Perú

Alcalde de Cocachacra sobre confirmación de licencia de Tía María: “La gente no va a parar en su lucha

Julio Cornejo, alcalde de Cocachacra, aseguró que la ‘lucha’ en contra del proyecto extractivo ‘no va a parar’, pese a que el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción emitida por el Ejecutivo.

El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, aseguró que la ‘gente no va a parar en su lucha’ en contra del proyecto extractivo Tía María, pese a que este mañana el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción emitida por el Ejecutivo.

“Acá la gente no va a parar en su lucha porque conocen la realidad. Acá no tiene que venir a convencer», dijo en declaraciones a la prensa. En ese contexto, la autoridad calificó como un ‘cobarde’ al presidente Vizcarra debido a que -según su opinión- no ha cumplido su palabra, de ir hasta el Valle del Tambo, como lo anunció meses atrás.

“Le digo a Vizcarra que es un cobarde debido a que no ha cumplido con su compromiso de Presidente y ante la nación”, comentó.

En otro momento, consideró que han tratado de favorecer a la empresa ‘en todo momento’. “Empezando desde los talleres (que se organizaron para informar sobre el proyecto extractivo) ya que encerraban desde las 7 de la mañana trayendo gente de otros sitios”.

Igualmente, opinó que el gobernador Elmer Cáceres, ‘va a seguir luchando’. “La población ya tiene su decisión bien definida”, argumentó.

 

Fuente:https://gestion.pe/peru/tia-maria-alcalde-de-cocachacra-sobre-confirmacion-de-licencia-de-tia-maria-la-gente-no-va-a-parar-en-su-lucha-noticia/?utm_source=facebook&utm_medium=organicfb&utm_campaign=tia-maria&fbclid=IwAR1FCCUrYL7zMP0ss_L_RkYd-LUZ_Lk7CX7-Sxsw8L-cVLOGnIfPC42gomU

Perú

El Consejo de Minería de Perú confirma la licencia para la ejecución del proyecto ‘Tía María’

Un recurso presentado por el Gobernador de Arequipa había frenado la explotación de cobre por parte de la compañía extranjera Southern Copper, ante una fuerte oposición de la comunidad.

El Consejo de Minería de Perú declaró este miércoles infundado el recurso presentado por el Gobierno regional de Arequipa, que buscaba suspender la licencia para la construcción de una inmensa planta destinada a la explotación minera en ese departamento. De esta manera, la empresa estadounidense Southern Copper recibe la autorización para ejecutar esta obra.

El organismo estatal define así la concreción de la edificación de la planta, dedicada a la extracción de cobre, luego de que el gobernador del departamento, Elmer Cáceres, interpusiera un recurso de revisión de licencia que frenó las obras el pasado 10 de agosto.

El funcionario, que aún no ha expresado su parecer frente a la reciente decisión, había denunciado ante el Consejo de Minería que el millonario emprendimiento podría contaminar sus tierras, ante la presencia de un «ecosistema frágil». Por otro lado, el presidente Perú, Martín Vizcarra, había anunciado previamente que respetará el veredicto del organismo estatal.

Con este escenario, lo único que le quedaría pendiente a la compañía extrajera es obtener la denominada ‘licencia social’, que se encuentra en la normativa local, y que establece la correcta comunicación a las comunidades aledañas en relación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

El pasado lunes se registraron disturbios entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en el municipio de Islay, sitio donde Southern Copper comenzaría con la explotación, valuada en 1.400 millones de dólares.

La postura del Gobierno

El Gobierno peruano había asegurado desde un primer momento que el proyecto ‘Tía María’ cumplía con todos los requisitos para comenzar con la construcción de sus instalaciones.

El pasado 10 de julio, el entonces ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, había afirmado que la empresa minera se encontraba dentro de la «normativa vigente»: «El gobierno impulsa la actividad y las inversiones mineras, pero con responsabilidad en el cuidado del ambiente».

El exfuncionario había destacado, además, el compromiso asumido por Southern Copper para respetar las normas de explotación y, por esa razón, se procedió al «otorgamiento de la licencia».

El pasado 7 de octubre, se llevó a cabo una audiencia en donde las comunidades de Arequipa implicadas en la problemática de la contaminación y directivos de la compañía extrajera, expusieron sus argumentos y posturas. Por su parte, el Consejo de Minería, en ese entonces, había pactado 15 días hábiles para emitir su opinión y notificar al Ejecutivo.

 

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/331950-peru-confirma-licencia-proyecto-minero-tia-maria

Perú

Agricultores de Moquegua anuncian reinicio de protestas contra Quellaveco

El 5 de noviembre, los agricultores del sector de Tumilaca, en el distrito de Torata y otras organizaciones retomarán las protestas contra la empresa minera.

Los agricultores del sector Tumilaca, en el distrito de Torata, y otras organizaciones de Moquegua anunciaron el reinicio de un paro indefinido a partir del 5 de noviembre.

