10 de Set. Desde la mañana de hoy se reportaron heridos en el enfrentamiento entre la Policía Nacional del País (PNP) y la ciudadanía en el distrito de Mara, Cotabambas, Apurímac. Así mismo, pobladores de la localidad reportan varios heridos, entre los que se registran mujeres y niños.

Aproximadamente 200 efectivos policiales ocuparon la localidad durante horas de la mañana para iniciar la apertura de la vía del corredor minero. Alrededor del mediodía, con maquinaria pesada, perdigones, bombas molotov y lacrimógenas la policía liberó los terrenos aledaños al corredor minero provocando la reacción de la población en Mara.

Ante el estancamiento de las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este lunes los propietarios de los terrenos aledaños a la carretera, desde el Puente Ichuray y Saywa, tomaron posesión de sus respectivos terrenos. Hasta la fecha no se han determinado acuerdos con el MTC respecto al uso de la vía del corredor minero, la cual se ha ampliado sin negociación previa con los propietarios de los terrenos.

Inicialmente la vía era vecinal, luego, provincial, regional y ahora llega a categorizarse como vía nacional. Es por ello que recae la competencia directamente en el MTC. El mismo Estado ha reconocido que se han cometido errores y buscan darle solución al conflicto negociando con los propietarios.

Pese a que el proceso de diálogo se viene dando desde hace un año, las negociaciones sobre el precio del metro cuadrado se han detenido. El MTC ha fijado como precio para todos los terrenos 25 soles por metro cuadrado y se denuncia que agentes del Ministerio están negociando bilateralmente con los propietarios. Esta situación ha generado desconfianza y una percepción de injusticia en el procedimiento. Por ello, desde hace un mes la comunidad de Mara ha tomado posesión de sus propiedades y parte de la carretera, demandando una negociación justa y transparente.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/corredor-minero-heridos-por-enfrentamiento-en-mara/?fbclid=IwAR1pBHJIws_vH1KfFErokWXdgztBOv96YtkH4pDg9B-7eeoPNadD1t1yd8w

Crónica de una guerra sorda que lleva 55 días poniendo en riesgo la vida de manifestantes y policías y la economía de los pueblos de esta región.

Aunque la prensa ya no se ocupa del asunto, los enfrentamientos entre policías y agricultores no han cesado en el valle de Tambo. A 55 días de haberse iniciado la huelga indefinida contra el proyecto Tía María, aumenta la cifra de heridos sin que ninguna entidad estatal lleve el control. Precisamente, este sábado por la tarde, se registraron dos heridos por proyectil, el más grave ingresó de emergencia al hospital de Mollendo. Un segundo herido alcanzado por un perdigón en la pierna prefirió no atenderse en ningún centro de salud.

Así, cientos de personas viven bajo una tensión permanente debido a que el conflicto social no parece tener fin. Los bloqueos siguen allí desde hace dos meses, principalmente en las vías que conectan los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, La Punta de Bombón y Mollendo.

En el valle de Tambo las labores escolares siguen suspendidas, pese a que las autoridades educativas decidieron retomarlas este viernes. Los padres no quieren exponer a sus hijos, pero tampoco quieren que el decaimiento del paro deje la situación otra vez en el mismo punto, como ocurrió en 2011 y 2015.

También se han visto afectadas las actividades comerciales y de transporte que atienden de manera parcial. En cambio, las actividades agrícolas continúan porque son su sustento familiar. Se han organizado de forma que por la mañana trabajan las chacras y por la tarde protestan.

Enfrentamientos diarios

A diario se suscitan enfrentamientos entre policías y manifestantes que rechazan el proyecto minero. El jefe policial en Arequipa, Roy Ugaz, informó hace algunos días que había más de 90 policía heridos por piedras y solo dos manifestantes; pero estos son solo los más graves, que debieron ser internados en el hospital. La mayor parte de los manifestantes que registran heridos después de cada enfrentamiento, no acude a los centros de salud, por temor a ser detenidos.

El escenario de la lucha se ha ido trasladando de los cerros de La Tapada – donde se planea construir la mina – a las riberas del río Tambo, lado noreste de Cocachacra. Otros días es en la Panamericana Sur, a la altura de El Fiscal; y otro tanto, en Mollendo o Matarani.

