Representante de los agricultores indicó que mañana harán un plantón. Este lunes se realizará audiencia pública sobre la suspensión del proyecto minero.

El presidente de ODECOFROC, Ortez Baitug, visitó la ciudad de Lima para informar al Ministerio de Defensa, a la Defensoría del Pueblo y a la Dirección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú las graves afectaciones al ambiente y a los derechos  de los pueblos indígenas del Cenepa, principalmente en la zona de El Tambo, Cordillera del Cóndor (Condorcanqui, Amazonas).

Baitug señaló que la minería ilegal está afectando el territorio amazónico pero también está generando conflictos al interior de las comunidades awajún. Respecto a lo primero dijo que las consecuencias en el ambiente son alarmantes, que se está contaminando el río, fuente principal de vida de las comunidades de la zona. En cuanto al conflicto existente, señaló que se vienen enfrentando los awajún (entre ellos) y  los mestizos peruanos así como los ecuatorianos que comparten la zona fronteriza.

Además alertó sobre la solicitud del reconocimiento y titulación de las supuestas comunidades de Jempes y Kumpanam, la cual según Baitug sería una estrategia ilegítima de la minería ilegal para implantarse en el territorio. Con estas reuniones de incidencia, Ortez espera que a partir de su  visita las autoridades  lleven a cabo acciones para evitar que el enfrentamiento  termine con pérdida de vidas humanas y para que se detenga el deterioro que viene sufriendo el río. Las actividades de la minería ilegal continuarían afectando las vidas de las personas y el equilibro del ecosistema de la Cordillera del Cóndor, el cual por su alto nivel en biodiversidad es necesario para el cuidado de la amazonía.

Al cierre de esta nota, circula la noticia de que se habría producido un secuestro de indígenas Awajún como consecuencia de la pugna existente entre las comunidades awajún y los mineros informales.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/2019/09/11/lider-awajun-visita-lima-para-denunciar-enfrentamiento-en-relacion-a-la-mineria-informal-en-el-cenepa/

Pobladores de Chumbivilcas tomaron puente Sayhua en Ccapacmarca, interrupciones se extienden hasta Velille. Policía aumentó contingente para resguardo en la zona.

Desde las primeras horas de ayer, cientos de comuneros de Chumbivilcas iniciaron una huelga indefinida convocada por el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia. La población cuestiona a la empresa minera MMG Las Bambas. La acusan de contaminar el Corredor Minero del Sur, que pasa por las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa. Hasta ayer, se reportaron ocho puntos de bloqueo.

De acuerdo a los reportes de la Policía, las manifestaciones se iniciaron en el puente Sayhua, en el distrito de Ccapacmarca. Allí la protesta se acata al 100%. La medida se extiende hasta la comunidad de Ccollana, en el distrito de Velille.

La huelga indefinida inició en la comunidad campesina de Ccancahuani, en el sector de Muyorcco, donde la población abrió dos zanjas para evitar el paso de los vehículos encapsulados de la minera. Durante la semana, se sumaron otros sectores como Yavi Yavi, Wincho, Wininquiri, Choccoyo y el anexo de Loccocco, donde tienen tomados varios tramos de la vía. Vigilias y ollas comunes también forman parte de las protestas.

Según Luciano Ataucuri, secretario general de la Federación Departamental de Defensa Territorial y Ambiental de Espinar, Chumbivilcas, Paruro, Cotabambas y Grau, en los próximos días, se plegarían a las protestas pobladores de las provincias de Espinar y Paruro.

Resguardo policial

A su turno, el jefe de la Región Policial Cusco, coronel Manuel Mar, confirmó que se aumentó el personal en la zona de protesta. Se busca evitar atentados contra el patrimonio público y privado. “Esperamos que se termine el diálogo para liberar la vía, invocamos a la calma a la población, tenemos entendido que en Ccapacmarca se está coaccionando a quienes no acatan la huelga, en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado”, dijo.

El alto mando policial confirmó que no se reportaron enfrentamientos y que las protestas y bloqueos se llevan con una relativa calma.

Los quejosos esperan el arribo de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros. También esperan sostener reuniones directas con representantes de la empresa minera.

