes por satélite facilitadas a The Washington Post revelan lo arraigada que está la minería, desde las estribaciones hasta la cima del tepui, de difícil acceso. Más de siete millas cuadradas del parque se han visto afectadas por las minas de oro.

Los grupos de defensa Amazon Conservation Association de Washington y SOS Orinoco de Venezuela utilizaron imágenes de alta resolución para identificar al menos 8.000 campamentos mineros o piezas de maquinaria en las tierras bajas del parque. El grupo encontró 425 campamentos o piezas de maquinaria más en la cima del tepui.

“Lo que solemos ver es un puñado de viviendas y maquinaria”, explica Matt Finer, especialista en investigación de Amazon Conservation. “Pero cuando nos acercamos a Yapacana fue como. . . ¿Qué es esto?”.

Un análisis del Post de imágenes satelitales separadas confirmó la presencia de campamentos y equipos mineros.

El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.

Finer, que ha estudiado la minería en todo el Amazonas, dijo que estaba sorprendido por la densidad de las operaciones. Dijo que no había visto nada igual en un parque nacional supuestamente protegido.

“La protección de los parques nacionales es lo más fácil de conseguir”, afirmó Finer. “Si no puedes limpiar tus parques nacionales, estás realmente en problemas”.

En este caso, según analistas y lugareños, las autoridades venezolanas no sólo permiten la minería ilegal y los grupos armados en un parque nacional protegido, sino que algunos se benefician de ello.

Grupos guerrilleros del otro lado de la frontera, en Colombia, han explotado durante años Yapacana en busca de oro. Después de que los acuerdos de paz de Colombia de 2016 redujeran la violencia entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla, su presencia en el parque aumentó, informa International Crisis Group.

Ahora, el Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde que no firmó los acuerdos, controla la justicia local y cobra impuestos a los residentes, según Bram Ebus, consultor del International Crisis Group que ha visitado las minas en los últimos años.

Parte del oro se entrega a las autoridades venezolanas, que vuelan en helicóptero para cobrar su parte, según Ebus.

Cristina Vollmer Burelli, fundadora de SOS Orinoco, dijo que el grupo ha estado emitiendo advertencias sobre la destrucción desde 2018, mientras que “el mundo se centró en otras partes de la Amazonía.”

Maduro, al comparecer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Egipto en noviembre, pidió la protección de la Amazonía.

“Milenios de existencia han dejado una marca irreparable en el Amazonas”, dijo. “Creemos que son los pueblos originarios los que deben enseñarnos a salvar y a convivir con la naturaleza”.

Maduro culpó al capitalismo del “gran daño” a la selva tropical. No mencionó el papel que su gobierno habría desempeñado al permitir supuestamente la minería ilegal.

William, el ex minero, dijo que las fuerzas venezolanas una vez protegieron el sitio.

“Antes, la Guardia Nacional no te dejaba entrar”, dijo el hombre, que creció en el parque y sigue transportando mineros a través de la frontera en barco. “Ahora se ha convertido en un negocio”.

Karen ayudó una vez a regentar una tienda cerca de las minas. Dice que todos, desde los mineros hasta los tenderos locales, debían pagar impuestos en oro a tres grupos: la guerrilla, las autoridades indígenas y el ejército.

Hildebrando Arangú, director del Instituto Nacional de Parques de Venezuela entre 2004 y 2009, afirmó que la expansión de la minería en la cima del tepui está causando “daños irreversibles”.

No está claro cómo los mineros están llegando a la cima. “Cuando yo trabajaba allí”, dijo Arangú, “la única forma de hacerlo era con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en helicópteros”.

William dijo que la mayor parte de la maquinaria es transportada montaña arriba por partes por grupos de hombres a pie. La caminata dura al menos cinco horas. Dijo que lo ha hecho dos veces: “A veces hay que subir como una araña”.

La destrucción del ecosistema amenaza a especies que han evolucionado aisladas en la montaña.

El explorador venezolano Charles Brewer-Carias identificó actividad minera en la cima del Cerro Yapacana en la década de 1980. Durante aquel viaje fotografió una Navia saxicola, una rara planta con flores. Según él, es probable que la bromelia, que sólo se encuentra en la cima del tepui, se haya perdido para siempre.