En estas jornadas, no hay ningún dirigente visible, ni políticos. Los protestantes, jóvenes y mujeres en su mayoría, pugnan por llegar a la Panamericana Sur por una vía carrozable; sin embargo, la policía los reprime con perdigones, gases y piedras y lo hacen a campo traviesa. Los manifestantes aducen que su interés es llegar a la Panamericana Sur, sector El Fiscal, para marchar pacíficamente por unas horas. Sin embargo, la policía cree que la masa pretende bloquear la vía y cortar el tránsito como ocurrió en los primeros días de la huelga. Acto seguido se producen las peleas.

Los “espartambos”, jóvenes con los rostros cubiertos, que portan simbólicos escudos de madera y huaracas, son la primera línea del contingente. Ellos son los que se enfrentan a los efectivos lanzándoles piedras con sus técnicas ancestrales. Aunque, este último sábado utilizaron también fuegos pirotécnicos, pero solo generaron un espectáculo de luces en el cielo, antes que hacer retroceder a la policía.

Los efectivos responden a los manifestantes también con huaracas. Les lanzan piedras desde la parte alta de los cerros. También, arrojan gases lacrimógenos y perdigones desde el lado opuesto del río. Tienen resguardados los accesos y han sitiado en las últimas semanas a los protestantes. “No nos dejan protestar que es nuestro derecho, nos tienen secuestrados”, se quejaron varios.

El conflicto afecta a quienes no desean participar de la protesta. Ayer una pareja de ancianos se vio envuelta en medio del choque de policías y manifestantes. Ambos bandos tuvieron que interrumpir sus ataques para que pudieran cruzar la trocha y continuar su camino a casa.

Los heridos invisibles de Tía María

La cifra de manifestantes heridos es desconocida porque no existe un registro oficial de parte de las autoridades. Los propios pobladores no se atreven a dar los nombres por temor a ser procesados más adelante. Sin embargo, en casos en los que se compromete gravemente su salud acuden necesariamente a los hospitales. Ese fue el caso de Hugo Roque Flores, un joven de 23 años que resultó herido durante los enfrentamientos.

El abogado Arturo Dueñas, que defiende a los manifestantes, señaló en horas de la noche que el joven ingresó con una herida en el abdomen causado por un proyectil. Debía ser sometido a una intervención quirúrgica y el caso sería investigado por la fiscalía. También dijo que otros dos heridos de gravedad llegaron en los últimos días al hospital de Essalud de Mollendo. Se trata de la joven Anabella quien tuvo herida de proyectil en el brazo izquierdo y Carlos Tapia, herido en el pecho.

Un segundo herido también se registró en ese momento, pero no llegó a ningún centro de salud. Sin embargo, circularon imágenes donde se apreciaba que tenía una herida en la pierna.

Algunos jóvenes también sufren los efectos de los gases o son alcanzados por algunas piedras o perdigones, pero se resisten a ir un centro de salud. Son atendidos por los propios manifestantes que aprendieron a llevar pequeños botiquines en sus jornadas diarias.

Más marchas y protestas ignoradas

Los manifestantes anunciaron que las marchas y protestas van a continuar. En la última reunión del viernes, acordaron trasladarse a la ciudad de Arequipa para el siguiente 16 de setiembre, fecha que coincide con el inicio de la convención minera Perumin.

De igual forma, planifican hacer una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima, donde ignoran su protesta. La fecha aún no está definida, pero proponen que sea a finales de este mes o cerca al día en que se realizará la audiencia de apelación ante el Consejo de Minería. Esto es por el contencioso presentado por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, contra la licencia de construcción otorgada a Tía María.

De igual forma, las regiones de Cusco, Puno, Apurimac, Moquegua, entre otras, han comunicado la realización de una protesta macroregional que dará inicio este 16 de setiembre. El dirigente Miguel Meza, que en estos últimos días, ha estado delicado de salud, manifestó que la lucha social continuará hasta que el gobierno de Martín Vizcarra decida cancelar definitivamente el proyecto minero.

En tanto, padres y docentes del valle están preocupados por las labores escolares y han pedido que sea considerado por los manifestantes. La siguiente semana se reunirán nuevamente los alcaldes de Islay para evaluar qué acciones se podrían tomar tras casi 60 días de protesta.

De esta manera, la población agrícola que hoy se entrena en la técnica de la huaraca, libra sus luchas en soledad. Aislados de la ciudad de Arequipa, amordazados por el silencio mediático, sin dirigentes visibles y con una determinación a prueba de balas, sigue blandiendo su bandera verde. Aunque la mayoría no quiere hablar con los periodistas, solo atinan a repetirnos una frase, «Agro sí, mina no».

