PRONUNCIAMIENTO

El 8 de julio del presente año la ciudadanía de la provincia de Islay en Arequipa tomó conocimiento por la prensa que tres días antes, el 5 de julio, la empresa Southern Peru Copper Corporation remitió una carta al Ministro de Energía y Minas (MINEM) solicitando le otorgue “la licencia de construcción de la Concesión de Beneficio del Proyecto Minero Tía María”.

El 9 de julio fue la propia empresa minera la que informó que el MINEM le había otorgado ya la licencia de construcción. Posteriormente, el MINEM informó a la ciudadanía sobre el otorgamiento de dicha licencia de construcción.

Cabe resaltar que, pese la campaña mediática millonaria de la empresa Southern, la ciudadanía de Islay ha manifestado desde el año 2009 que su proyecto de vida y de desarrollo se basa en la agricultura y que este proyecto de vida se contradice con la imposición de minas de explotación de cobre en su territorio.

Así, en abril de 2011 a finales del gobierno aprista, se intentó imponer este proyecto minero generando un grave conflicto social que tuvo como consecuencia la muerte de 4 ciudadanos. Esta situación se repitió durante el gobierno de Ollanta Humala en el año 2015 (un año antes de finalizar dicho gobierno) y la policía ocasionó la muerte de 3 ciudadanos. Todas estas muertes fueron generadas por la represión policial frente a las legítimas protestas ciudadanas, y a la fecha no han sido investigadas y menos se han establecido las responsabilidades y sanciones correspondientes para evitar impunidad.

Por ello, expresamos con suma preocupación como el gobierno frente a la situación de protesta social generada por el otorgamiento de la esta ha priorizado una solución de fuerza, enviado un contingente de más de 600 efectivos policiales y autorizando inconstitucionalmente la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno. En ese sentido señalamos:

1. Condenamos la represión de la legítima protesta social en el departamento de Arequipa, cuya violencia se acentúa con el uso de armas letales de parte de Policía Nacional del Perú;

2. Expresamos nuestra preocupación por la remisión del oficio de una Fiscalía Provincial Penal de Islay en el que solicita a los profesionales de la salud entregar la vestimenta, restos de armas de fuego, etc. de las personas heridas que atiendan en el contexto de la protesta social a la policía que intervino en los operativos, abdicando así de cumplir con su función constitucional de investigar el delito y custodiar las pruebas. Esta exhortación origina un conflicto de intereses y puede generar la adulteración o destrucción de la prueba por personal policial vinculado a agresiones a la integridad personal de la ciudadanía;

3. Rechazamos el Memorandum de 31 de julio del Jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la MacroRegión SUR PNP en el cual se asume un supuesto peligro a la paz social y pública que representan las organizaciones sociales: “gremiales, sindicales, estudiantes universitarios, comerciantes, amas de casa, ONGs, transportistas, taxistas, frentes de defensa, sindicatos de trabajadores de construcción civil, pobladores y/o agricultores” cuando participan o apoyan las legítimas protestas sociales, y ordena poner en ejecución el Plan de Defensa y Seguridad LINCE 2019;

4. Denunciamos la inconstitucionalidad de la resolución ministerial de 4 de agosto, la cual sin previa declaratoria de estado de emergencia autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno en el puerto de Matarani, Arequipa, desnaturalizando así la función de las fuerzas armadas para garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República.

Por esto, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigimos al gobierno central que frente al conflicto social que ha generado en la provincia de Islay no priorice la utilización de la fuerza y que, por el contrario, escuche y dialogue con la ciudadanía en dicha provincia para que a través de este diálogo garantice y proteja el derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, a decidir su propio modelo de desarrollo, así como el ejercicio del derecho a la protesta de la ciudadanía.

8 de Agosto, 2019

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/valle-de-tambo-estado-tiene-la-obligacion-de-respetar-el-modelo-de-desarrollo-y-garantizar-el-derecho-a-la-vida/?fbclid=IwAR0RtBIla_vSTcZXMT3wTIS_aKBZY9mHr_17YLspfggpAEiMtksdWFAlaAQ

Corani (Puno), Mina Justa (Marcona/Nazca en Ica), Quellaveco (Moquegua), Michiquillay (Cajamarca). El mensaje del Presidente Kuczynski nos trajo el anuncio de nuevos proyectos mineros confirmando que seguimos dependiendo sólo de una actividad económica como eje de nuestra economía, ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no podemos enlazar un verdadero programa de diversificación económica en el país, que impulse verdaderamente -y no sólo con paliativos- actividades económicas como la agricultura? especialmente la agricultura familiar a cargo de nuestras comunidades campesinas, de las que depende nuestra canasta familiar a nivel nacional.

Sólo el 7% de nuestro territorio nacional está dedicado a la agricultura de consumo que aporta a la canasta familiar, y ese territorio, que es fundamentalmente de las comunidades campesinas, no está protegido de actividades como la minería, así como de su crecimiento, impactos ambientales y afectaciones a la salud humana.

Otra actividad importante que debe priorizarse es el turismo sostenible, en un país de riqueza cultural e histórica inmejorable como el nuestro. Debiera aprovecharse con mayor apoyo, pero ahora se eliminan los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para pririzar los proyectos mineros, gracias a los decretos legislativos emitidos en el gobierno del señor Kuczynski.

En su mensaje, usted ha hablado de formalización, señor Kuczynski. De hecho, hay toda una campaña del gobierno para impulsarla. Estamos de acuerdo, sin embargo, no podemos formalizar todo de la misma manera. No podemos formalizar la actividad minera informal actual como está. Los decretos legislativos que su gobierno dictó a fines del año pasado, permiten que solo con “declaraciones juradas” los mineros informales presenten un instrumento de gestión ambiental para la formalización minera (IGAFOM): un papel en el que se limitan a indicar sus acciones, y aseguran que cuentan con los supuestos permisos que el propietario del suelo les habría dado para realizar actividad minera.