Lo mismo podría ocurrir con la llamada rana venenosa demoníaca, un diminuto anfibio rojo que tiene su hogar en la bromelia. Celsa Señaris, herpetóloga venezolana, dice que es imposible que los investigadores accedan al parque para saberlo con certeza.

“Me pregunto si ya se habrá extinguido”, afirma Señaris.
Fuente: The Washington Post.-

La ciudad minera que está destruyendo la montaña sagrada de Venezuela

Takeshi Chacon 29/11/2022

Activan acciones militares contra minería ilegal en Amazonas venezolana (Foto: EFE)

En el caso del parque nacional Yapacana, habría 78 sectores mineros y 3.200 hectáreas afectadas por la explotación minera ilegal.
El comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe Domingo Hernández Lárez, informó sobre una operación contra la minería ilegal.

Indicó que el último domingo se realizó en Amazonas la “Operación Autana 2022”, en la lucha contra la minería ilegal, tráfico de drogas y trata de personas.

La interdicción se efectuó en las reservas forestales venezolanas, garantizando el ordenamiento jurídico territorial en materia de seguridad y defensa.

Tras ello, el militar explicó que están desmantelando campamentos de invasores armados, destructores de nuestra naturaleza y bosques protegidos, que irrespetan el medio ambiente y el ordenamiento jurídico territorial.

Agregó que también desmantelaron “instalaciones ilegales y maquinarias usadas para destruir la naturaleza indiscriminadamente y sin permisos de ningún tipo”.

Sentenció que “la arbitrariedad de grupos armados es un problema de seguridad y defensa que será castigado conforme a la ley”.

Más resultados
Por su parte, la FANB también localizó un depósito clandestino con más de 15.500 litros de combustible usados para actividades de minería ilegal.

Aunque no especificó la ubicación, medios venezolanos consideraron que la operación militar Autana 2022 se esté desarrollando en zonas del parque nacional Yapacana, el mayor foco de minería ilegal en el estado Amazonas.

Asimismo, en el estado Amazonas hay focos mineros en el municipio Autana y en el municipio Alto Orinoco existen denuncias de habitantes y de organizaciones indígenas sobre la presencia de mineros ilegales brasileños, conocidos como garimpeiros.

Además, en el parque nacional Yapacana, recientemente la ONG SOS Orinoco ha identificado 78 sectores mineros y 3.200 hectáreas afectadas por la explotación minera ilegal en el parque nacional.

Apuntes
El gobernador del estado Amazonas dijo que, según el último registro al que había tenido acceso, hay 33.000 personas aproximadamente, en referencia a la cantidad de sujetos que están practicando la minería ilegal y demás actividades conexas en el parque nacional Yapacana.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/acciones-militares-mineria-ilegal-amazonas-venezuela/

Takeshi Chacon 21/11/2022

El operativo fue contra la banda criminal “Las 3R” que opera en el estado Bolívar, y ha sido acusada de realizar minería ilegal.

Militares de Venezuela incautaron 39 armas de distinto tipo en el estado amazónico Bolívar, fronterizo con Brasil, a una banda dedicada a la minería ilegal.

Así informó, según EFE, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

El militar sostuvo que estas armas, incautadas en reservas forestales de esa región amazónica, eran usadas también para cometer asesinatos por encargo.

Se detalló que más de 26 armas cortas de gran potencia, 6 subametralladoras y 7 armas largas, cargadores.
Venezuela incauta equipos utilizados por minería ilegal

Así como municiones, granadas y otros pertrechos se incautaron a miembros de banda delincuencial Las 3R.

También se explicó que Las 3R es una banda criminal que opera en el estado Bolívar y acusada de delitos relacionados con la minería ilegal.
Operativos

A principios de noviembre, los militares encontraron dos fosas comunes en distintos operativos en esta zona fronteriza ejecutadas por Las 3R.
Venezuela gana US$ 3.500 millones por exportación de petróleo

Además, a fines de octubre, cerca de 700 militares se desplegaron en varias localidades mineras de Bolívar.

