La historia de la zona más golpeada por los pasivos mineros en Cajamarca, que se rehúsa a la sobreexplotación de sus tierras.

A tres horas de la ciudad de Cajamarca, en medio de una neblina y un viento helado que envuelve la vegetación de Chugur (Hualgayoc) a 4000 m.s.n.m; el pequeño y silencioso Jhon Gallardo Pérez de siete años desconoce las reformas políticas pendientes en el Congreso y apenas ha escuchado sobre los incendios forestales desatados en la Amazonía de Brasil. Lo que ha aprendido a su corta edad es que los ríos no son de agua clara sino amarillenta, que su familia y sus animales sufren males por la contaminación de las mineras que lo hacen saltar del susto por los estruendos de las explosiones; y que otra empresa quiere entrar a Chugur a hacer exploraciones en busca de minerales.

Antes de que las operaciones mineras comiencen a dejar extensos pedazos de tierra muerta por la provincia de Hualgayoc, el distrito de Chugur solo era reconocido por los 12 mil litros diarios de leche y otros productos derivados que llegan hasta los mercados de Lima, Trujillo (La Libertad) y Chiclayo (Lambayeque). Chugur es un nombre que proviene de “chugurcillo”, una planta de flores lila que abunda en sus campos; o del término “cchuga” -de la desaparecida lengua culi según el lingüista cajamarquino Hugo Miranda- y que hace referencia a “terrenos en forma de plato”.

Desde hace dos años, Jhon siente dolores en el cuerpo. Se lo contó a su mamá, Roxana Pérez Ruiz (28), y a su abuela, Isabel Ruiz Alarcón (62), quienes se dedican a la producción de leche, y a la siembra de papa y olluco cerca a su casa, en la zona alta de Chugur, conocida como Sinchao, por donde pasa un río amarillento del mismo nombre.

-¿Has sentido algún tipo de malestar o dolores en el cuerpo? -le preguntamos a Jhon, quien inmutado asiente con la cabeza. Al preguntarle qué partes del cuerpo le duelen, se lleva el dedo índice a la sien y lo desliza hacia abajo hasta llegar a la nariz. Roxana, su madre, rompe el silencio de su hijo y comenta que a veces le sangra la nariz. El dedo índice de Jhon sigue bajando hasta llegar a la garganta, y tras una pausa que indica dolor en esa parte de su cuerpo, termina en el estómago.

Roxana cree que los dolores que siente su hijo son secuelas causadas por convivir con los pasivos ambientales. Los mismos que han contaminado a sus animales y los ríos de donde consumen agua. “Acá ya no podemos tomar agua cruda, antes tomábamos sin hervir (…) Estaremos con los metales más pesados acá, plomo a la sangre tendremos pe, si estamos acá cerquitita”, susurra.

Las sospechas de Roxana tuvieron sustento cuando, luego de la declaratoria de emergencia ambiental en los distritos de Hualgayoc y Chugur, las intervenciones delOrganismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) pusieron en el papel los altos niveles de contaminación por metales pesados en Hualgayoc.

Salud en emergencia

En setiembre de 2016, la entonces ministra de Ambiente, Elsa Galarza Contreras, declaró en Emergencia Ambiental las zonas altas de las microcuencas de los ríos Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, ubicados en Hualgayoc, provincia que actualmente tiene 1286 pasivos ambientales.

Con las alertas activadas desde la PCM, se empezó a ejecutar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo y las intervenciones de diferentes sectores del Ejecutivo para medir el grado de afectación por metales en personas, animales, ríos y suelos.

El CENSOPAS empezó por examinar a 372 personas en Hualgayoc, de los cuales 97 eran de Chugur. En todos ellos encontraron plomo, cadmio, mercurio y arsénico, por lo que el gobierno aprobó el Plan de Entrega de Resultados y Atención Primaria de Salud para darle seguimiento y vigilancia a los afectados por metales pesados.

En Chugur, las enfermedades más comunes, según las estadísticas del Ministerio de Salud y los censos del 2007 y 2017, son las gastrointestinales y las respiratorias, las cuales se contraen por el consumo de aguas contaminadas.

Para el toxicólogo Ricardo Puell, quien ha atendido a por lo menos una treintena de afectados por metales tóxicos, la convivencia con los pasivos ambientales como sucede en la población de Chugur , genera que el daño sea crónico, y por ende, peor. «Se encuentran expuestos a diferentes metales que no se encuentran solos, sino en mezclas, y por lo tanto tienen un factor de riesgo de potenciación, haciendo que a pesar de tener los metales dentro de los Valores Límites Permisibles (VLP), este fenómeno hace que la combinación de los mismos en el cuerpo tengan un potencial tóxico final alto», apunta.

“Acá era bonito. los cerros eran bonitos, las aguas acá no faltaban y ya no hay ni para dar a nuestro ganado. Las aguas están amarillas. ¿Ya de dónde van a tomar?”, se pregunta Roxana, desde lo alto de Chugur, en Sinchao, rodeada de por lo menos 91 pasivos ambientales dejados por la minería, como 20 bocaminas, 13 piques, 8 tajos y 28 depósitos de desmontes y relaves.

Señalando a sus vacas, Roxana continúa: “Ellas también, tenemos que ver de dónde lo toman el agua para también la producción de leche lo podamos consumir. Hay tipos de cambio en su caquita y en partes orinan negro”.

Para la abogada especialista en temas ambientales, Gabriela Salvador, el estado de la zona alta de Chugur es crítica. “Una de las zonas que más pasivos ambientales en Hualgayoc es Sinchao (…) Por más que suene duro, se habla de que el área de Sinchao debería de verse la manera de generar desplazamientos. Estamos entrando en una etapa de desplazados ambientales. Y, aún, así el Minem está dando permisos de exploración”, sostuvo.

Un estudio de la Universidad Nacional de Cajamarca sobre la calidad de las aguas de Chugur encontró plomo, arsénico y cadmio en seis quebradas de Chugur: Sinchao, Colorada, San Juan Pampa, Tacamache, Seca y Ramírez Tantahuatay. La OEFA, por su parte, encontró altos niveles de plomo en las lagunas Los Gentiles y La Huaca, y en menor grado en Las Auroras, Kiwillas y Campos.