Saltan varias preguntas: ¿quién da ese permiso?, ¿quién revisa su formalidad? ¿quién da seguimiento al cumplimiento posterior de presentarlo? Es decir, basta con “formalizar” y no interesan los impactos ambientales, ni sociales y mucho menos los que se generan en la salud de las personas. ¿Así se formaliza en minería para recibir más ingresos?

Sobre medio ambiente, Kuczynski mencionó que “el lago más grande del Perú está contaminado por relaves mineros”. Es bueno que lo reconozca señor Kuczynski, pues la minería formal e informal ha afectado fuentes fundamentales como el Lago Titicaca (Puno) y el Lago Chinchaycocha o Junin (Junin), y otros tantos ríos y recursos hídricos a nivel nacional. Precisamente la minería ilegal ha arrojado históricamente sus relaves sin procesamiento.

Y usted, señor presidente, sabe que una de las protestas que se siguen sumando en Puno, se deben al incumplimiento de promesa electoral que incluía la construcción de pozas de oxidación para procesar el agua residual que llega al lago. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde están los movimientos «políticos» o «terroristas» que supuestamente promueven estas protestas sociales, si es su incumplimiento el que las genera?

Usted menciona que “entonces hay que reducir los impactos ambientales” y nos preguntamos, ¿cómo?, si su propio gobierno promulga decretos legislativos que han reducido los estándares de calidad ambiental (ECA) para aire en doce veces más, ¿para qué?, para hacer posible la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que el miércoles 26 de julio nuevamente declaró desierta la tercera subasta para su compra. Ninguna empresa nacional ni extranjera -ni siquiera los chinos- quieren ser responsables de reactivar un complejo que afecta la vida y salud de las personas.

En todo caso, busquemos alternativas de desarrollo sostenibles para quienes necesitan un puesto de trabajo en La Oroya, pero no atentemos contra de la salud y vida de las personas de esa localidad, que es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

Esa misma norma de los ECAs de aire, hace posible también el funcionamiento de la refinería de Ilo de la empresa Southern. Se emiten normas que no son para el beneficio de todas y todos los peruanos.

Un interesante mensaje dentro del discurso del presidente ha sido “dignificar a las rondas campesinas”. Justamente, nacieron para asumir la seguridad y para dictar justicia sobre los temas de su competencia, en aquellas zonas donde el Estado no podía –y aún no puede- llegar.

En ese sentido, ha sido importante el avance del actual presidente del Poder Judicial, Duberli Martínez. Pues, como huancabambino (Huancabamba, Piura), conoce cómo es que en su tierra natal funcionan las rondas. Para el gobierno -y los últimos gobiernos- aquellas personas y organizaciones incluidas las rondas, que defienden sus derechos y sus territorios de la imposición de la actividad minera sin consulta previa, por ejemplo, sí son ‘antimineros’, ‘antidesarrollo’, ‘perros del hortelano’.

Ojalá cambiara su perspectiva de las cosas, pero con viceministros como el señor Fernández-Concha como encargado de la Gobernanza Territorial en la PCM, y su vinculación directa con empresas mineras, solo queda la perspectiva de que los conflictos socioambientales responden a ‘conspiración’ e ‘intereses políticos’. No se quieren ver los problemas de fondo como: el olvido, la marginación histórica, la falta de consulta para las decisiones, la imposición, la falta de apoyo para las actividades económicas sostenibles.

“Fortalecer el rol del Ministerio de Salud (MINSA) es fundamental. No funciona como debe funcionar…” reconoció en su mensaje, señor Kuczynscki. Usted prioriza la minería, pero no se interesa por los impactos en la salud de las personas que ésta genera, ¿Quién asume el pago de los tratamientos? ¿No deberían ser las propias empresas mineras las que asuman esta la responsabilidad? ¿No deberían ser los países de origen de estas empresas mineras, los que deben exigirles que cumplan los mismos estándares y normas de sus países?

Somos los(as) peruanos(as) quienes asumimos los costos de la minería, ¿Cuál es el verdadero aporte de la minería? ¿Existiría alguno si finalmente asumiera sus responsabilidades de atención a la salud de las personas afectadas, la remediación de todos los pasivos ambientales, los impactos en las actividades económicas de las poblaciones y comunidades locales donde opera?

Hace unas semanas los pobladores de Simón Bolívar (Cerro de Pasco, Pasco) tuvieron que llegar a Lima a encadenarse en la puerta del MINSA, después de muchas reuniones infructuosas y compromisos no asumidos. Solo así pudieron exigir la atención en salud de sus hijos(as) afectados por metales pesados, producto de la contaminación minera y su falta de remediación de sus pasivos ambientales. ¿Acaso se deben seguir tomando esas iniciativas para poder obtener respuesta de su gobierno, señor mandatario?

«El agua será legado de este gobierno». Usted ha ofrecido que el 84% de las zonas rurales tendrán agua y desagüe. Habría que recordarle, ¿De dónde va a venir el agua que ofrece si nuestras cabeceras de cuenca y ecosistemas que captan los recursos hídricos están en serio riesgo y, en gran medida, ya contaminados por la minería?

Los empresarios mineros suelen decir que sólo utilizan el 1% del agua disponible. Entonces, ¿por qué siguen buscando y priorizando la operación de proyectos mineros en cabeceras de cuenca donde están las nacientes de los ríos y se depositan nuestras reservas de agua? Es porque es un elemento fundamental para el proceso minero, para la explotación, beneficio (procesamiento), y transporte (mineroductos).