Quieren que se deje sin efecto el decreto que declara como vía nacional el corredor minero y demandan a Las Bambas ser responsable de la contaminación ambiental que se vive a lo largo de la ruta, confirmada por el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Gobernador regional se pronuncia

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente García, manifestó que la incertidumbre política que se vive, entre el Legislativo y Ejecutivo nacional, impide una pronta solución al problema generado en el corredor minero. “Por lo ocurrido, no sabemos con qué ministro conversar, esto es muy grave y requiere que la población sea atendida”, dijo.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/10/01/cusco-bloquean-en-8-puntos-corredor-minero/?fbclid=IwAR24BqTgS6–fVjwGsL5j-tMKrgr1CMwWlK06mOcOHAdetgFAf5oodtRU3Q

En el marco del II Encuentro Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos se llevará acabo la mesa redonda «Metales tóxicos en el Perú: Una realidad que contamina».

Esta actividad tiene como objetivo evaluar los avances y propuestas que tiene el Estado ante las graves afectaciones causadas por las malas operaciones legales mineras y petroleras y hacer públicas las estrategias nacionales que desarrollará la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas en los próximos meses.

Panelistas:

– Milagros Salazar Herrera, periodista de investigación y directora de Convoca presenta la investigación
– Tania López, Jefa de la Unidad de Atención a personas expuestas a metales pesados y otras sustancias. Ministerio de Salud (MINSA)
– Wilbert Rozas, excongresista y expresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas durante el periodo legislativo 2018-2019.
– Teresa Cuñachi, Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxico. Base: Chiriaco.
– Yolanda Zurita , Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. Base: La Oroya.
– Abel Gilvonio, Coordinador de la Mesa de Salud Ambiental y Humana.

La actividad se realizará este día jueves 3 de octubre a las 9 a.m. en el Hotel José Antonio Executive (Calle Colón 325, Miraflores).

INGRESO LIBRE

01 de octubre de 2019

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Fuente: www.cooperacción.org.pe

A fin de identificar el rol que la minería debería cumplir en la construcción del futuro en el Perú, la oenegé CooperAcción publicó el informe “Aristas del debate de la Ley Minera”.

El documento que propone una serie de puntos en torno al debate de la Ley Minera, toma en cuenta la propia Ley General de Minería plasmada en la Constitución del 1993 y recoge las referencias de tres legislaciones mineras de los países vecinos de Chile, Ecuador y Colombia.

En adelante, se presentan tres de los puntos más importantes que resumen el objetivo del informe:

1. La soberanía del Estado sobre los recursos mineros

La Ley General de Minería que rige en el Perú, establece que la concesión minera —el derecho real para explorar y explotar un yacimiento— es irrevocable, lo que significa que cuando el Estado otorga un título de concesión, no tiene opción a revertirlo.

Solo en el caso de que el titular incumpla con su obligación de realizar la actividad o efectuar los pagos correspondientes al Estado, el derecho podría ser extinguido.

CooperAcción presenta el caso de Chile, donde la concesión no es ajena a una expropiación bajo razones de utilidad pública o interés nacional. «[…] cabría preguntarse si el Estado debe mantener el candado que se pone a sí mismo en el ejercicio de su soberanía sobre los recursos […]», señala la oenegé.

2. Sobre la actividad empresarial del Estado en la minería

Con la Constitución de 1993, el Estado limitó su intervención en la actividad minera. De contar con el “derecho a ejercer, sin excepción, todas las actividades en la industria minera”, pasó a poder realizar actividad empresarial “subsidiariamente” y “sólo autorizado por ley expresa”.

En otras palabras, el Estado solo podría participar de las actividades en las que el sector privado haya decidido no intervenir o hacerlo de manera limitada.

Además, la nueva disposición le restaba y recortaba dos facultades importantes al Estado: ya no sería posible establecer reservas sobre ciertos minerales de interés nacional y la declaración de zonas reservadas por el Estado solo sería efectiva con carácter temporal de dos años. Luego, si algún privado la solicitara, no habría forma de negarse.

«Los casos exitosos de empresas públicas, como CODELCO en Chile o ECOPETROL en Ecuador, y sus aportes importantes a los ingresos de sus países, nos permite sugerir que cualquier debate sobre la Ley General de Minería no puede descartar la posibilidad de un Estado con un rol más activo sobre la actividad minera […]», se lee en el informe.

3. Derechos y obligaciones del concesionario

Según refiere CooperAcción, el titular minero ingresa a los territorios de los pueblos indígenas como lo hace con cualquier otro propietario de tierras sin considerar «[…] la importancia que la tierra tiene para garantizar la existencia física y cultural de estos pueblos».

De tal forma, como el accionar de los concesionarios no se vendría ajustando a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, se considera indispensable que la Ley de General de Minería incluya los principios y lineamientos que presenta el convenio; además del derecho a la consulta previa y la implementación del Estudio de Impacto Ambiental como acto consultable.