La evidencia recogida muestra que las aguas no son la única fuente de contaminación. Una Declaración de Impacto Ambiental elaborada por la compañía CICA Ingenieros Consultores Perú SAC muestra la presencia de arsénico, cadmio y plomo en los suelos de Chugur. Las causas, según el estudio, podrían ser “la formación natural de los suelos” o la “antropogénica por las actividades desarrolladas en el sitio”.

Más minería

En mayo de este año, una carta de tono urgente llegó al despacho del congresista Marco Arana (Frente Amplio). Era del alcalde de Chugur, José Vargas Paredes, quien daba cuenta que la empresa Anta Norte S.A.C ya había empezado a realizar talleres en el distrito para presentar el proyecto de exploración de minerales, resaltando que en la zona aún hay pasivos ambientales sin reparar.

La empresa Anta Norte SAC es una compañía que fue cofundada por Southern Legaly Peru SAC, una subsidiaria de Regulus Resources Inc, una exploradora canadiense que busca minerales en Cajamarca para Southern Cooper Corporation Compañía de Minas Buenaventura, que tiene 169 infracciones ambientales y 42 multas que suman 4 millones 283 mil 168 soles.

El congresista Arana envió una carta al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, en la que escribía: “solicito se me informe qué acciones adoptará su sector respecto al rechazo del proyecto de exploración Anta Norte por parte de la población de Chugur”.

Wayka pudo acceder a la transcripción del taller realizado en 19 de marzo por Anta Norte, con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, autoridades locales y comuneros. Casi al inicio de la ronda de preguntas, el comunero Martín Ramos Rondero tomó la palabra para expresar: “Toda empresa minera trae contaminación”.

La respuesta que le dio el ingeniero Melanio Estela Silva, de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM, intentó –malamente- igualar la contaminación a gran escala de una trasnacional con la de un campesino en los andes: “Bueno eso es cierto, por si acaso toda actividad humana trae contaminación, no solamente la empresa minera. Hasta hacer mi casa en un rincón de mi chacra, si ya cambié el uso de esa zona, o sea, toda actividad origina, entonces lo que debemos hacer es cuidarlo y no maltratarlo mucho”.

Wayka también accedió a la Declaratoria de Impacto Ambiental que realizó la compañía CICA Ingenieros Consultores Perú SAC para Anta Norte S.A.C y encontró la larga lista de posibles impactos socioambientales en la zona.

La presencia de Anta Norte SAC en Chugur podría generar la alteración de la calidad del aire, emisiones gaseosas, variación de los niveles de ruido, afectación de los suelos por derrames de hidrocarburos, residuos u otras sustancias tóxicas; alteración de las aguas superficiales y subterráneas, además de las especies de flora y fauna, riesgo a la seguridad de los trabajadores y a la salud de la población.

“El Ministerio de Energía y Minas siempre dice que la agricultura y la minería pueden ir de la mano. Eso es totalmente absurdo, ustedes han podido ver. Con los años, los suelos y las aguas contaminadas, no podemos producir, no podemos tomar agua”, opina el alcalde de Chugur, José Vargas, quien también tiene una hija de 11 años, afectada por los constantes dolores de cabeza a consecuencia de los metales pesados.

Las operaciones de Anta Norte en Chugur consisten en remover 12 mil 908 metros cúbicos de tierra para construir 23 plataformas de perforación de 18×20 metros, además de dos pozas por plataforma para depositar los fluidos. También se instalarán pozas de lodos, almacenes de aceites, petróleo y residuos sólidos. Sobre esto último, se ha previsto generar hasta 64.8 kg de residuos peligrosos.

Una larga lista

Antes de Anta Norte, figura una lista de mineras que han operado en Chugur, y han dejado pasivos ambientales por doquier como el proyecto Tantahuatay, a cargo de la minera Coimolache -que es parte de Compañía de Minas Buenaventura-, la cual tiene 20 infracciones ambientales según la OEFA, y 137 mil 978 soles en multas, además de haber destruido parte del cerro “Dos Tetas” ubicado en la frontera de los distritos de Hualgayoc y Chugur.

Otra operación que dejó pasivos regados a su paso fue el proyecto Colorada, de la Compañía San Nicolás, que arrastra 62 infracciones y 7 millones 586 mil 845 soles en multas. La empresa Gold Fields, con 26 infracciones y 864 mil 312 soles en multas, también es conocida por la contaminación que desatan sus operaciones en Cajamarca: la población los responsabiliza de la muerte de más de 16 mil truchas y la contaminación de las aguas de 36 canales de riego.

Cuando un proyecto minero se queda en la zona, no discrimina altura, bajas temperaturas, flora, fauna o vidas humanas. Las infracciones y multas parecen quedar en el archivo del olvido, igual que las vidas afectadas.

“Mire que Chugur ha sido tan bonito, con sus pastos verdes, su ganadería, hemos estado bacán, pero acá la empresa minera ha venido y lo ha secado todas las aguas, las plantas”, dice Roxana, repasando la vista de sus campos desde su casa. Ahora, sin saber de dónde consumir agua sin metales para su familia y sus animales, a ella como al resto del distrito, solo le queda recordar cómo fue Chugur antes de la minería.

fuente:https://wayka.pe/chugur-el-pueblo-en-emergencia-ambiental-condenado-a-otro-proyecto-minero/?fbclid=IwAR211ZhLBHwrYMwlj7J-fMJkQKOBlzDAJzmJYcgviXc51veG7mqPB6Tfzcs

El reciente conflicto sucedido en torno al proyecto minero Tía María ha puesto nuevamente en debate la necesidad de efectuar modificaciones a las distintas leyes que regulan los procedimientos y autorizaciones para realizar actividades mineras. Luego de la solicitud planteada por los presidentes regionales del sur, el presidente Vizcarra recogió el guante y planteó en su reciente Mensaje a la Nación la necesidad de actualizar este marco normativo. El objetivo, según dijo en esa oportunidad, es “brindar un marco legal claro a los inversionistas y ofrecer tranquilidad y desarrollo para todos”[1]. De inmediato, tanto la CONFIEP como la SNMPE pusieron el grito en el cielo, y El Comercio lanzó un furibundo editorial para descalificar cualquier intento de reformar las leyes mineras. El argumento utilizado por estos grupos empresariales -así como de otros think tanks que los soportan- es casi siempre el mismo: cualquier intento de modificar las leyes mineras no generará otro resultado que la huida de inversiones y, por lo tanto, millonarias pérdidas para el país.

