Este lunes cientos de pobladores de varias comunidades del distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba en Cusco, marcharon en rechazo a las concesiones mineras que -según ellos- amenazan con contaminar sus ríos y tierras de cultivo.

Las diversas comunidades campesinas, pertenecientes al Valle Sangrado, se movilizaron por las diversas calles de este distrito portando letreros con mensajes en rechazo a la minería.

Señalan que habría dos concesiones mineras que son una amenaza para lagunas y otras fuentes de agua. También perjudicaría el turismo vivencial que se practica en esas zonas.

Rechazan minera

Son en total quince comunidades que se oponen a las concesiones mineras entregadas a la empresa Qoricasa y al ciudadano Luis Alberto Elorrieta. Ambos poseen el derecho dado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

El presidente de las Rondas Campesinas del distrito de Ollantaytambo, Feliciano Quispe, explicó días atrás en una conferencia de prensa que Luis Alberto Elorrieta tiene una concesión desde mayo de 2014. “Nosotros hemos pedido la anulación de la concesión, porque atenta contra nuestra cultura”, dijo Quispe.

Mientras que Qoricasa obtuvo la concesión el 31 octubre de 2017. En ambos casos -señaló Quispe- el permiso fue aprobado sin aplicar la Ley de la Consulta Previa.

Las comunidades afectadas serían Quelcanya, Yanamayo, Challwaccocha, Chupani, Cuchayoc y Munaypata. Asimismo, Ollantaytambo, Bandolista, Paillata, Rumira, Huilloc, Patacancha y Pata.

El congresista por Cusco, Edgar Ochoa, se pronunció hace poco por este caso. Pidió a Ingemmet que considere las peculiaridades de la zona al momento de establecer concesiones mineras, y reconozca e identifique las poblaciones que viven en esos espacios. “Estaremos vigilantes sobre la protección de las áreas naturales que sirven de espacio vital para nuestros pueblos”, dijo en ese entonces Ochoa.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/28/tacna-historia-de-la-ciudad-heroica-que-se-reincorporo-al-peru-hace-90-anos-atmp/?ref=footerdesktop

Durante los últimos meses, la población de Tala, Pocata, Coscore y Tumilaca (localidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero) han denunciado la contaminación por polvo que, aseguran, ocasiona el proyecto Quellaveco.

Por eso el día 12 de agosto inició un paro contra el proyecto minero Quellaveco de la empresa minera Anglo American Perú en Moquegua. Los gremios de construcción civil se movilizaron. En la ciudad de Moquegua las actividades se realizaron con normalidad.

Entre las otras preocupaciones de la ciudadanía están el bajo porcentaje de mano de obra regional en la minera, que la empresa no se abastece de alimentos con proveedores regionales y la contaminación del río Moquegua (Osmore). Un acuerdo era que el 80% de la mano de obra no calificada fuera de la región, actualmente estos componen el 40%.

Durante el periodo de construcción los indicadores de contaminación del río Moquegua ya superaron los Límites Máximos Permisibles para la calidad de agua. Desde la intervención de la empresa Anglo American se registró mayor presencia de arsénico y boro en el agua del río.

La posición de un sector (Junta de Usuarios de Moquegua) es que “Quellaveco no va” por estar en la cabecera de cuenca del río Asana. Piden la declaratoria de emergencia de agro, salud y ambiente. Según el presidente del Frente Anticorrupción, Jesús Paredes, el proyecto Quellaveco es inviable por situarse en la cabecera del río Asana. La plataforma de protesta pasa por declarar en emergencia el agua y medioambiente.

La mañana del 13 el presidente Martín Vizcarra se pronunció a favor de la operación minera en Quellaveco y dijo que se trata de un proyecto que garantiza el cuidado del medioambiente y cuyo inicio se logró tras un proceso de diálogo.

Hasta el momento, la medida de fuerza iniciada en Tulimaca continúa impidiendo el tránsito en el sector por la carretera binacional hacia Bolivia. Los  transportistas varados desde el lunes, pese a que otro momento expresaron su solidaridad con los comuneros, ahora amenazan con reabrir la vía.

Se mantiene la tensión en el conflicto mientras que en la localidad no se muestran avances del diálogo entre el Gobierno Regional y el Ejecutivo.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/08/16/moquegua-continuan-protestas-contra-quellaveco/

Pese a los operativos que buscan erradicar la minería informal y la abiertamente ilegal, llama la atención que este sub sector se mantenga en el segundo lugar de la producción de oro a nivel nacional, después de Yanacocha y superando a empresas productoras importantes, sobre todo de la región La Libertad. Esto ocurre pese a que la producción de oro ilegal/informal también ha decrecido.