Conclusiones

La situación actual de la minería en el Perú, viene generando problemas graves de gobernabilidad que, de alguna forma, terminan afectado a pueblos enteros e impactan sobre los propios proyectos mineros.

Los constantes conflictos sociales surgidos en la zona de influencia de los proyectos, revelan que las cosas no marchan bien, lo que se traduce en las enormes dificultades que tienen las poblaciones para ejercer plenamente sus derechos.

En tanto, CooperAcción considera que el reto que debería ser abordado cuando se plantean cambios y se abre el debate sobre una nueva Ley General de Minería en el Perú, debe responder si es momento de que estos conflictos sociales impulsen cambios institucionales que, finalmente, permitan que las actividades extractivas contribuyan de manera más efectiva y equitativa con el desarrollo de un país.

fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/25/09/2019/ley-minera-3-puntos-que-se-deben-considerar-para-su-debate?fbclid=IwAR0_8EYrlpHGBhEvEcVDVlQ9hoMwV0u93mUy7w7boDGm1gBeq24WW1W3LYA

En nuestro artículo de la semana pasada sosteníamos que la “licencia social” no se obtenía en los espacios de participación ciudadana organizados por SENACE, donde las empresas mineras presentaban sus Estudios de Impactos Ambientales-EIA, para recoger las preocupaciones sociales y ambientales de la población a modo de observaciones y que -en un plazo determinado- tiene la obligación imperativa de absolverlas a satisfacción de la persona, organización e institución que la realizó.

Decíamos que la “licencia social” por el contrario es la aprobación continua de la comunidad local y otros grupos de interés, aprobación continua o amplia aceptación social. Decimos que es continua porque en cualquier momento se puede perder y que no es otorgada a la empresa minera, sino a un proyecto específico. Es decir, una empresa minera puede tener licencia social para un proyecto y para otros no.

Un ejemplo de perdida de “licencia social” es el proyecto Quellveco de Anglo American que en un momento la tuvo y la perdió por una percepción de incumplimiento de sus compromisos relacionados con el empleo y compras locales.

Los elementos claves de la “licencia social” son legitimidad, credibilidad y confianza. No son concurrentes y por lo general son secuenciales. La legitimidad te lleva a la aceptación de un proyecto y permite generar credibilidad. De la misma forma, la credibilidad te lleva a la aprobación de un proyecto porque genera confianza, y es allí donde la comunidad otorga la “licencia social”. Ahora bien, obtener y mantener la “licencia social” es un proceso complejo que exige compromiso y voluntad política.

La experiencia del Proyecto Pucamarca de Minsur en el distrito de Palca en Tacna, que desarrollaremos en un próximo artículo nos ha dejado varias lecciones. Obtener la “licencia social” exige comprender la organización de las comunidades, sus preocupaciones sociales y ambientales, los conflictos intercomunales y sus cosmovisiones. La transparencia y la socialización de la información relacionada con el proyecto minero, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Se requieren construir mecanismos de vigilancia y control ambiental con participación ciudadana, una rendición de cuentas permanentes de los avances del proyecto y un trato horizontal con las autoridades políticas y representantes de las organizaciones sociales. Requiere también involucrarse en los procesos de desarrollo local y orientar la inversión social de la empresa en función a las necesidades más sentidas de la población.

¿La licencia social se puede medir? Efectivamente, se puede medir, definiendo un cuerpo de indicadores en torno al nivel de aceptación de la “licencia social” que existe en la comunidad, que puede ser de rechazo, aceptación, aprobación y de co-propiedad.

Sin embargo, según “SociaLicence”: “la calidad de una “licencia social” es dinámica y responde a los cambios en la percepción de la compañía y del proyecto, y que también es susceptible a influencias externas; por lo tanto, debe ser mantenida. Para tener confianza en el status de la “licencia social”, la misma debe ser medida periódicamente y los resultados relevantes deben ser utilizados para modificar las prácticas con la intención de mejorar la calidad de las relaciones entre el proyecto y la comunidad (y otros grupos de interés presentes en su ámbito).

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/licencia-social-no-es-lo-mismo-obtenerla-que-mantenerla?fbclid=IwAR0Mq1uH2Erl34rEpF8YB_mFCHQeRCWcJEy_zan78CGfnvlJOlZp8V3F7rg

Acusar golpe, es una frase usualmente dicha para expresar que alguien admite que ha sufrido el daño de una agresión y frente a eso, temeroso de mayor agravio, cede ante sus adversarios. ¿Será que esto es lo que le está sucediendo al gobierno de Vizcarra?