Pero los conflictos sociales que a diario se suceden también vienen provocando millones de soles en pérdidas, tantas que ya incluso resulta difícil poder estimar. A partir de ahí, uno podría preguntarse por qué tanta insistencia del gremio minero para oponerse a cualquier tipo de reforma, tomando en cuenta las cuantiosas pérdidas económicas que tienen que afrontar por los continuos incidentes conflictivos y los complejos procesos de negociación y renegociación con las comunidades. Una hipótesis bastante plausible sería que, aún en este escenario de continuos paros y bloqueos, las empresas todavía perciben a las leyes vigentes como sumamente ventajosas para sus intereses.

Diametralmente distintas son las percepciones de las comunidades y poblaciones diversas, que diariamente soportan los impactos de la actividad minera en sus tierras y espacios de vida. A estas alturas ya resultan risibles los argumentos que consideran que los conflictos sociales se originan siempre por la labor de unos “asesores”, que azuzan, manipulan y mienten a las comunidades para obtener beneficios económicos personales o debido a intereses políticos oscuros y radicales. Es el cuco de los hermanos Chávez Sotelo. Pero estos conflictos son mucho más complejos que los argumentos planteados por portales Web como “El Montonero” o “Lampadia”.

No es el objetivo de este artículo analizar las diversas causas de la conflictividad social, pero sí planteamos que muchos aspectos de las leyes mineras contribuyen a una situación de evidente desequilibrio entre los intereses de las empresas y la población. Esta asimetría de poderes contribuye decisivamente al conflicto entre las partes.

Como un medio para reducir estas desigualdades, y también como un mecanismo que permita mejorar los niveles de legitimidad de las empresas en su zona de operaciones (la llamada “licencia social”), queremos compartir de forma breve algunos aspectos críticos de las leyes mineras que bien podrían incluirse en una propuesta de reforma:

1) Participación ciudadana y consulta previa: los mecanismos de participación ciudadana son tan flexibles con las empresas, que el Estado no acredita que la información que estas transmiten a las comunidades cumpla con los fines de la

participación: que las comunidades estén adecuadamente informadas de todos los aspectos del proyecto minero, sean positivos o negativos para sus intereses. A las empresas solo les basta entregar la lista de participantes de los talleres realizados para sustentar ante el SENACE o ante el MINEM que han cumplido con este procedimiento.

Otra forma que tienen las empresas para acreditar que han “cumplido” con este requisito, consiste en hacer entrega del expediente del EIA a las comunidades. Este es un documento de miles de páginas (con anexos incluidos) que casi en su totalidad está compuesto por información técnica y que en muchos de sus componentes solo puede ser entendible por un ingeniero o un geólogo. La empresa en esos casos ya no tiene la obligación de explicar los contenidos de ese voluminoso expediente a las comunidades (“que ellos se las arreglen”). Un caso reciente y sintomático de lo expuesto es la situación de las comunidades de la Zona del proyecto minero Coroccohuayco, que es la ampliación de la mina Tintaya – Antapaccay, perteneciente a la multinacional suiza Glencore. De acuerdo a la modificatoria del EIA propuesto, serían afectadas más de 100 viviendas de estas comunidades, incluyendo tierras comunales e infraestructura de uso común. A la fecha, las comunidades Huano Huano, Pacopata y Huini de la Zona Coroccohuayco no están informadas de este plan de Glencore. La ley no exige a la empresa que tenga que ir y socializar esos contenidos a las comunidades, a pesar que la situación pone en peligro su supervivencia física y cultural.

Por su parte, la aplicación de la consulta previa también termina siendo un saludo a la bandera. De acuerdo a las normas nacionales que han desarrollado el Convenio 169 de la OIT, la consulta se aplica en el momento previo a la autorización de las actividades de explotación y/o beneficio; es decir, cuando ya se han aprobado todos los permisos previos, incluyendo el EIA, que es el documento en el cual se define de qué forma el proyecto minero va a impactar al ambiente y a las comunidades de la zona de influencia. Con un EIA aprobado prácticamente ya todo está consumado, por lo que el mecanismo de consulta previa pierde totalmente sentido y eficacia como medio para que los pueblos indígenas puedan plantear sus intereses o dudas y que se les tome en cuenta.

2) Reducir el tiempo de las concesiones mineras: de acuerdo a la última reforma aprobada, cuando aún era presidente Pedro Pablo Kuczynski, una persona natural o jurídica puede mantener su concesión inactiva hasta por 30 años; es decir, las normas no le obligan a explotarla, y solo tiene que pagar un monto menor por penalidades que no generan ningún desincentivo para abandonar el título de concesión. No se tiene referencia de casos de proyectos de inversión mineros que requieran un proceso de maduración tan largo. Por tanto, la norma incentiva a quienes mantienen la concesión sin producir o invertir en ella, con fines especulativos, dificultando las posibilidades de efectuar un adecuado ordenamiento territorial que reconozca o promueva otro tipo de intervenciones en la naturaleza que pueden concurrir en los territorios concesionados para la minería.

Además, no se debe olvidar que la existencia de estas concesiones “ociosas” representa el principal cuello de botella para formalizar a la pequeña minería en el país, pues los mineros artesanales requieren obtener el permiso del titular de la concesión para legalizar sus actividades. Las normas no obligan a este titular a ponerse de acuerdo con los mineros artesanales, pudiendo mantener su concesión inactiva y, a la vez, obstaculizar la formalización de los mineros artesanales, en un juego de suma cero. No son poco frecuentes los enfrentamientos entre titulares de concesiones y mineros artesanales, frente a los cuales las leyes mineras no ofrecen salidas sostenibles para armonizar los intereses de ambos.