¿A qué se debe esto? En primer lugar al hecho que la minería informal e ilegal se ha extendido a lo largo y ancho del país. Con distintos niveles de producción, este tipo de minería no sólo se desarrolla en la región Madre de Dios y además, es una actividad con un alto nivel de movilidad: es conocido que operadores mineros informales se movilizan por diferentes regiones del país buscando oro, ya sea en yacimientos filoneanos o de tipo aluvial. Si en una zona la actividad se vuelve complicada y se implementan operativos de interdicción, se buscan otras zonas alternativas.

Por otro lado, las actividades de prospección, exploración en este tipo de minería son bastante más sencillas. Poner en marcha una nueva operación minera no es una tarea complicada, sobre todo si se la compara con las operaciones de la minería formal.

Por otro lado, se sabe que varios yacimientos auríferos de la minería formal se encuentran en la actualidad en una situación de producción decreciente. Es el caso de Yanacocha, Minera Poderosa y Barrick Gold. Tanto Minera Poderosa como Barrick Gold han anunciado la postergación de sus proyectos de ampliación. Esta última empresa ha postergado inversiones en sus yacimientos de La Libertad: el caso más importante es el proyecto que buscaba optimizar la operación de Lagunas Norte, añadiendo 100 mil onzas anuales de oro a la producción corriente de esta operación. Luego se proyectaba una segunda fase, con el proyecto de material refractario que debía añadir otras 170 mil onzas anulas de oro desde el año 2026.

Habrá que ver si la recuperación de la cotización internacional del oro tiene un impacto en el comportamiento y en las estrategias de inversión de los diversos estamentos de la producción de oro en el país.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-mineria-informal-ilegal-y-el-ranking-de-la-produccion-de-oro/

El martes 13 se llevó a cabo el Foro Público sobre Empresas y Derechos Humanos en la ciudad del Cusco. El espacio sirvió para presentar el reporte sobre los impactos de las actividades de las empresas mineras en el corredor minero del sur andino. Así mismo, se abrió la discusión sobre los mecanismos de incidencia a seguir para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas que operan en el corredor.

El evento contó con la participación de Leonidas Wiener, abogado de CooperAcción, Katherine Paucar, abogada de Earth Rights International, Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), y Federico Chunga, coordinador del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUS). Los expositores señalaron la importancia de visibilizar las afectaciones a los derechos al agua, a la vida, a la libertad y a la protesta que vienen causando las empresas Glencore Antapaccay en la provincia de Espinar (Cusco), y MMG Las Bambas en las provincias de Cotabambas (Apurímac); y Chumbivilcas (Cusco).

El reporte presentado por CooperAcción comparte resultados que no son alentadores, ya que las empresas MMG Las Bambas y Glencore Antapaccay operan en un contexto de vulneración constante de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. En el caso de Glencore, existe una situación de vulneración de derechos que viene desde hace más de 30 años, y que ha generado severos impactos ambientales y sociales y cuya afectación principal tiene que ver con el derecho al agua. Los proyectos mineros Tintaya y Antapaccay han ido reduciendo las fuentes de agua, y el proyecto Coroccohuayco, que es la ampliación de esta mina, también prevé la afectación de otras quebradas y fuentes de agua.

En el caso de MMG Las Bambas, el transporte diario de concentrados de minerales por la carretera genera impactos en el aire, en el agua, además de temblores y rajaduras en las viviendas que se ubican en los contornos de esta vía. Esta carretera se aprobó sin un proceso de consulta y tiene como exclusiva beneficiaria a MMG Las Bambas y otras empresas mineras que operan en la zona y también hacen uso de este corredor minero. Así mismo, debido a las modificaciones de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), MMG Las Bambas ha realizado diversas modificaciones y ampliaciones en el diseño original del proyecto minero, y no se han previsto una serie de impactos ambientales y sociales en el proceso de certificación ambiental gracias a este mecanismo simplificado que fue aprobado en el marco de los “paquetazos ambientales” durante el gobierno de Ollanta Humala. Todos estos impactos afectan los derechos y la vida de los pueblos indígenas en el corredor minero sur andino.