Fuente:https://elbuho.pe/2019/09/tia-maria-heridos-y-enfrentamientos-diarios-en-el-valle-de-tambo-fotos/?fbclid=IwAR02DuF6Xtn8bI5Ax8XMrE4Vr9yDzfRjCUbKy40Tudi2z0PLzEWs0eptxrU

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declara infundada la demanda interpuesta por Cerro Verde, cierra la controversia de las mineras que rechazaban pagar el aporte por regulación al OEFA. El abogado especializado en materia ambiental analiza el historial de medidas que las compañías impulsaron para evitar ese pago en los últimos años.

os intentos para debilitar la fiscalización ambiental en el Perú son conocidos. Desde su creación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha sufrido varios intentos que buscan evitar su funcionamiento. Y en ese contexto, quienes deberían fortalecer esta labor de fiscalización, han recurrido a diversas estrategias para evitar su existencia y operación.

Recordemos que cuando el OEFA nació, el año 2008, no tenía recursos y el Ministerio del Ambiente tuvo que transferir dinero de su presupuesto para que este iniciara sus funciones. Al mismo tiempo, la transferencia de competencias de Osinergmin se dio sin recursos. Todo ello hacía prever una limitada posibilidad para ejercer su rol.

El fallo establece que debe garantizarse la provisión de los recursos adecuados a las entidades a cargo de la supervisión

Luego, algunas normas generaron mecanismos para asignar el presupuesto mínimo que le permitiera una adecuada fiscalización ambiental. El 2013, la Ley del Presupuesto del Sector Público estableció que “las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental, relacionadas a las actividades de energía y minería que desarrolla el OEFA se financian con cargo al aporte por regulación”.

Este aporte jugó y juega un rol fundamental para que el OEFA ejerza su función fiscalizadora, por ejemplo, para la mediana y gran minería. La autoridad ambiental verifica que todas las obligaciones asumidas por las empresas se estén cumpliendo y que esas actividades no afecten el ambiente. Por ende, el OEFA es un garante de que las inversiones se realicen de manera adecuada. Sin embargo, en los últimos años, han habido diversos intentos para evitar que las mineras paguen el aporte por regulación.

Con fecha 15 de agosto de este año, el Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso de agravio Constitucional presentado por la empresa minera Cerro Verde S.A en el proceso judicial que ésta iniciara en marzo del año 2014, mediante una demanda de amparo contra el Estado peruano (PCM, MEM,OEFA), para evitar que el OEFA aplique el aporte por regulación, una contribución que pagan las empresas de gran y mediana minería para financiar las funciones de fiscalización ambiental que realiza esta entidad. Este proceso judicial ha sido uno más dentro de muchas otras acciones que las empresas mineras emprendieron contra el aporte por regulación. Hasta la fecha todos han sido desestimados.

En este proceso, Cerro Verde solicitó la inaplicación del Decreto Supremo  130-2013-PCM, norma que operativiza el cobro del mencionado aporte, con el argumento de que vulneraba los principios de reserva de ley, legalidad y no confiscatoriedad. De manera concreta, señaló:

• El aporte por regulación es un tributo creado por decreto supremo y no por ley como lo dispone la constitución en su art. 74 (principio de reserva de ley).
• Que la norma reglamentaria que lo crea tiene como sustento la ley del presupuesto del sector público del año 2013, que por su naturaleza tiene prohibido referirse a materia tributaria.
• No existe ley alguna que autorice a OEFA como acreedor tributario, es decir, que autorice a esta entidad a cobrar directamente los montos recaudados por concepto de aporte por regulación.
• Los montos cobrados vulneran el principio de no confiscatoriedad, que consiste en “no afectar de manera irrazonable y desproporcionada la esfera patrimonial de las personas”. Considera desproporcionado tomar como base imponible un porcentaje de la facturación anual y no el valor del costo real del servicio o actividad que las empresas reciben del Estado.

En su sentencia, el TC se pregunta si el Decreto Supremo 130-2013-PCM crea realmente un nuevo tributo, distinto al aporte por regulación establecido por el artículo 10 de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Concluye que se trata del mismo aporte y que sus  alcances lo precisan la cuadragésima octava disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013; la tercera disposición complementaria final de la Ley 30011, que modifica la ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental; la Ley 30115, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2014; y la ley 30282, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2015. El TC señala que todas esas leyes señalan a OEFA como acreedor tributario del aporte por regulación con el objeto de financiar sus actividades institucionales.