En el operativo se detuvo a civiles y se destruyó campos ilegales de extracción de riquezas, según varias ONG que han denunciado desapariciones forzadas y atropellos contra la población por parte de las autoridades.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/venezuela-armas-banda-mineria-ilegal/

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha ocupado parte de la zona despejada de los grupos armados

Sebastiana Barráez
Caracas, Venezuela 13/11/2022

Destrucción de una mina del grupo 3R
Cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) arrancó, el 28 de octubre 2022, la Operación 2022, contra grupos de la minería en el estado Bolívar, insistiendo en que había preocupación por los daños al medio ambiente, muchos sectores manifestaron extrañeza, porque son reiteradas las denuncias por la violenta agresión contra el ambiente y sus recursos en el Arco Minero. Después de varios muertos, detenidos y amenazas, así como protestas y denuncias, va quedando claro que los militares han ocupado parte de la zona despejada de grupos armados, pero un importante territorio lo han dejado bajo el control del Ejército d Liberación Nacional (ELN).

“Los acuerdos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro dan sus frutos”, le dice a Infobae un oficial enviado a la zona. “De Casa Blanca hacia Anacoco, Ojo Lata, Corregente, Florestal, Imataca, lo está dejando libre a la guerrilla”.

Materiales y cuerpos humanos fueron encontrados en fosas
Materiales y cuerpos humanos fueron encontrados en fosas
Los militares andan con los funcionarios de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) quienes están censando a los mineros: “Les preguntan que a quién vendía la producción, como es lógico la respuesta es que al pran que comanda la zona. Los militares les dicen que de ahora en adelante le venderán a la CVM directamente y que deben pedir su recibo, que será el salvoconducto cuando pase la inspección militar. Los militares le quitan el negocio a los pranes para tenerlo ellos directamente con CVM. Las mejores vetas q tenían los pranes, ahora las tienen los militares con CVM”, revela una fuente que pide mantenerse en el anonimato.

Despliegue militar
Un alto oficial que habló con Infobae destaca que las acciones llevadas a cabo en el estado Bolívar responden a la Operación Roraima 2022, “que adelanta operaciones conjuntas, integrales y unificadas de defensa militar, mediante patrullajes, reconocimientos, seguridad y vigilancia para combatir y neutralizar a Tancol (Terroristas Armados, Narcotraficantes Colombianos), GEDO (Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada), GAGV (Grupos Armados Generadores de Violencia), mercenarios, colaboradores y otros grupos al margen de la Ley”.

“La idea era que la Fuerza Armada se desplegara con operaciones terrestres, fluviales, aéreas y anfibias. Es así como a las URRA (Unidades de Reacción Rápida) se les asignó el reconocimiento de la ruta y la zona, los patrullajes de reconocimiento, bloqueo y contención, las alcabalas móviles, el censo y registro, entre otras”.

Se les ordenó a las unidades militares asistir con más de un centenar de hombres, incluyendo a personal de las Zonas Operativas, Milicia, Comandos de Zona, “ha sido una operación destinada a recuperar ese territorio minero que se ha convertido en tierra de nadie”, finaliza diciendo.

Mineros De Imataca Reclamando Por El Desalojo De Las Minas
En el municipio Sifontes la Fuerza Armada le incautó, a la banda de “El Run”, cuatro helicópteros que según el Comandante Estratégico Operacional (Ceofanb), GJ (Ej) Domingo Hernández Lárez eran “usados para el tráfico de la minería ilegal y materiales estratégicos”.

Un minero, quien parece asombrado, afirma “es algo raro pero la operación militar en el sur del país sí está atacando a las bandas criminales y pranes, pero no entiendo si cada pran tenía su padrino: en el K88, El Negro Juancho, apadrinado por un dirigente alto del PSUV; Joan Petrica es del grupo de una exministra y un exbeisbolista. En El Dorado lo apadrinaba el colombiano Raúl Orozco, socio de Alex Saab. En El Callao Ronny Matón, otro apadrinado desde Caracas”.