En el evento se discutió acerca de la necesidad de establecer marcos regulatorios efectivos a las empresas que se oponen a ser reguladas y que se ven favorecidas por leyes en el país con vacíos y omisiones que les dan ventajas. Al respecto, los expositores presentaron a los Principios Rectores (PR) como una herramienta que puede ser efectiva para lograr el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que operan en el corredor, la protección de los derechos humanos por parte del Estado y el acceso a mecanismos de remediación para las víctimas. Sin embargo, también se hizo énfasis en que los PR no son suficientes si es que no tienen un carácter vinculante, es decir, obligatorio ya que solo así las empresas podrían ser monitoreadas y sancionadas frente a las afectaciones y vulneraciones a los derechos humanos que cometen como consecuencia de sus operaciones.

Finalmente el coordinador del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos, Federico Chunga, hizo un llamado a los y las integrantes de la sociedad civil ubicados en el corredor minero del sur andino a sumarse a los espacios de diálogo destinados a la construcción del PNA. Chunga destacó que la importancia de este instrumento de gestión pública radica en que sería de carácter obligatorio (a través de un decreto supremo) para las empresas transnacionales y que por ello es una oportunidad para enfrentar las afectaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que operan en el corredor.

Este evento se desarrolló en el marco del primer taller sobre empresas y derechos humanos que CooperAcción viene desarrollando con dirigentes de las comunidades de las provincias de Cotabambas, Espinar, Chumbivilcas y Paruro con el objetivo de fortalecer sus capacidades y capacidad de movilización para exigir los tres pilares de los principios rectores: proteger, respetar y remediar los derechos humanos por parte del Estado y las empresas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cooperaccion-presenta-reporte-sobre-los-impactos-de-las-empresas-mineras-en-los-ddhh-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/

Durante una entrevista que trató sobre la presentación del ministro de Energía y Minas ante el Congreso de la República para explicar la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María, el congresista Hernando Cevallos comentó que la minería en el país está muy vinculada a diversas afectaciones al medioambiente, y como ejemplo de ello, dio el siguiente dato: “Tenemos más de 8.500 pasivos ambientales en nuestra patria”. Tras revisar información oficial sobre el tema, Ojo-Publico.com concluye que esta afirmación es verdadera.

Según la Ley N°28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, estos se definen como “las instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, las cuales en la actualidad se encuentran abandonadas o inactivas”. Así también, indica que estos constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y su ecosistema.

La normativa tipifica también los pasivos ambientales mineros en ‘labores mineras’, que son por ejemplo, bocaminas, chimeneas, tajos, tajos comunicados, piques, rampas y plataformas;  ‘residuos mineros’, que pueden ser desmontes de mina, relaves, residuos de carbón, pilas de lixiviación, entre otros; pasivos relacionados a ‘infraestructura’, como campamentos, talleres, plantas de procesamiento, caminos, pistas de aterrizaje, líneas férreas, chancadoras, etc.; y finalmente, se consideran en la categoría de ‘otros’ a diversos residuos y productos químicos.

Ahora bien, con relación al número de pasivos ambientales que existen en el país, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) actualiza periódicamente el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros con base en la Resolución Ministerial Nº 290-2006-MEM/DM. Dicho sector reportó en junio del 2018 que existían 8.794 pasivos ambientales mineros, cifra a la que hizo alusión el congresista Cevallos en su afirmación.

Posteriormente, en enero del 2019, la última actualización de la Dirección General de Minería del Minem dio cuenta de que para entonces existían 8.448 pasivos ambientales mineros. Estos están ubicados en las cuencas hidrográficas de Tambo, Alto Marañón, Intercuenca del Pacífico, Chancay-Huaral, Huaura, Rímac, Lurín, Camaná, Apurímac, Urubamba, Huancané, Chicama, Ramis, Callacame, Cabanillas, Ilave, Santa, Pativilca, Mantaro, San Juan, Pisco, Grande, Acari, Ático, Omas, Inambari, Sama, Pampas, Intercuenca Madre de Dios, Tambopata, Quilca, Utcubamba y Bajo Huallaga, según lo precisa la Resolución N° 010-2019-MEM

Al respecto, el Informativo Minero N° 12-2018 del Ministerio de Energía y Minas, detalló que, hasta junio del 2018, las cinco primeras regiones con más pasivos ambientales fueron Áncash (1.378), Cajamarca (1.156), Puno (1.140), Huancavelica (889) y Lima (703).

Así también, que, según el tipo de pasivo ambiental minero, el más frecuente es el relacionado a la labor minera, con 58.37% de los casos, seguido de los residuos mineros, con 32%. Les siguen los pasivos relacionados con infraestructura (9.79%), y producto químico (0.05%).

A una consulta para esta verificación, voceros del despacho del congresista Cevallos indicaron que el parlamentario se basó en el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que buscaba modificar la Ley 28271, Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, con el propósito de generar una mejor gestión de la remediación de los pasivos ambientales.