Luego del mensaje presidencial de julio, en el que el Presidente se atrevió a plantear una nueva Ley de Minería, admitiendo que necesitamos nuevas condiciones para seguir impulsando esta actividad, y post Tía María, donde además confrontó abiertamente al gremio minero diciéndoles que “respetar el Estado de Derecho no significa sacar un proyecto a sangre y fuego”; el empresariado liderado por la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería se le vino encima, al punto de pedir incluso su vacancia, vía sus aliados fujimoristas, con una campaña rabiosa basada en un doble discurso.  A esto se sumó las evidencias que han ido saliendo sobre la vinculación de su ex premier y amigo personal, César Villanueva, de quien a estas alturas ya nadie duda que también fue tocado por la mano de Odebrecht. 

Debilitado sin duda por este sismo político, parece que Vizcarra acusa golpe; sí necesita el apoyo político del sector social (sin bancada ni partido), pero tampoco ha sido capaz de confrontar al sector empresarial, quien mantiene su poder en este escenario y puede moverse estratégicamente para lograr un buen daño al gobierno.  

Salvador del Solar, acaba de estar en PERUMIN, la conferencia minera más importante del país, y en ella anunció el primer gran giro para calmar al empresariado. Ya no va más la propuesta de una Nueva ley de Minera, a la cual dicho sea de paso, los únicos que se oponían son los empresarios, ahora propone la creación de una “comisión minera para un nuevo desarrollo minero”, osea ¿quién sabe?

Renunciar a la reforma de una Ley desfasada, que no se ajusta a estos nuevos contextos, que fue impulsada bajo el gobierno de Fujimori, en el marco de una crisis económica que casi obligaba a darle todas las prebendas a los inversionistas para que se animaran a invertir en un país quebrado (contratos de estabilidad, beneficios tributarios preferentes, ventajas para esta actividad sobre otras, etc.), es simplemente aceptar las modificaciones cosméticas que quieren los empresarios, y que por supuesto no tocarían los temas medulares.

Otro giro radical, se observa en la posición respecto al proyecto Tía María. Mientras Del Solar se lucía frente a los mineros en el PERUMIN, la ministra del Ambiente salía a declarar el mismo día, que consideran que el Proyecto Tía María  subsanó las observaciones de la UNOPS, con lo cual casi está anunciando la viabilidad de tan discutible proyecto. 

Mientras tanto en PERUMIN dan voz a las posturas más ultras pro minería. Basta ver discurso del consultor de Seguridad Sandro Espinoza, que no tiene reparo de acusar abiertamente a los movimientos sociales de ser organizaciones criminales, y hasta al propio Viceministro, Raúl Molina de ser miembro de las mismas, pidiendo al Estado principio de autoridad y que persiga y que encarcele a todos. Y el gobierno parece de alguna manera estar oyendo ese discurso. En Las Bambas el propio Estado sabotea el diálogo que impulsó, sitiando a la población con cientos de policías que ya han generado enfrentamientos, provocando el retroceso de este proceso.

Pero hay más, se agudiza la persecución a líderes sociales reviviendo la persecución legal sin fundamento del ex alcalde Oscar Mollohuanca y metiendo a prisión a Walter Aduviri, no por ser autor de algún delito, sino por ser el líder del movimiento social aymara. Y 19 líderes de Cotabambas van a juicio este 14 de octubre y otros 21 del mismo lugar van por el mismo camino, todos responsabilizados de delitos que no ejecutaron, pero que se les atribuye por representar a sus comunidades.

La minería es la actividad productiva que ha generado más conflictos en el país en los últimos años, por ello negarse a reformas serias, y limitarse a promover fórmulas que mantengan tranquilo al gremio minero, solo contribuye a mantener el estatus de siempre, donde el que tiene más poder y fuerza se impone.

Fuente:https://grufides.org/blog/acusa-golpe-el-retroceso-de-vizcarra-frente-al-embate-minero?fbclid=IwAR2v29WG75UJ4IgROaRAI-037DYOaM1WaBbbTB2urqg2vXNv0n-toKNxMbY

La comunidad campesina de Ccancahuani en el distrito de Ccapacmarca, provincia cusqueña de Chumbivilcas, inició una medida de lucha contra el proyecto minero Las Bambas por incumplimiento de compromisos. Desde la tarde del domingo 22 de setiembre, cerca de 300 comuneros iniciaron el bloqueo de parte de la carretera del Corredor Vial Minero Sur.

Los manifestantes realizaron dos zanjas de un metro de profundidad en el sector de Muyoq Orcco, con la intención de evitar el paso de los vehículos encapsulados de la empresa MMG Las Bambas.