Según el dirigente Miguel Vizcarra Sarasa, la medida se acordó en la última asamblea de la noche del miércoles. Asegura que no hay ninguna actitud de intransigencia de parte de ellos. Recordó que la protesta de agosto pasado quedó suspendida tras las promesas de cuatro ministros de solucionar a la brevedad sus reclamos; empero, esto no ha ocurrido.

Vizcarra Sarasa asegura que no hay mucho avance en el trabajo de los grupos técnicos creados en la zona para evaluar la calidad del recurso hídrico, el medio ambiente y el modelamiento del proyecto Quellaveco. Además, temen que sus informes y conclusiones no sean vinculantes.

En Tumilaca, culpan a Anglo American de contaminar el agua y el medio ambiente con la construcción de Quellaveco. La minera sostiene que realizan monitoreos constantes en la cuenca y no hay alteración de la calidad del recurso hídrico.

Sin embargo, los agricultores aseveran que, desde que se iniciaron los trabajos de edificación del proyecto cuprífero, el agua ha variado de color. El lunes último, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, hizo una visita inopinada a Quellaveco.

Después se reunió con dirigentes y agricultores en el local comunal de La Chumba. Miguel Vizcarra señala que no están pidiendo proyectos, sino que se deje de contaminar el agua. Liu Yonsen regresará hoy a Moquegua a intentar dialogar con los agricultores.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/25/agricultores-de-moquegua-anuncian-reinicio-de-protestas-contra-quellaveco-lrsd/

Perú

Formalización de la minería artesanal: una historia de nunca acabar

El 17 de octubre fue publicada la Ley 31007, que fue uno de los últimos actos del disuelto Congreso de la República. Esta Ley extiende el plazo del proceso de formalización de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE[1]) hasta diciembre de 2021, y además reabre la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por 120 días.

Como se recuerda, al inicio del gobierno de PPK se dio un nuevo impulso a la formalización de la MAPE, que en la práctica representaba una continuación del proceso iniciado en el anterior gobierno de Humala. Así, se creó el REINFO para incorporar a aquellos mineros que no habían sido inscritos previamente, y se estableció que este proceso duraría 36 meses a partir del cierre de este registro. Esto último se produjo en agosto de 2017, por lo que el plazo final para la formalización tenía como fecha límite agosto de 2020.

Sin embargo, la Ley 31007 modifica nuevamente las reglas de juego, y ahora concurrimos a un nuevo capítulo en torno a la formalización de la MAPE, en una historia que parece no tener fin. Pero, ¿cómo explicar una nueva extensión de los plazos? Para comprender de forma más clara la situación actual, resulta importante hacer un breve recuento de lo que ha venido ocurriendo hasta este momento en torno a las acciones desarrolladas por los últimos gobiernos para regular y establecer límites a esta actividad.

La Ley General de Minería no había incorporado en sus inicios, un régimen especial para la MAPE. Recién en el 2002 se aprobó la Ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, primer intento por crear un marco legal para adecuar la MAPE bajo estándares ambientales, de seguridad y laborales. Esta Ley creó las figuras del pequeño producto minero (PPM) y del productor minero artesanal (PMA), incorporando el régimen de la MAPE al régimen general, que ya regulaba la mediana y gran minería.

Esta Ley fue parte del impulso al proceso de descentralización del país, emprendido por el gobierno de Toledo. Probablemente ello determinó que la MAPE quedara bajo las competencias de los gobiernos regionales. Pero estas reformas normativas no vinieron acompañadas de una política clara de impulso a la formalización de la MAPE, o una noción de cómo se sostendría. El gobierno central no brindó el acompañamiento y la asistencia técnica necesarios para fortalecer a los gobiernos regionales, motivo por el cual estos no pudieron afrontar estas funciones de forma eficaz.

De esa manera, durante estos primeros años no se desplegaron mayores esfuerzos para regular efectivamente esta actividad, que progresivamente empezó a proliferar y expandirse en todo el país, sobre todo en el contexto del alza de los precios internacionales del oro y otros minerales. Cuando comenzaron a hacerse públicos los graves problemas sociales y ambientales que ocasionaba -particularmente en el departamento de Madre de Dios- se harían más evidentes las limitaciones del Estado para afrontar esta situación. En ese contexto, a fines del segundo gobierno de Alan García se llegó al convencimiento de que era necesario adoptar medidas más concretas. Se declaró de interés nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios (estableciendo zonas prohibidas para la minería), y se creó un Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal. Sin embargo, estas iniciativas no tuvieron impacto, probablemente porque ya para esos momentos, el gobierno de García estaba de salida, y además debilitado por los efectos del Baguazo.