“Ahí parece un golpe de estado silencioso contra algunos pranes. Fíjese que Ronny Matón reporta directamente a Carlito Fernández, quien a su vez responde a un pesado de la revolución y se ocupa de mantenerle las plantas entre Guasipati y El Callao; Carlito tiene la planta de oro, hatos y fincas en El Manteco. La gente de El Dorado quedó huérfana porque Raúl se fue y Alex Saab está preso”.

“Hasta ahora no han tocado el K88, porque está apadrinado el general Osorio de la CVM (Corporación Venezolana de la Minería. Además, los del K88 tienen otros dirigentes y el brazo financiero del Tren de Aragua, porque el tercer mando de ese grupo opera des del kilómetro 88″.

Jefes militares en una reunión de seguimiento a la operación en Bolívar
Para los iraníes
En un sonido que corre en la zona se oye a un individuo pedir resguardarse. “Los cabecillas son, en este momento, objetivos militares. El operativo se va a quedar por lo menos seis meses para limpieza total de todo el estado Bolívar, desde Maripa hasta la Gran Sabana. Las instrucciones son matar a los sujetos identificados. Quienes hayan tenido contacto o comunicación con esos ciudadanos boten hasta el teléfono porque está telecomunicaciones e informática trabajando con las celdas de todo el estado Bolívar, para dar con los contactos por medio de los números de teléfono que ya han obtenido”.

El dirigente indígena Romel Edgardo Guzamana indicó a Infobae que en el operativo militar están “quemando todos los campamentos alegando que son mafias, colocando a los mineros como delincuentes o como integrantes del Tren de Aragua; eso es para meter a los iraníes y dejarles ese territorio. Ya han sacado a varios mineros de Upata, Las Claritas hasta la Gran Sabana”

Dos dirigentes de Primero Justicia, Rachid Yasbek Valdez y María Beatriz Martínez, dijeron en el estado Bolívar que lo que se busca con la operación militar es el control del territorio que ha llevado a los habitantes del municipio Sifontes (que comprende Tumeremo, El Dorado, El 88 y Las Claritas) a ser víctimas de un toque de queda.

Otro habitante califica como “receta del mal” lo que considera “ataque contra diferentes sectores y comunidades de Bolívar. Es una receta diabólica lo que tienen con este tema del desalojo minero, cómo de manera abrupta los efectivos militares, que para el bien no son, porque no se debe tener sangre o no ser venezolano para empezar a quemar, destrozar y a desalojar de manera tan humillante y cobarde como lo están haciendo estos militares”, agregando que es un “quítate tú para ponerme yo, un pran por otro”.

Cientos de soldados en la Operación Roraima
Un vecino de Tumeremo, en conversación con Infobae, destaca que “cuando al Fuerte Tarabay llegó gran cantidad de efectivos castrenses de toda índole, incluyendo SEBIN, Dgcim y fuerzas especiales del Ejército y la GNB, se corrió el rumor que venían a desalojar las minas de los malandros que las controlan y que por cierto fueron puestos por el mismo gobierno. Pero lo que llegaron fue maltratando, robando y quemando los campamentos mineros y los enseres”.

“Desde acá de Tumeremo se distribuyen, hacia El Dorado y El Callao, en convoy y autobuses rojos yutong. Lo insólito es que ese día, con tanta fuerza militar en Tumeremo, los malandros mandaron a cerrar todo el comercio del pueblo y los uniformados ni pendientes”.

Asegura que lo más insistente era que sacarían a la banda del Run, la de Eduardo José Natera Balboa. “La excusa es sacar a los malandros que ellos mismo metieron en las minas y así desalojar a los mineros. Esto es para poder entregar las áreas mineras a los rusos e iraníes. Es por eso que, el 29 de octubre, Guyana movilizó tropas a la línea limítrofe con Venezuela, en alerta con la gran movilización que se hizo del lado venezolano y tan cerca de la línea limítrofe en reclamación”.
https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/11/13/las-minas-de-oro-son-el-objetivo-de-militares-e-iranies-lo-que-oculta-la-operacion-roraima-en-el-arco-minero-de-venezuela/

22/09/2022
OEP Venezuela
Crédito Foto Tiago Orihuela
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela ha hecho público el 20 de septiembre varios informes que documentan de manera detallada los resultados de investigaciones sobre la violación de derechos humanos en en el país. Uno de los documentos revela específicamente La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.