3) Estudios de Impacto Ambiental más rigurosos: hasta hace poco tiempo, el MINEM todavía seguía siendo el ente encargado de aprobar los EIA de los proyectos mineros. Este sistema generaba una evidente distorsión, pues el mismo sector asumía la obligación de promover la actividad minera y fijar sus límites. A partir de diciembre de 2015, el SENACE -entidad adscrita al sector ambiente- ha asumido las funciones de evaluar los EIA de los grandes proyectos mineros, constituyéndose en un importante avance para corregir este problema del sistema certificador.  Pero, de forma simultánea, al proceso de implementación de este nuevo órgano se crearon normas que reducían los estándares para que el proceso de evaluación de los EIA sea lo suficientemente riguroso. Estas normas fueron conocidas como los «paquetazos ambientales» decretados por el gobierno de Humala entre los años 2013 y 2014.

Una de estas normas creó los denominados Informes Técnicos Sustentatorios, más conocidos como ITS (Decreto Supremo 054-2013-PCM). Los ITS permiten a las empresas cambiar partes de su EIA original mediante un proceso simplificado, aprobándose en un plazo no mayor de 15 días y sin pasar por un proceso de participación ciudadana. De acuerdo a la norma, la modificación propuesta por los ITS no debe ser ambientalmente significativa. Resulta bastante cuestionable si bajo esas condiciones (¿qué es y qué no es ambientalmente significativo?) se pueden evaluar adecuadamente las reales dimensiones del impacto ambiental y social que los cambios en los proyectos mineros traen consigo. La ausencia de participación ciudadana es otro punto álgido. Como se recuerda, a fines de setiembre de 2015 se produjo un desborde popular en las inmediaciones de la mina Las Bambas, que terminó con el saldo de 3 personas fallecidas, una inválida y decenas de heridos. Uno de los principales motivos de la escalada conflictiva se debió a los cambios que había hecho la mina a través de los ITS cuando se puso en venta, y que no se informaron a la población.

Además, si bien pareciera que los ITS fueron creados para ser aplicados de forma excepcional (respecto al procedimiento regular de modificación de un EIA, que puede durar hasta 120 días), en la práctica estos se han constituido en el procedimiento más utilizado por las empresas mineras para cambiar componentes de sus proyectos. Solo en el caso de Las Bambas se han hecho 9 modificaciones, 6 por ITS y 3 a través del procedimiento regular. Al dividirse los componentes y aprobarse sus cambios por separado y bajo procedimientos simplificados y poco rigurosos (como los que permiten los ITS), no se tiene la posibilidad de evaluar los impactos negativos acumulados de la operación minera y sus efectos sobre la población.

Por último, no se debe dejar de mencionar los problemas en el proceso de evaluación de los EIA. La función de elaboración de los EIA es llevada a cabo por consultoras privadas pagadas por las empresas mineras. En este proceso el Estado no tiene ningún tipo de intervención, generándose en la práctica una privatización de esta función. Por la importancia que tienen los EIA para controlar los impactos que se pueden generar por las actividades mineras, esta situación conlleva un riesgo alto en el supuesto que la empresa quiera reducir costos y hacer un estudio poco riguroso, o el mínimo necesario para que su EIA sea aprobado (lo cual no es tan difícil porque casi nunca se desaprueban). Como señala José de Echave en un reciente artículo[2], se requiere una mayor participación del SENACE en la formulación de los EIA. Lo curioso de todo esto es que, en varios casos de estallidos sociales se propuso realizar estudios alternativos que pudieran contrastar la información contenida en los EIA presentados por las empresas (y elaborados por sus consultoras). En tales casos (Tambogrande, Tía María, Conga, etc.), los sectores empresariales y sus medios de comunicación afines siempre descalificaron la rigurosidad de estos estudios. Pero nunca se ha puesto en cuestionamiento la idoneidad de las consultoras que contratan las empresas mineras. De hecho, la consultora Geoservice Ingeniería S.A.C., que fue contratada por Southern para elaborar el EIA de Tía María, se encuentra sancionada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por haber presentado documentación falsa para acceder a una buena pro de un contrato de servicios[3].

4) Intermediación del Estado en las negociaciones entre la empresa minera y las comunidades: la orientación de la política económica del país que se instauró a inicios de los noventa, y que en esencia rige hasta la actualidad, sentó la idea de que el mercado y los acuerdos entre privados tienen resultados más eficientes que la intervención estatal. Por tanto, la nueva política minera creada a partir de este enfoque relegó el papel del Estado en esta actividad económica, tanto en la producción como en la regulación de las relaciones con las poblaciones aledañas. Así, son los arreglos privados los que han venido definiendo el desarrollo de los proyectos mineros. Cada empresa ha ido definiendo las reglas de juego en sus ámbitos de influencia, sin ningún tipo de intervención estatal en las relaciones creadas con la población. Pero es un problema muy común que los contenidos de los acuerdos entre la empresa y las comunidades sean muy abiertos o ambiguos en los compromisos asumidos por el primero; por ejemplo, con cláusulas tales como “priorizar la contratación de mano de obra local”. Sin contar con el Estado como actor intermediario -salvo cuando ya estalla el conflicto y se altera el orden público-, la interpretación de estos acuerdos entre las partes es lo que usualmente lleva a situaciones de enfrentamiento. En un contexto de evidente desventaja para que las comunidades puedan negociar en igualdad de condiciones con la empresa, es que personajes con intereses económicos particulares o agendas políticas radicales podrían calar.

Otra práctica muy común de las empresas mineras consiste en impulsar negociaciones bilaterales y reservadas con cada una de las comunidades de su zona de influencia, como medio para obtener acceso a los terrenos comunales. Si no puede convencer a toda la comunidad, coopta a algunos comuneros influyentes para que convenzan al resto, ofreciéndoles ventajas económicas. Es una práctica de muchas empresas el fomentar el divisionismo entre las comunidades y entre los mismos miembros de una comunidad (divide y vencerás). Los problemas se traslucen en el desmembramiento social, la pérdida de su identidad cultural, alienación, y en muchos casos también problemas de depresión y alcoholismo.

