Pese a que se había programado para el día de hoy, 21 de octubre, una mesa de diálogo en la provincia de Chumbivilcas, finalmente no se pudo llevar a cabo. Las comunidades y sus organizaciones más representativas, han desistido de ser parte de cualquier proceso de diálogo con las autoridades nacionales mientras se mantenga el Estado de Emergencia.

Como se sabe, el pasado 17 de octubre fue decretado el Estado de Emergencia luego de varias semanas de protesta en distintos puntos del denominado Corredor Minero del Sur. Los bloqueos se iniciaron en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), pero luego se extendieron a otros puntos en la provincia de Paruro (Cusco).

Cabe recorder que el 8 de octubre una comunera en la zona de Ranraccasa (Paruro) perdió un ojo como consecuencia de un impacto de perdigón, producto del enfrentamiento entre policías y un grupo de comuneros que vienen bloqueando la vía. Por los antecedentes de conflictos relacionados con Las Bambas y la carretera, se requiere prestar mucha atención para evitar que vuelvan a suceder eventos trágicos.

El gobierno del presidente Vizcarra debería prestarle especial atención a los conflictos sociales que, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, siguen creciendo en número e intensidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/8850-2/?fbclid=IwAR1lt189uRzG8VpFEuZ2rOAlN_0tYjDp97jjhGPsLGz7f7lI5cwnwSe8-sE

La esperanza es lo último que se pierde’ dice un dicho popular, y al parecer es una frase apropiada, desde hace dos años, por la lucha de quienes conforman la Plataforma Nacional de Afectados y afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Una lucha por la vida y en contra de la muerte, pero además para exigir de manera colectiva una vida digna en un ambiente que se ha alterado por la extracción de sus recursos naturales, generando graves e irreversibles daños a su salud.

Hace exactamente dos años se llevó a cabo el I Encuentro Nacional de poblaciones afectadas por metales tóxicos, durante este encuentro se compartieron preocupaciones, avances y limitaciones que habían tenido en el camino afectados/as de Cerro de Pasco, La Oroya, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Puno, provincias de Lima y Espinar, así mismo se logró consensuar una agenda que proponía al gobierno la implementación de una Política Nacional que se enfoque en la prevención, y la atención primaria y especializada. Todo ello fue presentado y expuesto a las diferentes instancias de gobierno como el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Defensoría del Pueblo, Congresistas de la República, entre otros.

A partir de ese momento la lucha ha sido continua para la implementación de los compromisos de cada entidad pública, el escenario no ha sido el más favorable en este periodo. Pero las esperanzas no se han difuminado, pues la articulación y el acompañamiento han permitido que las y los afectados que integran la Plataforma encuentren una nueva red de apoyo que les dé fortaleza. Los frutos se vieron durante el 2018 e inicios del 2019, fechas en que se han ido aprobando documentos resolutivos que reconocían la problemática de contaminación por metales tóxicos como un problema de Salud Pública y que necesitaba atención urgente.

II Encuentro Nacional de Afectadas/os a la salud: A mal tiempo buena cara

Como ya se sabe, el pasado 30 de setiembre la mayoría de la población peruana recibía con asombro y emoción la disolución del Congreso de la República, y con ello la convocatoria a las nuevas elecciones parlamentarias, mientras esto pasaba, las y los representantes y delegaciones de 13 regiones del país se reunían en Lima para evaluar, fortalecer y planificar las acciones como una plataforma colectiva y sólida que no había recibido una respuesta adecuada y eficiente a sus demandas.

Durante este segundo encuentro las delegaciones de la Plataforma Nacional reafirmaron su propuesta de exigir al gobierno la conformación de una Comisión Multisectorial Permanente¹ y que establezca un plan más consensuado con el fin de atender y detener la contaminación ambiental de sus territorios, promover atención en salud integral y especializada, garantizar agua de consumo humano en sus hogares, entre otros.

“La crisis del gobierno está ahí por ahora, pero lo que nosotros vivimos a diario en nuestros territorios tiene que ver con la lucha por vivir, y eso no tiene descanso”, fueron las palabras de Teresa Cuñachi, una de las afectadas y representante de la zona de Bagua-.Amazonas, durante la presentación del estudio realizado por la Organización de Periodismo de Investigación Convoca en diversas zonas del país, en el marco del ‘Foro Público: Metales Tóxicos en el Perú. Una realidad que contamina’. Así mismo la Dra. Tania López – Representante del MINSA – y encargada de la Estrategia de Metales Pesados indicó que son conscientes que han olvidado durante mucho tiempo las demandas de la población afectada por metales tóxicos y que, para el mes de octubre estarán enviando brigadas de médicos especialistas para atender a Espinar-Cusco, Bambamarca – Cajamarca y a las comunidades de los ríos Pastaza, Marañon, Corrientes y Tigre de la región Loreto. Esperamos que ello se cumpla finalmente.