La minería asegura que reutiliza el agua, pero este ciclo no se puede repetir indefinidamente, deben renovarla, y la producción exige también grandes dimensiones de agua, lo cual afecta su cantidad (acceso al agua) y calidad (el agua usada en minería está contaminada). Nos gustaría saber si el señor Kuczynki utilizaría agua procesada de la actividad minera para llenar sus bidones de consumo directo en palacio de gobierno, ¿Por qué poblaciones que habitan en zonas mineras sí deben hacerlo?

Se hace necesario proteger nuestras cabeceras de cuenca y los ecosistemas frágiles que generan y captan recursos hídricos. No es suficiente que solo sean intangibles nuestros Parques Nacionales y Santuarios Naturales. Deben limitarse las concesiones mineras y los proyectos a zonas que no afecten el acceso al agua y su captación. La ley del derecho humano al agua sólo exige que las personas tengan agua en casa, mas no protege las fuentes de donde viene. Y requerimos protección para los páramos, bosques de neblina, bofedales y otras fuentes hídricas, sino no se puede asegurar el derecho humano al agua.

El mandatario no olvidó “Fortalecer a las empresas de agua potable. Seguirán siendo públicas”. Le recordamos que uno de los decretos dictados en su gobierno, ha establecido que estas Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), ahora tendrán un régimen de sociedades con acciones que se pueden vender a otros ‘intereses económicos’.

Con ello, se estaría permitiendo la privatización del recurso hídrico, lo que constituye un grave riesgo para los(as) peruanos(as), porque más allá de que las EPS no estén funcionando bien, su rol es brindar un servicio, no lucrar con ello en beneficio propio o de terceros. Usted presidente dice una cosa en su mensaje, pero las normas que su gobierno ha emitido, y que el Congreso ha bendecido, dicen lo contrario.

Finalmente ha presentado ya cinco proyectos de ley señor presidente que han surgido de su reunión con Keiko Fujimori (¿a cambio de que…?). Uno de ellos, es sobre el tratamiento de aguas residuales. Se plantea mayor participación de las Asociaciones Público Privadas (APP) para ello. Recordemos que en los decretos que su gobierno dictó a fines del 2016, usted plantea que se simplifiquen los procedimientos para los vertimientos de aguas residuales. Ya no intervienen las autoridades responsables, ahora sólo se aplican los ECAs y LMP de agua, que justamente acaban de ser flexibilizados también por su gobierno, apenas el 7 de junio.

¿Y quiénes son los beneficiados? las empresas que se dedicarán al negocio, sin embargo, aquellas personas que utilizan las aguas afectadas para sus actividades económicas o para consumo humano, ¿Cómo quedan? ¿Usted va a facilitar el consumo humano de esas aguas contaminadas? ¿Así va a favorecer el acceso a agua para más peruanos(as) en esas condiciones? Acaso, ¿Las inversiones no son para mejorar la calidad de vida de las personas?

Otro de los proyectos que usted mencionó haber presentado este 28 de julio, busca destrabar el ‘acceso a inmuebles’ para la ejecución de obras de infraestructura. Eso suena volver a presentar el derogado Decreto Legislativo N° 1333 que, mediante el APIP, buscaba facilitar aún más el acceso a predios; en especial a los territorios de comunidades campesinas, en relación con la Ley N°30230.

Después de su reunión con Keiko Fujimori, ¿Seguirá la velada idea de desaparecer las comunidades campesinas? ¿Es así que se pretende mejorar la calidad de vida de las personas en el Péru?

Fuente:http://www.muqui.org/details/itemlist/tag/Sim%C3%B3n%20Bolivar

Se trata de la comunidad de Pumallacta, ubicada en el distrito de Quiñota, Chumbivilcas en Cusco, que denunció que la minera Anabi S.A.C. ha contaminado al menos cuatro ríos y dos lagunas. Para comprobarlo, un grupo de afectados llegó a Arequipa, donde costeó con su propio dinero un estudio para que revise las aguas presuntamente contaminadas.

Así lo dio a conocer un reportaje publicado por el portal periodístico El Búho de Arequipa. En su publicación menciona que los afluentes Chacchani, Ywarmayo, Mistyoscomayo, Asnayoucco, y las lagunas Ankas Cocha y Pistoro Cocha, esta última ubicada bajo el campamento minero, están expuestas al polvo y los relaves mineros que se filtran, generando una contaminación en cadena.

El estudio de las aguas

En junio se recogieron seis muestras de un litro de los ríos y lagunas contaminadasy los resultados generan preocupación.

En el caso del aluminio, este oscila entre 8 y 50 veces más que los valores recomendados.

La muestra de hierro representa entre 9 y 112 veces más de lo normal.

En el caso del arsénico, la muestra recogida oscila entre 0,0261 y 0,7256 mg/l cuando lo normal es de 0,15 mg/l.

No es la primera vez

La comunidad denunciará a la empresa con las pruebas obtenidas por el laboratorio, sin embargo ya existirían antecedentes por parte de la empresa.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a Anabi S.A.C. detener sus actividades en mayo de 2017, porque la ubicación de la planta había puesto en riesgo la quebrada Huayllani.

En agosto de 2018, el OEFA, mediante una medida administrativa, ordenó a Anabi S.A.C. la evacuación inmediata del agua cianurada de sus pozas de operaciones en Quiñota y Haquira, debido a unas grietas encontradas en el sistema de impermeabilización de la lixiviación, cuya rotura filtraría relaves a las aguas subterráneas.

Exigen que se vayan

El conflicto inició en el 2011, y la comunidad fue acusada de incendiar el campamento minero en ese año. En el 2016, se produjo otro incendio que destruyó cinco pabellones de la planta.

En el 2019, alrededor de 300 comuneros tomaron las instalaciones de Anabi S.A.C. por lo que 120 policías intervinieron para recuperar la minera.

El 26 de abril inició el juicio oral contra 10 dirigentes por las primeras protestas. El Ministerio Público los acusa de secuestro, robo agravado, disturbios, daños a la propiedad y otros delitos.