Dicho documento, da cuenta de una cronología del inventario de pasivos ambientales mineros desde el 2003 hasta el 2019. Efectivamente, en 2018 se registraron más de 8.500 pasivos ambientales de ese tipo. A su vez, comentaron que la última cifra anual corresponde al 2018 (8.794), y que la última cifra de la actualización del 2019 (8.448) puede crecer aún más, en la medida que se reporten nuevos pasivos y se subsanen otros.

La remediación de los pasivos ambientales que no tienen un responsable, es asumida por el Ministerio de Energía y Minas, el cual a su vez encarga esta labor a la empresa Activos Mineros S.A.C (Amsac). Hasta 2018, Amsac estaba a cargo de la remediación de 1.067 pasivos ambientales que se encuentran en las regiones de Cajamarca, Ancash, Pasco, Junín, Lima, Huancavelica y Puno.

Estos pasivos ambientales son principalmente relaveras, desmonteras, bocaminas, e instalaciones abandonadas de actividades mineras realizadas tanto por empresas estatales -como Centromin Perú- y compañías privadas que abandonaron sus labores y sus titulares no fueron identificados.

Es importante destacar, que según el documento técnico “Lineamientos de la Política Sectorial para la atención integral de la salud de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”, aprobado por el Ministerio de Salud (Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA), las principales fuentes de contaminación son los pasivos ambientales, las unidades mineras activas, sitios contaminados e impactados, las unidades de producción de hidrocarburos, así como las zonas de actividad minera ilegal e informal.

Consultada para esta verificación, la titular de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, indicó a Ojo-Publico.com que la entidad viene alertando desde el 2015 sobre la necesidad de remediar inmediatamente aquellos pasivos ambientales considerados como de alto riesgo, los cuales representan un grave peligro para el medio ambiente y la salud de la población.

Según un análisis de la Defensoría del Pueblo, con base en información del Ministerio de Energía y Minas, a la fecha están identificados 1.097 pasivos ambientales de alto riesgo. Del total de pasivos ambientales, solo el 27% tiene un responsable identificado. A la vez, solo el 21% tiene planes de cierre aprobados u otros estudios ambientales para la remediación.

Según una presentación del Ministerio de Energía y Minas, los pasivos ambientales mineros de alto y muy alto riesgo se encuentran principalmente en Áncash (232), Cajamarca (283), Lima (112), Huancavelica (98) y La Libertad (92).

Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que la afirmación del congresista Hernando Cevallos respecto a que existen de 8.500 pasivos ambientales en el país es verdadera.

Fuente:https://ojo-publico.com/1337/dato-del-congresista-cevallos-sobre-que-existen-mas-de-8500-pasivos-ambientales-mineros-es-cierto?fbclid=IwAR1F4YCU5XEBZhPmpRuQBT9bR6OqI3Ck1qeRPJNaS3ussZxpLwIHfbYrzEY

El gobierno peruano suspendió la licencia de construcción por 120 días, lo que causó una indignación transversal. El congresista aprista Mauricio Mulder estaría evaluando presentar una moción de vacancia contra el Mandatario.

No solo significaba una inversión de US$ 1.400 millones, sino que también aumentaría el PIB de Perú en 0,4% y consolidaría a ese país como el segundo mayor productor de cobre del mundo. Semanas atrás, el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender la licencia de construcción del proyecto minero Tía María por 120 días, luego de que el gobernador regional de Arequipa y algunas organizaciones sociales presentaran recursos de revisión. La misma secretaría de Estado había otorgado el permiso en julio, tras la aprobación del segundo estudio de impacto ambiental.

Tía María es un proyecto ubicado en la provincia de Islay, en la región de Arequipa. Desde el año 2003 la empresa Southern Copper se encarga del plan, que contempla la construcción de dos minas denominadas “Tía María” y “La Tapada” para la obtención de cobre.

Según la última encuesta de El Comercio/Ipsos, el 54% de los peruanos está informado sobre Tía María. De ese porcentaje, un 54% está contra su desarrollo. Así, el Presidente Martín Vizcarra heredó una crisis de lo que en Perú se conoce como “conflictos sociales”. Pero también el propio gobierno estaría dando pasos en falso.

Años de discusión

En 2009 se presentó el primer estudio de impacto ambiental, sometido a evaluación por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos. Pero fue declarado “inadmisible” por el ministro de Energía y Minas de ese entonces, Pedro Sánchez Gamarra.

