La región Sur de República Dominicana concentra en nueve de sus diez provincias el 41.3% de los permisos de explotación de minería otorgados por las autoridades, siendo San Cristóbal, con un total de 18, la demarcación con mayor número de concesiones.
De las 18 licencias para extracción de minerales en San Cristóbal, el 83.3% corresponden a roca caliza (15), 11.1% a arena (2) y una a caliche, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Hasta el pasado 31 de octubre, el Estado dominicano otorgó, a través del MEM, 125 permisos para explotación de yacimientos. Un total de 55 estaban asignados a provincias sureñas y de esa cifra, el 32.7% a San Cristóbal.
De los 55 permisos que hay en el Sur, el 52.7% es para explotar roca caliza (base del cemento), 16.3% para yeso y el 7.2% para arcilla. En la región se extraen otros materiales, como larimar, mármol y sal, pero en un porcentaje menor.
El Sur también cuenta con la tercera provincia del país con más permisos de extracción de minerales. En Barahona, con 13 concesiones, equivalente al 23.6% del total regional, las licencias para explotar yacimientos de yeso representan el 30.7%. Le siguen la roca caliza con 23%. Allí existen también una mina de larimar y otra de mármol, dos permisos para extracción de sal y dos de materiales diversos.
Tanto en San Juan y Bahoruco, el travertino y el yeso son los minerales con más licencias para aprovechar. Mientras que en Peravia, de los cuatro permisos de extracción que concentra, el 75% corresponde a arcilla. En Pedernales, Elías Piña, Independencia y Azua priman las explotaciones de roca caliza.
El Ministerio registra 125 concesiones de explotación que incluyen 123 no metálicas (mármol, arcilla, rocas, larimar, sal o yeso) y dos metálicas (oro, plata, cobre y ferroníquel). A ese número se suman otras ocho de empresas y personas que cuentan con permisos para extraer en varias provincias.
El presidente de la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana (Camipe), José Sena, considera poco excesiva la cantidad de permisos mineros. Sostiene que el país debe estudiar, de forma profunda, los datos científicos, que permitan, por un ordenamiento territorial, conciliar las áreas, “desde el recurso agua hasta el turismo, desde la agricultura hasta la foresta”.
“Nuestros recursos están puestos para que lo utilicemos y que se desarrolle el país en base a sus materias primas”, dice.
Ley de Ordenamiento
El 12 de julio de 2016 los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que entre otras cosas, establece los lineamientos de organización sostenible del país, los cuales consideran su capacidad de carga y productividad, y los criterios para asignar el uso de un suelo minero.
Omar Rancier, encargado de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, explica que la legislación, pendiente de ratificación en el Senado, busca establecer las actividades apropiadas para cada territorio, de acuerdo a su potencialidades.
“En el caso del tema minero, se establece que sea sostenible y que no lastime ni social ni ambientalmente; pero sobre todo, que se plantee un sistema de extracción que, al mismo tiempo, permita aprovechar las riquezas económicas y sea un vector de desarrollo de las regiones”, detalla Rancier.
Para el presidente del Colegio de Geólogos de España, Manuel Regueiro, invitado por la Camipe, la cantidad de concesiones para explotación de yacimientos otorgadas por el país no es problema, siempre que se “respete el medio ambiente”.
Regueiro recomienda que en la Ley de Planificación de Territorio se incluya un tipo de suelo minero. “Lo más importante son los recursos mineros en la planificación del territorio. La mayoría de la planificación de territorio en el mundo se hace más bien para decidir dónde se construye y dónde no”.
Irregularidad
En noviembre de 2015, la empresa Cementos Santo Domingo, propiedad de la familia del entonces aspirante presidencial Luis Abinader, se vio envuelta en un escándalo cuando el Ministerio de Energía y Minas le negó una solicitud de explotación de roca caliza en Azua. La dependencia alegó que el 92.78% de los 59.80 kilómetros cuadrados del área pedida para la concesión denominada Hatillo se encuentra dentro de los límites del parque nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó y la reserva forestal Hatillo.