Como se ha podido comprobar, las normas mineras tienen una serie de aspectos críticos que generan condiciones de gobernabilidad poco favorables para la ejecución de los proyectos mineros. Muchos de los problemas descritos podrían evitarse o atenuarse si el Estado tuviera un rol menos pasivo en la gobernanza de estas actividades, y si existieran mecanismos legales más eficaces y rigurosos para proteger de mejor manera los derechos de las comunidades impactadas. Existen suficientes argumentos para impulsar cambios en el marco normativo minero, más allá del necesario cambio de actitud de muchas empresas mineras que siempre manifiestan la intención de sacar ventaja de las debilidades y vacíos del sistema.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/algunos-apuntes-para-una-actividad-minera-mas-justa-y-menos-ingobernable/?fbclid=IwAR2n7tM3SOdIT11f9ys5_MxTMuPk5jpvAYjtfsmj9-TRYi_9xTWzZsIY_fg

Cumplen palabra. Cientos de manifestantes llegaron a la Plaza para exigir la cancelación del proyecto minero. Jornada se cumplió sin afectación al transporte ni atentados contra la propiedad privada.

Era la una de la tarde del jueves. Las cuatro calles que rodean la Plaza de Armas fueron colmadas por cientos de obreros de construcción civil. Una hora antes, una delegación menos numerosa de gremios sindicales también hizo su paso por este recinto.

Fue una movilización numerosa. Marcó el reinicio de las protestas convocadas por la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA) en rechazo al proyecto minero de Southern en el valle de Tambo. Pero las actividades se desarrollaron con normalidad. Salvo obras paralizadas, colegios, universidades, comercios, instituciones públicas funcionaron sin inconvenientes.

Surtió efecto el pedido de diversas autoridades, que días antes exigieron que las manifestaciones sean pacíficas, que no se repitan los actos vandálicos ocurridos el 5 de agosto. En esa fecha se lanzó piedras contra unidades de transporte y comercios que atendían al público.

A raíz de esos sucesos lamentables, los gremios sindicales firmaron un compromiso con autoridades locales garantizando la tranquilidad de la medida. José Luis Chapa, secretario general de la FDTA, encabezó la movilización. Dijo que, en mérito al compromiso asumido, se realizó una manifestación pacífica.

En la plaza, el colectivo Jóvenes por el Valle de Tambo realizó una escenificación artística, como parte de su protesta.

Muy temprano, el gremio de Construcción Civil se concentró en el cono norte. Bloquearon el puente Añashuayco, momentáneamente se restringió el tránsito. Luego se concentraron en la plaza Las Américas del distrito de Cerro Colorado y desfilaron hasta la Plaza de Armas de Arequipa.

Al mismo tiempo, sindicatos de las empresas Franky Ricky, Michell, Sedapar y otras se concentraban en la Plaza España. Marcharon por la avenida Goyeneche, calles Don Bosco, Ayacucho, Villalba y Bolívar antes de ingresar a la Plaza de Armas.

Mientras las delegaciones avanzaban, la mayoría de comercios cerraban sus puertas por temor a agresiones. Efectivos de la Policía Nacional custodiaron el paso de los manifestantes. La Defensoría del Pueblo y Ministerio Público enviaron personal para evitar abusos de la policía o manifestantes.

Esencialmente paralizaron obras públicas en donde trabajan los obreros de Construcción Civil. En toda la región, estos participan de la edificación de 43 proyectos. En el Centro Histórico, los trabajos de adoquinado de la calle Jerusalén – San Juan de Dios se suspendieron. Las labores escolares se desarrollaron de forma normal y el servicio público de transporte de pasajeros no fue interrumpido.

La plataforma de los manifestantes también incluía la derogatoria del Decreto Supremo Nº 345-2018-EF, denominado “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, y el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales. Hoy continuarán las movilizaciones. Se concentrarán en la Plaza España.

En el valle de Tambo la huelga indefinida llegó al día 39. Los manifestantes realizan bloqueos en vías que conectan los distritos. En Mollendo, capital de la provincia de Islay, los opositores a Tía María se enfrentaron a la Policía cerca de las instalaciones de Petroperú.

Manifestantes con los rostros cubiertos hicieron retroceder a la policía, que se atrincheró en la casa del agricultor Javier Calcina, ubicada cerca a la empresa Egasa.

Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas a la multitud en respuesta a las piedras lanzadas por los denominados “Espartambos”. Un hombre identificado como Walter, que se encontraba al interior de la vivienda, fue herido en la cabeza por un perdigón de goma. Se negó a recibir atención médica y acusó a la Policía de los destrozos por no querer salir de la casa. En la noche los manifestantes se colocaron en la puerta de salida de Petroperú.

En Camaná protestaron contra Tía María y Zafranal

Por dos días el Puente de Fierro, que se encuentra en la vía de ingreso a la provincia de Camaná, fue bloqueado por manifestantes. En la noche el tránsito se aperturó.

Los agricultores e integrantes de Construcción Civil de esta provincia salieron a protestar en contra del inicio de operaciones de la mina Tía María y también de la operación El Zafranal.

Este último proyecto aún no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se ubica entre las provincias de Caylloma y Castilla.

En Camaná se teme que las operaciones mineras contaminen los afluentes del río Ocoña.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/08/23/movilizacion-pacifica-en-reinicio-de-las-protestas-contra-tia-maria-en-arequipa/?fbclid=IwAR1yHwHzWNgW7cmvHvSkHrdtGPZw4tH3P5O0d3tK9-GddJcDhcegZjC3fIo

Los gobernadores de la Marco Región Sur presentaron ayer un primer borrador del proyecto de la Nueva Ley General de Minería. Entre los planteamientos, están hacer obligatorios para una empresa la obtención de la licencia social y la consulta previa para un proyecto minero.

Las autoridades de Cusco (Jean Paul Benavente), Moquegua (Zenón Cuevas), Tacna (Juan Tonconi), Madre de Dios (Luis Hidalgo) y Arequipa (Elmer Cáceres) participaron ayer del V Encuentro Nacional de Mancomunidades Regionales.

En el borrador también se contempló que el impuesto especial a la minería, el gravamen minero y las regalías mineras que dan las empresas al Estado no sean consideradas dentro del cálculo del impuesto a la renta que pagan. Además se propuso crear un impuesto diferenciado a las sobreganancias mineras.