En agosto de 2014 se aprobó un segundo estudio, determinándose que el proyecto minero no usaría agua dulce del río, sino agua de mar desalinizada. Además, el proyecto utilizaría dos geomembranas, sensores y capas de protección para asegurar que no hubiera impacto en el subsuelo. El informe también señalaba que el proyecto minero no generaría evaporación de ácido sulfúrico, lo que descartaba la posibilidad de lluvias ácidas.

Desde entonces, la iniciativa ha provocado una gran controversia en la sociedad, especialmente en Arequipa. Las protestas en contra del plan han provocado 7 muertes, incluida la de un policía. En 2011, luego de la presentación del primer estudio, se inició una manifestación que terminó con cuatro fallecidos y varios heridos. En 2015 volvieron las protestas, dejando a tres fallecidos y más heridos.

Tras la suspensión de la licencia, la prensa peruana publicó un audio donde se escucha a Vizcarra y autoridades de Arequipa conversando sobre el proyecto y la zona donde se desarrollaron las protestas. “Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo”, dice el Mandatario en la grabación. Con esto, la popularidad de Vizcarra se ha visto afectada.

“La posición que ha tomado Vizcarra frente al tema sintoniza con el clamor regional, pero se opone a los intereses de las élites empresariales y de los niveles socioeconómicos más altos”, señala Carlos Meléndez, politólogo peruano.

Fernando Rospigliosi, exministro del Interior peruano, cree que las protestas seguirán porque el descontento provocado por Vizcarra es transversal. “El tratamiento que dio al conflicto lo ha hecho quedar mal con todos, empresarios y opositores al proyecto. Los radicales y caudillos oportunistas han visto la debilidad del gobierno y seguirán promoviendo disturbios para sacar provecho político”, indicó.

En medio de esta creciente tensión, el congresista aprista Mauricio Mulder, anunció la posibilidad de presentar una moción de vacancia contra Vizcarra, similar a los procesos iniciados contra su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, la probabilidad de que logren destituir a Vizcarra por este tema es muy baja. “No existen los votos suficientes. La moción de vacancia es una bandera de la oposición más radical, y ni siquiera dentro del APRA tiene el consenso de todo el partido”, señala Meléndez. “Un Congreso con gran desaprobación no puede destituir a un Presidente con alta aprobación, es políticamente inviable”, concluye Rospigliosi.

Fuente:https://www.latercera.com/mundo/noticia/tia-maria-proyecto-minero-complica-vizcarra-peru/796962/

Desde tempranas horas el día , lunes 19 de agosto, se informó del bloqueo de carreteras de Puno – Desaguadero y Puno – Juliaca, como medida de solidaridad con el gobernador regional que actualmente se encuentra en la clandestinidad frente a la condena del Juzgado Penal Colegiado de Puno, que ordenó 6 años de prisión y 2 millones de soles de reparación civil por el delito contra la tranquilidad pública en el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek.

El bloqueo de carretaras viene dándose por 24 horas como inicio de las protestas en rechazo a la sentencia señalada. Asimismo, los manifestantes señalan que también se solidarizan con las protestas que se dan en Arequipa contra el proyecto Tía María; en Moquegua contra el proyecto Quellaveco; y en Tacna contra Southern que viene extrayendo agua de las lagunas de Candarave desde hace casi 60 años, perjudicando el acceso al agua de la población.

La Sentencia

La sentencia completa la darán a conocer el lunes 26 de agosto. Para el abogado experto en derecho penal y derechos humanos, David Velasco, de la institución FEDEPAZ, miembro de Red Muqui; el adelanto de sentencia que señala a Walter Aduviri como “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública” en el caso conocido como el Aymarazo”, es un término novedoso respecto al grado de participación en que se acusa a las personas de cometer delitos. “En más de 25 años de abogado litigante nunca había escuchado y leído el término de coautor no ejecutivo”, señaló Velasco. Quien manifestó que lo que se venía usando era el término de autor mediato para incriminar a aquellas personas que no cometen directamente el delito, pero ordenan, dirigen realizarlo. El caso más conocido es el de Fujimori, que lo sentenciaron por autoría mediata en el caso del asesinato en Barrios Altos y la Cantuta. Sin embargo, el abogado señaló que estará a la espera de que la sentencia se haga pública para opinar al respecto; ante una tipificación penal que causa sorpresa.

No obstante, el abogado señaló que, en términos generales, la sentencia contra el ahora gobernador regional, Walter Aduviri, es parte de la criminalización de la protesta que realiza el Estado peruano contra quienes protestan en defensa de derechos colectivos de sus comunidades y pueblos.

