El gobierno peruano suspendió la licencia de construcción por 120 días, lo que causó una indignación transversal. El congresista aprista Mauricio Mulder estaría evaluando presentar una moción de vacancia contra el Mandatario.

No solo significaba una inversión de US$ 1.400 millones, sino que también aumentaría el PIB de Perú en 0,4% y consolidaría a ese país como el segundo mayor productor de cobre del mundo. Semanas atrás, el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender la licencia de construcción del proyecto minero Tía María por 120 días, luego de que el gobernador regional de Arequipa y algunas organizaciones sociales presentaran recursos de revisión. La misma secretaría de Estado había otorgado el permiso en julio, tras la aprobación del segundo estudio de impacto ambiental.

Tía María es un proyecto ubicado en la provincia de Islay, en la región de Arequipa. Desde el año 2003 la empresa Southern Copper se encarga del plan, que contempla la construcción de dos minas denominadas “Tía María” y “La Tapada” para la obtención de cobre.

Según la última encuesta de El Comercio/Ipsos, el 54% de los peruanos está informado sobre Tía María. De ese porcentaje, un 54% está contra su desarrollo. Así, el Presidente Martín Vizcarra heredó una crisis de lo que en Perú se conoce como “conflictos sociales”. Pero también el propio gobierno estaría dando pasos en falso.

Años de discusión

En 2009 se presentó el primer estudio de impacto ambiental, sometido a evaluación por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos. Pero fue declarado “inadmisible” por el ministro de Energía y Minas de ese entonces, Pedro Sánchez Gamarra.

En agosto de 2014 se aprobó un segundo estudio, determinándose que el proyecto minero no usaría agua dulce del río, sino agua de mar desalinizada. Además, el proyecto utilizaría dos geomembranas, sensores y capas de protección para asegurar que no hubiera impacto en el subsuelo. El informe también señalaba que el proyecto minero no generaría evaporación de ácido sulfúrico, lo que descartaba la posibilidad de lluvias ácidas.

Desde entonces, la iniciativa ha provocado una gran controversia en la sociedad, especialmente en Arequipa. Las protestas en contra del plan han provocado 7 muertes, incluida la de un policía. En 2011, luego de la presentación del primer estudio, se inició una manifestación que terminó con cuatro fallecidos y varios heridos. En 2015 volvieron las protestas, dejando a tres fallecidos y más heridos.

Tras la suspensión de la licencia, la prensa peruana publicó un audio donde se escucha a Vizcarra y autoridades de Arequipa conversando sobre el proyecto y la zona donde se desarrollaron las protestas. “Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo”, dice el Mandatario en la grabación. Con esto, la popularidad de Vizcarra se ha visto afectada.

“La posición que ha tomado Vizcarra frente al tema sintoniza con el clamor regional, pero se opone a los intereses de las élites empresariales y de los niveles socioeconómicos más altos”, señala Carlos Meléndez, politólogo peruano.

Fernando Rospigliosi, exministro del Interior peruano, cree que las protestas seguirán porque el descontento provocado por Vizcarra es transversal. “El tratamiento que dio al conflicto lo ha hecho quedar mal con todos, empresarios y opositores al proyecto. Los radicales y caudillos oportunistas han visto la debilidad del gobierno y seguirán promoviendo disturbios para sacar provecho político”, indicó.

En medio de esta creciente tensión, el congresista aprista Mauricio Mulder, anunció la posibilidad de presentar una moción de vacancia contra Vizcarra, similar a los procesos iniciados contra su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, la probabilidad de que logren destituir a Vizcarra por este tema es muy baja. “No existen los votos suficientes. La moción de vacancia es una bandera de la oposición más radical, y ni siquiera dentro del APRA tiene el consenso de todo el partido”, señala Meléndez. “Un Congreso con gran desaprobación no puede destituir a un Presidente con alta aprobación, es políticamente inviable”, concluye Rospigliosi.