Tras la implementación del Estado venezolano de una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco», se dio puerta franca a la explotación legal e ilegal de oro y otros minerales en el país,trayendo consigo la incorporación de dinámicas de expoliación que afectan tanto a seres humanos como a la naturaleza. Este informe de las Naciones Unidas confirma las reiteradas denuncias que se vienen haciendo desde las organizaciones sociales sobre la violación sistemática de derechos humanos en el contexto del Arco Minero del Orinoco. Es así como esta misión internacional independiente basa sus análisis y conclusiones en los testimonios de 155 entrevistas (71 en misiones de terreno y otras 84 a distancia) realizadas a víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y representantes de pueblos indígenas. A continuación destacamos algunos elementos relevantes de este informe de 156 páginas.

Estado y Grupos armados irregulares
Esta investigación sostiene que hay evidencias que permiten establecer nexos entre algunas autoridades del Estado venezolano con las bandas criminales involucradas con el comercio ilegal de oro proveniente del Arco Minero. Este informe dice que “Según las investigaciones de la Misión, parece existir una forma habitual de colaboración entre la FANB y los grupos ilegales consistente en el intercambio de oro a cambio de armamento”.

Presencia y actividad del ELN en el Arco Minero
También se corrobora en este documento la presencia y expansión en el territorio nacional de grupos armados extranjeros entre ellos el Ejército de Liberación Nacional. Se denuncia la colaboración y complicidad de algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana con estos grupos irregulares.

Violencia en la zona del Arco Minero
El informe señala que los distintos grupos armados extranjeros como el ELN y la FARC así como los denominados “sindicatos” han establecido diversas dinámicas de violencia que se expresan de la siguiente manera: “(1) enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados, que incluyen operaciones de “limpieza” de zonas mineras; (2) incidentes violentos entre grupos armados, así como actos violentos perpetrados por los dichos grupos contra la población civil y minera, y por el control de las minas; (3) ataques perpetrados por el ELN; y (4) castigos corporales y ejecuciones ejemplarizantes”.

Violencia por el control de la minería en territorios indígenas
Esta investigación señala que diversos líderes y lideresas de pueblos indígenas han recibido amenazas en algunos casos por grupos armados irregulares y en otros por los mismos representantes del Estado venezolano. El documento indica lo siguiente: “Desde 2016 hasta la fecha de redacción del presente informe, varios líderes y lideresas indígenas han sido blancos de amenazas y ataques. Estas dinámicas han sido particularmente frecuentes en las comunidades indígenas ubicadas en lugares estratégicos por la presencia de minas o por ser parte de rutas de tráfico ilícito, como Kumarakapay, ubicada sobre la Troncal 10, y Maurak, que alberga el aeropuerto de Santa Elena de Uairén”.

La invasión de territorios indígenas por parte de militares como de grupos irregulares atenta contra la integridad física de los pueblos indígenas, es así como este informe de las Naciones Unidas documenta con detalles varios casos ilustrativos en los cuales se ejerció la violencia y se violó los derechos de comunidades indígenas.

Violencia sexual y de género en el contexto de la minería en el estado de Bolívar
La Misión internacional independiente identificó casos de explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. Al respecto indican que “La explotación sexual de niñas y adolescentes es particularmente frecuente en las minas. Organizaciones locales especializadas en derechos de los pueblos indígenas han denunciado que muchas de las currutelas y locales donde se ejerce la prostitución, esclavizan a niñas y adolescentes indígenas, cada vez de menor edad, por la preferencia por las más jóvenes”.