Ya sería al inicio del siguiente gobierno de Humala que se decidió atacar con mayor decisión este problema, mediante la aprobación de un paquete de decretos legislativos que crearon un procedimiento extraordinario de formalización para la MAPE, con requisitos aparentemente más simplificados que los establecidos en el procedimiento ordinario de formalización (creado con la Ley 27651 y sus normas reglamentarias). Este paquete de normas permitió marcar una línea divisoria entre la minería informal y la minería ilegal; entre aquellos que quisieran formalizarse y los que no, los últimos de los cuales serían criminalizados y perseguidos.

Sin embargo, en la práctica el gobierno de Humala otorgó más fuerza y visibilidad mediática a la lucha contra la minería considerada ilegal. Difícil olvidar en ese período los grandes operativos de interdicción dirigidos por el general Daniel Urresti, que tenían como objetivo destruir maquinarias u otros equipos de los mineros ilegales. Estos operativos fueron muy difundidos como grandes logros del gobierno, generando la impresión de que era un gobierno fuerte que estaba tomando acciones concretas contra la minería ilegal y toda la criminalidad asociada a ella. Bajo este esquema, el Ministerio del Ambiente, conducido por Manuel Pulgar Vidal, también tuvo una influencia muy importante para fortalecer el enfoque represivo del gobierno. Resulta sintomático que el gobierno de Humala tuviera tal voluntad de atacar a la minería ilegal, mientras paralelamente aprobaba normas que otorgaban diversas facilidades a las empresas de la mediana y gran minería: los recordados “paquetazos ambientales” de 2013 y 2014.

Pero lo concreto es que estas acciones contra la minería ilegal no tuvieron una correlación con un mayor acompañamiento o apoyo a los mineros que sí tenían intenciones de formalizarse. Al parecer, para el humalismo las interdicciones eran más rentables políticamente que alcanzar logros concretos relacionados con la formalización. Estas acciones del gobierno tampoco facilitaron la generación de lazos de confianza con las organizaciones de mineros.

Además, en la práctica, los requisitos para alcanzar la formalización eran casi imposibles de ser cumplidos dentro de los plazos establecidos. Aquellos mineros que iniciaron sus trámites chocaron con las limitaciones e incapacidad de los gobiernos regionales, y también con las mafias que se crearon entre varios de sus funcionarios y consultores externos que los mineros obligatoriamente tenían que contratar para que les elaboren sus instrumentos de gestión ambiental y otros documentos. Al final del gobierno de Humala solo se llegó a formalizar menos de 200 mineros, de un total aproximado de 70.000 que se encontraban inscritos.

Como las relaciones entre el gobierno de Humala y las organizaciones de mineros habían sido muy conflictivas, el recién iniciado gobierno de PPK trató de conciliar posiciones para relanzar el proceso de formalización. De esa manera, se realizaron diversos ajustes a las normas creadas durante el gobierno de Humala, con la finalidad de simplificar los trámites para los mineros. Además, se creó el REINFO, que en la práctica implicaba una segunda reapertura del registro de inscripción de mineros[2]. Se estableció como plazo para alcanzar la formalización agosto de 2020, cumplidos 36 meses del cierre del REINFO (lo cual ocurrió en agosto de 2017). También se debe resaltar que esta reapertura del registro exoneraba de responsabilidad penal a aquellos mineros que no se habían inscrito en los registros anteriores, y que eran considerados como mineros ilegales durante el humalismo.

En este nuevo escenario, el gobierno central logró inicialmente mejorar las relaciones con los mineros y promover redes de gobernanza. A esto contribuyó también, un mayor apoyo presupuestal a la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) y a las direcciones regionales de energía y minas (DREM). A inicios de 2018 se logró superar la meta de 5000 formalizados, cifra considerable tomando en cuenta los magros resultados que había obtenido el gobierno anterior. Pero este impulso inicial del gobierno central comenzaría a declinar a partir del segundo semestre de ese año, coincidiendo con la crisis política que derivó en la renuncia de PPK: el personal de la DGFM se redujo sustantivamente, y se perdió presencia en los espacios de la MAPE.

Esta situación de anomia y repliegue del gobierno central no ha cambiado mucho desde entonces. Y si bien el número actual de formalizados se aproxima a los 7000, todavía esa cifra es muy pequeña con relación al total de mineros inscritos en el REINFO (54 857 en total[3]), y –aparentemente- aún más pequeña respecto a la totalidad de personas que se dedican a esta actividad (cientos de miles de personas de acuerdo a algunos gremios mineros) y que no se han inscrito en ningún registro, prefiriendo mantenerse en la ilegalidad.

Con un proceso de formalización próximo a culminar (mediados del 2020) y con escasos avances, las organizaciones de mineros y sus congresistas aliados han podido granjearse otros apoyos en el Parlamento y así viabilizar la aprobación de la Ley 31007. Esta sería la tercera reapertura del registro, y además extiende hasta finales de 2021 un proceso de formalización extraordinario que, en su concepción inicial, tenía que culminar en el 2014. Uno podría preguntarse hasta acá: ¿qué intenciones reales podría tener un minero de incorporarse en el registro y formalizarse, si es que sabe que en cualquier momento el registro puede reabrirse? Y, además, ¿qué mensaje se da a aquellos mineros que tienen todas las intenciones de formalizarse, cuando saben que sus compañeros no tienen ningún problema manteniéndose en la ilegalidad? ¿Cómo el Estado podría modificar una práctica social sin constancia o coherencia en sus acciones?