Fuente:https://www.latercera.com/mundo/noticia/tia-maria-proyecto-minero-complica-vizcarra-peru/796962/

Desde tempranas horas el día , lunes 19 de agosto, se informó del bloqueo de carreteras de Puno – Desaguadero y Puno – Juliaca, como medida de solidaridad con el gobernador regional que actualmente se encuentra en la clandestinidad frente a la condena del Juzgado Penal Colegiado de Puno, que ordenó 6 años de prisión y 2 millones de soles de reparación civil por el delito contra la tranquilidad pública en el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek.

El bloqueo de carretaras viene dándose por 24 horas como inicio de las protestas en rechazo a la sentencia señalada. Asimismo, los manifestantes señalan que también se solidarizan con las protestas que se dan en Arequipa contra el proyecto Tía María; en Moquegua contra el proyecto Quellaveco; y en Tacna contra Southern que viene extrayendo agua de las lagunas de Candarave desde hace casi 60 años, perjudicando el acceso al agua de la población.

La Sentencia

La sentencia completa la darán a conocer el lunes 26 de agosto. Para el abogado experto en derecho penal y derechos humanos, David Velasco, de la institución FEDEPAZ, miembro de Red Muqui; el adelanto de sentencia que señala a Walter Aduviri como “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública” en el caso conocido como el Aymarazo”, es un término novedoso respecto al grado de participación en que se acusa a las personas de cometer delitos. “En más de 25 años de abogado litigante nunca había escuchado y leído el término de coautor no ejecutivo”, señaló Velasco. Quien manifestó que lo que se venía usando era el término de autor mediato para incriminar a aquellas personas que no cometen directamente el delito, pero ordenan, dirigen realizarlo. El caso más conocido es el de Fujimori, que lo sentenciaron por autoría mediata en el caso del asesinato en Barrios Altos y la Cantuta. Sin embargo, el abogado señaló que estará a la espera de que la sentencia se haga pública para opinar al respecto; ante una tipificación penal que causa sorpresa.

No obstante, el abogado señaló que, en términos generales, la sentencia contra el ahora gobernador regional, Walter Aduviri, es parte de la criminalización de la protesta que realiza el Estado peruano contra quienes protestan en defensa de derechos colectivos de sus comunidades y pueblos.

Cabe precisar, que en el Consejo Regional se viene discutiendo la suspensión de Aduviri como gobernador regional, de acuerdo a lo sugerido por el Poder Judicial de Puno. Consejeros que postularon con la lista de Aduviri están a favor de su suspensión.

Noticia del miércoles 14 de agosto

El día de hoy en la mañana, miércoles 14 de agosto, el Juzgado Penal Colegiado de Puno dio el adelanto de sentencia al ahora gobernador regional, Walter Aduviri, a 6 años de prisión y a la reparación civil de 2 millones de soles por ser “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el caso conocido como el «Aymarazo». La entidad judicial ha dispuesto también su captura inmediata.

El “Aymarazo”

Como se recuerda, el pueblo aymara inició una huelga indefinida que llegó a su pico más alto en mayo del 2011, en rechazo al proyecto minero Santa Ana, que estaba a cargo de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta fue impulsada por el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno y Aduviri era el presidente del Frente.

En esa época, las protestas se radicalizaron luego de que el gobierno de Ollanta Humala hizo caso omiso a los pedidos de diálogo y exigencias del pueblo aymara. La población señalaba que la minería perjudicaría sus actividades agropecuarias y generaría la contaminación de las aguas. Señalaron también que se vulneró la normatividad vigente que establecía la prohibición de actividades a menos de 50 kilómetros de la zona de frontera, en este caso con Bolivia.

Criminalización de la protesta

En opinión de José Bayardo Chata, abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, la sentencia genera un precedente negativo para el ejercicio de la defensa de derechos colectivos indígenas y derechos humanos en general, expresados en la protesta social.

Como se recuerda, el Ministerio de Justicia, aprobó hace poco, a través de resolución ministerial, el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta norma señala que son defensores de derechos humanos las “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de los derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional”.

El abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, integrante de la Red Muqui, señaló que el proceso judicial no consideró la condición de integrante de pueblo indígena aymara de Walter Aduviri; el derecho a la protesta que le asiste a todo grupo que vea vulnerado sus derechos, más aún cuando se trata de pueblos indígenas que de acuerdo a la legislación internacional del Convenio OIT 169, deberían ser respetados en sus decisiones, de acuerdo a la autodeterminación que como pueblos indígenas les corresponde. “El juicio se fue manejando como un proceso ordinario. Y es preocupante que en el juicio no se haya tenido en cuenta, por ninguna de las partes, la normativa que protege los derechos de los pueblos indígenas”, finalizó José Bayardo Chata.

En el comunicado público de la Asociación en mención, se señala: “Con esta sentencia condenatoria, el Estado renueva su ánimo de persecución a toda persona o grupo humano que recurra a la protesta social como recurso último en la búsqueda de reivindicación de sus derechos denegados”.

Desenlace

La defensa legal de Walter Aduviri, que no estuvo presente hoy en el adelanto de lectura de sentencia, podrá apelar a decisión del Juzgado en primera instancia. Asimismo, recién el lunes 26 las partes serán notificadas por el Juzgado de Puno, con la sentencia completa.

Durante el adelanto de lectura de sentencia en el Juzgado de Puno, se concentraron cerca de 300 personas que protestaban por la injusticia que se estaba dando. Miembros de organizaciones campesinas del norte de Puno, señalaron que estaban evaluando la realización de un paro regional frente a lo que consideran una injusticia y abuso de poder.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/927-preocupante-sentencia-de-6-anos-de-prision-a-walter-aduviri-sobre-caso-aymarazo?fbclid=IwAR38HiYKWNQKl0FXn-tuQ09fLhKrOFOs5OtZ4mxe1W7Eavzu9TL5jl57WAg

Dos oficiales y siete suboficiales de la Policía, que fueron parte del contingente desplazado a garantizar la seguridad y el orden en el paro realizado en la localidad de Tumilaca – Moquegua, fueron denunciados por un grupo de pobladores. La protesta se acataba en contra del proyecto minero Quellaveco.

En el Ministerio Público se denunció al comisario de Samegua, mayor Alexander Sánchez Choque, y al jefe de la comisaría central, alférez Antony Salazar Bernahola. También han sido comprendidos en la acusación los suboficiales Jonathan Palacios, Tomás Ayala Luna, Jhon Cano, Wilder Quispe, Erick Mamani Luna, Uriel Zapana y Deryian Mamani Orocollo.

La denuncia la hicieron seis trabajadores de la comuna distrital de Torata. Acusan a los oficiales de abuso de autoridad y a los suboficiales de tortura.

Según se detalla en la denuncia, los efectivos policiales, por orden de sus superiores, los confundieron con los manifestantes que bloquearon un tramo de la carretera Binacional, el primer día del paro (12 de agosto). Los agraviados contaron que los maltrataron verbal y físicamente. Incluso dijeron que a dos de sus compañeros les provocaron serias lesiones. El incidente ocurrió a las 16:25 horas de ese día en el kilómetro 26+700 de la carretera Binacional.

Los trabajadores aseguran que después de cumplir con su jornada, fueron a recoger a dos obreros y material del proyecto de mejoramiento de servicios turísticos del Cerro Baúl. Bajaron de Torata a Moquegua a bordo de la camioneta de placa Z6C-739. La unidad era conducida por Alejandro Díaz Flor. Cuando iban a recoger el material, fueron interceptados por una camioneta policial. Los efectivos, sin dar explicaciones y calificándolos de “terroristas”, los habrían golpeado con las varas y escudos.

La agresión fue brutal, por ello Ramón Ponce Quispe y Ángel David Aparicio fueron llevados al hospital de EsSalud. Mientras tanto, sus compañeros Alejandro Díaz Flor, Marco Ramos Chicalla, Andy Tenazoa Condori y Juan Calcina Nina a seguridad del Estado.

Niegan que hubo excesos

El jefe de la Región Policial, coronel PNP Herbert Espinosa Ochoa, sostiene que los efectivos policiales cumplieron con sus funciones. Dijo que su despacho no recibió reporte de algún exceso y tampoco agresiones, como aducen los denunciantes. El oficial refiere que si se prueba los excesos, los implicados deberán responder.