Se quiere reducir de 30 a 15 años la vigencia de las concesiones mineras y se busca incrementar los montos o conceptos que pagan las empresas por sus concesiones o infracciones.

El gobernador arequipeño Elmer Cáceres señaló que hay que ser más severos con el proyecto y exigir que el 80% de las utilidades de las mineras sea destinado a la población. El proyecto aún será discutido en una reunión en setiembre.

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/08/28/gobernadores-del-sur-plantean-consulta-previa-obligatoria-para-mineria/

El presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó que el proyecto minero Tía María no cuenta con las condiciones sociales para concretarse, y negó haber caído en un doble discurso en su reciente diálogo con las autoridades de Arequipa que fue conocido mediante la difusión de un audio.

“Nuestra posición en público y en privado ha sido la misma. En Lima y en Arequipa hemos dicho que este proyecto no tiene las condiciones sociales para que se lleve adelante. Sin embargo, concluyendo un procedimiento que empezó mucho antes de nuestro gobierno, correspondía darle la licencia de construcción (a Southern Copper). La empresa misma sabía que esa licencia no garantizaba la marcha del proyecto”, recogió el diario Gestión del semanario Hildebrandt en sus trece.

Asimismo, justificó la cuestionada sugerencia que les hizo a las autoridades arequipeñas, de tomar una “medida radical”, solo si después de un mes no ven cumplido su ofrecimiento de atender a las demandas.

“Lo que ocurría era que estaban en una medida de fuerza que estaba generando afectación a ellos mismos. Les dije: la medida de fuerza a ustedes les está afectando. Entonces, inicien su procedimiento administrativo y esperen. Si ustedes ven que no hay solución, pueden tomar la medida que crean más conveniente. Era una sugerencia para que se sujeten al estado de derecho”, comentó.

Fuente:http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/presidente-vizcarra-sobre-tia-maria-no-tiene-las-condiciones-sociales-para-que-se-lleve-adelante/

Este lunes cientos de pobladores de varias comunidades del distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba en Cusco, marcharon en rechazo a las concesiones mineras que -según ellos- amenazan con contaminar sus ríos y tierras de cultivo.

Las diversas comunidades campesinas, pertenecientes al Valle Sangrado, se movilizaron por las diversas calles de este distrito portando letreros con mensajes en rechazo a la minería.

Señalan que habría dos concesiones mineras que son una amenaza para lagunas y otras fuentes de agua. También perjudicaría el turismo vivencial que se practica en esas zonas.

Rechazan minera

Son en total quince comunidades que se oponen a las concesiones mineras entregadas a la empresa Qoricasa y al ciudadano Luis Alberto Elorrieta. Ambos poseen el derecho dado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

El presidente de las Rondas Campesinas del distrito de Ollantaytambo, Feliciano Quispe, explicó días atrás en una conferencia de prensa que Luis Alberto Elorrieta tiene una concesión desde mayo de 2014. “Nosotros hemos pedido la anulación de la concesión, porque atenta contra nuestra cultura”, dijo Quispe.

Mientras que Qoricasa obtuvo la concesión el 31 octubre de 2017. En ambos casos -señaló Quispe- el permiso fue aprobado sin aplicar la Ley de la Consulta Previa.

Las comunidades afectadas serían Quelcanya, Yanamayo, Challwaccocha, Chupani, Cuchayoc y Munaypata. Asimismo, Ollantaytambo, Bandolista, Paillata, Rumira, Huilloc, Patacancha y Pata.

El congresista por Cusco, Edgar Ochoa, se pronunció hace poco por este caso. Pidió a Ingemmet que considere las peculiaridades de la zona al momento de establecer concesiones mineras, y reconozca e identifique las poblaciones que viven en esos espacios. “Estaremos vigilantes sobre la protección de las áreas naturales que sirven de espacio vital para nuestros pueblos”, dijo en ese entonces Ochoa.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/28/tacna-historia-de-la-ciudad-heroica-que-se-reincorporo-al-peru-hace-90-anos-atmp/?ref=footerdesktop

Durante los últimos meses, la población de Tala, Pocata, Coscore y Tumilaca (localidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero) han denunciado la contaminación por polvo que, aseguran, ocasiona el proyecto Quellaveco.

Por eso el día 12 de agosto inició un paro contra el proyecto minero Quellaveco de la empresa minera Anglo American Perú en Moquegua. Los gremios de construcción civil se movilizaron. En la ciudad de Moquegua las actividades se realizaron con normalidad.

Entre las otras preocupaciones de la ciudadanía están el bajo porcentaje de mano de obra regional en la minera, que la empresa no se abastece de alimentos con proveedores regionales y la contaminación del río Moquegua (Osmore). Un acuerdo era que el 80% de la mano de obra no calificada fuera de la región, actualmente estos componen el 40%.

Durante el periodo de construcción los indicadores de contaminación del río Moquegua ya superaron los Límites Máximos Permisibles para la calidad de agua. Desde la intervención de la empresa Anglo American se registró mayor presencia de arsénico y boro en el agua del río.

La posición de un sector (Junta de Usuarios de Moquegua) es que “Quellaveco no va” por estar en la cabecera de cuenca del río Asana. Piden la declaratoria de emergencia de agro, salud y ambiente. Según el presidente del Frente Anticorrupción, Jesús Paredes, el proyecto Quellaveco es inviable por situarse en la cabecera del río Asana. La plataforma de protesta pasa por declarar en emergencia el agua y medioambiente.

La mañana del 13 el presidente Martín Vizcarra se pronunció a favor de la operación minera en Quellaveco y dijo que se trata de un proyecto que garantiza el cuidado del medioambiente y cuyo inicio se logró tras un proceso de diálogo.

Hasta el momento, la medida de fuerza iniciada en Tulimaca continúa impidiendo el tránsito en el sector por la carretera binacional hacia Bolivia. Los  transportistas varados desde el lunes, pese a que otro momento expresaron su solidaridad con los comuneros, ahora amenazan con reabrir la vía.