Con la finalidad de que el Estado no siga desplegando esfuerzos inútiles, que, tal como en el mito de Sísifo, conduzcan inevitablemente a una nueva prórroga, resulta necesario describir algunos puntos críticos que vienen limitando las posibilidades de que el Estado (incluyendo gobierno central y regionales) cumpla sus funciones sobre la MAPE de forma eficaz, y se alcance una formalización integral. Este tema es bastante extenso, y en el presente artículo solo se esboza algunos temas de necesaria atención para tratar de destrabar este problema:

  1. La ausencia de una línea base: desde el año 2002 en adelante, el marco normativo y las políticas relacionadas con la MAPE se han venido gestando sin contar con un diagnóstico o línea base que permita determinar el número real de personas dedicadas a esta actividad, sus condiciones laborales, niveles socioeconómicos, o la condición jurídica y social del territorio donde vienen operando. Como indica una conocida frase, “lo que no se mide, no se puede mejorar”.
  2. Cuellos de botella en la legislación minera: partiendo del principio jurídico que no pueden existir en un mismo espacio territorial más de dos concesiones mineras simultáneas, la acreditación del acuerdo de explotación entre los mineros y el titular de la concesión se ha convertido en el principal obstáculo para avanzar en el proceso de formalización. Este es un requisito que, en última instancia, depende de la buena voluntad del titular de la concesión, pues no existe ni ha existido norma que lo obligue a concretar acuerdos con los mineros. En este contexto, ni la DGFM ni las DREM han impulsado iniciativas que permitan facilitar los procesos de negociación entre el titular y los mineros. Además, la mayoría de concesiones activas no han logrado avances efectivos en exploración o explotación, pudiendo mantenerse inactivas hasta por 30 años de acuerdo con las últimas modificaciones normativas. La mayoría de estas concesiones corresponden a PPM y PMA, y se sabe que la mayoría de mineros artesanales y en pequeña escala las vienen ocupando. Es un juego de suma cero: los mineros no pueden formalizar sus actividades (y tributar al Estado) y la concesión no es explotada por el titular, pudiendo mantenerla “ociosa” o con fines especulativos hasta por 30 años.
  3. Ausencia del Estado y debilidad institucional: lo que ha ocurrido con la experiencia de la MAPE, refleja una profunda debilidad institucional de las entidades estatales encargadas de hacer cumplir las leyes, y sus limitaciones para posicionarse como autoridades en los espacios territoriales de MAPE. En la práctica, esto se traduce en la existencia de muchas “zonas liberadas” para la MAPE, tal como en las viejas historias que retratan las sucesivas “fiebres del oro” en los Estados Unidos. Por citar algunos ejemplos recientes, a inicios del mes de octubre del presente año, fallecieron 4 personas como consecuencia de un enfrentamiento entre un grupo de mineros artesanales y personal contratado por el titular de una concesión en el Cerro el Toro (provincia de Huamachuco, La Libertad)[4]. Otro caso es que a mediados del mismo mes se aprobó la Resolución Suprema N° 132-2019-IN, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en la Cordillera del Cóndor (provincia de Condorcanqui, Amazonas) para combatir a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en este punto fronterizo y de difícil accesibilidad, donde desde hace mucho tiempo, hay serios conflictos con los pueblos indígenas awajún y wampis que habitan esta zona.
  4. Falta de incentivos concretos que impulsen a los mineros a formalizarse: este es el meollo por resolver. Es indispensable implementar alguna política concreta que genere reales incentivos para que los mineros quieran formalizarse y mantenerse así, mejorando paulatinamente sus medidas de seguridad e incorporando tecnologías limpias en sus procesos productivos. Ello implica una profunda transformación en el esquema de gobernanza que ha venido aplicando el Estado hasta el momento respecto a la MAPE, y que conlleva a enfocar esta actividad principalmente como un problema social, pues de ella dependen miles de personas que carecen de bienes básicos y que no tienen muchas opciones para mejorar sus ingresos económicos, ante mercados débiles y un Estado ausente en muchos aspectos.

 

[1] La denominación “minería artesanal y en pequeña escala” – MAPE, es un término que viene siendo usado en distintos países para referirse a las actividades de pequeña minería o minería artesanal.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/formalizacion-de-la-mineria-artesanal-una-historia-de-nunca-acabar/?fbclid=IwAR3g2uXH_hWNI4LkogRpNE41yb3DnCxSBdEK2e11l97V3nSrz2tHkFWPWZM

Perú

Encuentro Nacional conforma Grupo Nacional de Protección de Ríos

El 15 y 16 de octubre tuvo lugar en Satipo el Encuentro Nacional de Protección de Ríos, en el cual participaron líderes de diferentes partes de la Costa, los Andes y la Amazonía del Perú.