“Tenemos oveja, vaca, llama. Sembramos papa, maíz, quinua, olluco, trigo, cebada. De eso vivimos. Este año ya no ha dado, por gusto se llama la tierra de papas nativas. Las papas salen chiquitas. Los animales preñados abortan porque comen de la polvareda. Enfermedades hay para niños, granos medios raros nos salen en los brazos, como sarna. El cuerpo escuece”, cuenta Mercedes Cahuana Huamaní.

Según el portal periodístico, los comuneros de Pumallacta llegaron hasta Arequipa debido al conflicto minero por Tía María. Ellos piden unidad con los agricultores del Valle de Tambo para que los ayuden a detener la actividad minera en su comunidad.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-comunidad-denuncia-contaminacion-con-metales-de-cuatro-rios-y-dos-lagunas/?fbclid=IwAR3BjHN0sV6nM_h7ZJ1pey_PLjjvq9T8ueHdOKw1ZG9TyVmTnEB71Q7VwvA

El conflicto por el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú y la poca efectividad de la estrategia del gobierno nacional ha provocado un escalamiento de mayores dimensiones, como el paro regional indefinido en contra del proyecto minero que acata Arequipa. El gremio minero ha criticado al gobierno por inadecuado manejo del conflicto y hay sectores que piden que se restablezca el orden. De otro lado, el anuncio de una nueva Ley General de Minería ha abierto la discusión porque hay sectores que ven amenazadas sus intereses. Para analizar esta coyuntura que vive el país, Noticias SER conversó con José De Echave, investigador de CooperAcción.

¿Cómo calificaría la situación que se vive en Valle de Tambo y el paro regional que acata en Arequipa en contra del proyecto minero Tía María?

Es compleja y se va agravando. Me da la impresión que en las primeras versiones en los grandes medios de comunicación de Lima, se desestimaba la capacidad de movilización inicial del paro, pero éste ha ido en aumento. En primer lugar tuvo como ámbito principal la provincia de Islay y los distritos que eran el centro neurálgico del proyecto minero. Ahora ha saltado a un nivel regional y está teniendo un impacto muy fuerte en la ciudad de Arequipa. Yo no descartaría que si no se encuentran soluciones pronto éste podría tener un salto a nivel de la macro región sur, porque ya se registraron algunas manifestaciones de solidaridad en Moquegua y en algunas otras zonas.

¿Por qué cree que el gobierno no ha buscado salidas institucionales y políticas al conflicto y está reprimiendo la protesta?

Lo primero es que la estrategia y los mensajes que definió el gobierno no han tenido resultados. Me da la impresión que en un primer momento con la decisión de otorgar la licencia de construcción pensaron que con el discurso de decir que el proyecto no comenzaría  hasta que no haya la aceptación social, la gente de la zona de influencia directa de Tía María se iba a tranquilizar, pero eso no ha funcionado. Por otro lado, la estrategia del presidente Vizcarra de conversar con el gobernador regional de Arequipa y otros gobernadores, supuso que Cáceres Llica iba a ser una suerte de interlocutor, y eso tampoco ha funcionado

Entonces, ¿no se distinguió adecuadamente sobre con quienes se debió entablar le diálogo?

Sí, hay que distinguir muy claramente el rol que puede jugar el gobernador de Arequipa, que no representa a la población de Islay, que tienen sus propias autoridades y alcaldes así como sus dirigentes sociales y voceros, y es con ellos con quienes se tienen que entablar un proceso de diálogo. Y enviar a las fuerzas armadas al puerto de Matarani va en el sentido contrario de posibilitar un escenario de entendimiento para salir de esta situación.

¿Consideras que el gobierno con el anuncio de una nueva ley general de minería esperaba que los pobladores de Valle de Tambo depongan su medida de fuerza? 

Yo creo que son dimensiones distintas. Y nuevamente, creo que en el conflicto de Tía María la estrategia del gobierno no está funcionando. A mí me parece correcto que el país, intentando sacar lecciones de la conflictividad empiece a debatir sobre la vigencia de la ley de minería que viene desde 1992, y que se discuta si los supuestos de esa ley siguen vigentes. Sería importante que el país se discuta en serio y a fondo un nuevo marco legal para la minería, pero que esa discusión va lograr que el conflicto de Tía María se solucione. Pensar que ese anuncio iba a bajar la tensión en Valle de Tambo es un poco iluso.

¿Se puede decir que hay una relación directa entre la ley de minería y la cantidad de conflictos? y su posible cambio ¿ayudaría a reducir los conflictos?

Yo he insistido que el Perú creo un marco normativo de la minería para atraer inversiones, pero el país nunca se preparó para enfrentar los conflictos sociales que generaron las inversiones. El marco general vigente para la minería fue construido y diseñado como parte de los ajustes sectoriales de los años 90, auspiciados por el Banco Mundial. Ese marco legal, al mismo tiempo que otorga beneficios a las empresas, fue reduciendo derechos económicos sociales, ambientales y culturales de las poblaciones que están en la zona de influencia directa de las actividades mineras y eso se explica la creciente conflictividad social. Tenemos que reconocer que el Perú se ha convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería a nivel mundial.  Y esto se vincula a una política ambiental que no ha logrado conseguir los equilibrios suficientes, construir institucionalidad y generar confianza en la población.

¿Es posible incorporar las visiones de las poblaciones rurales y la de otros actores sociales en esta nueva ley de minería?

En un proceso de elaboración de una nueva ley general de minería deberían participar todos los actores interesados y, como parte de estos, las poblaciones que están en las zonas de influencia directa de las inversiones mineras, así como sus organizaciones sociales, sus autoridades locales, la academia y todos lo que estamos interesados en que las cosas se hagan de forma diferente en el país.

¿Qué elementos debería contener esta nueva ley general de minería que nos coadyuve a aspirar a una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas?

