En materia de minería –actividad que genera resistencia en algunos sectores de la sociedad– el gobierno dejó en claro ayer dos cosas. Una es que Uruguay no puede renunciar a ese recurso. Lo otro, es que no se moverá una piedra por parte de Aratirí sin autorización ambiental. De todos modos, el contrato con esa compañía que reservó 15.000 hectáreas en cuatro departamentos para explotar yacimientos de hierro, se firmará sin que se haga público su contenido.
Al mismo tiempo se irán procesando los permisos ambientales.