El miércoles 25 de setiembre, las comunidades Huiniquiri e Idiopa Ñaupa Japo se incorporaron a la medida de huelga indefinida en la zona en reclamo del resarcimiento de las afectaciones producidas por la empresa.

Los pobladores exigen a la transnacional que cumpla con los acuerdos, en relación a la bolsa laboral para los comuneros y temas socioambientales, así como un resarcimiento económico por el uso de la vía.

De acuerdo a lo informado por el subprefecto de Ccapacmarca, Efraín Angulo, la medida se realiza de manera pacífica. “El bloqueo de la vía obligó a los conductores a tomar una ruta alterna por Santo Tomás, los comuneros demandan la presencia de un representante de la empresa Las Bambas”, señaló.

Trascendió que los comuneros reclaman un trato directo con la empresa minera, sin intervención del Gobierno central. Cabe recordar que hace dos semanas, comuneros del distrito de Mara en la provincia de Cotabambas, región Apurímac, acataron una medida similar en el corredor minero. En esa ocasión, se reportaron dos personas heridas durante enfrentamientos con la policía. Tras ello, los manifestantes depusieron su medida hasta nuevo aviso.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/09/25/comunidades-de-cusco-acatan-protesta-contra-las-bambas/

El 14 de febrero del 2019, Vidal Merma Ccamarcco, en su calidad de Presidente de Comité de Lucha por la defensa del agua y la salud en Espinar, presentó una denuncia penal por la probable contaminación y afectación a la salud por la presencia metales tóxicos en el agua potable de Espinar. Después de casi nueve meses, la Fiscalía Provincial de Espinar ha decidido iniciar una investigación –por un plazo de 60 días- para determinar quienes resulten responsables por no atender esta problemática.

Como se recuerda, la Red de Salud Canas, Canchis y Espinar, en noviembre del 2018, emitió un informe sobre la situación del agua potable indicando que los parámetros de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, exceden los límites máximos permisibles y su ingesta podría ocasionar algún daño a la salud. Las organizaciones sociales de Espinar al conocer el contenido de dicho informe se articularon en el Comité de Lucha por la Vida y Salud de Espinar, y realizaron diferentes acciones de denuncia pública en la provincia.

Sobre este punto DHSF emitió un informe técnico en el que resaltaba que, en base a la información revisada desde el año 2016 ya se sabía de la existencia de metales pesados que excedían los límites máximos permisibles … << Ya desde el año 2016 la población viene ingiriendo agua contaminada, con el consiguiente efecto a la salud individual de las personas, que puede no ser perceptible a simple vista, pero a la larga va alterando su metabolismo celular y en algún momento de sus vidas evidenciarse con síntomas y signos clínicos que tipifican alguna determinada enfermedad, incluida el cáncer.>>

En su momento la DIRESA Cusco, luego de las denuncias públicas, señalo – primero a través de un comunicado – y luego en un informe realizado en la Provincia de Espinar que, la emisión de los resultados no fueron interpretados correctamente por parte del personal y que sí hubiese existido presencia de metales tóxicos, éstas se dieron porque las muestras pudieron haberse contaminado durante su traslado.

En ese sentido la Fiscalía de Espinar ha dispuesto una serie de diligencias para esclarecer los hechos denunciados sobre la presencia de metales tóxicos en el agua potable que administra la Municipalidad Provincial de Espinar en planta de tratamiento ‘Virgen de Chapi’. Ha dispuesto también que la Municipalidad que informe sobre los trámites realizados con las instancias del Estado para la eliminación de los metales, y que la Dirección Regional de Salud informe los resultados de los análisis realizados desde el año 2011.

Formalmente las investigaciones iniciaran el 30 de setiembre, tomando las declaraciones de Manuel Salinas, exalcalde de Espinar, para que informe sobre las acciones que su gestión tomo para el control del agua potable.

El Estado debe garantizar el consumo de agua potable libre de contaminación, así mismo se debe conocer con absoluta transparencia que origina la presencia de metales tóxicos y socializar los informes de la calidad de agua que consumen los espinarenses. Desde DHSF estaremos atentos a este proceso, para que las investigaciones cumplan los plazos establecidos y se demuestre las causas y responsables de las afectaciones ambientales que sufre Espinar.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-fiscalia-abre-investigacion-por-contaminacion-de-agua-potable/?fbclid=IwAR0xyastn19lCsU4qS-gfRVSm9YKAUy4dRaDewgweYJDwLaJ5BtL6SCNHhQ