La palabra clave es gobernanza, efectivamente. A mí me da la impresión que cada grupo de interés ha estado tratando de plantear sus propias agendas y ha habido poca capacidad de buscar puntos de encuentro. Las empresas, en función de sus expectativas de inversiones, han estado insistiendo con el tema de la competitividad, que no hay que perderlo. Y desde la sociedad civil, varios actores han impulsado una agenda de derechos. Pero, el reto es cubrir las brechas de gobernabilidad que todavía persisten en el país y construir gobernanza.

¿Y cómo se resuelven esas brechas?

Una brecha de gobernabilidad se produce cuando los inversionistas, los agentes económicos, ya sean empresas mineras o el propio estado interesados en que la inversión crezca, pierden el objetivo del bien común. Entonces, cuando un proyecto minero sólo responde a los intereses del inversionista privado, surge esa brecha, el asunto se polariza y se critica a los que están en contra de la minería. La minería es una actividad importante y seguirá siéndolo, pero el reto que tenemos, en un país como el nuestro, donde hay recursos geológicos significativos, es precisamente que esas inversiones mineras respondan al bien común y para eso se necesita una política pública, y un estado que regule, controle y fiscalice, que no pierda la perspectiva estratégica del bien común. Eso es lo que está haciendo falta.

07 de agosto de 2019

Entrevista realizada por Omar Rosel para Noticias SER

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/jose-de-echave-en-el-conflicto-de-tia-maria-la-estrategia-del-gobierno-no-esta-funcionando/?fbclid=IwAR2g7D8JkudGv98QhiisRy7OUtQXysMl_gbGaVx-uLv3KW0PPC0j4gKnxMI

La filial en Perú de la gigante suiza del cobre inició el proceso para ampliar sus operaciones en las alturas de Espinar. Senace dice que el Estudio de Impacto Ambiental no requiere consulta.

Las familias de Espinar, una provincia ubicada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, conviven con la minería desde hace 36 años. En esta región la transnacional suiza Glencore, que domina el 50% del mercado mundial de cobre, opera la mina Antapaccay y busca sumar una nueva explotación denominada Coroccohuayco, un proyecto que se desarrollará sobre territorios indígenas y cuyos posibles impactos preocupan a los habitantes de las comunidades aledañas.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/919-intervencion-de-fuerzas-armadas-en-matarani-islay-es-ilegal-e-inconstitucional

Se confirma segunda persona herida producto de la represión policial en Matarani el día de hoy, 7 de agosto, aproximadamente a las 5pm. Carlos Tapia Chino, joven de 21 años, fue llevado en ambulancia desde el lugar de los enfrentamientos en Matarani hacia el Hospital de la ciudad de Mollendo. En la ambulancia, la enfermera pudo sacarle la bala que estaba alojada en la parte alta derecha del pecho del joven manifestante.

Mujer también herida

A la fecha se suman ya 2 heridos de bala. La primera persona herida de bala fue Anabella Pucho, herida el lunes 5 de agosto en la misma zona de enfrentamientos de Matarani en que acaban de herir al joven Carlos Tapia. La joven Anabella se encontraba sentada en uno de los cerros junto a su madre observando la protesta, luego de haber estado vendiendo agua a los manifestantes, cuando de pronto sintió un fuerte dolor en su brazo que la hizo sangrar.Inmediatamente su madre y las personas que estaban ahí llamaron a la ambulancia. Los médicos del hospital de Mollendo acordaron trasladarla al Hospital Lorena de Arequipa para que la puedan tratar, y porque en palabras de la madre que acompañaba a la hija herida: «los doctores no querían decir que era bala y la enviaron a Arequipa para la atención. Señalaron que en Mollendo no había recursos para atenderla. Si no atienden rápido perdería el brazo me dijeron. Entre ellos hablaban de bala pero no querían decir que era ello. Estaban nerviosos».

Al llegar al hospital de Arequipa, los médicos le confirmaron a Anabella que la fractura de su brazo se debía a la entrada y salida de una bala. La radiografía señaló rotura del húmero. Los médicos estaban a la espera de que baje la hinchazón del brazo para poderle hacer una tomografía y posteriormente realizarle una operación quirúrgica.

Asimismo, la madre señaló a la prensa que no tiene recursos económicos y que el Seguro Integral Social (SIS) solo le crube algunos medicamentos. Finalmente, la madre de familia señaló que exijirá justicia para que se ubique a los policías responsables del disparo. «Los policías estaban a 50 metros en el cerro del frente», finalizó.

Ministro del Interior

Durante el lunes 5 de agosto, en horas de la noche, frente a la información de que habría una persona herida de bala en Matarani – en referencia a Anabella Pucho-; el ministro del Interior, Carlos Morán, en la cuenta de twitter del MININTER, desmintió que haya una persona herida de bala y señaló que la policía no usa armas letales.

Hoy queda demostrado, con la segunda persona herida, que la PNP ha estado usando armas de fuego y que el ministro del Interior no dijo la verdad.

Cabe recordar que durante la visita de la Misión de Observación de Derechos Humanos a Arequipa el 22 y 23 de julio; la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asamblea Nacional de Centros, y Amnistía Internacional, al sostener una reunión con el jefe de la región policial de Arequipa, el general Ugaz; sostuvo que la PNP no estaba usando armas de fuego en Valle de Tambo. Cosa que fue desmentida cuando la Misión de DD.HH llegó a Valle de Tambo y observó que algunos policías portaban armas AKM en la carretera donde se produjeron los enfrentamientos.

Pronunciamiento de Red Muqui

Dado los acontecimientos señalados y la resolución suprema emitida el domingo por el presidente Vizcarra, refrendado por los ministros del Interior y Defensa; Red Muqui señala: Demandamos cese de militarización y decisión definitiva del gobierno sobre imposición del Proyecto Minero Tía María.