El dolor de las mujeres afectadas por metales tóxicos

Dolidas, discriminadas, despojadas, inseguras, impotentes, culpables, ignoradas e indignadas es el sentir de las mujeres de los territorios contaminados por metales pesados. Estos sentires, antagónicos y complementarios a la vez, fueron compartidos durante la primera reunión que tuvieron mujeres de 13 zonas para elaborar una agenda diferenciada de sus principales sentires a partir de la afectación por metales tóxicos que va avanzando en el tiempo y va generando también daños psicológicos en sus familias. Esta acción fue una apuesta de la Plataforma, pues consideran que es necesario e importante considerar la interseccionalidad en sus luchas.

Como ya lo mencionamos en anteriores ocasiones, la lucha de las mujeres, niñas y niños, padres y madres, de todas y todos los afectados por metales tóxicos en el país, es y debe ser una agenda prioritaria para los gobiernos regionales y el gobierno nacional.

El costo del “desarrollo económico” no puede ser a costa de la vida de cientos de peruanos y peruanas, por ello esperamos que en estos tiempos de cambios y reformas, los nuevos rostros no sigan con las mismas mañas de los ‘viejos políticos’, y que por el contrario prime la apuesta por vida y la salud de estas personas, que desde hace años están exigiendo que el Estado garantice sus derechos.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/sobre-los-afectados-por-metales-toxicos-una-lucha-sin-fin-sin-excusas-y-sin-mas-postergaciones/?fbclid=IwAR2nh2jwt9NlhnSy9h89if7vlf3agpvqcuSiy7nUHhQCmBvtVo5DyKrZQTs

El Gobierno declaró en estado de emergencia un tramo del corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, que incluye los quinientos metros adyacentes a cada lado de la vía.

La medida establecida por un plazo de 30 días se dio a conocer a través del Decreto Supremo N°169-2019-PCM publicado en el diario El Peruano.

El estado de emergencia alcanza los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas en la región de Cusco.

Durante los 30 días de estado de emergencia, la Policía mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión comprendidos en los incisos 9 y 12 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú”, precisa el Decreto Supremo.

Conflicto

El corredor minero es una vía que se ha visto interrumpida en varias ocasiones en los últimos días por pobladores cusqueños. Los manifestantes exigen el retiro de vehículos encapsulados que transitan por este corredor porque aseguran que generan contaminación ambiental.

En un comunicado de prensa, MMG Limited (MMG) Las Bambas informó que la logística de la compañía minera se ha interrumpido desde el 22 de setiembre. Esto debido a que las comunidades buscan una compensación por el terreno y uso de la carretera, la desclasificación de esta como una vía nacional, y su inclusión como parte del área de influencia directa de Las Bambas, entre otras exigencias.

Fuente:https://rpp.pe/peru/actualidad/las-bambas-declaran-en-estado-de-emergencia-un-tramo-del-corredor-minero-apurimac-cusco-y-arequipa-noticia-1224834?ref=rpp&fbclid=IwAR2RLzVjHe8ffiVOPxIvmwqqX6xdy0bX6DRxQ4bQBLsjcECIUeNCpDqSti4

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/949-cusco-gobernador-regional-alcaldes-y-dirigentes-de-chumbivilcas-exigen-derogatoria-de-estado-de-emergencia?fbclid=IwAR1cQ1dPCoF3e0dj0MGYcislbRNFhkiM720Adpx3vLC7qjCkwANe-9hmEDE

El Gobierno Regional de Cusco emitió el siguiente pronunciamiento en el que exige al Gobierno Nacional derogar el Decreto supremo Nº 169-2019-PCM que declara en estado de emergencia parte del corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, incluyendo los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille, provincia de Chumbivilcas, Cusco.