El primer día del paro, los policías, en su intento por despejar la vía, lanzaron bombas lacrimógenas.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/22/denuncian-a-policias-por-tortura-en-paro/?fbclid=IwAR342B71whXcTIv2ATLxrFwIfSg6Z79ptxDsUADOUjgRovV17DzKC8Y0vwE

El pasado 13 de agosto, se inició un paro indefinido en Moquegua. Organizaciones sociales y ambientales reclamaron el supuesto incumpliento de acuerdos de la empresa Anglo American de la mesa de diálogo del 2012 por el proyecto minero Quellaveco. El gobernador regional, Zenón Cuevas Pare, afirmó que la compañía no ha cumplido con contratar el 80% de mano de obra no calificada.

Además, un grupo de ciudadanos protesta por el supuesto peligro ambiental. Jesús Paredes, presidente del Frente Anticorrupción, señaló que el proyecto era inviable porque se ubicaba en cabecera del río Asana. En entrevista con Radio Americana, el dirigente afirmó que se debería declarar en emergencia al agua y al medioambiente de la zona.

Por su parte, en declaraciones a Gestión, representantes de Anglo American afirmaron que el porcentaje de contratación de trabajadores de mano de obra no calificada está en promedio en 95%, lo que superaría el 80% que era parte del compromiso. Por otro lado, sobre la presunta contaminación, una fuente vinculada a la empresa le dijo a dicho diario que “no ha habido afectación alguna, ya que todos los planes de gestión ambiental están en marcha”.

Este lunes, se realizó la reunión entre autoridades y representantes de la empresa. Participaron el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; del Ambiente, Lucía Ruíz; de Salud, Zulema Tomás, y el viceministro de Infraestructura y Riego del Ministerio de Agricultura, Jorge Montenegro. También estuvo el gobernador regional, Zenón Cuevas. El pasado 17 de agosto, la población del centro poblado de Tumilaca decidió no participar de esta reunión.

En esta reunión,  el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, Diego Ortega, propuso 100 millones de soles para la ejecución de más de 100 proyectos de corto plazo, recursos que vienen del Fondo de Desarrollo de la última etapa de operación, según informa Gestión.

“Con ello se busca beneficiar a Juntas de usuarios, comunidades, juntas vecinales, clubes de madres y otras asociaciones y/o asociaciones, a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua», dijo Ortega.

Además, Anglo American propone formar tres comités de proveedores, que serían de servicios generales, transporte liviano y de carga. Estas se formarían el próximo 16 de setiembre.

“Se iniciará la línea base de las 350 empresas de la región Moquegua, que viene el programa Emerge Perú, y los miembros de la Cámara de Comercio, de las empresas constituidas hasta el 31 de diciembre del 2018”, agregaron representantes de la minera.

También propone brindar su aval para microcréditos a los empresarios de estos comités que tengan buen desempeño.

Otros datos mencionados por Gestión son que la minera creará «un fondo de S/ 5 millones de microcréditos para los productores agropecuarios, cuyo lanzamiento será el 1 de noviembre del 2019″. «Asimismo, se destina S/ 1 millones para los temas de anemia en la región».

 «Anglo American Quellaveco también invierte S/ 5 millones para el cierre de brechas y auspicia un diplomado de gestión pública en la UNAM y UP», agrega el diario de economía y finanzas.

Tras esta reunión, la ministra de Salud, Zulema Tomás, anunció que se logró firmar un acta de acuerdo con los ciudadanos de Tumilaca y se estipuló una «tregua de 72 horas con libre tránsito».

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/08/20/moquegua-quellaveco-anglo-american-conflicto-minero-propuestas-empresa/jorgepaucar/

Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Desde el 15 de julio, en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, se inició una paralización en contra del proyecto minero Tía María. Fue la respuesta de la población a la decisión del gobierno de otorgarle la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), pese a que era evidente que no había licencia o aceptación social.