Extracto del Pronunciamiento:  exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009 en la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María, y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/920-tia-maria-2da-persona-herida-de-bala-en-matarani-arequipa?fbclid=IwAR2NzpPbBwnHDljzhG2oKPm_rTSEJwCN0f4pY71avGdppedM7uDCNxvKW9s

Leonidas Wiener Ramos, abogado de CooperAcción, señala que los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) son una vía para que se aprueben de forma irregular varias modificaciones de un proyecto minero, siendo Las Bambas un caso paradigmático, ya que recurrió de manera abusiva en el uso de este instrumento ambiental para realizar cambios sustantivos, como: la reubicación de la planta de molibdeno, la planta de almacenamiento de concentrados y la planta de filtros. Una herramienta que fue concebido para uso excepcional se ha convertido en el procedimiento recurrente de las empresas mineras para hacer modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto.

P.- La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo señala que somos un país con una institucionalidad ambiental fuerte. Sin embargo, existen instrumentos de gestión ambiental que debilitan la gobernanza ambiental sin tener una mirada integral del impacto de las actividades extractivas…
R.- En el país hemos avanzado en ciertas cosas. Por ejemplo, hace 10 años no teníamos Ministerio del Ambiente, no existía el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), no existían entidades que pudieran contrarrestar el peso que tienen los ministerios que son más favorables a la inversión privada. También ha habido avances alentados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero damos dos pasos para adelante y uno para atrás, y un claro ejemplo es el tema de los Informes Técnicos Sustentatorios, más conocidos como ITS. Estos sirven como una especie de contrabando para poder efectuar modificaciones a los Estudios de Impacto Ambiental sin realizar los procedimientos de participación ciudadana y sin realizar un trabajo de campo que permita evaluar cuáles son las implicancias de estas modificaciones. El carácter de los ITS implica que las modificaciones deben ser ambientalmente no significativas. Pero en las circunstancias actuales, donde hay un desequilibrio evidente entre los intereses de las empresas privadas y por otro lado de las poblaciones, es claro de que estos ITS sirven de alguna manera como una vía para que puedan aprobarse de forma irregular varias modificaciones.

P.- ¿Es posible una real fiscalización ambiental con instrumentos que permiten la fragmentación del EIA como es el caso de los ITS?
R.- Se están aprobando ITS con cambios significativos en lo que refiere a los proyectos mineros y que tendrán que ser informados a la población, como por ejemplo, una ampliación de un tajo o cambiar la modalidad de explotación subterránea a explotación superficial, una ampliación de un almacenamiento de concentrado; cambios que de alguna manera podrían generar impactos significativos, pero que se aprobaron como si no lo fueran a producir gracias a los ITS. Entonces, de alguna manera los ITS contribuyen a que la labor del OEFA pierda eficacia.

P.- La OEFA alertó que en un plazo de 15 días no se puede determinar con relativa certeza si una modificación propuesta tiene o no impactos ambientales significativos. ¿El órgano competente de admitir y rechazar el ITS puede evaluar en 15 días las dimensiones de cambios sustanciales?
R.- Es muy difícil hacerlo sin un trabajo de campo, sin que un evaluador vaya a la zona y pueda hacer un estudio que le permita determinar cuáles son las reales implicancias de estos cambios que se han propuesto. 15 días es insuficiente considerando la lentitud de los procedimientos administrativos.
Con la creación de los ITS se establecieron unas normas reglamentarias donde se establecieron algunos parámetros, pero este instrumento tiene serias falencias. El tema de fondo es que los ITS fueron concebidos como un instrumento excepcional para hacer cambios no significativos, pero al final si uno repasa los expedientes que entran al Ministerio de Energía y Minas y al SENACE, uno puede ver que la mayor parte de las solicitudes de modificaciones se están dando a través de los ITS y no por medio de los procedimientos regulares de modificación, que sí contemplan un procedimiento de participación ciudadana y un mayor tiempo en la evaluación.

P.- ¿Cuánto tiempo sería el ideal para determinar el impacto de un proyecto extractivo?
R.- Para los proyectos grandes que requieren un EIA detallado es un periodo de 120 días, que es un tiempo razonable, porque tampoco se puede alargar tanto el tiempo de evaluación. Pero, cuando salieron los paquetazos ambientales se establecieron responsabilidades en los funcionarios que no daban respuesta a la evaluación de estos expedientes dentro de un plazo de 45 días, y si se excedían de este plazo estos podían ser objeto de procedimientos administrativos en su contra e incluso hasta penales Entonces, ¿cómo puede trabajar una persona con esa presión? eso es un despropósito, porque el funcionario encargado de la evaluación de los EIA va a querer aligerar el proceso de evaluación y no va a ser riguroso con su labor. Esto es un claro favorecimiento a la inversión privada en desmedro de lo que corresponde al respeto y la protección de los estándares ambientales y sociales que deben formar parte de estos procesos de evaluación.

P.- Los mecanismos de participación ciudadana han quedado nulos con los ITS ¿Se han incrementado los conflictos sociales con este instrumento de gestión ambiental?
R.- De hecho que sí y todavía no lo hemos visto con notoriedad, salvo en el caso de Las Bambas, que ha sido el caso paradigmático. Los ITS son un caldo de cultivo de conflictos que pueden surgir en cualquier momento. Los ITS se han convertido en el procedimiento regular de modificaciones de Estudio de Impacto Ambiental, y se están aprobando muchos cambios sin ser consultados ni ser informados a la población, lo cual va a dar lugar a que se produzcan conflictos derivados de estos ITS o de procedimientos que no fueron adecuadamente consultados a la población.