Foto Vía CEPAZ
Ver también: Mujeres indígenas de Venezuela: las otras víctimas del extractivismo

Este informe indica que hay indicios de casos de prostitución de niñas. “Según el testimonio de un hombre que trabajó en varias minas en el municipio de Sifontes en 2016 y 2017, había trabajadoras sexuales en todas las minas, incluyendo niñas de unos 12 años en adelante. A las niñas casi siempre las ponían a trabajar en la madrugada, mientras las mujeres trabajaban por las tardes. Otro testigo que habló con la Misión y que trabajó en las minas de San Luis de Morichal entre mayo y julio de 2018 afirma haber visto por lo menos 25 menores trabajando en las currutelas en estas minas”.

Este informe retrata de manera detallada la situación de afectación de derechos humanos de pueblos indígenas y de niñas, mujeres y adolescentes en el contexto del Arco Minero del Orinoco. Este documento nos motiva a las organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas y de derechos humanos a seguir investigando y denunciando los impactos de la minería legal e ilegal en Venezuela.

Elementos clave del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco

19/09/2022
Erick Camargo
CVG Bauxilum. Foto redes sociales de CVG Bauxilum
La empresa CVG Bauxilum es la encargada de la explotación de bauxita y su transformación en alúmina, para luego ser transformada en aluminio. Esta surgió con la fusión de la CVG Bauxiven e Interalúmina en 1994 y está compuesta por la mina de Los Pijiguaos y la planta de alúmina en Puerto Ordaz. Bauxilum por mucho tiempo fue un ejemplo de “eficiencia” y desarrollo de aquella Venezuela saudita, incluso posterior al quiebre, la empresa llegaría a mostrar sus picos de producción alrededor del año 2002, gracias a las inversiones realizadas por el Estado.

El deterioro de la economía había ya paralizado desde 2016 la producción de Bauxita, pero esta se seguía transformando en alúmina, utilizando el mineral depositado al pie de la mina y en los depósitos de los puertos. La conflictividad laboral, la escasez de energía eléctrica estable y el poco mantenimiento de las máquinas han permitido que la producción sea lenta y escasa, sin consumirse la totalidad del mineral extraído. Ya en 2019 Tal Cual había reportado la paralización y reactivaciones momentáneas de la maquinaria, sin que esto fuese algo estable. Hay que notar que en la misma nota se indica la llegada de soda cáustica al puerto, para suministrar de ese químico a la planta, sin que esta pueda reciclar el contenido en las piscinas.

Para agosto de este año, tras el reclamo de trabajadores de la empresa, se pudo saber que la misma va teniendo últimamente una lenta reactivación, incluso declaran “que se hacen algunos trabajos en la mina”. Pero a principios de este septiembre se verificó, que este inicio de actividad vino acompañado con un desastre ambiental de gran calado; la expulsión de alúmina calcinada (óxido de aluminio) al aire, el cual ha sido respirado por más de una semana por los habitantes de las comunidades circundantes. No olvidemos que esta planta, en Matanzas, está en el perímetro urbano de Puerto Ordaz.

El 8 de septiembre, el Correo del Caroní, anunció que ya se tenían 4 días de expulsión del material al ambiente. Este mismo reportaje señala que las personas de las zonas afectadas empezaron a mostrar síntomas de molestias respiratorias, irritación en mucosas, en ojos y garganta. Mientras la empresa pide una disculpa y no asume responsabilidades. Silvano Moreno, secretario general de Sutralúmina Bolívar, precisó en entrevista con Correo del Caroní que el calcinador se encendió sin haber culminado su mantenimiento. Hay una imposición por producir a toda costa, sin mediar en las consecuencias.

Comunicado de CVG Bauxilum

Por otra parte, en Crónica Uno se reseñó que no hay control sobre las partículas expulsadas al ambiente, y que hay un grave peligro con las micropartículas que entran al organismo y se alojan en tejidos blandos, provocando acumulación de contaminantes. Entre los efectos para el sistema respiratorio puede haber disminución de la capacidad pulmonar, asma bronquial, bronquitis, enfisemas pulmonares, fibrosis pulmonar y cáncer. Algunos de estos pueden aparecer a largo plazo, cuando el evento quede en el olvido y nadie se haga cargo.