La realización de este Encuentro se debe a la preocupación compartida de varias localidades por los riesgos que están amenazando los ríos a nivel nacional. La iniciativa surgió del Foro Social Panamazónico, llevado en Perú el 2017. Las mayores amenazas que han sido identificadas son las actividades extractivas mineras y de hidrocarburos; el proyecto de la Hidrovía amazónica; los agroquímicos utilizados por los monocultivos intensivos; y la falta de una cultura y educación ambiental en gran parte de la población.

Todos estos elementos están contribuyendo en la contaminación de la salud humana y ambiental, y en la inseguridad alimentaria, causada por el deterioro de la calidad del agua y de la salud de los peces. Además, actualmente 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable en nuestro país.

En palabras de Mirtha Villanueva, representante de Cajamarca, “el 60% de las lluvias que caen en Cajamarca son producto de la Amazonía. Hay una interrelación en la naturaleza. Por qué no estarlo los humanos para la defensa de los ríos”, en clara alusión a la necesidad de fortalecer la articulación entre los pueblos hermanos.

Entre los objetivos del encuentro, se logró compartir estrategias para el fortalecimiento local, pero sobretodo el construir una agenda nacional de protección de ríos; logrando una agenda de protección de “ríos hermanos, libres y limpios” basada en un enfoque de interculturalidad y de género.

 

Fuente:https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/951-encuentro-nacional-conforma-grupo-nacional-de-proteccion-de-rios

Perú

«Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería»

NODO PERÚ – RED LATINOAMERICANA IGLESIAS Y MINERÍA[1]

“Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería[2]

La actividad minera abarca en concesiones el 14% del territorio nacional, y ha aportado en los últimos años el 9% del PBI y un porcentaje importante de las exportaciones, siendo por decisión política cimiento importante de la economía en el Perú, en base a los precios de los minerales a nivel internacional.

Sin embargo, también en éstos años ha sido la minería la generadora de la mayor cantidad de conflictos sociales, representando el 65% de los conflictos socio ambientales en el país, los que en particular afectan a las comunidades campesinas de nuestra región andina y costera, cuyos territorios han sido concesionados en un 35% para la actividad minera.

La imposición de decisiones sobre actividad minera en el Perú, sin mecanismos adecuados de participación ciudadana y consulta previa a nuestros pueblos originarios, ni una institucionalidad sólida que garantice aprobación rigurosa de estudios ambientales ni una fiscalización adecuada de las operaciones, han generado en su mayor parte los conflictos socio ambientales, que son abordados por el Estado con procesos de “dialogo” que buscan facilitar las actividades antes de “escuchar”, o que generan acuerdos que no son cumplidos, propiciando la indignación de la personas que no encuentran como canalizar sus demandas, y ante sus justas protestas encuentran la represión y la criminalización de la protesta social.

Según la Mesa Técnica de “Políticas de Atención y Prevención Integral de Salud de afectados por metales tóxicos asociados a minería e hidrocarburos”[3], más de 7 mil personas se encuentran contaminadas por metales tóxicos en nuestro país, en particular por los pasivos ambientales mineros generados por las operaciones que vienen afectando agua, aire y suelos, contaminando además la producción actividades económicas fundamentales para nuestra alimentación, como la agricultura familiar.

Nuestras Iglesias no son ajenas “al mirar a través de los ojos de los pobres y de los que sufren”, como citan los Obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y “llama a las Iglesias y a la sociedad a escuchar el clamor de la gente que sufre y las heridas causadas a la naturaleza misma, sobre-consumida y sub valorizada por la economía global actual”, “que permite un sistema económico injusto defendido y protegido mediante la fuerza política y militar.[4]”.

Al respecto la Confesión de Accra de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas incide en que “El interés codicioso de explotar la Madre Tierra hasta la última gota lleva a transformar drásticamente los paisajes, talando bosques, desviando ríos, trazando carreteras, destruyendo la capa vegetal, y en fin, generando una serie de impactos que merecen ser sometidos a evaluación desde el punto de vista ético y moral en diálogo con las ciencias”[5].

Es por ello que nuestras Iglesias se han unido al llamado de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería para conformar un Nodo Perú, con el fin de “reflexionar, compartir, celebrar y generar caminos que nos permitan, en fidelidad al evangelio de Jesucristo, acompañar a los pueblos que se sienten amenazados y condenados a la destrucción de sus medios de vida y a la negación de un futuro digno, en abierta contradicción y tensión del proyecto de vida proclamado por la visión cristiana del mundo”.