Así mismo recalcan que este tipo de medidas solo generan provocación en la población. Por lo que se solicita prestar atención a las demandas presentadas que ponen énfasis en la necesidad del asfaltado de la vía del corredor minero y la implementación de proyectos de desarrollo.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/10/17/gobierno-regional-de-cusco-se-pronuncia-ante-situacion-de-corredor-minero/

La Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco ha presentado ante la Junta de Fiscales Superiores de Cusco el pedido para realizar investigaciones sobre los hechos acontecidos en la provincia de Chumbivilcas y Paruro por el inadecuado uso de la fuerza en la intervención y desbloqueo de la vía del corredor minero.

Tanto en el caso de Capacmarca de Chumbivilcas, donde se produjeron enfrentamientos la semana pasada entre la PNP y comuneros locales y la intervención en el desbloqueo de la vía de Paruro esta semana, los pobladores han denunciado la intervención violenta de la PNP, en el caso de Paruro la comunera Higidia Humpire Ataucuri perdió el ojo izquierdo, así mismo las comuneras Bernadina Zegarra y Eusebia Arruela Arellano tienen impacto con perdigones y se encuentran en proceso de recuperación de su salud.

El pedido de DHSF está sustentado en la Directiva General N° 003-2018-MP-FN sobre el “Ejercicio de la Función Fiscal en Caso de Uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”, aprobada con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 001907-2018-MP-FN instrumento legal que tiene la finalidad que actos desmedidos de esta naturaleza queden impunes.

Mientras tanto la PNP ha emitido un Comunicado¹, publicado en su portal web www.policia.gob.pe, precisando que la PNP rechaza acusaciones de agresión contra manifestantes en Paruro – Cusco tomando como referencia informes médicos. Más allá de este pronunciamiento será la investigación fiscal la que establecerá las responsabilidades de los hechos sucedidos en las protestas de Chumbivilcas y Paruro, sobre todo de la PNP.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-solicitan-que-la-fiscalia-investigue-la-intervencion-de-la-pnp-en-el-conflicto-del-corredor-minero-del-sur/

La Crisis Política que vive nuestro país esta logrando que olvidemos o posterguemos algunos temas importantes, como los procesos judiciales que enfrentan líderes sociales y defensores del territorio. Hace unas semanas Walter Aduviri fue condenado a prisión, en las siguientes líneas recordaremos el proceso y como podría marcar un precedente para dirigentes criminalizados en protestas sociales.

El “Aymarazo”, un breve recuento

El 28 de noviembre del 2007, se emitió el Decreto Supremo 083-2007-EM que declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin de que la empresa canadiense Brear Creek Mining Company pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta kilómetros de la zona de frontera con Bolivia. El proyecto minero de Brear Creek conocido como ‘Santa Ana”, ubicado en los distritos de Huacullani y Kelluyo de la provincia de Chucuito, región Puno, se sobreponía a los territorios comunales aymaras. La emisión de este decreto fue el punto inicial para que se desatara el conflicto socioambiental conocido como ‘El Aymarazo’.

Para la entrega de las siete concesiones que conformaban el Proyecto Santa Ana, se tuvo que recurrir a una excepción. Tal como la norma constitucional al respecto lo indica, los extranjeros no pueden adquirir derechos reales de ningún tipo dentro de los cincuenta kilómetros de frontera. Al suscribirse el decreto supremo en mención, este artículo de la Constitución fue inaplicado alegando “necesidad pública” para el desarrollo del proyecto minero en el lugar, siguiendo con las condiciones exigidas por el Reglamento de la Ley Nº 26505, donde se predispone que la solicitud presentada para la disposición de tierras tenga el visto bueno del Ministerio de Agricultura, de Defensa y del Interior, para que finalmente sea el Consejo de Ministros quien dicte el decreto requerido.

Con la dación de este decreto, el Estado se esfuerza en fundamentar que el interés de establecer la titularidad del derecho minero de Bear Creek trasciende al interés privado, y que por el contrario va a incidir de manera importante al bienestar de la comunidad; además, sienta por hecho que con la aprobación de esta excepción se logrará el desarrollo de esta zona de frontera y asegura el crecimiento del nivel de vida de los pobladores de la zona de incidencia de las actividades mineras, lo que no ocurre, lamentablemente. Sin embargo, el concepto de “necesidad pública” tiene que ver con obras de necesidad realmente colectivas, que beneficien a todos los peruanos, al conjunto de la población. En este caso, la pregunta de los aymaras era que qué tiene que ver la actividad empresarial con el interés público. Necesidad pública es, por ejemplo, las obras de infraestructura que realmente sean necesarias para el desarrollo de la población: carreteras, hospitales, centros educativos y demás servicios básicos.