Legado Destructivo desde la Mina
Pero de lo que poco se habla es del nefasto legado de la empresa en materia medioambiental y social. Desde la propia explotación de mineral que ha dejado una enorme herida en la selva, con la construcción de un pueblo para los trabajadores a costa del desplazamiento de comunidades indígenas E’ñepa, sin consulta previa y sin que aún se les haya restituido sus territorios o se les indemnizara adecuadamente.

La deforestación en la zona de Los Pijiguaos es uno de los casos más emblemáticos de la amazonía, como se puede ver en la foto, más de 9 kilómetros de selva fueron destruidos para la extracción de mineral, sin contar la capa vegetal que también se removió para la construcción de los pueblos del campamento, de Morichalito y el aeropuerto. Pueblos que además siempre han vivido en una terrible situación de precariedad.

Deforestación en los Pijiguaos

Lodos Rojos, amenaza constante al Orinoco
Pero en la planta de producción de alúmina también, desde el principio, ha existido un grave problema, que contamina nuestro río principal y pone en peligro la subsistencia y salud de poblaciones río abajo. Es el caso de las lagunas de oxidación, conocidas también como piscinas de lodos rojos. El proceso de conversión del mineral de bauxita en alúmina, mediante el proceso Bayer requirió la creación de estas lagunas, las cuales contienen además de los lodos rojos, soda cáustica. Esta situación se viene denunciando desde hace años, según una investigación de Carlina Ron, cuando la planta estaba en operación el desecho era de 1 millón de toneladas de lodos anuales y 2 millones de metros cúbicos de soda cáustica.

Lagunas de oxidación
Estos contaminantes se han venido acumulando en unas piscinas de oxidación, a pocos metros de la orilla del río Orinoco. En el año 2.000 se había anunciado un proyecto de modernización con la inversión de la empresa francesa Pechiney, la cual mejoraría la producción y resolvería de forma definitiva el problema de la acumulación de lodos rojos. Sin embargo, la situación política, social y económica del país dejaría a ese proyecto en el olvido. Además, se presume que la supuesta solución al tema de los residuos era más propaganda que una realidad; pues en el mundo apenas el 2% de los lodos rojos se han reciclado y al contrario, han sido origen de catástrofes ambientales de gran magnitud.

La Contaminación No Para
En El Pitazo, otro dirigente sindical, José Basanta, reveló que para el 17 de septiembre aún no se detenía la dispersión de partículas de alúmina calcinada en el ambiente. Pese a que la empresa había anunciado el cese de las operaciones para evitar seguir contaminando. Alega además que es mentira que se colocaran filtros en el calcinador, como anunció la empresa; pero que además los empleados no cuentan con equipo de protección adecuado para trabajar, apenas con mascarillas y se ven expuestos a los químicos contaminantes.

Afirmó además que “No van a paralizar porque le están mandando alúmina a Venalum, empresa que arrancó una celda y no la puede paralizar. Ellos han decidido, de manera irresponsable, seguir contaminando el ambiente y dañando a los seres humanos. Solo están pendientes del proceso productivo”.

Declara el dirigente sindical que el problema no es nuevo, que hace años los filtros vienen fallando o se carecen de ellos; que ya los trabajadores se han visto afectados en su salud por laborar en esas condiciones. Las declaraciones del líder sindical hacen parecer que Venezuela cuenta con su propia versión de casos como el de Chernobyl o Bophal, donde industria y Estado se juntan para encubrir el daño ambiental en aras de la producción.

Silencio de las Autoridades, Indefensión Ciudadana
Las autoridades ambientales del país han hecho absoluto silencio ante lo ocurrido. Desde el Ministerio de Ecosocialismo ni siquiera se ha publicado un comunicado, ni se han anunciado las medidas judiciales a tomar sobre los responsables de la empresa que ha envenenado a miles de personas.

Bajo la Ley Penal del Ambiente, en su artículo 96, corresponde pena de prisión de 6 meses a 2 años, así como una multa de entre 600 a 2.000 Unidades Tributarias a los responsables de lo sucedido, lo que podríamos ver como insuficiente dada la gravedad del asunto. Sin embargo, también cada uno de los implicados tiene la potestad de demandar a la empresa estatal por daños y perjuicios ocasionados por las partículas, exigiendo que se les cancelen los gastos médicos, así como futuros chequeos para ver la evolución de la salud a raíz de la exposición al contaminante.