Hombres y mujeres de fe, Obispos, Presbíteros, diáconos, pastores/as, consagrados/as, laicos/as, equipos de pastoral, comunidades religiosas, grupos de reflexión teológica, centros de evangelización, conformamos éste esfuerzo de articulación con un desafío común: responder a los impactos y violaciones de los derechos socio ambientales provocados por las empresas mineras, nuestros Estados y los Estados de origen de las empresas, en los territorios donde vivimos y trabajamos.

Es fundamental para nuestro objetivo el recuperar la mirada de Jesucristo, que contempla todo lo creado con “una mirada integral e integradora de todos los aspectos[6]” que reconoce a la personas como parte integrante de la naturaleza, “esa es la perspectiva de la ecología integral a la que Papa Francisco nos convoca en la Encíclica Laudato Sí, invitándonos a tener los mismos sentimientos de Jesucristo”[7].

Cuestionamos el papel que hoy en día juega la llamada “teología de la prosperidad”, que impone la idea de que hay que aprovechar los recursos naturales que tenemos, para lograr el bienestar financiero y físico a través de la riqueza material propia, afianzando la economía de mercado. Una perspectiva antropocéntrica de la “felicidad”, que genera un grave impacto en la búsqueda del bien común, que plantea la Doctrina Social de la Iglesia, y que nos encamina hacia la autodestrucción de nuestra “casa común”. La crisis ecológica que vivimos, nos exige, “un llamado a una profunda conversión interior[8]”, que exige una verdadera “conversión ecológica” de nuestras propias Iglesias que se han distanciado del proyecto creador de Dios, para impulsar un cambio de paradigmas, un nueva forma de vida, rescatar la esencia del “ser cristiano hoy” como “signo de contradicción”.

“La integridad de nuestra fe corre peligro si guardamos silencio o nos negamos a actuar frente a sistema actual de globalización económica neoliberal”[9], nos dice la Confesión de Accra.

Consideramos que un rol central en la “conversión de la iglesia” y de lograr una iglesia “en salida” está en las generaciones, es decir en las y los jóvenes. ” Por eso los temas de las generaciones, de sus relaciones y de la promoción de los jóvenes no es accesorio sino central en la revelación. Si la Iglesia no lo hubiera tenido en cuenta, la fe no habría llegado a ninguno de nosotros”[10].

Finalmente, como ha expresado Papa Francisco a los Movimientos Populares en Bolivia, “el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción éste proceso de cambio[11]

El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, se presenta públicamente para unificar a nuestras Iglesias en torno a la defensa de la casa común, en “la perspectiva de una cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”[12], y con la búsqueda del verdadero bien común, como vivían nuestras comunidades cristianas, como nuestros pueblos originarios lo hacen, poniéndolo todo en común.

 


[1] Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS/ RED MUQUI – Perú/Instituto Bartolomé de las Casas – IBC/Red Uniendo Manos Perú/Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos – PCUSA/Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno/Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – Otuzco/Parroquia de San Mateo – Diócesis de Chosica/Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco/Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES/Proyecto Amigo – Huamachuco/Pastoral Social – Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén/Campaña Evangélica Renovemos Nuestro Mundo/Comisión DDHH y JPIC – Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú – CONFER/Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú/Iglesia Evangélica Pentecostal/Comisión Justicia y Paz – Diócesis de Chimbote/Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado/Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP/Federazione Organismi Cristtani Servizio Internazionale Volontario – FOCSIV

[2] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.

[3] Conformada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del disuelto Congreso de la República.

[4] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[5] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 11.

[6]Carta Encíclica “Laudato Sí, sobre el cuidado de la Casa Común” (LS). Papa Francisco. Vaticano, Mayo 2015. N° 141

[7] Mensaje del Encuentro Macro Regional Norte “Desafíos de la Pastoral Social a 4 años de Laudato Sí. Perspectivas para los bienes de la creación y nuestra casa común”. Chiclayo, Agosto 2019.

[8] Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Carta Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano: Discípulos misioneros custodios de la casa común. Discernimiento a la luz de la Encíclica Laudato Sí (DMCCC). Bogotá, Enero 2018. N° 6

[9] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.

[10] Castillo, Carlos. “Ser cristiano entre dos milenios: Hacia una teología de la regeneración”. Lima, 2000-2001. En Debates en Sociología N° 25-26. P. 47.

[11] Mensaje de Papa Francisco en el Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Julio 2015

[12] Mensaje de Papa Francisco en Encuentro “Minería para el bien común” – Roma, 03 de mayo 2019.

 

Fuente:https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/952-necesitamos-un-cambio-de-paradigma-en-todas-nuestras-actividades-economicas-incluida-la-mineria

Perú

Cusco: Gobernador Regional y dirigentes se unen para exigir la derogatoria del estado de emergencia en el corredor minero del sur

Dirigentes comunales y distritales de la provincia cusqueña de Chumbivilcas se reunieron en Cusco para exigir al Gobierno de Martín Vizcarra la derogatoria del estado de Emergencia en el corredor minero del sur. Los dirigentes, en alianza con organizaciones como la FARTAC y la FIDTACHEPG, organizaron una conferencia de prensa a la que sorpresivamente asistió el Gobiernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente, quien se sumó al pedido de los comuneros.