Cabe precisar, que en el Consejo Regional se viene discutiendo la suspensión de Aduviri como gobernador regional, de acuerdo a lo sugerido por el Poder Judicial de Puno. Consejeros que postularon con la lista de Aduviri están a favor de su suspensión.

Noticia del miércoles 14 de agosto

El día de hoy en la mañana, miércoles 14 de agosto, el Juzgado Penal Colegiado de Puno dio el adelanto de sentencia al ahora gobernador regional, Walter Aduviri, a 6 años de prisión y a la reparación civil de 2 millones de soles por ser “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el caso conocido como el «Aymarazo». La entidad judicial ha dispuesto también su captura inmediata.

El “Aymarazo”

Como se recuerda, el pueblo aymara inició una huelga indefinida que llegó a su pico más alto en mayo del 2011, en rechazo al proyecto minero Santa Ana, que estaba a cargo de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta fue impulsada por el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno y Aduviri era el presidente del Frente.

En esa época, las protestas se radicalizaron luego de que el gobierno de Ollanta Humala hizo caso omiso a los pedidos de diálogo y exigencias del pueblo aymara. La población señalaba que la minería perjudicaría sus actividades agropecuarias y generaría la contaminación de las aguas. Señalaron también que se vulneró la normatividad vigente que establecía la prohibición de actividades a menos de 50 kilómetros de la zona de frontera, en este caso con Bolivia.

Criminalización de la protesta

En opinión de José Bayardo Chata, abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, la sentencia genera un precedente negativo para el ejercicio de la defensa de derechos colectivos indígenas y derechos humanos en general, expresados en la protesta social.

Como se recuerda, el Ministerio de Justicia, aprobó hace poco, a través de resolución ministerial, el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta norma señala que son defensores de derechos humanos las “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de los derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional”.

El abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, integrante de la Red Muqui, señaló que el proceso judicial no consideró la condición de integrante de pueblo indígena aymara de Walter Aduviri; el derecho a la protesta que le asiste a todo grupo que vea vulnerado sus derechos, más aún cuando se trata de pueblos indígenas que de acuerdo a la legislación internacional del Convenio OIT 169, deberían ser respetados en sus decisiones, de acuerdo a la autodeterminación que como pueblos indígenas les corresponde. “El juicio se fue manejando como un proceso ordinario. Y es preocupante que en el juicio no se haya tenido en cuenta, por ninguna de las partes, la normativa que protege los derechos de los pueblos indígenas”, finalizó José Bayardo Chata.

En el comunicado público de la Asociación en mención, se señala: “Con esta sentencia condenatoria, el Estado renueva su ánimo de persecución a toda persona o grupo humano que recurra a la protesta social como recurso último en la búsqueda de reivindicación de sus derechos denegados”.

Desenlace

La defensa legal de Walter Aduviri, que no estuvo presente hoy en el adelanto de lectura de sentencia, podrá apelar a decisión del Juzgado en primera instancia. Asimismo, recién el lunes 26 las partes serán notificadas por el Juzgado de Puno, con la sentencia completa.

Durante el adelanto de lectura de sentencia en el Juzgado de Puno, se concentraron cerca de 300 personas que protestaban por la injusticia que se estaba dando. Miembros de organizaciones campesinas del norte de Puno, señalaron que estaban evaluando la realización de un paro regional frente a lo que consideran una injusticia y abuso de poder.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/927-preocupante-sentencia-de-6-anos-de-prision-a-walter-aduviri-sobre-caso-aymarazo?fbclid=IwAR38HiYKWNQKl0FXn-tuQ09fLhKrOFOs5OtZ4mxe1W7Eavzu9TL5jl57WAg

Dos oficiales y siete suboficiales de la Policía, que fueron parte del contingente desplazado a garantizar la seguridad y el orden en el paro realizado en la localidad de Tumilaca – Moquegua, fueron denunciados por un grupo de pobladores. La protesta se acataba en contra del proyecto minero Quellaveco.

En el Ministerio Público se denunció al comisario de Samegua, mayor Alexander Sánchez Choque, y al jefe de la comisaría central, alférez Antony Salazar Bernahola. También han sido comprendidos en la acusación los suboficiales Jonathan Palacios, Tomás Ayala Luna, Jhon Cano, Wilder Quispe, Erick Mamani Luna, Uriel Zapana y Deryian Mamani Orocollo.

La denuncia la hicieron seis trabajadores de la comuna distrital de Torata. Acusan a los oficiales de abuso de autoridad y a los suboficiales de tortura.