Cabe recordar que esta decisión se adoptó en medio de una serie de presiones mediáticas, sobre todo desde la CONFIEP. Ante esto, las autoridades y la ciudadanía respondieron con la paralización, exigiendo que el gobierno respete sus derechos.

El 30 de julio, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, convocó a un paro regional indefinido a partir del 05 de agosto, demandando al gobierno nacional la anulación de la licencia de construcción del proyecto. Esta decisión contó con el respaldo del gobernador regional de Arequipa, Cáceres Llica.

El primer día de paro regional en Arequipa se movilizaron más de 30 organizaciones sociales, especialmente de los trabajadores de construcción civil y comerciantes, que se adhirieron a la plataforma de protesta en solidaridad con las comunidades del Valle de Tambo. En el cono norte de la capital de la región y en las principales vías de la ciudad se paralizó el tránsito.

En la provincia de Islay las manifestaciones continuaron. Además, se registró el primer incidente de gravedad: Anabella Pucho Uscamayta (29), quien vendía alimentos, presuntamente recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo. Ante la alarma producida por el hecho, la Defensoría emitió un comunicado llamando a la calma y pidiendo a las autoridades retomar el diálogo.

Después del primer día, los bloqueos a la Panamericana Sur continuaron en distintas provincias y distritos de la región, sobre todo en Islay y Caylloma y la lucha de los agricultores del Valle de Tambo, recibía el respaldo de regiones como Puno y Moquegua. En Ilo, hubo un bloqueo momentáneo de tránsito en contra de Tía María y la minera Quellaveco (Anglo American). En Puno, diferentes gremios se plegaron a las medidas de fuerza. Para entonces, no se descartaba la posibilidad que el paro se proyectase a nivel macro regional, en todo el Sur.

El escenario se complejizó con la autorización -por Resolución Suprema- de la intervención de las Fuerzas Armadas en el puerto de Matarani. Esta medida, fue cuestionada por algunos especialistas que la consideraron abiertamente inconstitucional.

Posteriormente, se inició una campaña millonaria en los principales medios de comunicación a nivel nacional en la que un colectivo de ciudadanos de Arequipa se manifestaba en contra de la paralización y las medidas de fuerza de los gremios sociales. Luego se supo que este colectivo y toda la campaña, era financiada la empresa SPCC.

El 09 de agosto, frente al riesgo de pérdida de vidas humanas y mayores pérdidas económicas por el agravamiento del conflicto, el Concejo Nacional de Minería anunció la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero. Como ha sido señalado, esto no implica la cancelación definitiva del proyecto. El conflicto en el Valle de Tambo evidencia las limitaciones del actual marco legal y pone en relieve las brechas de gobernabilidad que todavía persisten.

En los últimos días, se han hecho públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio. Estas revelaciones han abierto todo un debate y serios cuestionamientos de un sector de la prensa y la oposición política, sobre todo de la mayoría en el Congreso. Los ministros han sido invitados al Congreso de la República para que expliquen lo ocurrido en Arequipa. Habrá que esperar el desenlace de estos hechos.

Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Tres gobiernos que fracasan en el intento de sacar adelante un proyecto es una evidencia de problemas de fondo. ¿Cuáles? Los proyectos que no tienen licencia social son inviables en el Perú y en cualquier parte del mundo y se necesitan nuevas reglas para la minería. A todas luces Tía María era contraria a los intereses del Valle de Tambo, del país e incluso, aunque no quieran reconocerlo, de las propias empresas mineras.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/un-breve-recuento-del-ultimo-paro-en-contra-del-proyecto-tia-maria/

El Presidente de la República es el presidente de todos los peruanos y no solo del gremio minero. Ante la escalada y la crisis a la que se llegó en el conflicto de Tía María, el Presidente tenía solo dos caminos: emplear la fuerza, con una posible pérdida de vidas humanas o encontrar la forma de encausar pacíficamente el conflicto. Siendo el Perú un país democrático, y el Presidente Vizcarra una autoridad que intenta conciliar intereses, siguió la única opción posible, encaminar a los manifestantes hacia un procedimiento administrativo que permitiera bajar la tensión y que le diera tiempo para encontrar una salida razonable.