Para el TC, de esas normas y de la Ley 29732, se desprende la tarea de la PCM y de otras carteras ministeriales de precisar y fijar, a través de una norma reglamentaria (infralegal),  los montos del aporte por regulación que serán materia de cobro, hecho que se materializa en el D.S. 130-2013-PCM. Sobre la falta de autorización a OEFA como acreedor tributario, el TC afirma que esa autorización se da en las leyes 29951 y 30011.

Sobre el cuestionamiento a la forma de fijar la cuantía, el TC señala que no existe norma tributaria que contemple la obligación de los acreedores tributarios de contar con una estructura de los costos del servicio de la actividad estatal que el aporte busca financiar.

El TC considera que las labores institucionales de OEFA generan beneficios para la sociedad en general, pero también para las empresas contribuyentes del aporte por regulación, pues con sus acciones se optimiza el funcionamiento del mercado.

Además, considera que el costo de la actividad que se busca financiar sería mayor si se toma en cuenta las consecuencias del impacto al ambiente que podría producirse debido al incumplimiento de las normas ambientales.

Igualmente, el TC señala que el Arancel de Fiscalización Minera (AFM) que pagan las empresas es de naturaleza distinta al aporte por regulación. El primero es un monto muy pequeño que deben abonar los titulares de la actividad minera por las acciones de fiscalización o exámenes especiales, que realizan los fiscalizadores externos. Indica que se creó con el objeto de solventar las acciones de supervisión de campo, y pagan únicamente los honorarios del fiscalizador. A diferencia de ello, el aporte por regulación es una contribución para pagar las actividades del OEFA, las que comprenden todo el macroproceso de fiscalización ambiental que involucra labores de supervisión, fiscalización, evaluación, control y sanción en materia ambiental.

El TC indica también, que el incremento de la actividad minera ha generado la necesidad de establecer el aporte por regulación,  que ha sido necesario contar con él para lograr que las  entidades fiscalizadoras sean lo suficientemente sólidas para garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano.

Sobre la razonabilidad y proporcionalidad del pago, el TC afirma que pagan más quienes más facturan, que son las empresas que más minerales extraen,  y cuya magnitud de los impactos de su actividad puede ser mayor.

A ello añade, que se  ha cumplido con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 27332, es decir, el tope máximo fijado para esta contribución (1.00% de lo facturado), toda vez que conforme a los Decretos Supremos 127, 128, 129 y 130-2013-PCM, que aprueban los aportes por regulación del sector energético y minero a favor de Osinergmin, OEFA y el MEM, la suma de los cobros efectuados por dicho concepto no ha superado el tope máximo. Por ejemplo en el 2014 OEFA, OSINERGMIN y MEM en conjunto recaudaron solo el 0.36%; el 2015, el 0.34% y el 2016 el 0.29%. Es decir, juntas no superaron el tope del 1%, es más, año a año la contribución ha ido disminuyendo.

Finalmente debemos decir que esta noticia es muy positiva, pues garantiza a OEFA recursos que le permiten desarrollar sus actividades con mayor solvencia. Esto es muy importante porque las actividades evaluación, supervisión y fiscalización ambiental suelen ser muy costosas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-legalidad-del-aporte-por-regulacion-que-cobra-oefa-a-las-empresas-mineras-ha-sido-confirmada-por-el-tribunal-constitucional/

El día de ayer en la provincia de Espinar, Cusco, los presidentes de Pacopata y Huini Coroccohuayco, Felipe Kána y Ruperto Sayco, informaron que este sábado 07 de setiembre, se realizará un Referendum en la comunidad de Huano Huano para determinar la venta y los términos de misma sobre sus tierras comunales a la Minera Antapacay.

Los dirigentes manifestaron su preocupación sobre el Referendum puesto que no se ha resuelto la interrogante respecto a si la negociación se refiere a todas las tierras tituladas a favor de Huano Huano o si se respetarán las tierras bajo posesión de Pacopata y Huini Coroccohuayco. Explican que se presume que la propia empresa minera es la que promueve la campaña del “SÍ a la venta” mediante operadores que proclaman ser coordinadores de la comunidad y mediante una campaña de desprestigio hacia los presidentes de las otras comunidades involucradas, Pacopata y Huini Coroccohuayco.