Se mantiene la tensión en el conflicto mientras que en la localidad no se muestran avances del diálogo entre el Gobierno Regional y el Ejecutivo.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/08/16/moquegua-continuan-protestas-contra-quellaveco/

Pese a los operativos que buscan erradicar la minería informal y la abiertamente ilegal, llama la atención que este sub sector se mantenga en el segundo lugar de la producción de oro a nivel nacional, después de Yanacocha y superando a empresas productoras importantes, sobre todo de la región La Libertad. Esto ocurre pese a que la producción de oro ilegal/informal también ha decrecido.

¿A qué se debe esto? En primer lugar al hecho que la minería informal e ilegal se ha extendido a lo largo y ancho del país. Con distintos niveles de producción, este tipo de minería no sólo se desarrolla en la región Madre de Dios y además, es una actividad con un alto nivel de movilidad: es conocido que operadores mineros informales se movilizan por diferentes regiones del país buscando oro, ya sea en yacimientos filoneanos o de tipo aluvial. Si en una zona la actividad se vuelve complicada y se implementan operativos de interdicción, se buscan otras zonas alternativas.

Por otro lado, las actividades de prospección, exploración en este tipo de minería son bastante más sencillas. Poner en marcha una nueva operación minera no es una tarea complicada, sobre todo si se la compara con las operaciones de la minería formal.

Por otro lado, se sabe que varios yacimientos auríferos de la minería formal se encuentran en la actualidad en una situación de producción decreciente. Es el caso de Yanacocha, Minera Poderosa y Barrick Gold. Tanto Minera Poderosa como Barrick Gold han anunciado la postergación de sus proyectos de ampliación. Esta última empresa ha postergado inversiones en sus yacimientos de La Libertad: el caso más importante es el proyecto que buscaba optimizar la operación de Lagunas Norte, añadiendo 100 mil onzas anuales de oro a la producción corriente de esta operación. Luego se proyectaba una segunda fase, con el proyecto de material refractario que debía añadir otras 170 mil onzas anulas de oro desde el año 2026.

Habrá que ver si la recuperación de la cotización internacional del oro tiene un impacto en el comportamiento y en las estrategias de inversión de los diversos estamentos de la producción de oro en el país.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-mineria-informal-ilegal-y-el-ranking-de-la-produccion-de-oro/

El martes 13 se llevó a cabo el Foro Público sobre Empresas y Derechos Humanos en la ciudad del Cusco. El espacio sirvió para presentar el reporte sobre los impactos de las actividades de las empresas mineras en el corredor minero del sur andino. Así mismo, se abrió la discusión sobre los mecanismos de incidencia a seguir para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas que operan en el corredor.

El evento contó con la participación de Leonidas Wiener, abogado de CooperAcción, Katherine Paucar, abogada de Earth Rights International, Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), y Federico Chunga, coordinador del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUS). Los expositores señalaron la importancia de visibilizar las afectaciones a los derechos al agua, a la vida, a la libertad y a la protesta que vienen causando las empresas Glencore Antapaccay en la provincia de Espinar (Cusco), y MMG Las Bambas en las provincias de Cotabambas (Apurímac); y Chumbivilcas (Cusco).

El reporte presentado por CooperAcción comparte resultados que no son alentadores, ya que las empresas MMG Las Bambas y Glencore Antapaccay operan en un contexto de vulneración constante de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. En el caso de Glencore, existe una situación de vulneración de derechos que viene desde hace más de 30 años, y que ha generado severos impactos ambientales y sociales y cuya afectación principal tiene que ver con el derecho al agua. Los proyectos mineros Tintaya y Antapaccay han ido reduciendo las fuentes de agua, y el proyecto Coroccohuayco, que es la ampliación de esta mina, también prevé la afectación de otras quebradas y fuentes de agua.

En el caso de MMG Las Bambas, el transporte diario de concentrados de minerales por la carretera genera impactos en el aire, en el agua, además de temblores y rajaduras en las viviendas que se ubican en los contornos de esta vía. Esta carretera se aprobó sin un proceso de consulta y tiene como exclusiva beneficiaria a MMG Las Bambas y otras empresas mineras que operan en la zona y también hacen uso de este corredor minero. Así mismo, debido a las modificaciones de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), MMG Las Bambas ha realizado diversas modificaciones y ampliaciones en el diseño original del proyecto minero, y no se han previsto una serie de impactos ambientales y sociales en el proceso de certificación ambiental gracias a este mecanismo simplificado que fue aprobado en el marco de los “paquetazos ambientales” durante el gobierno de Ollanta Humala. Todos estos impactos afectan los derechos y la vida de los pueblos indígenas en el corredor minero sur andino.

En el evento se discutió acerca de la necesidad de establecer marcos regulatorios efectivos a las empresas que se oponen a ser reguladas y que se ven favorecidas por leyes en el país con vacíos y omisiones que les dan ventajas. Al respecto, los expositores presentaron a los Principios Rectores (PR) como una herramienta que puede ser efectiva para lograr el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que operan en el corredor, la protección de los derechos humanos por parte del Estado y el acceso a mecanismos de remediación para las víctimas. Sin embargo, también se hizo énfasis en que los PR no son suficientes si es que no tienen un carácter vinculante, es decir, obligatorio ya que solo así las empresas podrían ser monitoreadas y sancionadas frente a las afectaciones y vulneraciones a los derechos humanos que cometen como consecuencia de sus operaciones.

Finalmente el coordinador del Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos, Federico Chunga, hizo un llamado a los y las integrantes de la sociedad civil ubicados en el corredor minero del sur andino a sumarse a los espacios de diálogo destinados a la construcción del PNA. Chunga destacó que la importancia de este instrumento de gestión pública radica en que sería de carácter obligatorio (a través de un decreto supremo) para las empresas transnacionales y que por ello es una oportunidad para enfrentar las afectaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que operan en el corredor.