Energía y Minas explicó en un documento que la empresa nunca tuvo una concesión de extracción de roca caliza y así se evidencia en la lista de permisos de explotación otorgados.
Con el objetivo de tener mayor control sobre la actividad minera, el Ministerio de Energía y Minas asegura que elaboró ocho iniciativas. Las acciones incluyen un proyecto de revisión de los permisos de exploración que busca declarar caducas y nulas las concesiones que no estén operativas, incumplan las disposiciones legales o no estén acordes al interés nacional.
“El Estado debe promover la minería responsable y ser nuestro aliado, y (el Ministerio de) Medio Ambiente lo que tiene es que exigirnos que cumplamos las leyes para minimizar el impacto que generamos y definir qué es permisible y qué no y aplicar las multas”, sostiene el presidente de la Camipe.
En el Cibao
La región Norte, con 33 permisos para explotación minera, equivalente al 24.8% del total otorgado en República Dominicana, incluyendo los únicos dos metálicos del país (ferroníquel, oro, plata y cobre), ocupa el segundo lugar, medido de forma regional.
Samaná, dentro de esa zona, es la provincia con más permisos de explotación, con dos concesiones para extracción de roca caliza y siete para mármol. De este último mineral, el Cibao tiene el 90.9% de las licencias que otorgó el Ministerio de Energía y Minas, al 31 de octubre.
Monseñor Nouel alberga dos minas metálicas en operación. Aunque de sus seis permisos de explotación, el 66.6% corresponde a arcilla.
Santiago es en la región Norte la tercera provincia con mayor cantidad de concesiones para explotación, con cinco. Sus yacimientos son principalmente de insumos para la construcción: arena, roca caliza y arcilla.
Igual ocurre con los permisos de extracción en la provincia Sánchez Ramírez, debido a que tres de sus cuatro concesiones son para suplir la industria de la construcción. Aunque posee, junto a Monseñor Nouel, la única mina que explota oro, plata y cobre del país.
En las nueve concesiones restantes de la región Norte, distribuidos entre Puerto Plata (4), Valverde (2), La Vega (2) y María Trinidad Sánchez (1), se extraen materiales diversos, sobre todo caliza y arcilla.
Las del Este
En cambio, la región Este, donde se ubican los principales polos turísticos dominicanos, concentra el 21% de las concesiones mineras del país. En La Altagracia se ubican la mayor cantidad de permisos, 10 en total, correspondiendo el 70% a roca caliza, el 20% a la extracción de roca volcánica y el 10% a coralina.
En la zona Este las concesiones para la explotación de los tipos de rocas son las más abundantes.
En Hato Mayor, el 60% de sus minas extrae roca volcánica; en La Romana, el 75% de los permisos es de caliza y el resto roca coralina; en San Pedro de Macorís, el 50% es de caliza y el restante es de coralina (25%) y arcilla (25%).
En Monte Plata, de sus tres permisos de explotación, todos corresponden a arena y otros materiales. En tanto, en el Seibo, de sus dos minas, una extrae roca caliza y la otra volcánica.
El Gran Santo Domingo cuenta con 17 permisos de explotación de rocas, en su mayoría en el municipio de Boca Chica. El 62.5% corresponde a coralina, el 31.2% a caliza y el 6.2% a roca volcánica, esta última concesión ubicada en el municipio de Pedro Brand.
Pese a que hay minería en 24 provincias, los principales yacimientos en explotación se ubican en Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, donde están las operaciones de Barrick Pueblo Viejo y Falcondo.
El Ministerio de Energía y Minas ve “difícil” que el país logre la organización minera por tipo de mineral. “El descubrimiento de los minerales existentes en un área es un proceso dinámico y constante”, alega.
“El Estado, al otorgar concesiones a terceros, está traspasando el riesgo y el costo de la exploración y la prospección, debido a que se desconoce lo que se puede encontrar en ese subsuelo. Por tanto, es difícil organizar el territorio por tipo de mineral”, sostiene la dependencia que encabeza Antonio Isa Conde.
Controles
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió a mediados de año una resolución con el propósito de regular la proporción de muestras de sustancias minerales en concesiones de exploración, a los fines de evitar que mediante éstas se extraigan “grandes cantidades” de materiales y/o minerales, para fines de comercialización interna o externa, convirtiéndose en una concesión de explotación ilegal.