Los dirigentes cuestionaron la decisión del Gobierno Central, pues consideran que es inconstitucional, además de ser una estrategia para desmerecer sus demandas y ‘proteger los intereses de las grandes transnacionales’.

Por otro lado, manifestaron que no están dispuestos a aperturar un espacio de diálogo mientras el estado de emergencia se mantenga vigente. ‘Nuestros hijos no están acostumbrados a ver tantos policías armados en nuestras plazas, están muy asustados, con estas condiciones no se puede dialogar’ señalaron durante la rueda de prensa.

A culminar la conferencia, los dirigentes y el Gobernador Regional mantuvieron una reunión, donde decidieron enviar una carta al Presidente de la República, Martín Vizcarra solicitando la derogatoria del D.S. N° 169-2019 – PCM, el cual declara en estado de emergencia el corredor minero vial Apurímac-Cusco-Arequipa, asumiendo el compromiso de iniciar un proceso de diálogo al día siguiente de la derogatoria. Incluso proponen reunirse en el sector Huaranpampa, del distrito de Ccapacmarca.

Datos

*Dirigentes comunales de Paruro han sido denunciados por la Procuraduría Pública por ser los presuntos causantes de que una comunera pierda un ojo durante el conflicto.

*Las organizaciones sociales y comunales también han enviado un documento a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncia sobre la situación que enfrentan en el corredor minero del sur.

*Dirigentes de la provincia de Chumbivilcas están siendo citados por la policía para que declaren sobre hechos ocurridos en algunas zonas del corredor minero.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-gobernador-regional-y-dirigentes-se-unen-para-exigir-la-derogatoria-del-estado-de-emergencia-en-el-corredor-minero-del-sur/

Perú

Moquegua: autoridades y dirigentes exigen la paralización del proyecto Quellaveco

Las autoridades y dirigentes de Mariscal Nieto, provincia de Moquegua, acordaron por unanimidad el día martes 22 de este mes, su retiro del Comité de Monitoreo, Seguimiento y Vigilancia de los acuerdos de la mesa de diálogo con la empresa Minera Anglo American Quellaveco. La medida se daría en el marco de las protestas en Tumilaca, en el distrito de Torata, Mariscal Nieto, por el incumplimiento de los compromisos económicos y socioambientales de la mencionada empresa.

Por unanimidad, el alcalde provincial de Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas, regidores provinciales, alcaldes locales y representantes civiles suscribieron el retiro del Comité de Monitoreo y la demanda del corte de operaciones del proyecto minero hasta verificar el cumplimiento de los compromisos de empleo y abastecimiento local para el proyecto y la implementación de proyectos de saneamiento ante la contaminación del agua por la minería. La asamblea emitirá un pronunciamiento dirigiéndose al Gobierno Central, manifestando su respaldo a las medidas tomadas por el alcalde de Mariscal Nieto y exigiendo al Ejecutivo instar a la empresa a cumplir con su parte de los acuerdos.

Ante el anuncio de reinicio del paro contra el proyecto Quellaveco en Tumilaca, los titulares del Ministerio de Energía y Minas, de Agricultura y Riego, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento se presentaron en la localidad para reunirse con los agricultores. Los representantes locales, sin embargo, no asistieron a las reuniones dado el descrédito que tienen los procedimientos de diálogo en la zona por la falta de resultados de las 8 reuniones anteriores.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/10/23/moquegua-autoridades-y-dirigentes-exigen-la-paralizacion-del-proyecto-quellaveco/

Perú

Se instala comisión que elaborará propuesta de ajuste del marco normativo de la minería

En cumplimiento de la Resolución Suprema N°190-2019-PCM, el 15 de octubre se instaló la comisión que se encargará de elaborar la propuesta del nuevo marco normativo minero que tiene a fin asegurar el equilibrio entre la actividad extractiva y el desarrollo de los pueblos.

La comisión que cuenta con un plazo no mayor a 120 días calendario para proponer los ajustes legales sobre el régimen minero, es presidida por la economista Roxana Barrantes Cáceres y está integrada por los exministros de Energía y Minas, Carlos Herrera y Gonzalo Tamayo; y los ex viceministros de Interculturalidad, Iván Lanegra y Paulo Vilca.

Asimismo, el gerente del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera; la directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Isabel Calle; y el gerente de Apoyo Consultoría, José Escaffi, también forman parte de la comisión que tiene al Ministerio de Energía y Minas (MEM) en función de Secretaría Técnica.

Posturas adversas

Después de que el presidente Martín Vizcarra considerara en su mensaje del 28 de julio que era necesario actualizar las normas que rigen sobre la actividad minera desde hace 30 años, diversos portavoces se pronunciaron marcando posturas diferentes sobre el asunto.