El primer juzgamiento

En el 2017, Walter Aduviri, junto a otros nueve de los voceros aymaras, después de varios años de proceso judicial por haber liderado ‘el aymarazo’ pasaron a la parte última del juicio oral para esperar sentencia. En dicha sentencia, el Colegiado Penal de entonces hizo una diferenciación entre los delitos que se les imputaba a los aymaras procesados y el ejercicio del derecho a la protesta social, desde la visión que se debería tener y desde la visión de las entidades del Gobierno. Indicó que la persecución de la protesta social “genera una discusión respecto a la naturaleza justa de todas las protestas sociales, siendo que todos los reclamos sociales, a mérito de los protestantes, son debidos y por tanto legítimos; en tanto que para los representantes del gobierno o de las instituciones públicas, las exigencias de los protestantes serán indebidas y por tanto ilegítimas”. Al respecto, refuerza lo dicho citando al reconocido penalista Ramiro Salinas Siccha, quien sostiene que “este supuesto delictivo sólo responde a una política criminal del Derecho Penal del Enemigo, por tanto, coyuntural, esto debe suprimirse por ser, a todas luces, inconstitucional”.

El Derecho Penal, no puede reprimir conductas lícitas o manifestaciones sociales que tengan una finalidad lícita o legítima, orientado a reivindicar la vulneración de derechos fundamentales, en tales casos estas manifestaciones sociales constituyen ejercicio regular del derecho de protesta, que deriva del derecho de reunión, libertad de expresión y de asociación.
Pese a estos argumentos, Aduviri fue el único hallado culpable del delito de disturbios en calidad de autor mediato. Tras su impugnación, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia.

Un nuevo juzgamiento

Luego de que la Corte Suprema declarara nulo todo lo actuado, ordenó que volviera todo a juicio oral y se dictara nueva sentencia. El ciclo de audiencias de este nuevo juicio oral dio su inicio en abril de 2019, dándose la sentencia de primera instancia a fines de agosto del año en curso.
La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Puno ha desplegado esfuerzos para Aduviri sea declarado culpable del delito de disturbios. Y así lo ha conseguido. Pero ahora toca ver si los medios probatorios en los que versa la sentencia dictada son suficientes para que ordenara la prisión efectiva por seis años y el pago de la reparación civil de dos millones de soles por parte del Gobernador Regional de Puno.

Para empezar, el Colegiado reconoce que el denominado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno nunca existió legalmente puesto que no existe medio probatorio que la reconozca como tal; sin embargo, indica que sí “existió de hecho” ya que sus miembros directivos se presentaban como tales en las distintas reuniones y cada que suscribían y remitían documentos a las distintas instancias. Y por su lado, Walter Aduviri se autoidentificaba como presidente de este Frente en todos los espacios en el contexto de la protesta.
Las declaraciones de los medios de comunicación escrita y televisiva que cubrieron “el Aymarazo” y que actuaron como testigos en este proceso penal, dieron cuenta que el frente era mencionado reiteradamente y que Aduviri se presentaba como presidente en las entrevistas y declaraciones públicas.

Ambos elementos dieron certeza al colegiado que Aduviri fue quien convocó la “huelga antiminera” y era líder del dicho movimiento social.
Pese a que la Policía Nacional y el Ministerio Público son instituciones destinadas a la investigación del delito y a su persecución, la Fiscalía ha tenido que recurrir en gran medida a la recolección de información periodística para fundar su acusación y atribuir responsabilidad de los desmanes ocurridos durante el desarrollo de la protesta aymara.
Resulta cuestionable la labor probatoria de la fiscalía, pero más que el colegiado haya valorado y tomado una decisión condenatoria a partir del trabajo de periódicos y vídeos de programas televisivos de noticias.

Lo preocupante de este hecho es que legalmente podría marcar un precedente para procesos contra hombres y mujeres que han sido denunciados en contextos de protestas por defender derechos humanos fundamentales y colectivos. La criminalización de la protesta ha sido una estrategia de varios gobiernos, debemos estar alertas para que ningún procesado por ejecer su derecho a protesta termine en prisión.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/el-camino-condenatorio-de-aduviri/?fbclid=IwAR3WrNQwyHCFh8ZGU_s9ZbImBYscmDjAZcWdQGQK6XSSAo7o_rMhj6xrVzA

Tras 4 años en Juicio y suspendido por 6ta vez.

Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/946-juzgado-no-conto-con-interprete-quechua-y-suspende-juicio-oral-a-comuneros-de-cotabambas