Según se detalla en la denuncia, los efectivos policiales, por orden de sus superiores, los confundieron con los manifestantes que bloquearon un tramo de la carretera Binacional, el primer día del paro (12 de agosto). Los agraviados contaron que los maltrataron verbal y físicamente. Incluso dijeron que a dos de sus compañeros les provocaron serias lesiones. El incidente ocurrió a las 16:25 horas de ese día en el kilómetro 26+700 de la carretera Binacional.

Los trabajadores aseguran que después de cumplir con su jornada, fueron a recoger a dos obreros y material del proyecto de mejoramiento de servicios turísticos del Cerro Baúl. Bajaron de Torata a Moquegua a bordo de la camioneta de placa Z6C-739. La unidad era conducida por Alejandro Díaz Flor. Cuando iban a recoger el material, fueron interceptados por una camioneta policial. Los efectivos, sin dar explicaciones y calificándolos de “terroristas”, los habrían golpeado con las varas y escudos.

La agresión fue brutal, por ello Ramón Ponce Quispe y Ángel David Aparicio fueron llevados al hospital de EsSalud. Mientras tanto, sus compañeros Alejandro Díaz Flor, Marco Ramos Chicalla, Andy Tenazoa Condori y Juan Calcina Nina a seguridad del Estado.

Niegan que hubo excesos

El jefe de la Región Policial, coronel PNP Herbert Espinosa Ochoa, sostiene que los efectivos policiales cumplieron con sus funciones. Dijo que su despacho no recibió reporte de algún exceso y tampoco agresiones, como aducen los denunciantes. El oficial refiere que si se prueba los excesos, los implicados deberán responder.

El primer día del paro, los policías, en su intento por despejar la vía, lanzaron bombas lacrimógenas.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/22/denuncian-a-policias-por-tortura-en-paro/?fbclid=IwAR342B71whXcTIv2ATLxrFwIfSg6Z79ptxDsUADOUjgRovV17DzKC8Y0vwE

El pasado 13 de agosto, se inició un paro indefinido en Moquegua. Organizaciones sociales y ambientales reclamaron el supuesto incumpliento de acuerdos de la empresa Anglo American de la mesa de diálogo del 2012 por el proyecto minero Quellaveco. El gobernador regional, Zenón Cuevas Pare, afirmó que la compañía no ha cumplido con contratar el 80% de mano de obra no calificada.

Además, un grupo de ciudadanos protesta por el supuesto peligro ambiental. Jesús Paredes, presidente del Frente Anticorrupción, señaló que el proyecto era inviable porque se ubicaba en cabecera del río Asana. En entrevista con Radio Americana, el dirigente afirmó que se debería declarar en emergencia al agua y al medioambiente de la zona.

Por su parte, en declaraciones a Gestión, representantes de Anglo American afirmaron que el porcentaje de contratación de trabajadores de mano de obra no calificada está en promedio en 95%, lo que superaría el 80% que era parte del compromiso. Por otro lado, sobre la presunta contaminación, una fuente vinculada a la empresa le dijo a dicho diario que “no ha habido afectación alguna, ya que todos los planes de gestión ambiental están en marcha”.

Este lunes, se realizó la reunión entre autoridades y representantes de la empresa. Participaron el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; del Ambiente, Lucía Ruíz; de Salud, Zulema Tomás, y el viceministro de Infraestructura y Riego del Ministerio de Agricultura, Jorge Montenegro. También estuvo el gobernador regional, Zenón Cuevas. El pasado 17 de agosto, la población del centro poblado de Tumilaca decidió no participar de esta reunión.

En esta reunión,  el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, Diego Ortega, propuso 100 millones de soles para la ejecución de más de 100 proyectos de corto plazo, recursos que vienen del Fondo de Desarrollo de la última etapa de operación, según informa Gestión.

“Con ello se busca beneficiar a Juntas de usuarios, comunidades, juntas vecinales, clubes de madres y otras asociaciones y/o asociaciones, a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua», dijo Ortega.

Además, Anglo American propone formar tres comités de proveedores, que serían de servicios generales, transporte liviano y de carga. Estas se formarían el próximo 16 de setiembre.

“Se iniciará la línea base de las 350 empresas de la región Moquegua, que viene el programa Emerge Perú, y los miembros de la Cámara de Comercio, de las empresas constituidas hasta el 31 de diciembre del 2018”, agregaron representantes de la minera.

También propone brindar su aval para microcréditos a los empresarios de estos comités que tengan buen desempeño.