Por un lado, fueron los gobernadores regionales del sur quienes anunciaron que preparaban una propuesta de ley al respecto, noticia que luego sería replicada por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Mesías Guevara.

Del otro extremo, algunos líderes empresariales como el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Manuel Fumagalli y la presidenta de la CONFIEP, Maria Isabel León, desmerecieron la iniciativa al señalar que este no era el momento adecuado para evaluar modificaciones en el marco legal de la minería.

Cabe resaltar que en el informe “Visión de la Minería en el Perú al 2030” publicado a inicios de este año por el MEM destaca la importancia de promover la mejora continua del marco normativo y regulatorio para garantizar el respeto de los derechos de todos los actores involucrados.

De tal forma, lo que se buscaría —señala el informe— es asegurar el estado de derecho y promover el uso transparente de los recursos fiscales generados por la minería.

Puedes leer la noticia completa en el siguiente link:

http://cooperaccion.org.pe/se-instala-comision-que-elaborara-propuesta-de-ajuste-del-marco-normativo-de-la-mineria/?fbclid=IwAR2sg06Tsb6p4jOjuifs6-bgsEayJhVWY_EJfeoB3h3dv6QY23BNX_ummDA

 

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad/16/10/2019/comision-que-propondra-mejoras-para-el-marco-legal-de-la-mineria-asume

Perú

Tratado Vinculante sobre Empresas y DDHH: situación del corredor minero es visibilizada en sede de las Naciones Unidas en Ginebra

En este momento se realizan eventos paralelos a la 5ª sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas y derechos humanos. Estos encuentros discuten la necesidad de un Tratado Vinculante que exija a las empresas transnacionales el respeto de los derechos humanos y que termine con la impunidas de sus acciones negligentes.

Julia Cuadros, miembro del consejo directivo de CooperAcción, viene participando en reuniones de incidencia en la sede de Ginebra de las Naciones Unidas para colocar en la discusión global sobre el Tratado Vinculante la situación de violación a los derechos humanos por parte de empresas mineras transnacionales en el corredor minero del sur andino. En esta agenda de incidencia se han concretado reuniones con la Misión Permanente de Perú en Ginebra en la que participa también Rodolfo Abarca, representante del Frente de Defensa de Cotabambas quien compartió la situación de criminalización que él y otros 18 comuneros viven por protestar en el conflicto de Las Bambas del 2015.

La agenda de Cuadros y Sofía Jarrín (secretaria general del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente y coordinadora de Pueblos Indígenas y Ambiente del Centro de Derechos Económicos y sociales de Ecuador) considera reuniones con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Servicio Internacional de DDHH (ISHR), el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas y con el responsable de China de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH (ACNUDH) con quienes se discutirá sobre las graves violaciones a los derechos humanos de proyectos apoyados por bancos chinos en Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Perú, todo esto en el marco de las acciones del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente.

Recordemos que en el Perú, específicamente en el corredor minero del sur andino, están presentes dos grandes empresas que son la empresa estatal china MMG con el proyecto minero Las Bambas en Cotabambas, Apurímac y por otro lado la empresa privada de capitales suizos Glencore que tiene presencia en la provincia cusqueña de Espinar con el proyecto minero Antapaccay.

La actividad minera en ambos casos ha cometido graves afectaciones a los derechos humanos. Actualmente hay más de 700 personas con metales pesados en Espinar, Cusco, producto de la contaminación que genera la actividad minera en el agua. 19 personas en Cotabambas, Apurímac han sido criminalizadas y acusadas de daños materiales a la empresa MMG durante el conflicto social de Las Bambas y llevan esperando más de 4 años a que se resuelva su juicio que se viene postergando hasta 6 veces consecutivas. A esto se suma el miedo y angustia que genera en todo el corredor minero las constantes declaratorias de estado de emergencia que atentan contra el derecho al libre tránsito. Son al rededor de 72 comunidades y 142 centros poblados que están siendo afectados por el polvo, vibraciones y ruidos generados por los más de 250 camiones que transitan en el corredor minero.

El conflicto socio ambiental en la zona es permanente y presenta incidentes que vienen sucediendo desde inicios del 2016 hasta la fecha. Recientemente reportamos sobre el actual bloqueo en distintos puntos del Corredor Minero del Sur Andino que empezaron en la provincia cusqueña de Chumbivilcas y que se ha extendido hasta Paruro. En medio de las enfrentamientos, una comunera de la zona de Ranraccasa (Paruro) perdió un ojo debido al impacto de un perdigón.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tratado-vinculante-sobre-empresas-y-ddhh-situacion-del-corredor-minero-es-visibilizada-en-sede-de-las-naciones-unidas-en-ginebra/?fbclid=IwAR0D-aFVmdlL65OcdmoXa_YNKpyy-Vb5_1zsdzCpA9XTlNI9iBcFcs4SoYE