Además, el día de ayer, tambíen se desarrolló la reunión plenaria de la Mesa de Diálogo para Desarrollo Sostenible de Espinar, con el propósito de informar acerca de los avances en la ejecución de proyectos en la provincia de Espinar sobre los ejes: sistemas de riego, vías de transporte, saneamiento, entre otros. Se informó que este año ya se han invertido más de 1200 millones de soles en intervenciones.

Así mismo, se informó que la comunidad campesina de Tintaya Marquiri realizó una reunión con la Minera Antapacay que contó con la participación de los funcionarios y el Gerente General de la empresa. Los principales temas de la agenda fueron el incumplimiento de compromisos por parte de la minera y la ejecución del proyecto de saneamiento básico para el abastecimiento de agua en los años siguientes. Para lo cual acordaron con la empresa la formulación del expediente técnico del proyecto y la implementación de un plan de emergencia para el abastecimiento de agua desde el próximo mes ante la actual escasez agua en la comunidad.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/09/06/espinar-referendum-en-huano-huano/?fbclid=IwAR1ZG8oVGzEY-WrZ1TDraoYWTmBBClvQmQiRwSmzbVFY5AMdtLTiiPZMZOU

Los dirigentes denuncian que esta medida se ha realizado sin la consulta previa a las comunidades de la zona y resaltaron que la concesión está en pleno corazón del Valle Sagrado de los Incas.

En diciembre de 2017, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó la concesión minera Huallata de Plata a Esteban Quispe Sikos. Esta concesión, de 100 hectáreas de extensión, está ubicada en Pampallacta (Pisac, Cusco), una zona de cabecera de cuenca y de donde los pobladores se abastecen de agua para el consumo humano y el riego de campos de cultivo en las localidades de Calca, Urubamba y Machu Picchu.

Por ello, las 12 comunidades campesinas del distrito de Pisac se han manifestado en contra de esta concesión minera, ya que temen que en caso se realice actividad extractiva se contamine a las cuatro lagunas de la zona.

Los dirigentes denuncian que esta medida se ha realizado sin la consulta previa a las comunidades de la zona y resaltaron que la concesión está en pleno corazón del Valle Sagrado de los Incas.

El presidente de la comisión de regantes, Pascual Chipa, afirmó que la actividad minera podría perjudicar a más de 4,500 agricultores y artesanos.

Esta semana, vence el plazo que dieron los dirigentes de Pisac a las autoridades para anular esta concesión minera. Cuando protestaron a mediados de agosto pasado, señalaron que si esto no se hacía, iban a bloquear el puente Pisac, lo que afectaría a la actividad turística en el Valle Sagrado de Urubamba.

Como explica la abogada Carolina Gamarra Barrantes, la concesión minera es:

«el acto administrativo por el cual el Estado confiere a una persona un derecho real para la exploración y la explotación de recursos minerales dentro de un área de terreno superficial concedido y la propiedad sobre los recursos minerales que se extraigan conforme a lo establecido en la resolución que concede el título de concesión».

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/09/04/cusco-comunidades-campesinas-rechazan-concesion-minera-en-pisac/jorgepaucar/?fbclid=IwAR2Huhc-ys8oVpbcOB4GjRrPpCu4N3BokuI3h9q-bTNIJeIKj115jKymYJk

El 14 de agosto de 2019 se cumplieron 10 años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el caso de habitantes de La Oroya afectados por la contaminación con metales pesados proveniente de una planta metalúrgica.

REGISTRO GRATUITO https://bit.ly/2Kxjt8z

Fue el PRIMER CASO en evidenciar la problemática generada por ese tipo de contaminación en Perú.

Este seminario servirá como foro para exponer desde distintas perspectivas las EXPERIENCIAS, APRENDIZAJES Y DESAFÍOS del caso en esta década. El propósito central es aportar al debate nacional sobre la necesidad de una política pública integral para las personas vulnerables y/o afectadas por metales pesados provenientes de la extracción de recursos mineros y petroleros, y de un aparato institucional que implemente efectivamente esa política en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos.