Este evento se desarrolló en el marco del primer taller sobre empresas y derechos humanos que CooperAcción viene desarrollando con dirigentes de las comunidades de las provincias de Cotabambas, Espinar, Chumbivilcas y Paruro con el objetivo de fortalecer sus capacidades y capacidad de movilización para exigir los tres pilares de los principios rectores: proteger, respetar y remediar los derechos humanos por parte del Estado y las empresas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cooperaccion-presenta-reporte-sobre-los-impactos-de-las-empresas-mineras-en-los-ddhh-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/

Durante una entrevista que trató sobre la presentación del ministro de Energía y Minas ante el Congreso de la República para explicar la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María, el congresista Hernando Cevallos comentó que la minería en el país está muy vinculada a diversas afectaciones al medioambiente, y como ejemplo de ello, dio el siguiente dato: “Tenemos más de 8.500 pasivos ambientales en nuestra patria”. Tras revisar información oficial sobre el tema, Ojo-Publico.com concluye que esta afirmación es verdadera.

Según la Ley N°28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, estos se definen como “las instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, las cuales en la actualidad se encuentran abandonadas o inactivas”. Así también, indica que estos constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y su ecosistema.

La normativa tipifica también los pasivos ambientales mineros en ‘labores mineras’, que son por ejemplo, bocaminas, chimeneas, tajos, tajos comunicados, piques, rampas y plataformas;  ‘residuos mineros’, que pueden ser desmontes de mina, relaves, residuos de carbón, pilas de lixiviación, entre otros; pasivos relacionados a ‘infraestructura’, como campamentos, talleres, plantas de procesamiento, caminos, pistas de aterrizaje, líneas férreas, chancadoras, etc.; y finalmente, se consideran en la categoría de ‘otros’ a diversos residuos y productos químicos.

Ahora bien, con relación al número de pasivos ambientales que existen en el país, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) actualiza periódicamente el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros con base en la Resolución Ministerial Nº 290-2006-MEM/DM. Dicho sector reportó en junio del 2018 que existían 8.794 pasivos ambientales mineros, cifra a la que hizo alusión el congresista Cevallos en su afirmación.

Posteriormente, en enero del 2019, la última actualización de la Dirección General de Minería del Minem dio cuenta de que para entonces existían 8.448 pasivos ambientales mineros. Estos están ubicados en las cuencas hidrográficas de Tambo, Alto Marañón, Intercuenca del Pacífico, Chancay-Huaral, Huaura, Rímac, Lurín, Camaná, Apurímac, Urubamba, Huancané, Chicama, Ramis, Callacame, Cabanillas, Ilave, Santa, Pativilca, Mantaro, San Juan, Pisco, Grande, Acari, Ático, Omas, Inambari, Sama, Pampas, Intercuenca Madre de Dios, Tambopata, Quilca, Utcubamba y Bajo Huallaga, según lo precisa la Resolución N° 010-2019-MEM

Al respecto, el Informativo Minero N° 12-2018 del Ministerio de Energía y Minas, detalló que, hasta junio del 2018, las cinco primeras regiones con más pasivos ambientales fueron Áncash (1.378), Cajamarca (1.156), Puno (1.140), Huancavelica (889) y Lima (703).

Así también, que, según el tipo de pasivo ambiental minero, el más frecuente es el relacionado a la labor minera, con 58.37% de los casos, seguido de los residuos mineros, con 32%. Les siguen los pasivos relacionados con infraestructura (9.79%), y producto químico (0.05%).

A una consulta para esta verificación, voceros del despacho del congresista Cevallos indicaron que el parlamentario se basó en el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que buscaba modificar la Ley 28271, Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, con el propósito de generar una mejor gestión de la remediación de los pasivos ambientales.

Dicho documento, da cuenta de una cronología del inventario de pasivos ambientales mineros desde el 2003 hasta el 2019. Efectivamente, en 2018 se registraron más de 8.500 pasivos ambientales de ese tipo. A su vez, comentaron que la última cifra anual corresponde al 2018 (8.794), y que la última cifra de la actualización del 2019 (8.448) puede crecer aún más, en la medida que se reporten nuevos pasivos y se subsanen otros.

La remediación de los pasivos ambientales que no tienen un responsable, es asumida por el Ministerio de Energía y Minas, el cual a su vez encarga esta labor a la empresa Activos Mineros S.A.C (Amsac). Hasta 2018, Amsac estaba a cargo de la remediación de 1.067 pasivos ambientales que se encuentran en las regiones de Cajamarca, Ancash, Pasco, Junín, Lima, Huancavelica y Puno.

Estos pasivos ambientales son principalmente relaveras, desmonteras, bocaminas, e instalaciones abandonadas de actividades mineras realizadas tanto por empresas estatales -como Centromin Perú- y compañías privadas que abandonaron sus labores y sus titulares no fueron identificados.

Es importante destacar, que según el documento técnico “Lineamientos de la Política Sectorial para la atención integral de la salud de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”, aprobado por el Ministerio de Salud (Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA), las principales fuentes de contaminación son los pasivos ambientales, las unidades mineras activas, sitios contaminados e impactados, las unidades de producción de hidrocarburos, así como las zonas de actividad minera ilegal e informal.

Consultada para esta verificación, la titular de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, indicó a Ojo-Publico.com que la entidad viene alertando desde el 2015 sobre la necesidad de remediar inmediatamente aquellos pasivos ambientales considerados como de alto riesgo, los cuales representan un grave peligro para el medio ambiente y la salud de la población.

Según un análisis de la Defensoría del Pueblo, con base en información del Ministerio de Energía y Minas, a la fecha están identificados 1.097 pasivos ambientales de alto riesgo. Del total de pasivos ambientales, solo el 27% tiene un responsable identificado. A la vez, solo el 21% tiene planes de cierre aprobados u otros estudios ambientales para la remediación.

Según una presentación del Ministerio de Energía y Minas, los pasivos ambientales mineros de alto y muy alto riesgo se encuentran principalmente en Áncash (232), Cajamarca (283), Lima (112), Huancavelica (98) y La Libertad (92).

Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que la afirmación del congresista Hernando Cevallos respecto a que existen de 8.500 pasivos ambientales en el país es verdadera.

Fuente:https://ojo-publico.com/1337/dato-del-congresista-cevallos-sobre-que-existen-mas-de-8500-pasivos-ambientales-mineros-es-cierto?fbclid=IwAR1F4YCU5XEBZhPmpRuQBT9bR6OqI3Ck1qeRPJNaS3ussZxpLwIHfbYrzEY