Otros datos mencionados por Gestión son que la minera creará «un fondo de S/ 5 millones de microcréditos para los productores agropecuarios, cuyo lanzamiento será el 1 de noviembre del 2019″. «Asimismo, se destina S/ 1 millones para los temas de anemia en la región».

 «Anglo American Quellaveco también invierte S/ 5 millones para el cierre de brechas y auspicia un diplomado de gestión pública en la UNAM y UP», agrega el diario de economía y finanzas.

Tras esta reunión, la ministra de Salud, Zulema Tomás, anunció que se logró firmar un acta de acuerdo con los ciudadanos de Tumilaca y se estipuló una «tregua de 72 horas con libre tránsito».

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/08/20/moquegua-quellaveco-anglo-american-conflicto-minero-propuestas-empresa/jorgepaucar/

Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Desde el 15 de julio, en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, se inició una paralización en contra del proyecto minero Tía María. Fue la respuesta de la población a la decisión del gobierno de otorgarle la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), pese a que era evidente que no había licencia o aceptación social.

Cabe recordar que esta decisión se adoptó en medio de una serie de presiones mediáticas, sobre todo desde la CONFIEP. Ante esto, las autoridades y la ciudadanía respondieron con la paralización, exigiendo que el gobierno respete sus derechos.

El 30 de julio, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, convocó a un paro regional indefinido a partir del 05 de agosto, demandando al gobierno nacional la anulación de la licencia de construcción del proyecto. Esta decisión contó con el respaldo del gobernador regional de Arequipa, Cáceres Llica.

El primer día de paro regional en Arequipa se movilizaron más de 30 organizaciones sociales, especialmente de los trabajadores de construcción civil y comerciantes, que se adhirieron a la plataforma de protesta en solidaridad con las comunidades del Valle de Tambo. En el cono norte de la capital de la región y en las principales vías de la ciudad se paralizó el tránsito.

En la provincia de Islay las manifestaciones continuaron. Además, se registró el primer incidente de gravedad: Anabella Pucho Uscamayta (29), quien vendía alimentos, presuntamente recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo. Ante la alarma producida por el hecho, la Defensoría emitió un comunicado llamando a la calma y pidiendo a las autoridades retomar el diálogo.

Después del primer día, los bloqueos a la Panamericana Sur continuaron en distintas provincias y distritos de la región, sobre todo en Islay y Caylloma y la lucha de los agricultores del Valle de Tambo, recibía el respaldo de regiones como Puno y Moquegua. En Ilo, hubo un bloqueo momentáneo de tránsito en contra de Tía María y la minera Quellaveco (Anglo American). En Puno, diferentes gremios se plegaron a las medidas de fuerza. Para entonces, no se descartaba la posibilidad que el paro se proyectase a nivel macro regional, en todo el Sur.

El escenario se complejizó con la autorización -por Resolución Suprema- de la intervención de las Fuerzas Armadas en el puerto de Matarani. Esta medida, fue cuestionada por algunos especialistas que la consideraron abiertamente inconstitucional.

Posteriormente, se inició una campaña millonaria en los principales medios de comunicación a nivel nacional en la que un colectivo de ciudadanos de Arequipa se manifestaba en contra de la paralización y las medidas de fuerza de los gremios sociales. Luego se supo que este colectivo y toda la campaña, era financiada la empresa SPCC.

El 09 de agosto, frente al riesgo de pérdida de vidas humanas y mayores pérdidas económicas por el agravamiento del conflicto, el Concejo Nacional de Minería anunció la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero. Como ha sido señalado, esto no implica la cancelación definitiva del proyecto. El conflicto en el Valle de Tambo evidencia las limitaciones del actual marco legal y pone en relieve las brechas de gobernabilidad que todavía persisten.

En los últimos días, se han hecho públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio. Estas revelaciones han abierto todo un debate y serios cuestionamientos de un sector de la prensa y la oposición política, sobre todo de la mayoría en el Congreso. Los ministros han sido invitados al Congreso de la República para que expliquen lo ocurrido en Arequipa. Habrá que esperar el desenlace de estos hechos.

Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Tres gobiernos que fracasan en el intento de sacar adelante un proyecto es una evidencia de problemas de fondo. ¿Cuáles? Los proyectos que no tienen licencia social son inviables en el Perú y en cualquier parte del mundo y se necesitan nuevas reglas para la minería. A todas luces Tía María era contraria a los intereses del Valle de Tambo, del país e incluso, aunque no quieran reconocerlo, de las propias empresas mineras.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/un-breve-recuento-del-ultimo-paro-en-contra-del-proyecto-tia-maria/