Jueves, 5 de septiembre de 2019 de 11:00 a 13:00 UTC-05

El fin de semana se realizó el II Encuentro Macro Regional del sur en el distrito de Cocachacra, en Islay, Arequipa. En el evento se dieron cita, diversos representantes y delegaciones de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Madre de Dios, quienes acordaron exigir la cancelación del proyecto minero Tía María de la empresa Southern.

Entre las acciones se acordó convocar a un paro de toda la Macro Región sur para el día lunes 16 de septiembre, y una marcha de sacrificio hacia Lima. El paro general coincidiría con el inicio del evento Convención Minera Perumin 34, que se realizará en el Centro de Convenciones Cerro Juli en Arequipa.

El encuentro se desarrolló en el coliseo de Cocachacra y contó con la participación de congresistas de Nuevo Perú; Alberto Quintanilla de Puno, Edgar Ochoa de Cusco, y Horacio Zeballos de Arequipa. Los parlamentarios expresaron su apoyo a las demandas de los pobladores y ratificaron la inviabilidad del proyecto minero, según informó el portal elbuho.pe.

Además para este lunes 2 de septiembre se tiene previsto continuar con las protestas; en lugares como Majes y La Joya, paralizarán sus actividades. En el programa acordado también se quedó la participación en la marcha «Que se vayan todos» en Arequipa el 5 de septiembre, y el 9 del mismo mes, una jornada de lucha. Estas actividades están planificadas como parte de preparar el paro general.

Fuente:https://wayka.pe/tia-maria-anuncian-paro-de-la-macro-region-sur-para-el-16-de-septiembre/?fbclid=IwAR2MXDV0A3-HP7lel9uoqlza6AUTKZJvQcBx1yO2tUE9Pt-EQYF4JglqwEA

Han pasado más de 50 días desde el inicio del paro indefinido en el Valle de Tambo. En la localidad siguen las protestas y se anuncian nuevas medidas de fuerza en contra de la criminalización por parte de la Policía Nacional. Los episodios de enfrentamiento continúan dándose en todo Islay, fuera de Cocachacra, en Mollendo y la Joya, donde protestan por la cancelación del proyecto minero.  Solamente la última semana se dieron ocho detenciones nuevas contra manifestantes que protestaban contra el proyecto Tía María. Además, los manifestantes señalan que por la criminalización que se da en su contra, prefieren no acudir a los servicios de salud a atender a sus heridos.

En esta coyuntura, la empresa minera Southern Perú ha manifestado que no desistirá del proyecto minero en Valle de Tambo y ha denunciado por abuso de autoridad  contra el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, por anular el derecho de servidumbre sobre 49 hectareas de las Pampas de Cachendo. La compañía minera manifiesta que el gobernador pretendería ocasionar la pérdida irreversible de la concesión en perjuicio de la empresa.

Por su parte, el gobierno regional de Arequipa concierta propuestas con los gobiernos regionales de la mancomunidad macroregional sur exigiendo la intervención del Presidente, el gobierno nacional y los demás ausentes en el conflicto, como el sector educación. Destacan sus demandas por una nueva normativa sobre la consulta previa, las concesiones mineras y la distribución de regalías por la actividad minera en el marco del debate sobre la nueva ley general de minería; y por una política de desarrollo territorial enfocada en el transporte, el comercio y la agricultura.

Las organizaciones sociales en contra del proyecto minero anuncian un programa de medidas de fuerza por la cancelación del proyecto en el Valle de Tambo. A partir de esta semana, inician las manifestaciones en los distritos de Majes y La Joya en Arequipa, las que se extenderían a toda la macroregión sur en una jornada de lucha el lunes 9 del presente mes. Este nuevo proceso de aumento de la conflictividad en la región se organizaría en torno a una marcha de sacrificio hacia Lima para exigir la cancelación de Tía María al gobierno nacional y un paro macroregional desde el día 16 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la 34° Convención Minera en Arequipa.

En el contexto actual los niveles locales y regionales de la sociedad y el gobierno se reorganizan en torno a un nuevo proceso de lucha por la inclusión de la agenda subnacional en el debate nacional. Frente a esto, quedan ausentes el gobierno nacional y el sector empresarial que a la par se repliegan para atender los conflictos que se vienen dando en otros ámbitos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/09/02/tia-maria-convocan-a-nuevo-paro-por-la-cancelacion-del-proyecto-minero-en-el-sur/?fbclid=IwAR12dHmoXEHF4UGY8BOSshgohF09-vJqee8HWMLca52MydimzUgRDOpHiqo