Los dos extremos del conflicto afirman que la escalada de la protesta fue responsabilidad del gobierno. Si bien hubo algunos errores, como una cierta demora para establecer canales de diálogo con los actores sociales, la situación del conflicto se origina en los dos gobiernos precedentes.

Es necesario reconocer que en el caso Tía María el gobierno del Presidente Vizcarra ha tenido y tiene poco margen de acción.  Los manifestantes cuestionan la viabilidad ambiental del proyecto, y es verdad, el proyecto presenta serios problemas, pero lamentablemente la certificación ambiental se dio con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el año 2014, durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Han pasado cinco años y revertir esa decisión es muy difícil, porque la vía administrativa se encuentra agotada, quedando aparentemente abierta sola la posibilidad de un proceso constitucional.

Con el EIA aprobado, la empresa minera Southern ha seguido tramitando los permisos que necesita para operar. Uno de ellos, es la licencia de construcción de la planta de beneficio (que constituye solo un componente de la mina).  El trámite se inició en octubre de 2014. Una pregunta que nos hemos hecho es si el gobierno podía desaprobar la licencia de construcción de la planta de beneficio por temas ambientales. Tenemos entendido que en el trámite de aprobación de la licencia de construcción no se debaten temas ambientales sino ingenieriles, y se deben cumplir ciertos requisitos, como contar con un EIA aprobado, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la declaración jurada de no afectación de vías. No siendo una autorización ambiental, su aprobación depende de la Dirección General de Minería (DGM) y no del SENACE.

Consideramos que con la aprobación del EIA, el Estado Peruano entró en un camino difícil de afrontar. El problema principal en este caso, no reside en la desinformación de la población de Islay como se suele afirmar, sino en la debilidad del EIA para garantizar los intereses de los pobladores de Islay.

La principal preocupación de los pobladores de Islay, que en su mayoría son agricultores y que viven en medio de un desierto, es el agua.  Se cree erróneamente que su protesta es por la demanda hídrica de la empresa para la realización de sus operaciones, la misma que estaría solucionada con la planta desalinizadora de agua de mar. Esto no es cierto. La principal objeción es la posible afectación de la relación de las aguas subterráneas con las aguas superficiales. Es decir, el cuestionamiento de los agricultores de Islay es si el acuífero que alimenta en un 100% al río Tambo en temporada de estiaje se verá afectado por la alteración del flujo y la calidad de las aguas subterráneas que se podría producir con la explotación del mineral en el tajo La Tapada. Esa relación no ha sido debidamente estudiada, dejando altos niveles de incertidumbre, según lo afirmado por el experto portugués en hidrogeología Luis Tavares Ribeiro[1].

Cabe precisar que con la planta desalinizadora también existe un problema. Las normas ambientales exigen que para determinar impactos, el proyecto esté descrito por lo menos a nivel de ingeniería de factibilidad. Ese requerimiento no ha sido cumplido en el EIA.

En este escenario la gran pregunta es qué hacer. Lo lógico sería reevaluar la viabilidad ambiental del proyecto. Sin embargo, eso es poco probable, pues la certificación ambiental ya ha sido dada y los plazos para impugnarla a nivel administrativo están vencidos. Como hemos señalado, la vía judicial es una opción que todavía podría ser posible.  Como un tema adicional a ello, se plantea la licencia social, que si bien no es un requisito formal para operar, debe darse para garantizar la viabilidad social del proyecto.

En medio de todo ello la conclusión es muy clara: urge fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. El caso de Tía María, pero también el de Ariana y Las Bambas, entre otros, ponen de manifiesto los problemas o fallas de este sistema. Desde el 2013, el sector empresarial ha venido presionando para que la gestión ambiental sea más flexible, argumentando la necesidad de eliminar un exceso de trámites. Lo cierto es que su debilitamiento a la larga va contra intereses del propio Estado, de otros sectores del país, pero también de las propias empresas mineras porque un EIA que evidencia problemas, genera un clima de desconfianza y de temor, que acompaña la vida el proyecto, y que tarde o temprano puede dar lugar a conflictos sociales.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tia-maria-los-conflictos-no-se-resuelven-por-la-fuerza/

Doce comunidades campesinas se encuentran en alerta. Los terrenos se ubican en un punto de abastecimiento de agua, que es usado para el consumo y riego.