También cabría abrir un procedimiento administrativo contra la empresa por incumplir el decreto de normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, que dispone en el artículo 17, que empresas que puedan incurrir en riesgo, aplicar medidas de mitigación, contención y en caso, como ahora, de haber realizado el daño, deben corregir y reparar el daño realizado. Sin embargo, hasta ahora no vemos que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Queda en mano de los ciudadanos exigir justicia a Bauxilum y al Ministerio de Ecosocialismo, por su inacción y falta de transparencia y responsabilidad en el asunto.

Este 19 de septiembre se anunció por Crónica Uno, que se establecería una comisión ciudadana para investigar el daño ambiental provocado por Bauxilum, en este caso de dispersión de alúmina calcinada. Sin embargo, ya es tarde para esto y se deben tomar medidas penales, además; ya pasados más de 15 días y sin que se detenga la emisión del contaminante, se debe exigir a la empresa la paralización total de su actividad e iniciarse los procedimientos administrativos pertinentes para determinar responsabilidades.

Pasivos ambientales de CVG Bauxilum, una historia de impunidad

17/07/2022
La deforestación, el extractivismo y la tala indiscriminada de grandes extensiones de bosque acompañan a la minería ilegal por parte de diversas organizaciones criminales, como las actividades ilícitas que tienen lugar en el Arco Minero del Orinoco. Así lo reportó la ONG FundaRedes en su informe sobre la destrucción inminente de esta extensión de terreno.

La organización destacó la explotación agresiva e irracional que sufre la zona minera. Hasta el momento, han sido destruidas al menos 1.200 hectáreas de selva virgen del estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. FundaRedes señaló que tal destrucción ha estado motivada a acciones estratégicas del régimen de Nicolás Maduro en su intento de cubrir el déficit del ingreso petrolero, además de las políticas económicas erradas.

La construcción de pistas ilegales para despegue y aterrizaje de aeronaves para narcotráfico y contrabando ha sido otra de las denuncias hechas por la organización, que ha evidenciado la tala de árboles y la deforestación para tal fin.

La consecuencia más inmediata ha sido la fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. FundaRedes también señaló como consecuencia la contaminación de las aguas y el suelo y la deforestación de miles de hectáreas de selva tropical. Todos estos desastres ocurren con el conocimiento del Estado venezolano.

Dentro del informe emitido por la organización, destaca que las actividades ilícitas no se limitan solo a los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas. Por el contrario, se ha extendido a otros territorios como lo son Apure, Falcón, Sucre, Nueva Esparta, Guárico y Zulia.

Los grupos irregulares como las FARC y el ELN operan con total apertura dentro de estos territorios, tomando posesión de las minas de coltán y de diamante.

“La explotación minera que se está llevando a cabo en la zona centro-sur del país, se está realizando a través de mecanismos o labores altamente destructivas como lo es la minería a cielo abierto, que por el uso del mercurio para encontrar el oro va destruyendo y contaminando cada una de las capas de los suelos y afluentes de los ríos”, informó el ingeniero forestal y profesor de la Universidad de Los Andes, Gustavo Uzcátegui.

FundaRedes agrega en su informe que los derechos fundamentales a la vida, a un ambiente sano y sustentable, al trabajo, la salud y la propiedad, así como los derechos de los pueblos indígenas se mantienen vulnerados con la complicidad del régimen venezolano. Además, la organización pone en evidencia la forma en la que se incumple la Ley Penal del Ambiente, en la que se encuentran detallados todos los delitos que atentan en contra de los recursos ambientales y naturales.

El informe emitido por la ONG busca nuevamente llamar la atención en cuanto a la preservación de los recursos naturales ya que los hechos evidenciados han revelado que los daños en la biodiversidad y en las especies endémicas del Arco Minero son irreversibles. PresidenciaVe / EA (Foto: PresidenciaVe)
Fundaredes
https://informe21.com/actualidad/fundaredes-actividades-ilicitas-en-el-arco-minero-tienen-consecuencias-irreversibles