El MEM también elaboró el proyecto de Control de Exportaciones de Sustancias Minerales, junto a varias instituciones, que busca que los materiales que sean exportados vayan acompañados de una certificación de no objeción, con el objetivo de controlar el origen y la cantidad que se exporta, hacia dónde va y se pagan los impuestos correspondientes, según informó.
Transparencia en la industria extractiva
Según el presidente de la Cámara Minera Petrolera de República Dominicana, José Sena, el reto número uno del sector minero para este 2017 es “que seamos miembro de la iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, en inglés)”, la cual busca transparentar los ingresos que generan las empresas mineras y que concuerde con lo que le pagan al Estado. “Para que el país sepa qué se genera de la minería y a dónde van esos recursos, que tienen que ser auditados por la sociedad”, explica Sena.
La Ley Minera obliga a los concesionarios a emitir informes semestrales de progreso y anuales de operación, que le permitan al Ministerio de Energía y Minas comprobar el estatus de las concesiones, especialmente si están al día con sus obligaciones.
Fuente:http://www.eldinero.com.do/35465/republica-dominicana-tiene-mineria-en-24-provincias/
Por: Yanet Féliz, yanetfeliz2@hotmail.com, 23-02- 2017
Cotuí.- Habitantes de varias comunidades campesinas de este municipio se aopostaron este lunes en la parte frontal de la minera Laguna Limitad para protestar por supuesta contaminación.
Un panel sobre vida y explotación minera fue auspiciado por el Centro UASD San Juan, los cuales estuvo como exponentes a los maestros Luis Carvajal, Carlos Sención y Milton Martínez. Indicaron que robarle una gota de agua al Valle de San Juan, por los beneficios que se puedan obtener de una mina es un crimen, que todos los Sanjuaneros deben rechazar y que no hay razón para que una sola vivienda en San Juan no tenga suficiente agua, no obstante estar comprometida toda el agua del valle de San Juan.
Moradores en San Juan de la Maguana, los alrededores de la Barrick Gold y de Loma Miranda protestaron frente al Ministerio de Medio Ambiente en demanda de que se detenga la explotación minera en el país. Con pancartas en manos, banderas y consignas los sanjuaneros denunciaron que la empresa Gold Class realiza exploraciones en la cordillera central, justo donde nacen los ríos de San Juan.
La contaminación de los ríos de la provincia Sánchez Ramírez comienza afectar la salud de cientos de personas enclavadas en comunidades cercanas a la minera Barrick Gold. Algunos niños y ancianos presentan herpes o llagas, como las afecciones piel más común por los daños causados a las aguas de los ríos El Yagal y Maguaca.
Un centenar de personas, entre productores agropecuarios y estudiantes universitarios, realizaron una marcha-caravana bajo la consigna, “agua si, oro no,” en la que expresaron su rechazo a una eventual explotación de la mina de oro y cobre que hay en la cuenca alta de esta provincia.
El rechazo a la explotación de una mina de oro ubicada en la parte norte del municipio de San Juan de la Maguana es mayor cada día, debido a que los sanjuaneros se han expresado en desacuerdo con las pretensiones de la empresa Canadiense Gold Quest Minig Corp, ya que según ellos, la explotación de esa mina acabaría con la existencia de todas las especies vivientes de toda la región sur del país.
La minera Barrick Pueblo Viejo será el agente de ejecución de las obras, que incluye el cierre de la presa de Mejita, aportando US$75 millones. Pero el Estado dominicano también aportará alrededor de US$25 millones ocupándose de las labores de supervisión de personal, maquinarias herramientas, bienes intangibles y obras de infraestructura. Los trabajos abarcarán la remediación en la presa de colas de Mejita, rajo Cumba, Hondo Norte, Hondo Sur, reubicación y disposición de los suelos impactados con mercurio, intervención de la Cañada Honda, ríos Maguaca y Margajita, así como el reservorio Hatillo y las instalaciones para la disposiciones de sedimentos, entre otros.