P.- Un caso emblemático del uso abusivo de los ITS es el proyecto Las Bambas…
R.- Este es un caso bastante particular, porque en primer lugar, inicialmente se había contemplado la construcción de un mineroducto de más de 200 kilómetros. Pero cuando Glencore Xstrata transfiere Las Bambas a la empresa china MMG, al caballazo se decide transportar el mineral por la carretera, que había sido utilizada como vía de acceso en la etapa previa de construcción del proyecto. La aprobación del uso de la carretera para el transporte del mineral se hizo cuando ya había pasado la etapa de evaluaciones técnicas, en la fase final del proceso de evaluación de la segunda modificatoria del EIA, por lo que no se recibió opinión técnica de los impactos ambientales y sociales que podía generar el transporte de carga pesada. No se pronunciaron ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni el Ministerio del Ambiente, ni los gobiernos regionales o la Municipalidad provincial de Cotabambas.
Todos los cambios que se dieron para el uso de la carretera no fueron consultados ni negociados con las comunidades que eran dueñas de los terrenos superficiales. Así, de la noche a la mañana, la población tomó conocimiento de que 200 a 300 volquetes estaban pasando a través de sus comunidades. Cabe plantearse cómo es que surge este corredor minero, sin un plan de desarrollo, sin un plan que pudiera establecer unas adecuadas condiciones técnicas para que el transporte de mineral no generara una serie de impactos ambientales, como temblores en las casas, ruidos, o polvaredas.

P.- ¿Por qué no se saneó ese tema con antelación, por qué no hubo un proceso de negociación previo con las comunidades?
R.- En muchos casos, tanto las empresas y el Ministerio de Energía y Minas, consideran que, haciendo las cosas de manera rápida y sin consultar, les va a permitir reducir costos, como la negociación con las comunidades, el saneamiento de los terrenos, entre otras acciones. Pero lo que hemos visto en Las Bambas es justamente lo contrario. Ahora ambos tienen que lidiar con diversas comunidades que están a lo largo del corredor minero, para poder sanear los terrenos, para poder llegar a acuerdos económicos, principalmente, y eso al final les genera mayores costos a la empresa y al Estado. Falta una lógica que tienen muchas empresas: ser buenos vecinos, comunicar las cosas, ser transparentes, no hacer este tipo de leguleyadas para obtener ventajas, que a la larga no resultan siendo eficaces, ni eficientes por todos los costos que están asumiendo.

P.- ¿Qué cambio sustancial se ha dado en Las Bambas a través de los ITS?
R.- La reubicación de la planta de molibdeno, la planta de almacenamiento de concentrados y la planta de filtros, que inicialmente estaban en Espinar (…), a través de los ITS se decide reubicar estos componentes en la zona de Las Bambas. Es ahí donde se origina el primer conflicto en la zona; posteriormente se han aprobado cinco ITS más, inclusive uno de los ITS excedía los parámetros que estaban establecidos por las mismas normas que reglamentan los ITS, que era la ampliación de un depósito de almacenamiento. Lo que está pasando es que el propio Ministerio de Energía y Minas está yendo en contra de las normas que ellos mismos han aprobado para reglamentar este procedimiento aparentemente excepcional.

P.- ¿Cómo se puede fiscalizar realmente el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)?
R.- Actualmente el mismo órgano fiscalizador establece candados para fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de los estándares que establecen los EIA, de los estándares ambientales que debe de cumplir toda empresa. Se requiere de una reforma estructural a nivel del OEFA, que tenga mayor capacidad para poder sancionar y multar en los casos que hay evidentes impactos ambientales.

P.- ¿Cuál es el principal problema para no identificar el real impacto que va a generar la actividad extractiva en el medio ambiente?
R.- Lo que ocurre en muchos casos es que, cuando comienza una operación minera en una determinada zona, esta operación no parte de una línea de base. Entonces no se puede saber cuál era el estado del suelo, del agua, del aire, si el suelo era muy ácido, si era propicio para la agricultura o era propicio para otro tipo de actividad económica, porque nunca se ha realizado un proceso adecuado de ordenamiento territorial, de zonificación ecológica económica que pudiera determinar las potencialidades y usos del territorio. Por ejemplo, el Proyecto Pierina en Ancash, empezó sus operaciones con un PAMA (comienzos de los noventa), y no se hizo una medición de cuál era el caudal de agua existente en la zona. Así, cuando la mina comenzó sus operaciones, el caudal de agua del cual dependen las poblaciones para su subsistencia, se ha ido disminuyendo con el paso de los años. Pero como no hubo una línea de base es muy difícil medir cuáles son los impactos y en qué medida esos impactos se le pueden atribuir a la empresa. Tenemos que corregir la elaboración de las líneas de base y el tema del ordenamiento territorial.

P.- Sin embargo el ordenamiento territorial es visto como un obstáculo para fomentar la inversión minera…
R.- Todavía no hay una adecuada articulación entre lo que hace el gobierno central y lo que hacen los gobiernos regionales o gobiernos locales para poder efectuar un adecuado ordenamiento territorial y definir cuáles son los usos y potencialidades del territorio. Es decir, no se trata de desterrar la minería o de desterrar actividades extractivas, pero en determinadas zonas hay actividades que pueden traer muchos más beneficios a la población de lo que trae la actividad extractiva. Es importante que se considere la percepción de la población y sus propias prioridades en lo que corresponde a su desarrollo económico, que no necesariamente van a estar vinculados a las actividades extractivas, como es el caso de los agricultores del valle del Tambo, quienes consideran que la minería va a afectar sus intereses.

P.- ¿En que están fallando los mecanismos de participación ciudadana en los proyectos extractivos?
R.- Hay empresas que tienen una mayor predisposición para generar legitimidad en sus proyectos, para poder ganarse a la población de alguna manera, y hay otras empresas que no tienen mayor interés y quieren gastar el menor dinero posible y simplemente cumplir con lo que le indica la norma para poder avanzar en el siguiente paso de sus operaciones. Hay empresas que son más responsables que otras, pero el Estado no debería desentenderse, sino debería tener un papel mucho más activo para poder verificar, para poder estar como una especie de veedor y certificar de que estos procedimientos de participación ciudadana realmente estén llevando toda la información correspondiente del proyecto extractivo, y debería además poder verificar de que el proyecto tenga legitimidad.