En alerta se encuentran los pobladores de 12 comunidades campesinas del distrito de Písac, en la provincia de Calca, ante la concesión minera otorgada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) a un particular. La entrega se hizo en el sector de Pampallacta, donde se encuentra una cabecera de cuenca, lo que podría afectar a cuatro lagunas que abastecen del líquido elemento a sus pobladores.

En diciembre de 2017, se dio luz verde a la concesión de una beta de plata a favor de Esteban Quispe Sikus, por una extensión de 100 hectáreas. Los terrenos se ubican en un punto de abastecimiento de agua, que es usado para el consumo y riego en las localidades de Calca, Urubamba y Machupicchu.

Autoridades ediles y comunales, ante la preocupación por el inicio de actividades de exploración y explotación de la denominada Huallata de Plata, emitieron una carta a la representante del Ingemmet en Cusco, María Milagros Corihuaman Gonzales, en la que solicitan la anulación de dicha concesión al considerarla inconstitucional, con base en la Ley de Tierras que dice: “Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad”. El hecho es que no se ha consultado a las comunidades que resultarían afectadas.

Otro punto, con el que argumentan su petición de anulación, es que se trataría de territorio de comunidades ancestrales, protegidas por el Estado. “Nuestras prácticas culturales están siendo perjudicadas, porque se ha habilitado que en nuestro territorio se realice actividad minera, sin nuestro consentimiento”, dicta parte de la misiva. Por su parte, el asesor legal de las comunidades de Písac, Jaime Borda, refirió que otorgar concesiones de pequeña minería está en manos de la Dirección Regional de Energía y Minas y del Ingemmet.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/08/15/concesion-minera-pone-en-riesgo-de-contaminacion-a-cuatro-lagunas-en-pisac/?fbclid=IwAR07_nZsSvP3-VOTxiVPm0aQtXSL-v3tiiSzc7afcrB6bfmBQQmDIE9r0AE

Sobre la incertidumbre del proyecto minero Tía María, mina de cobre, y los agricultores que luchan por sobrevivir, desde el año 2011 ya son 7 personas que mueren lamentablemente, por este asunto en Arequipa Perú.

 La Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau (FIDTA-CCHEPG), la FARTAC y la FDDC anunciaron en una conferencia que desde mañana iniciaran un paro indefinido en contra de todas las empresas mineras que hacen uso del corredor minero del sur que atraviesa los territorios de Cusco y Apurímac. Cabe señalar que las medidas de protestas serán escalonadas según lo organice cada comunidad o provincia.

El presidente de la FIDTA – CCHEPG anunció que el pasado 07 de agosto, le hicieron llegar al Presidente de la República, Martín Vizcarra, un documento en el que cual dan por sentadas sus demandas, que no solo involucran a las empresas mineras, sino también al Estado. Dicho documento fue firmado por organizaciones sociales de base, Rondas Campesinas, Frentes de Defensa, Comunidades Campesinas, Organizaciones de mujeres y organizaciones juveniles de las provincias que pertenecen a la Federación.

Además, reafirmaron su plataforma de lucha, cuyas agendas han sido pactadas semanas atrás: Implementación de consulta previa y consentimiento, reconocimiento legal de monitoreos ambientales realizados por las propias comunidades, que se sancione a los jueves y fiscales que promueven la criminalización de dirigentes y eliminación de convenios entre la PNP y empresas mineras.

Otro punto importante en sus pedidos es el archivamiento de las denuncias en contra de lideresas y dirigentes procesados en conflictos sociales, la modificatoria del artículo 200 del Código Penal, el cual señala que se puede procesar a dirigentes por el delito de extorsión, además de la derogatoria de otras leyes que permiten la criminalización de la protesta social.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/anuncian-paro-indefinido-en-el-corredor-minero-del-sur/