P.- ¿Cuál es el poder y la influencia del gremio minero en las políticas estatales?
R.- Muchos de los funcionarios que están ahorita en altos cargos en el Estado son funcionarios que en algún momento trabajaron en empresas privadas. Por ejemplo, el caso más típico es que un funcionario de una minera que trabajó 10, 15 años en una mina, luego pasa a ocupar el puesto de director de minas o viceministro de minas u otro cargo importante con poder de decisión. El mecanismo de la puerta giratoria es algo muy común en el Estado, y eso parte de que no existe un concepto de carrera pública como una vocación de servicio al país, sino que se prioriza a aquellas personas que tienen vínculos con el sector privado para que entren a puestos altos en el Estado.
En las condiciones actuales, los ministerios son bastante permeables a la capacidad de influencia del sector privado, a los lobbies que existen. Entonces el funcionario de la empresa tiene la capacidad de poder reunirse cuando quiera con el ministro o el viceministro directamente, para poder presionar para que se apruebe su EIA o para que le den la autorización de inicio de operaciones, etcétera. Pero cuando van los dirigentes sociales a tocar las puertas, en muchos casos solo los atienden cuando el conflicto ya ha estallado, porque ya no tienen otra opción que atenderlos y negociar.

P.- ¿Cuál es el reto que tenemos para poder garantizar la gobernabilidad ambiental en el país?
R.- Pasa por reducir los desequilibrios que existen actualmente, comenzando por los desequilibrios que existen entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. A este último nunca se le ha dado el rol que debería asumir como autoridad nacional ambiental, lo cual genera un desequilibrio en la gobernanza de las industrias extractivas. El Ministerio del Ambiente debería tener un rol mucho más importante en lo que corresponde al ordenamiento territorial, para definir los usos del territorio, y esto está relacionado con la mayor capacidad y los mayores poderes que deberían de tener a su vez los gobiernos regionales y locales, para que dentro de su jurisdicción territorial ellos tengan la posibilidad de definir el uso del territorio y que este parta de un proceso de consulta ciudadana, donde se pueda distinguir de forma clara en qué zonas hacemos minería, en qué zonas hacemos agricultura, en qué zonas podemos forestar, o en qué otras zonas podemos hacer actividades turísticas; es decir, que todo esté articulado entre los tres niveles del gobierno y que el otorgamiento de concesiones mineras tenga mayores candados y restricciones y que se articule a estos procesos de ordenamiento territorial.

Fuente:http://elgranangular.com/blog/entrevista/leonidas-wiener-los-its-son-una-especie-de-contrabando-para-poder-efectuar-modificaciones-a-los-estudios-de-impacto-ambiental/?fbclid=IwAR0Ps_ko4gqDZFXrRaYHrR8uGzeiwDKtopflywWaxrXLk17msY94oXd7JVQ

El lunes 5 de agosto se realizó la audiencia sobre el proyecto Ariana en el Sexto Juzgado Constitucional. Este juzgado tiene la tarea de evaluar si se declara la nulidad de las resoluciones que aprobaron la operación del mencionado proyecto que se ubica en la parte alta de la cuenca del río Rímac y el Alto Mantaro y que representa una seria amenaza a las fuentes del agua que abastecen a la ciudad de Lima y Callao.

Cabe recordar que las congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, así como el sub director de CooperAcción, José De Echave, presentaron el pasado 25 de abril una demanda de amparo ante el Juzgado Constitucional de Lima, en contra del Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Ariana. Esta demanda cuenta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal.

En esta audiencia expusieron por la parte demandante, el economista y especialista en gestión de recursos hídricos Andrés Alencastre, la ingeniera agrícola, con Maestría en Gestión Internacional de Agua y Suelo, Ruth Preciado, así como el doctor José De Echave, que además de ser directivo de CooperAcción, ha sido viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

La audiencia fue presidida por la jueza Rocío Rabines Briceño, quien escuchó con atención, tanto a los especialistas de la parte demandante, como a los abogados y técnicos de la empresa Ariana, así como el Procurador del Ministerio de Energía y Minas.

La abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Maritza Quispe, expuso que existe una amenaza cierta e inminente sobre el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima, Además, la actividad de explotación de Ariana, tal como ha sido aprobada, implicará un grave riesgo de contaminación, por la proximidad del depósito de relaves al túnel trasandino que permite el trasvase de aguas de la cuenca del Mantaro a la del río Rímac.

Según los especialistas que expusieron por los demandantes, en este caso debería aplicarse el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona. También demostraron, tomando como base información de la propia SEDAPAL, que el proyecto Ariana pretende ubicarse en medio de todo el sistema hídrico de Marcapomacocha, que está conformado por reservorios, túneles, canales, entre otra infraestructura, tanto física como natural que además debe ser potenciada en los próximos años.

Cabe señalar, que durante la audiencia, la jueza rechazó las excepciones presentadas por la empresa minera Ariana y el Ministerio de Energía y Minas, sobre una supuesta ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Tampoco aceptó la excepción que aducía que la demanda fue presentada fuera de tiempo, ni que la vía del proceso no debió ser la del amparo.

Se espera que la jueza declare fundada la demanda y emita una sentencia que proteja el derecho constitucional al agua y al medio ambiente de más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/se-realizo-audiencia-sobre-el-proyecto-minero-ariana-que-amenaza-el-abastecimiento-de-agua-de-lima-y-callao/?fbclid=IwAR0UjwZp5GPBE2Snt0qgfFKr5Kk4JEqiI3WVcD3c6SDTH-FeqQPHf_r2yVI